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Artículo publicado el 16/9/2011   
 
 

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA EN ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA


 
El artículo 235.1 de la LGT indica que esta reclamación en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar, con carácter general, desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, o desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, repercusión motivo de la reclamación, o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

Debe tenerse presente que la LGT, en su disposición transitoria 5.ª señala que este régimen es aplicable a las reclamaciones o recursos que se interpongan a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, que fue, con carácter general, el 1 de julio de 2004, mientras que a las interpuestas con anterioridad se les aplicará la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión; añadiendo que el plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 235 de la LGT relativo a la interposición de las reclamaciones económico-administrativas se aplicará cuando el acto o resolución objeto de la reclamación se notifique a partir de la entrada en vigor de la misma.

Por ello, en la STSJ de la Comunidad de Madrid de 19 de junio de 2009, Recurso contencioso-administrativo, núm. 1462/2005, se declaró que la aplicación del plazo de un mes previsto en la vigente LGT era improcedente, al haberse realizado la notificación del acto impugnado antes de la entrada en vigor de dicha Ley, señalando en concreto: «a la vista de lo expuesto, es claro que concurriría la extemporaneidad de la REA interpuesta, dadas las datas recogidas, extraídas del expediente gestor y del TEARM y no debatidas en autos, a salvo de lo que se dirá, toda vez que entre los días 8-2-03 (siguiente al de la notificación) y el día 26-2-03 (fecha de presentación de la reclamación) transcurre un total de 16 días hábiles, lo que determina tal extemporaneidad apreciada por el TEARM. En consecuencia con lo expuesto el recurso actor no podría sino ser desestimado, toda vez la interposición de la REA se realizó transcurrido el plazo legal aplicable al efecto (15 días hábiles)».

Si la reclamación no se interpone en dicho plazo de un mes procede declarar su inadmisión por extemporánea, como, por ejemplo, se ha declarado en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2009, Recurso de Casación, núm. 3180/2003, y 17 de noviembre de 2010;Recurso de casación para la unificación de doctrina, núm. 213/2006; por las Sentencias de la Audiencia Nacional de 14 de mayo de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 233/2005, y 31 de mayo de 2010; Recurso contencioso-administrativo núm. 646/2008, y por las Sentencias del TSJ de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 23 de mayo de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 89/2005, del TSJ de Castilla-La Mancha de 27 de noviembre de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 650/2006, del TSJ de Castilla y León (Burgos) de 31 de julio de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 544/2005, 15 de diciembre de 2008; Recurso contencioso-administrativo, núm. 39/2008, y 26 de marzo de 2010; Recurso contencioso-administrativo, núm. 799/2008, del TSJ de la Comunidad de Madrid de 9 de junio de 2008, Recurso contencioso-administrativo núm. 104/2003, 19 de junio de 2008,Recurso contencioso-administrativo núm. 417/2005, y 22 de septiembre de 2009, del TSJ de la Comunitat Valenciana de 10 de diciembre de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 2839/2007, del TSJ de Cataluña de 30 de mayo de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 114/2003, 28 de junio de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 1363/2003, de 28 de junio de 2007; Recurso contencioso-administrativo núm. 1765/2003, 30 de junio de 2008, Recurso contencioso-administrativo núm. 1133/2004, y 3 de julio de 2008, Recurso contencioso-administrativo, núm. 56/2005, del TSJ de La Rioja de 29 de octubre de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 272/2008, del TSJ de la Región de Murcia de 23 de noviembre de 2007; Recurso contencioso-administrativo núm. 2544/2003, 18 de marzo de 2008; Recurso contencioso-administrativo, núm. 296/2004, 16 de mayo de 2008; Recurso contencioso-administrativo, núm. 21/2004, 31 de julio de 2008; Recurso contencioso-administrativo, núm. 735/2004, 22 de enero de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 1824/2003, de 26 de enero de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 303/2004, de 12 de junio de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 137/2005, de 26 de octubre de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 234/2005 y de 19 de febrero de 2010; Recurso contencioso-administrativo, núm. 561/2005, del TSJ de Galicia de 20 de diciembre de 2007; Recurso contencioso-administrativo, núm. 7002/2006, y de 23 de enero de 2008; Recurso contencioso-administrativo, núm. 15153/2008, y del TSJ de Extremadura de 9 de junio de 2009; Recurso contencioso-administrativo, núm. 754/2008; así como, por las Resoluciones del TEAC de 27 de febrero de 2008, Reclamación económico-administrativa, núm. 369/2007, 29 de mayo de 2008, Reclamación económico-administrativa, núm. 481/2007, y de 9 de julio de, Reclamación económico-administrativa, núm. 3988/2006. Véase también la Resolución del TEAC (Vocalía 11) de 26 de mayo de 2010, Reclamación económico-administrativa, núm. 3309/2009.

Como se ha declarado, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1996, Recurso, núm. 7988/1991, 8 de marzo de 2006; Recurso de Casación, núm. 6767/2003, 31 de mayo de 1997; Recurso de Apelación, núm. 6279/1992, 28 de julio de 1997; Recurso de Apelación, núm. 12856/1991, 4 de abril de 1998; Recurso de Apelación, núm. 1375/1992, 13 de febrero de 1999; Recurso de Casación, núm. 6624/1996, 24 de marzo de 1999, 3 de junio de 1999; Recurso de Apelación, núm. 13069/1991, 4 de julio de 2001; Recurso de Casación, núm. 5054/1999, 9 de octubre de 2001; Recurso de Casación, núm. 6902/1997, 18 de diciembre de 2002, 27 de enero de 2003; Recurso de Casación, núm. 419/1998, 25 de noviembre de 2003; Recurso de casación, núm. 5638/2000, 2 de diciembre de 2003; Recurso de casación 5638/2000, 15 de junio de 2004; Recurso de casación, núm. 2125/1999, 31 de enero de 2006; Recurso de Casación, núm. 1237/2001, 8 de marzo de 2006, Recurso de Casación, núm. 6767/2003, 22 de julio de 2008; Recurso de casación para la unificación de doctrina, núm. 118/2004, 22 de julio de 2008; Recurso de casación para la unificación de doctrina, núm. 187/2004, 19 de diciembre de 2008; Recurso de casación para la unificación de doctrina, núm. 130/2004, 1 de julio de 2009; Recurso de Casación, núm. 3743/2003, 19 de mayo de 2010, Recurso de casación para la unificación de doctrina, núm. 297/2005, cuando se trata de un plazo de meses el cómputo ha de hacerse según el artículo 5 del Código, al que se remite el artículo 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha a fecha, para lo cual, si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda.

A este respecto, en referida Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2010, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 297/2005, se declaró:

«Cuarto.- Sobre el punto debatido esta Sala ha dictado diversas sentencias, entre otras la de 19 de diciembre de 2008 (recaída en el Recurso de Casación en Unificación de Doctrina número 130/2004), en la que se afirma:

"F.J. Tercero.—La controversia se circunscribe a decidir la forma en que deben computarse los plazos dados por meses en las reclamaciones formuladas en la vía administrativa. La sentencia impugnada mantiene que ''Por lo tanto, en el caso que es objeto de la sentencia, si el acto impugnado se notificó el día 14 de septiembre de 1998 y se interpuso el recurso en vía administrativa de 14 de octubre de 1998, ha de considerarse extemporáneo.´. Las sentencias de contraste entienden, por el contrario, que la interposición del Recurso en la misma fecha de la notificación del mes siguiente es realizada en plazo.

F.J. Cuarto.—Planteado el debate en estos términos es patente la necesidad de estimar el Recurso de Casación en Unificación de Doctrina. Sobre el problema debatido hay una jurisprudencia consolidada de esta Sala de la que son muestra las sentencias de contraste. En la de fecha 31 de mayo de 1997 se sostiene:

''Los argumentos esgrimidos por la representación procesal de la apelante para impugnar la sentencia recurrida no son acertados ni desvirtúan las sólidas razones expresadas por la Sala de primera instancia para considerar que fue ajustada a Derecho la declaración de inadmisibilidad del recurso de reposición que hizo el Ayuntamiento demandado y apelado en el acuerdo impugnado, ya que aquélla se ha limitado a aplicar lo dispuesto por los artículos 52 y 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 5.1 del Código Civil, así como, la Jurisprudencia de esta Sala que los interpreta, mencionada expresamente en la sentencia recurrida, a cuya cita se puede añadir, entre otras, la Sentencia de fecha 24 de marzo de 1986. Es cierto que la interpretación del significante «mes» ha experimentado variaciones en la Jurisprudencia, pues tradicionalmente tuvo el significado de treinta días naturales conforme a la primitiva redacción del artículo 7 del Código Civil, pero, a partir de la reforma del Título Preliminar de dicho Código en 1974, al establecer el artículo 5.1 del mismo que si los plazos estuviesen fijados por meses se computarán de fecha a fecha, el cómputo de los meses se efectúa de fecha a fecha, quedando circunscritas las excepciones a los supuestos de que en el mes del vencimiento no exista día equivalente al inicial, en cuyo caso es aplicable lo dispuesto por los artículos 5.1 del Código Civil y 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, reiterado éste por el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de que el último día del cómputo sea inhábil, en cuyo caso, se ha de entender prorrogado al primer día hábil siguiente, como establece el artículo 60.3 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, recogido también en el artículo 48.3 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Sentencias de 8 de marzo de 1982 y 20 de marzo de 1984), y se deduce también del artículo 5.2 del propio Código Civil y de los artículos 185.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 305.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a la fecha inicial, en contra de lo que opina la representación procesal de la apelante, el plazo del mes comienza a contarse el mismo día de la notificación o publicación del acto o disposición impugnados, de modo que, efectuada en este caso correctamente la notificación el día 20 de junio de 1988, el último día para interponer el recurso de reposición era el día 20 de julio del mismo año y no el 21 de este mes, como pretende la indicada representación procesal.´.

Se está, pues, en el caso de estimar el recurso y anular la sentencia impugnada, ya que el plazo debatido terminaba el 14 de octubre y no el 13 como entendió la sentencia impugnada.".

En el caso planteado es, por tanto, patente que notificada la resolución el 10 de febrero, la interposición del recurso el 10 de marzo siguiente se llevó a cabo dentro del plazo legal y no extemporáneamente que es lo que consideró la sentencia recurrida».

Sobre la interpretación que haya de darse a las normas sobre cómputo de plazos, se ha de tener en cuenta que es doctrina consolidada que en los plazos establecidos por meses o años, aunque el cómputo comience al día siguiente al de la notificación del acto impugnado concluye el día cuyo ordinal coincida con el de la notificación.

Esta doctrina aparece reiterada constantemente por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, entre las más recientes, recogemos la Sentencia de 9 de febrero de 2010 —Recurso de casación para la unificación de doctrina 429/08— que, en lo que ahora interesa, dice «(...) En este sentido, cabe advertir que es exponente de la existencia de doctrina legal la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2008 (RC 32/2006), en la que acogimos la doctrina jurisprudencial sostenida en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2008 (RC 9064/2004), en relación con la unificación normativa respecto del cómputo de los plazos procedimentales y de los plazos procesales regulados, respectivamente, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, con este razonamiento:

"Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...]".

Por ello, considerando que constituye un principio rector del procedimiento administrativo la obligatoriedad de términos y plazos a que alude el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que impone al ciudadano la carga de actuar tempestivamente debiendo cumplir los plazos establecidos para la formulación de los recursos administrativos, siempre que su imposición resulte justificada, pues representa una garantía sustancial del principio de seguridad jurídica, habiendo doctrina legal sobre la interpretación aplicativa del artículo 48.2 del referido Cuerpo legal en los términos expuestos (...)».

Así se han pronunciado también, entre otras, la STSJ de la Comunitat Valenciana de 10 de diciembre de 2009, Recurso contencioso-administrativo, núm. 2839/2007, y la STSJ de la Región de Murcia de 21 de diciembre de 2010, Recurso contencioso-administrativo, núm. 200/2006.

Como supuestos especiales de cómputo de dicho plazo de un mes, se establece en este mismo artículo 235.1 de la LGT que tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo empieza a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido en forma el cumplimiento de tal obligación; y que en el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, referido plazo se computa a partir del día siguiente al de la finalización del período voluntario de pago.

Véase también, en relación a las actuaciones de repercusión tributaria, la Resolución del TEAC de 9 de junio de 2009, Recurso de Alzada núm. 1985/2007, en la que se declaró que en presencia de un acto de repercusión entre particulares, el plazo de un mes para la interposición de la reclamación comienza a correr desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la realización u omisión de la repercusión objeto de reclamación, señalando a este propósito:

«La cuestión previa que debe dilucidarse en el presente recurso de alzada es si la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional ha sido interpuesta en plazo o bien si debió declararse su inadmisibilidad por extemporánea como sostiene la entidad reclamante.

La norma que resulta aplicable al caso es el artículo 235.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, según el cual:

"La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente."

Por tanto, debemos fijar dicho momento a efectos de determinar el plazo de la reclamante en primera instancia para presentar reclamación económico-administrativa. En el presente caso, nos encontramos ante un acto de repercusión entre particulares, señalando la norma transcrita un plazo para la interposición de la reclamación económico-administrativa desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la realización u omisión de la repercusión motivo de la reclamación. En relación con lo dispuesto, de la documentación aportada por la reclamante, sociedad transmitente, destacamos los siguientes hechos:

— La repercusión tiene lugar en fecha 1 de agosto de 2004 en el momento en que el transmitente de la finca controvertida expide la factura correspondiente repercutiendo el impuesto al 16%.

— A través de la comunicación de fecha 10 de septiembre de 2004 la entidad adquirente procede a devolver la citada factura a la entidad transmitente, no estando de acuerdo con la repercusión efectuada, siendo, por tanto, el momento en que la entidad transmitente recibe la citada comunicación el instante en que surge la controversia entre ambas partes, debiendo computarse a partir del día siguiente a éste el plazo para la interposición de la reclamación económico-administrativa correspondiente.

— No obstante, no consta en el expediente documentación que acredite el momento en que la entidad transmitente recibe la citada comunicación de la otra parte, pero sí que hay constancia de que la primera entidad tiene conocimiento de dicha comunicación, ya que en respuesta a la misma, con fecha 20 de septiembre de 2004 la entidad transmitente envió carta a la sociedad adquirente, en la cual señalaba textualmente lo siguiente: "Me dirijo a Ustedes con motivo de su carta, de fecha 10 de septiembre de 2004, por medio de la cual proceden a la devolución de nuestra factura núm. ..., por considerar incorrecta la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido."

De lo expuesto resulta evidente que la sociedad transmitente, reclamante en primera instancia, tenía conocimiento como muy tarde en fecha 20 de septiembre de 2004 de la postura de la otra parte en relación con la repercusión efectuada.

Por tanto, el plazo para interponer la reclamación económico-administrativa por parte de la sociedad transmitente finalizaba el 20 de octubre de 2004, habiendo sido interpuesta con fecha 15 de febrero de 2005, la reclamación interpuesta es extemporánea y ello nos conduce a declarar su inadmisión sin entrar a conocer del fondo del asunto planteado en el mismo».

Contenido extractado de la publicación «Reclamaciones Económico-Administrativas»

 
 
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