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Artículo publicado el 10/10/2012   
 
 

BONIFICACIONES POR LAS NUEVAS ALTAS DE LOS FAMILIARES COLABORADORES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS


 
La disposición adicional undécima establece una nueva bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en favor de los familiares colaboradores de los trabajadores por cuenta ajena, o autónomos. A este respecto dispone que serán beneficiarios de la bonificación el cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción que se incorporen como nuevas altas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Recuérdese a este respecto que el artículo 3.b) del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia, o autónomos determina que estarán incluidos en este régimen especial de la Seguridad Social los españoles mayores de 18 años, cualquiera que sea su sexo y estado civil, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio español, comprendiendo también al cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los trabajadores por cuenta propia, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, que de forma habitual, personal y directa, colaboren con los trabajadores por cuenta propia mediante la realización de trabajos o de la actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados respecto de aquellos. En correspondencia con la norma, el artículo 1 del Estatuto del trabajador Autónomo aprobado por Ley 20/2007, de 11 de julio, señala que será de aplicación dicho estatuto a los trabajos realizados de forma habitual por familiares de las personas definidas como trabajadores autónomos, que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Estatuto de los Trabajadores, mientras que, negativamente, el artículo 7.2 de la LGSS considera que no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

Asimismo, el artículo 6 del Decreto 1867/1970, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar establece que estarán incluidos en este régimen especial, como trabajadores por cuenta propia, el cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, inclusive de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (que realicen de forma habitual, personal y directa, siempre que esta constituya su medio fundamental de vida, actividades como armador de pequeñas embarcaciones que trabajen a bordo de ellas, de extracción de productos del mar o rederos que no realicen sus faenas para una empresa pesquera) cuando trabajen con ellos en sus explotaciones de forma habitual, convivan con el cabeza de familia, dependan económicamente de él y reúnan las condiciones exigidas para la respectiva actividad.

Pues bien, la disposición adicional undécima que comentamos por un lado limita la bonificación a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, excluyendo del favor a los parientes por consanguinidad o afinidad en el tercer grado aun cuando ostenten la condición de trabajadores autónomos colaboradores familiares, e igualmente incluye en la medida, expresamente, a los familiares por adopción y a la pareja de hecho del trabajador autónomo.

Con respecto a la consideración y acreditación de la pareja de hecho, el precepto se remite a lo dispuesto en el artículo 174.3 de la LGSS relativo a la pensión de viudedad. De este modo, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

Por otro lado la disposición añade que la existencia de la pareja de hecho se acreditará mediante la certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja.

En este sentido y con respecto a los requisitos de la pareja de hecho para causar la pensión de viudedad, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de septiembre de 2010 (recurso 4314/2009), señala que la acreditación de la pareja de hecho se puede realizar a través de cualquier medio de prueba, toda vez que el certificado de empadronamiento no es constitutivo ni el único medio de prueba. En cambio, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2011 (recurso 2170/2010) considera que la inscripción de la unión de hecho en el registro de aparejas de hecho, o bien la acreditación de la constitución a través de documento público, es exigible con carácter constitutivo sin que a estos efectos se pueda considerar como documento público hábil el libro de familia.

Igualmente a la hora de determinar qué se considera pareja de hecho y su acreditación en las Comunidades Autónomas con derecho civil propio, el legislador se remite a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 174.3 de la LGSS, que establece que en las Comunidades Autónomas con derecho civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia estable y notoria e ininterrumpida por un periodo inferior a cinco años, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica. A este respecto debemos señalar que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado auto de fecha 14 de diciembre de 2011 en el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la aplicación de su propia legislación en las Comunidades Autónomas con derecho civil propio.

El citado auto plantea si el párrafo quinto del artículo 174.3 de la LGSS, transcrito en esta disposición adicional, viola el principio de igualdad ante la ley al establecer unos requisitos —y unos medios de acreditación de estos— para acceder a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho que no son los mismos para todos los ciudadanos/as del Estado español sino que dependen de varias circunstancias: que estén o no en el ámbito de aplicación de una Comunidad Autónoma con derecho civil propio; que en caso afirmativo, dicha Comunidad Autónoma tenga o no una legislación específica aplicable a las parejas de hecho a efectos de causar la pensión de viudedad; y, en fin, que todas estas legislaciones específicas establezcan o no los mismos requisitos y las mismas formas de acreditarlos.

Añade el auto que en el caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior se abren dos posibilidades: De un lado, declarar nula la totalidad del párrafo quinto del artículo 174.3 de la LGSS dejando solo en vigor el párrafo cuarto, o de otro lado realizar una

declaración de inconstitucionalidad parcial del párrafo. En este segundo caso la Sala de lo Social del Tribunal Supremo indica que, a su juicio, se puede declarar que la alusión al derecho civil propio de ciertas Comunidades Autónomas debe declararse nula por inconstitucional, habida cuenta de que de ella se desprende una inevitable violación del principio de igualdad, y en consecuencia entender que la remisión que el precepto hace a la legislación específica de las Comunidades Autónomas se refiere exclusivamente a las leyes autonómicas de parejas de hecho, hoy existentes en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la cuantía de la bonificación reconocida en esta disposición, esta será del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo de cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial de trabajo por cuenta propia que corresponda.

Por otro lado, la duración temporal de la bonificación alcanzará a los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.

Por último, desde el punto de vista temporal hay que señalar que la bonificación se aplicará a las altas producidas a partir de la entrada en vigor de la LUMRML, es decir, a partir del día siguiente al de la publicación de la ley, o sea a partir del 9 de julio de 2012.

Texto extraído de la monografía "La regulación del mercado laboral"

 
 
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