Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Noticias
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 
La eficacia jurídica de las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio colectivo
Estíbaliz Cordón Jiménez-31/05/2018-10:36

La designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras del convenio colectivo, constituye uno de los extremos configuradores del contenido mínimo y preceptivo de éste.

El artículo 85, apartado 3, letra e) del Estatuto de los Trabajadores, asigna a la comisión paritaria unas competencias de gestión o administración del convenio, tan esenciales que la capacitan para dictar resoluciones sobre interpretación o aplicación de su contenido que "tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos" regulados en el citado Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 91.4 ET).

Ahora bien, la jurisprudencia ha delimitado la eficacia jurídica de la competencia interpretativa de la comisión paritaria, y ello a pesar de la reforma que se introdujo en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.

El Real Decreto-Ley 7/2011, amplió el rol de las comisiones paritarias, reforzando el carácter de su intervención al dotar de la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos a las resoluciones que se dictaran en su seno.

Hasta la reforma del año 2011, la jurisprudencia venía manteniendo la posibilidad de revisión por los tribunales de las interpretaciones efectuadas por las comisiones paritarias, negándoles legitimación para llevar a cabo una actividad normativa. 

Si bien, con la reforma de la negociación colectiva se esperaba una revisión de la jurisprudencia a la luz del nuevo precepto legal, el Tribunal Supremo, tras cuatro años de aplicación del precepto reformado y un nuevo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se muestra rotundo al mantener la negativa sobre una eventual competencia normativa de la comisión paritaria para modificar, por vía interpretativa, el contenido del convenio colectivo.

Y en este sentido se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en una reciente sentencia (núm. 320/2018), dictada en unificación de doctrina el 20 de marzo de 2018, recurso número 1069/2016, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se aborda la cuestión relativa "al alcance y eficacia jurídica que haya de desplegar el acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo", en un supuesto en el que la citada comisión paritaria del entonces vigente Convenio Colectivo provincial de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife, interpretó la incompatibilidad de la percepción de las indemnizaciones reguladas en el artículo 47 (indemnizaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo) y 35 (premio de vinculación unido al momento en que se produce el cese en la empresa) del convenio.

En particular, según consta en el hecho probado 5º, la comisión paritaria del convenio sectorial provincial, interpretó que "no procedía abonar a los herederos legales el premio de vinculación y promoción económica regulado en ese artículo [35] ya que éste había sido tenido en cuenta a la hora de establecer el seguro de vida previsto para los casos de fallecimiento en el artículo 46 del convenio entonces en vigor. Dicho acuerdo de la comisión paritaria fue depositado ante la autoridad laboral y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife".

Con independencia de la compatibilidad de ambos preceptos declarada expresamente por la Sala, el citado Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia refuerza una jurisprudencia ya constante sobre la eficacia jurídica que hayan de desplegar los acuerdos de la comisión paritaria. Y aborda la citada cuestión, pese a que en las Sentencia sometidas a contraste no concurre contradicción alguna sobre la solución que han ofrecido en este extremo.

La Sala IV, citando su propia doctrina "consolidada" sobre la materia, establece que «las funciones atribuidas a la comisión paritaria deben limitarse a la aplicación y ejecución del convenio, "a la llamada administración del convenio, pero no son aceptables cuando comprenden facultades de regulación o negociación, porque en tal caso se está limitando ilícitamente el derecho de otras organizaciones a la negociación colectiva futura"». Concluyendo que, «las Comisiones Paritarias designadas al amparo del art. 85.3 e) ET e integradas por representantes de los sindicatos firmantes del Convenio, tienen atribuidas exclusivamente funciones de interpretación, gestión y administración del Convenio y sus decisiones no tienen valor de convenio colectivo ni, por ende, eficacia normativa. Su competencia no se extiende pues a funciones de naturaleza negociadora cuyo ejercicio implica una acción normativa típica en la medida en que supone una modificación de lo pactado, con la lógica consecuencia de que cualquier acto emanado de aquellas modificando el contenido del Convenio habría de ser declarado nulo".

Por lo tanto, la Sala IV no solo invoca su tradicional doctrina sobre el papel atribuido a las comisiones paritarias, sino que vuelve a afirmar, como ya lo hiciera en el año 2007 (STS 14/03/2007, rec. 38/2006), que las decisiones de éstas no tienen eficacia normativa, negándoles pues el valor de convenio colectivo, dejando con ello muy limitado el alcance del artículo 91.4 del Estatuto de los Trabajadores ("la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley").

Consecuentemente, la facultad de actuación de las comisiones paritarias, a las que no puede atribuirse la capacidad negociadora, tendrá un valor referencial como autorizada interpretación del convenio colectivo.

Los contenidos y opiniones expresados en este artículo, son exclusivos de su autora, no pudiendo ser imputados, asociados o relacionados con ningún miembro o persona de su entorno.

Compartir por email
Imprimir
 
 
 
TAZAS
Onesource
Dossier: RGPD
 
Tarifa plana
 
Autor
Estíbaliz Cordón Jiménez
Estíbaliz Cordón Jiménez
Estíbaliz Cordón Jiménez
  • Abogada especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de la capital, ha formado parte del cuerpo de Letrados del Servicio de Orientación Jurídico Social de Madrid.

Tras ocho años de ejercicio profesional en Despachos especializados en Derecho Laboral, donde desarrolló una amplia experiencia en la materia con activa intervención ante Juzgados y Tribunales, desde el año 2007 continúa su labor profesional en el ámbito de la empresa.