Doctrina Administrativa
 
 
 
Buscador de doctrina administrativa
  
 
 
ImprimirImprimir    
 

INSTRUCCIÓN I/2/2012/TGP, DE 7 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, SOBRE LA INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO


 
1. INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la Instrucción 9/2009, de 4 de noviembre, que regulaba la intervención de organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones y entidades colaboradoras (EC) en el ámbito penitenciario, se han producido una serie de cambios normativos que hacen necesaria la actualización de dicha Instrucción. Se refieren estos cambios, de una parte, a la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias establecida por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, y el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero. Por otra parte, la propia Instrucción 9/2009 fue ampliada por la Instrucción 20/2011 de 17 de noviembre, que incorporaba nuevos principios en el diseño del sistema de intervención, e introducía algunas modificaciones en los procedimientos para dicha intervención de las entidades en el medio penitenciario. En resumen, se hace necesaria la refundición de ambos textos en una nueva y única Instrucción que, conservando prácticamente íntegro el contenido y redacción de las dos anteriores, las adecuara a la nueva normativa legal vigente.

2. MARCO NORMATIVO

1. La Constitución Española en su artículo 25.2, establece: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

2. El Artículo 9.2 de la Constitución Española, recoge:"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

3. Reflejo del mandato Constitucional, la Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, encomienda a la institución penitenciaria los objetivos de custodia, acción social y reinserción de las personas sometidas a la pena de prisión. Asimismo, el Código Penal y la normativa que lo desarrolla, asigna igualmente a nuestra institución la ejecución de las medidas de segundad y el seguimiento, control y gestión de las penas que sustituyen a las privativas de libertad.

4. La Administración Penitenciaria no puede quedar al margen a la hora de facilitar y favorecer la participación ciudadana a través de asociaciones y organismos no gubernamentales que colaboran en alcanzar los objetivos propuestos para esta institución.

5. La Administración Penitenciaria como Administración Pública, colabora en los Planes Estatales del Voluntariado y en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Participando en el objetivo común de conseguir la igualdad de todas las personas, en la lucha contra la pobreza, actuando con colectivos en riesgo de exclusión y en la atención a las personas en situación de dependencia.

6. Para conseguir los objetivos que establece la normativa: la reinserción social y la plena integración, se precisa la colaboración de las instituciones, organismos no gubernamentales, asociaciones públicas y privadas, con la Administración Penitenciaria.

Ley Orgánica General Penitenciaria

El artículo 69.2 establece que a los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos.

Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que recoge en su desarrollo:

El artículo 62 establece el marco general de participación y colaboración de las Organizaciones no Gubernamentales.

El articulo 17, referido a las Unidades de Madres, recoge que la Administración Penitenciaria fomentará la colaboración y participación de las Instituciones Públicas y Privadas de asistencia al menor en dichas Unidades, así como a las internas en tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años.

El art. 83 en el que se establecen los objetivos y principios del régimen abierto recoge que la actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando tareas de apoyo, asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. Entre los principios que rigen el régimen abierto recogidos en este mismo artículo, se establece la coordinación con cuantos organismos e instituciones públicas o privadas actúen en la atención y reinserción de los reclusos, promoviendo criterios comunes de actuación para conseguir su integración en la sociedad.

El art. 82 que regula la modalidad de vida en régimen abierto restringido tendrá como objetivo, en determinados casos, encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad.

El art. 86.4 que posibilita una forma específica de cumplir condena en régimen abierto, supone una potenciación de los principios inspiradores recogidos en el art 83.2 anteriormente mencionados., según desarrolla la Instrucción I 13/2006 que regula la aplicación del Art. 86.4 del RP).

Los artículos 165-167 regulan las Unidades Dependientes para el tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado. En ellos, se establece que los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos serán gestionados de forma directa y preferente por asociaciones u organismos no penitenciarios en coordinación con la Administración Penitenciaria.

El articulo 111, refiere que, para la adecuada ejecución de las actividades de tratamiento se facilitará la colaboración y participación de Instituciones y Asociaciones Públicas y Privadas.

El artículo 114, en el que se dice respecto a las salidas programadas, que los internos serán acompañados por personal del Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento penitenciario de los reclusos.

El artículo 116 en el que se establece la coordinación con organismos e instituciones debidamente acreditadas, para desarrollar programas de atención especializada a internos drogodependientes. Así como, el 117 en que se contempla la posibilidad de que internos en segundo grado puedan acudir a instituciones extra-penitenciarias para el tratamiento realizado por entidades colaboradoras.

El artículo 182 regula el cumplimiento del tercer grado en Unidades Extra-penitenciarias con internos que necesiten tratamiento de deshabituación a determinadas sustancias, pudiendo celebrar convenios con otras Administraciones o con entidades colaboradoras para la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad.

El artículo 185 contempla que la Administración Penitenciaria pueda solicitar la colaboración necesaria de otras Administraciones Públicas con competencia en la materia para que el tratamiento psiquiátrico de los internos continúe, si es necesario, después de su puesta en libertad.

El artículo 195 reguía la posibilidad de la acogida de liberados condicionales por parte de instituciones sociales extra-penitenciarias.

El artículo 196 considera que los liberados condicionales con enfermedad grave incurable o septuagenarios puedan ser acogidos por instituciones específicas.

Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado:

Cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar las participaciones solidarias del voluntariado social en las organizaciones sin ánimo de lucro, públicas y privadas.

En la misma se establece que la Administración General del Estado fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas formativos, servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades del voluntariado.

Definiendo en su artículo 3 el concepto de voluntariado, como el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida, quedando excluidas las actuaciones voluntarias aisladas,

esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 8 septiembre de 2005, por el que se aprueba el III Plan Estatal del Voluntariado para los años 2005-2009:

Promueve tanto las actuaciones directamente orientadas al fomento del voluntariado y la práctica solidaria (sensibilización, captación y formación) como aquellas otras que persiguen la consolidación del movimiento voluntario, a través del fortalecimiento de las ONG.

Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Acuerdo-Marco con el Tercer Sector para el desarrollo de Programas de Interés Social de 18 de octubre de 2006

La Administración General del Estado y las entidades sin ánimo de lucro que integran el Tercer Sector coinciden en el objetivo común de conseguir la igualdad de todas las personas en el marco de las políticas sociales, promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos para que dicha igualdad sea efectiva, en la línea marcada por los artículo 1.1 y 9.2 de la Constitución Española.

Orden INT/3191/2008 de 4 de noviembre de Creación del Consejo Social Penitenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales.

Crea el Consejo Social Penitenciario y los Consejos Sociales Penitenciarios Locales, como órganos de relación entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección de los centros penitenciarios con las entidades sociales y ONGs que intervienen en el ámbito penitenciario, con la finalidad primordial de fomentar la participación y colaboración del Tercer Sector en el desarrollo de las políticas reinserción social.

•Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

De entre los órganos directivos de la administración penitenciaria, suprime la Dirección General de Recursos y la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.

•Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

Modifica la estructura anterior de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, estableciendo siete Unidades con nivel orgánico de subdirecciones generales: Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Penas y Medidas Alternativas, Inspección Penitenciaria, Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, Recursos Humanos, Servicios Penitenciarios, y Coordinación de Sanidad Penitenciaria.

3. PRINCIPIOS GENERALES

El sistema que se diseña está guiado por los siguientes principios:

1. Facilitar la labor del voluntariado, simplificando los trámites de autorización de las intervenciones.

2. Garantizar una mínima permanencia de las intervenciones, de modo que éstas no se vean limitadas necesariamente al periodo bianual.

3. Tender hacia el establecimiento de criterios generales y prioridades comunes a grupos de centros, facilitando así que las sinergias generadas con motivo de las actuaciones en un centro favorezcan al resto, reduciendo burocracia y favoreciendo la eficiencia y eficacia de las intervenciones.

4. Fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento y la evaluación de sus propios programas

5. Favorecer la formación del voluntariado y del personal de la institución en la labor del voluntariado.

6. Orientar las intervenciones, ofreciendo a las organizaciones no gubernamentales los mapas de necesidades plurianuales de colaboración por parte de las mismas, en los programas de las líneas de actuación básicas que puedan contribuir a los objetivos de las políticas que tiene encomendadas la Administración Penitenciaria.

7.Compatibilizar el acceso del voluntariado a los establecimientos penitenciarios con la salvaguardia de los principios de custodia y segundad, de los que en todo momento debe responder la Administración Penitenciaria.

8. Adecuar los diferentes espacios en los que debe de tener lugar la relación de los voluntarios con los internos, en función de la naturaleza y contenido de la relación terapéutico-asistencial del Programa de Intervención autorizado.

4. CATALOGO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA ONG Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL MEDIO PENITENCIARIO

Con el fin de facilitar y agilizar los procedimientos que regulan la intervención de las Organizaciones no Gubernamentales y Entidades Colaboradoras (ONG/EC), se establece un Catálogo de Programas de Intervención para ONG en el medio penitenciario. Este Catálogo pretende unificar criterios y homogeneizar las

intervenciones en los diferentes centros, en base a las necesidades de cada uno de ellos:

1. PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL:

1.1. Formación ocupacional y para el empleo

1.2. Talleres ocupacionales

1.3. Orientación laboral

1.4. Técnicas de búsqueda de empleo

1.5. Acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral.

2. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL:

2.1. Asesoramiento personal y jurídico.

2.2. Acogida para enfermos de SIDA y otras enfermedades.

2.3. Atención a personas con discapacidad sensorial.

2.4. Atención a personas con discapacidad física.

2.5. Atención socio-educativa de niños.

2.6. Mediación penitenciaria (interno/funcionario, interno /interno, funcionario /ONG).

2.7. Justicia restaurativa: conciencia y reparación del daño (interno/víctima; interno/sociedad).

2.8. Apoyo familiar (Escuela de Padres/Madres, Prevención de situaciones de riesgo, otros).

2.9. Desarrollo personal - Competencias y Habilidades sociales.

2.10. Preparación para la vida en libertad. Acercamiento a recursos comunitarios.

2.11. Pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva.

2.12. Unidades Dependientes.

2.13. Salidas programadas.

3. PROGRAMAS DIRIGIDOS A COLECTIVOS ESPECÍFICOS:

3.1. Extranjeros

3.2. Grupos étnicos.

3.3. Mujeres,

3.4. Niños residentes en Centros Penitenciarios/Unidades de Madres

3.4.1, Actividades lúdicas (Música, teatro, etc.)

3.4.2. Guardería durante las comunicaciones.

3.5. Jóvenes.

3.6. Personas mayores.

3.7. Violencia de Género.

3.8. Violencia en ámbito doméstico.

3.9. Agresores sexuales.

4. PROGRAMAS SANITARIOS Y CON DROGODEPENDIENTES:

4.1. Atención a drogodependientes (adicciones con sustancia tóxica, incluido alcohol y tabaco)

4.1.1. Prevención.

4.1.2. Educación para la salud. Formación de mediadores.

4.1.3. Reducción de daños (PIJ, metadona y otros).

4.1.4. Deshabituación.

4.1.5. Incorporación social.

4.1.6. Unidades Extrapenitenciarias/Comunidades Terapéuticas

4.2. Atención a enfermos de SIDA y otras patologías prevaientes

4.2.1 Apoyo e información.

4.2.2 Prevención.

4.2.3 Educación para la salud. Mediadores sociales.

4.2.4 Apoyo a enfermos crónicos.

4.3. Atención a enfermos mentales y personas con discapacidad intelectual

4.3.1. Programa de intervención integral.

4.3.2. Apoyo a la rehabilitación psiquiátrica.

4.4. Programas de apoyo psicológico

4.5. Programas de Trastornos de la conducta alimentaria

5. PROGRAMAS FORMATIVOS - EDUCATIVOS:

5.1. Programas de Prevención en el área biopsicosocial (SIDA, enfermedades de transmisión sexual, drogas, alcohol y tabaco, violencia de género, etc.).

5.2. Programas formativos

5.2.1. Idiomas

5.2.2. Español para extranjeros.

5.2.3. Fomento de la lectura.

5.2.4. Taller de escritura

5.2.5. Técnicas de estudio

5.2.6. Informática.

5.2.7. Educación medioambiental.

5.2.8. Educación para la salud.

5.2.9. Educación vial.

5.2.10. Actividades ocupacionales (pintura, cerámica, radio, etc.)

5.2.11. Promoción del voluntariado

5.2.12. Otras.

5.3. Programas culturales

5.3.1. Cine

5.3.2. Teatro

5.3.3. Música

5.3.4. Exposiciones, Conferencias. Seminarios.

5.3.5. Información y debates sobre temas de actualidad.

5.3.6. Conmemoraciones, concursos y certámenes.

5.3.7. Salidas culturales.

5.3.8. Otras.

5.4. Programas deportivos

5.4.1. Deporte de recreación (fútbol sala, baloncesto, etc.).

5.4.2. Deporte competición: Deporte federado, campeonatos ínter centros, campeonatos dentro del centro.

5.4.3. Formación y motivación deportiva (Escuelas deportivas).

5.4.4. Relajación/Meditación: Yoga, Zen, Tai-Chi, Reiki, Meditación y otras.

5.5. Programas con actividades lúdicas, de ocio y ocupación del tiempo libre

6. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MEDIO PENITENCIARIO A LA SOCIEDAD.

7. OTROS PROGRAMAS.

7.1. Formación en valores y convivencia social

7.2. Convivencia en fiestas religiosas o populares

7.3. Actividades previstas en Acuerdos de cooperación firmados por el Estado con entidades colaboradoras y confesiones religiosas, con excepción de las realizadas por los ministros de culto que se regirán por su normativa específica.

Asimismo, se adjuntan a esta Instrucción el ANEXO de procedimientos y modelos a utilizar para la intervención de Organizaciones No Gubernamentales y Entidades Colaboradoras en Centros Penitenciarios.

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las Instrucciones 9/2009 de 4 de noviembre y 20/2011 de 17 de noviembre.

6. DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Instrucción entrará en vigor a los diez días de su recepción en los establecimientos penitenciarios. En la primera reunión del Consejo de Dirección y de la Junta de Tratamiento se dará lectura de la misma, procediendo a su difusión en los términos establecidos en el artículo 280.2.14a del Reglamento Penitenciario.

 
 
Practicum Local 2014
Banner Encuesta Portal Jurídico
 
Acceso a través de Internet a información jurídica relacionada con el Derecho