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Artículo publicado el 1/6/2011   
 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES. INTERESES DE DEMORA

 
A) Regulación

Para evitar la pérdida de valor del crédito que se ostenta frente al o a los responsables de un pago la Ley impone intereses a quienes se demoren en el cumplimiento. El artículo 1108 del CC indica con carácter general que si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés general. Y si ha existido reclamación y se ha resuelto por vía judicial, el artículo 576.1 de la LEC hace constar que desde que fuera dictada, en primera instancia, toda sentencia o resolución judicial que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la Ley.

El interés legal del dinero fijado hasta el 31 de diciembre de 2011 por la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado es del 4%.

En materia de seguros y también de accidentes de circulación se ha impuesto una regla aún más rigurosa en el caso de dilación en el pago de la indemnización con el fin de evitar retrasos injustificados y confrontaciones judiciales innecesarias. Esta regla especial afectará sólo a la Compañía de seguros como responsable solidaria (o única en el caso de acción directa), pero no al causante del accidente ni al propietario del vehículo.

El artículo 9 de la LRCySCVM regula esta mora del asegurador y establece que: "Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el 20 de la LCS, con las siguientes singularidades:

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley.

La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

b) Cuando los daños causados a las personas hubiesen de sufrirse por éstas durante más de tres meses o su exacta valoración no pudiera ser determinada a efectos de la presentación de la oferta motivada a que se refiere el párrafo a) de este artículo, el órgano jurisdiccional correspondiente, a la vista de las circunstancias del caso y de los dictámenes e informes que precise, resolverá sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad ofrecida y consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta Ley. Contra la resolución judicial que recaiga no cabrá recurso alguno. En este caso, el artículo 18 del RRCSCVM ofrece también la solución de dar una respuesta motivada con pagos parciales y el compromiso de presentar oferta motivada cuando se cuantifique el daño.

c) Cuando, con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resolución judicial que ponga fin, provisional o definitivamente, a un proceso penal y en la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al asegurador o la consignación realizada en otra forma quede sin efecto, se inicie proceso civil en razón de la indemnización debida por el seguro, será aplicable lo dispuesto en el artículo 20.4 de la LCS, salvo que nuevamente se consigne la indemnización dentro de los 10 días siguientes a la notificación al asegurado del inicio del proceso".

Y el referido artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro reitera y pormenoriza las obligaciones extraordinarias de las aseguradoras en materia de intereses: "Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas:

1.º Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida.

2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por ciento; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por ciento.

5.º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador puede deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.

10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia".

B) Consignación

Para evitar la imposición de intereses, o bien se paga la indemnización antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha del siniestro o, si ello no es posible porque exista litigio o porque no se ha podido concretar la cuantía, se debe proceder a la consignación. La regulación de oferta y respuesta motivada da a la consignación un carácter accesorio para los supuestos en que no se acepta la oferta.

1.º Que se declare la suficiencia de la cantidad consignada o, cuando menos, que no exista oposición o alegación en contra del perjudicado.

2.º Que se ponga a disposición del perjudicado.

Si no se dieran estas premisas la sentencia que finalmente se dicte podría imponer los intereses moratorios por ese tiempo intermedio, por lo menos, respecto a la diferencia entre la cantidad fijada como indemnización y la consignada.

La SAP de Cáceres de 15 de noviembre de 2005 hace un estudio exhaustivo de esta cuestión: "Por tal motivo, la doctrina jurisprudencial mayoritaria se decanta por considerar que la consignación liberatoria de la penalidad derivada de la mora del asegurador ha de ser una consignación solutoria o en pago. Así, y como meros ejemplos obviamente no exhaustivos, podemos citar la sentencia de la AP Valladolid, Sección 2.ª de 10 de mayo de 2003, Ponente Torre Aparicio ("La consignación realizada por la aseguradora en junio de 2001 no puede tener el efecto, que ella pretende, de liberarse de esos intereses moratorios ya que no se hizo con finalidad de pago, oponiéndose expresamente la parte a que se entregase dicha cantidad a los perjudicados en su momento pidiendo que debían quedar consignadas únicamente a efectos de enervar los intereses y a las resultas del juicio. Esta interpretación, explicitada en el auto de esta Sala de fecha 4 de diciembre de 2001 que resolvió el incidente surgido sobre este particular en las actuaciones, no es novedosa sino que viene siendo sustentada desde los últimos años de forma reiterada y pacífica por esta Sala. De ahí que tal planteamiento, aunque sea legítimo por la parte, no tiene virtualidad para liberarse del interés moratorio pues en definitiva no se está poniendo a disposición de las víctimas las indemnizaciones a que viene obligado en el plazo de los tres meses marcados en la Ley"); la Sentencia de la AP de Ciudad Real, sec. 1.ª de 29 de mayo de 2003, ponente Torres Fernández de Sevilla ["Esta consignación, prevista en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y disposición adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, es una consignación para pago, al menos del importe mínimo de lo que pueda deber (artículo 20.3.º), que en las lesiones de más de tres meses ha de ir acompañada de Auto en el que el Juez se pronuncie sobre su suficiencia (Disposición Adicional, párrafo 2.º), y se erige en pieza clave del sistema. Así, cuando se produce, y se hace además con esta finalidad, el proceso y la decisión final, caso de oposición del acreedor a recibirla, gira en torno a si tal consignación produjo o no efectos liberatorios, por estar bien o mal hecha (artículos 1176 a 1181 del Código Civil), con la consecuencia, en el primer caso, de declarar que el acreedor no tiene otro derecho que a retirar la consignación como pago íntegro, y en el segundo, de declarar la ineficacia de tal consignación"]; o la Sentencia de la AP Sevilla, sec. 8.ª de 25 de junio de 2003, ponente Márquez de Prado y Pérez ("la consignación no se efectuó como exigen el precepto citado y los artículos 1157 y 1176 y siguientes del Código Civil, pues no cabe duda que el primer precepto citado, regula el pago o consignación con la finalidad de resarcir lo antes posible al perjudicado, y no con la sola intención de poner fin a la posible mora, lo que exige que lo consignado se ponga a disposición de aquél, ya que en otro caso estaríamos en presencia de un simple depósito que no impediría la aplicación de los intereses cuestionados").

Existe, cómo no, alguna postura intermedia, como la mantenida por la AP Baleares, Sec. 2.ª, en su Sentencia de 22 de mayo de 2003, ponente Calderón Susín: "Las posturas al respecto son encontradas porque, frente a quienes estiman que la consignación referida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro es el simple depósito judicial de una cantidad (sin correlativo ofrecimiento de pago), los hay que sostienen lo contrario, o sea, que la consignación necesariamente ha de hacerse con fines solutorios, fundamentándose en una interpretación sistemática de aquellas disposiciones (las del dicho artículo 20), al ponerlas en relación con las que se contienen en el Código Civil (respecto de la consignación). En esa Sala venimos manteniendo que debe buscarse la solución caso por caso, sin necesidad de radicalizarse en una u otra postura, admitiéndose que en determinados supuestos la entidad aseguradora pueda oponerse a la entrega del dinero consignado (como ocurrirá, por ejemplo, cuando la negativa tenga una base sólida, y no si se reputa injustificada, infundada o basada en una endeble o fútil argumentación)".

La postura de esta Sala es clara en este particular: La consignación que evita que el asegurador incurra en mora es la consignación solutoria o en pago, al igual el aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o el medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada, han de ser otorgados a favor del perjudicado (y no a favor del Juzgado como erróneamente consideran algunos), refiriéndose la expresión legal "en su caso" no al caso de que se declare la responsabilidad de la aseguradora por resolución judicial como dice la recurrente, sino al caso de que el perjudicado solicite que se le haga entrega de la cantidad avalada o cuya disponibilidad ha sido garantizada.

Señala la aseguradora recurrente que la ley lo que quiere es que la posible indemnización que pueda resultar del accidente de tráfico salga del patrimonio de la aseguradora para entregar de manera inmediata al perjudicado; no es así, pues nada gana el perjudicado por el hecho de que la aseguradora tenga inmovilizado un capital que sólo produce intereses a favor del Estado en la Cuenta de Consignaciones o abone las comisiones de un aval, puesto que no es previsible que, condenada una aseguradora, no haga efectiva de inmediato la condena. Lo que la ley quiere es que el perjudicado reciba su indemnización cuanto antes y, por tal motivo, fija unos intereses punitivos para el caso de que ésta no sea percibida en el plazo legalmente marcado. No hay ninguna diferencia sustancial entre la Disposición Adicional de la Ley 30/1995 y el artículo 20 de la ley del Contrato de Seguro; tan solo especialidades derivadas del hecho de que, normalmente, en los tres meses siguientes al accidente ya hay un juzgado conociendo del asunto (regulando la posibilidad de consignación en ese juzgado y sus peculiaridades) así como que, también en multitud de ocasiones, en ese plazo no es posible conocer el alcance de los perjuicios (fijando reglas de "suficiencia" que eviten la mora aunque la indemnización final difiera de la provisionalmente abonada en ese momento) y de la posibilidad de que el procedimiento penal en que se consignó en forma legal no acabe en resolución condenatoria y deba acudirse a otro civil (estableciendo cuándo debe consignar la compañía en éste para no perder el beneficio de la falta de mora que había obtenido en el primero). Al margen de estas especialidades en nada se diferencian ambos preceptos (y de hecho uno se remite al otro) por lo que la esencia de la exención de la mora sigue siendo el cumplimiento de su prestación por parte de la aseguradora".

C) Imposición transcurridos dos años

Tradicionalmente han existido dos posturas:

1.ºTeoría del tramo único: el interés moratorio del 20% se aplica automáticamente, una vez transcurrido el segundo año, desde la fecha del siniestro. Los partidarios de esta teoría alegaban razones sancionadoras y disuasorias para las compañías de seguros. El legislador buscó de esta manera una rápida y eficaz reparación de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor, razón por la que se impuso a las aseguradoras un deber especial de diligencia en el pago, con la consecuencia de que si no se cumplía dentro de los tres meses siguientes a la producción del accidente o no se consignaba y transcurrían más de dos años sin haberlo realizado los intereses de demora serían al menos del 20% desde la fecha del accidente y no a partir de los dos años. Y si el tiempo transcurrido fuera inferior a los dos años se aplicaría sólo el del interés legal del dinero incrementado en un 50%.

2.ºTeoría del doble tramo: hasta los dos años se devengará el interés legal del dinero incrementado en un 50% y transcurrido este tiempo se aplicará, por lo menos, el 20%. Los intereses se devengarán por días cualquiera que fuera el tipo aplicable, lo que impide una aplicación retroactiva por cuanto ello supondría modificar los ya devengados en los dos años anteriores, aplicando únicamente el más gravoso a partir del tercer año. Este criterio tiene en cuenta el carácter restrictivo con el que ha de interpretarse toda norma sancionadora, y la literalidad del término "transcurridos", en conexión con la expresión de futuro "no podrá ser", ambas del artículo 20.4 de la LCS, indicativa de que sólo entonces, cumplidos los dos primeros años y a partir del primer día del tercero, es cuando se produce el agravamiento del interés.

Defendiendo cada una de estas posturas han corrido ríos de tinta y se han dictado numerosas resoluciones en ambos sentidos, manteniendo unas una teoría y otras la contraria, con igual énfasis.

Afortunadamente, por lo que supone de trato igualitario a todos los ciudadanos con independencia de dónde sean juzgados, el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha puesto fin a esta discusión con la Sentencia 251/2007, de 1 de marzo, que fija definitivamente la doctrina de esta Sala sobre el devengo y cuantía de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la LCS: "Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad, incrementado en un 50 por ciento. A partir de esa fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20 por ciento, con un tipo mínimo del 20 por ciento, si no los supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento". Esta doctrina se mantiene en la STS 116/2009, (Sala 1.ª) de 25 de febrero y en la STS 333/2009, (Sala 1.ª) de 19 de mayo.

 
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