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Impuestos: seguridad jurídica y técnica legislativa
Eugenio Simón Acosta-08/01/2018-06:30

La seguridad jurídica es uno de los pilares en que se asienta el Estado de Derecho, donde prevalece la Ley constitucional, interpretada y aplicada por jueces independientes, sobre cualquier otra voluntad -incluida la de los propios legisladores- mientras la ley permanezca vigente. La fuerza de la Ley es lo que impide que predomine la ley de la fuerza. Tan importante es la seguridad jurídica que puede afirmarse que, más que una cualidad adjetiva, es un elemento de la esencia del Derecho, porque el Derecho mismo es seguridad.

En los sistemas de Derecho escrito, una de las circunstancias que influyen de forma más notable en el nivel de seguridad del ordenamiento es la accesibilidad de la ley que implica no sólo que los textos estén redactados con claridad y sin ambigüedades, sino también que estén sistemáticamente bien ordenados, de forma que la tarea de búsqueda y localización de la norma aplicable resulte lo más sencilla posible.

Claridad y sistematización

En Derecho Tributario la claridad en la redacción y en la sistematización de las leyes es primordial, porque se trata de un Derecho de injerencia, como lo es también el Derecho sancionador. Los tributos son obligaciones que nacen de la ley sin concurso de la voluntad del obligado. Para que surja la obligación de contribuir basta que este realice el hecho tipificado en la ley, con independencia de que sepa o no que de ese modo se está obligando, lo quiera o no lo quiera. Si es importante la comprensibilidad en otras leyes, lo es mucho más en las que establecen y regulan los impuestos, dado que su aplicación tiene consecuencias negativas en la esfera de los derechos patrimoniales del ciudadano.

Todo esto son lugares comunes, suficientemente conocidos, que sin embargo conviene recordar de cuando en cuando, porque más de una vez cae el legislador en el pecado de dictar leyes complejas cuando quiere disimular el aumento de la presión fiscal. Por lo general, los votantes sólo toman conciencia de las subidas de impuestos cuando lo que se eleva es el tipo de gravamen.

Hay impuestos, como el Impuesto sobre Sociedades, que afectan principalmente a contribuyentes con un cierto grado de organización y con asesores profesionales que conocen las leyes tributarias. Pero en otros, como es el caso del IRPF, debe prevalecer la claridad y accesibilidad de la norma. No son de recibo modificaciones tan complejas como las de la Ley 26/2014, de 27-XI, sobre la distribución de la prima de emisión o la reducción de capital con devolución de aportaciones en valores no admitidos a negociación. Hay soluciones más sencillas.

Acumulación desordenada

Pero sobre todo quiero destacar y denunciar en este momento la detestable acumulación desordenada de normas heterogéneas, que se va agravando en cada reforma fiscal, a base de incorporar al texto de las leyes reguladoras de los impuestos un cúmulo desmedido de disposiciones adicionales y transitorias. No es aceptable que una ley, como la del IRPF, que tiene 108 artículos, cuente con 45 disposiciones adicionales y 32 transitorias. Muchas de las adicionales deberían incorporarse al articulado, aunque sea como casos particulares o excepciones a la regla general. Algunas transitorias deberían desaparecer. En realidad, las transitorias se vienen dictando para salvar expectativas de derecho creadas durante la vigencia de la norma modificada y no son propiamente normas transitorias, sino regímenes especiales de vigencia indefinida que contemplan hechos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, aunque iniciados o con antecedentes en otros anteriores. Por regla general, todos estos regímenes especiales deberían nacer con fecha de caducidad para no llegar, por ejemplo, al galimatías en que se ha convertido el abatimiento de las ganancias patrimoniales en la transmisión de bienes adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994.

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Autor
Eugenio Simón Acosta
Eugenio Simón Acosta
Eugenio Simón Acosta
  • Abogado del despacho Simón Acosta Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Navarra y abogado del despacho "Simón Acosta Abogados" con sede en Pamplona. Antes fue catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha participado en las comisiones que elaboraron la Ley General Tributaria, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1998) y la reforma de este impuesto en 2002.

Es presidente de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, de la Junta Arbitral del artículo 24 LOFCA, consejero del Consejo de Navarra, miembro de la comisión redactora del Modelo de Código Tributario del CIAT para los países de América latina. Ex vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente. Vocal del Consejo de Redacción de Editorial Thomson-Aranzadi.

Simón Acosta, que está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, ha publicado más de diez libros (entre ellos "El Nuevo IRPF" o "El Derecho Financiero y la Ciencia Jurídica") y más de cien artículos en revistas especializadas de Derecho Financiero y Tributario.