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Cataluña grava los bienes de lujo de empresas
Davinia Rogel - asociada senior del departamento Fiscal de Baker McKenzie 07/08/2017-06:30

Ante la situación de cambios que vive Cataluña en relación con su futuro político, la Generalitat está tratando de mejorar su financiación a través de un paquete de nuevos impuestos cargados de polémica, entre los que se encuentran el aplicado a las bebidas azucaradas envasadas, a vehículos contaminantes y ahora también a los bienes no productivos de personas jurídicas.

Este nuevo impuesto, creado por la Ley 6/2017, de 9 de mayo, entró en vigor el pasado 13 de mayo de 2017 y gravará el patrimonio personal de los socios en compañías o estructuras societarias, siempre que se trate de bienes no productivos situados en Cataluña y no estén afectos a la actividad económica de la propia compañía.

El impuesto se devenga por primera vez desde el 30 de junio, aunque de forma general lo hará el 1 de enero de cada año y con él, se pretende desincentivar las estrategias de elusión fiscal consistentes en el traslado de patrimonio personal de los socios a estructuras societarias con el fin de ocultar titularidades.

Activos improductivos situados en Cataluña

La norma se refiere a activos improductivos situados en Cataluña, independientemente de la residencia fiscal de la entidad, de modo que pueden verse afectadas las entidades domiciliadas en otras comunidades autónomas o en el extranjero. En particular, los bienes que se consideran improductivos son: bienes inmuebles, vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de ocio, aeronaves, objetos de arte y antigüedades, y joyas.

En este sentido, el calificativo de no productivo aplica a los mencionados bienes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Cedidos de forma gratuita a los propietarios, socios o partícipes de la persona jurídica o personas vinculadas a ellos y que se destinen al uso propio o al aprovechamiento privado, excepto si son considerados rendimientos en especie.
  • Cedidos mediante precio a los propietarios, socios o partícipes de la persona jurídica o personas vinculadas a ellos, excepto si satisfacen el precio de mercado, trabajan de forma efectiva en la empresa y reciben una retribución superior al precio de cesión.
  • No se encuentran afectos a ninguna actividad económica. Sólo en estos casos se prevé la aplicación de la regla de la patrimonialidad sobrevenida que permite no considerar como improductivos los bienes, cuyo valor no supere los beneficios obtenidos por la entidad en el desarrollo de actividades económicas generados en el mismo año o los diez anteriores.

La base imponible de este impuesto, está constituida por el valor de mercado de los activos no productivos de la entidad, sin que se puedan deducir cargas ni gravámenes. Tampoco se contempla ningún mínimo exento. El tipo impositivo es idéntico al del Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña, esto es, tipo mínimo del 0,21% y máximo del 2,75%.

La obligación de información

Por otra parte, la norma establece que el régimen de infracciones y sanciones, es el vigente para los tributos propios de la Generalitat y se contempla la obligación de información a cargo de quienes se dedican a la venta de obras de arte, antigüedades y joyas, que deberán remitir a la Agencia Tributaria de Cataluña, la relativa a las adquisiciones de este tipo de bienes por parte de personas jurídicas.

Asimismo, cabe mencionar que la Ley está pendiente de desarrollo reglamentario, por lo que habrá que esperar para poder examinar el modelo de autoliquidación o los plazos de presentación, cuestiones que, a día de hoy, siguen siendo incógnitas. Y es que, una vez más, se impone a los contribuyentes una obligación fiscal cuyo devengo transcurre sin que se haya publicado el modelo oficial o las condiciones para su presentación, lo que sitúa a los contribuyentes en una situación de clara inseguridad jurídica.

 

Por último, es necesario traer a colación la doble imposición que puede suponer este impuesto, debido a que estos activos ya están tributando en el Impuesto sobre el Patrimonio de los socios, al tratarse de bienes no afectos a la actividad empresarial de la entidad.

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