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Resolución D.G.R.N. de 28 de enero de 2009

 RESUMEN:

Matrimonio: Ausencia de consentimiento matrimonial que impide la inscripción solicitada de un matrimonio celebrado en Colombia entre español y colombiana.


HECHOS
Primero.-El 24 de agosto de 2007 Don L, de nacionalidad española, nacido en M. (Uruguay) el 18 de febrero de 1963, presentó en el Consulado General de España en B. impreso de declaración de datos para la trascripción del matrimonio que había celebrado el día 10 de agosto de 2007 en B., S., (Colombia), según la ley local, con la Sra. A., de nacionalidad colombiana, nacida en B. el 17 de febrero de 1971. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Certificado de matrimonio local; de la interesada, registro de nacimiento con nota de divorcio, pasaporte colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios; y, propia, certificación de nacimiento, fe de vida y estado, DNI y pasaporte.

Segundo.-El 12 de febrero de 2008 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.

Tercero.-El Ministerio Fiscal informó que procedía un acuerdo denegatorio y ese mismo día, 12 de febrero de 2008, el Encargado del Registro Civil Consular de B. dictó auto en el que acordaba no acceder a la solicitud de inscripción del matrimonio, por considerar que las inconsistencias de las audiencias reservadas habían puesto de manifiesto la ausencia de verdadero consentimiento.

Cuarto.-Notificada la resolución a ambos, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que, desde que se conocen, no han dejado de hablar ni un solo día, se ven por chat, él ha realizado tres viajes a Colombia -el último de tres meses- y ella está embarazada y que piensan que tienen derecho a la inscripción del matrimonio; y presentando, como prueba documental, historia clínica de la interesada, correspondencia y fotografías.

Quinto.-De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Consular, estimando que no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que motivaron la decisión, confirmó la resolución apelada y ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
Primero.-Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 29-4.ª de diciembre de 2005; 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre, 29-2.ª y 5.ª de diciembre de 2006; 29-2.ª de enero, 28-5.ª de febrero, 31 de marzo, 28-2.ª de abril, 30-1.ª de mayo y 1-4.ª de junio, 10-4.ª, 11-1.ª de septiembre, 30-6.ª de noviembre y 27-1.ª y 2.ª de diciembre de 2007.

Segundo.-El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. Artículos 45 y 73-1° Ce). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

Tercero.-Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. Artículos 56, I, Ce y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Ce) y esta comprobación, si el matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" (art. 256-3° RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y "de las declaraciones complementarias oportunas" se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

Cuarto.-Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

Quinto.-En este caso concreto se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Colombia el 10 de agosto de 2007 entre un nacional español y una ciudadana colombiana y, del trámite de audiencia reservada, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según consta por las declaraciones de ambos, no se conocían personalmente antes de la celebración del matrimonio y éste es precisamente uno de los factores que, según la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia. En la fe de vida y estado presentada por el promotor consta su estado civil de soltero y, sin embargo, la interesada manifiesta que los dos eran separados. Se advierten contradicciones sobre si su primer contacto por Internet fue hace un año o hace un año y medio o si iniciaron la relación seis meses antes de la boda o "una vez comprometidos". Y él facilita datos y fechas discordantes: que su relación comenzó el 26 de febrero de 2007, que contrajeron matrimonio el 10 de febrero de 2007 -la boda fue en agosto- y que antes habían convivido tres años, pese a que, como se señala al principio de este razonamiento jurídico, no se encontraron directa y personalmente antes del matrimonio. Por otra parte, no pueden darse por acreditadas las manifestaciones de que él la ayuda económicamente con periodicidad mensual y de que se comunican a diario por teléfono y por chat porque en la documental aportada únicamente consta relación por este último medio y durante un periodo muy breve, anterior a la celebración del matrimonio.

Sexto.-De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular quien, por su inmediación a los hechos, es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

 
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