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Sentencia T.S.J. Madrid 326/2011, de 9 de mayo


 RESUMEN:

Libertad sindical: Vulneración. Era deber de la empresa demandada permitir el desempeño de la actividad sindical de los delegados sindicales, es decir, acceder a que estos tomaran contacto con los trabajadores en los centros de trabajo afectados por el conflicto y al fin de participar en una asamblea y en la situación de huelga.

(ILJ 1172/2011)

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00326/2011

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6

MADRID

C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27

Tfno.: 91.319.92.31

N.I.G.: 28000 4 0000621 /2001

40126

ROLLO N.º: RSU 1774/11

TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECURSO SUPLICACION

MATERIA: TUTELA DERECHOS FUNDAMENTALES.

Jzdo. Origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 11 de MADRID

Autos de Origen: DEMANDA 292/10

RECURRENTE/S: Carlos Manuel, Ángel Jesús, Aurelio,

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

RECURRIDO/S: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En MADRID a nueve de mayo de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON BENEDICTO CEA AYALA, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA n.º 326

En el recurso de suplicación n.º 1774/11 interpuesto por el Letrado RODRIGO MARRUPE LORENZO en nombre y representación de Carlos Manuel, Ángel Jesús, Aurelio, CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 11 de los de MADRID, de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS LACAMBRA MORERA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que según consta en los autos n.º 292/10 del Juzgado de lo Social n.º 11 de los de Madrid, se presentó demanda por Carlos Manuel, Ángel Jesús, Aurelio, CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO contra, SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA en reclamación de TUTELA DERECHOS FUNDAMENTALES, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que estimando en parte la demanda interpuesta por Carlos Manuel, Ángel Jesús, Aurelio y CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO contra SOCIEDAD ESTATAL CORRESOS Y TELEGRAFOS SA, declaro vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical de D. Aurelio, y la nulidad radical de la conducta de la mercantil demandada, condenando a ésta a cesar de inmediato en los comportamientos que atentan contra la libertad sindical del Delegado Sindical D. Aurelio."

Segundo.—En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO: D. Carlos Manuel, D. Ángel Jesús y D. Aurelio figuran como afiliados al "Sindicato de Correos y Telégrafos de la Comunidad de Madrid de la confederación General del Trabajo (CGT). Prestan su trabajo en centros de trabajo que no alcanzan los 250 trabajadores.

Segundo.—El citado sindicato tiene constituida formalmente una sección sindical a nivel de la CAM, de la que es Secretaria General D.ª Enriqueta.

TERCERO.- En Asamblea General de afiliados de la Sección Sindical celebrada el 12.07.2008, fueron elegidos como Delegados Sindicales por CGE, D. Carlos Manuel, D. Ángel Jesús y D. Aurelio. Fueron ratificados en sus cargos por la Asamblea de afiliados a CGT celebrada el día 22.10.2008.

CUARTO.- En fecha 10.05.2007, el comité de Empresa para la Provincia de Madrid, quedó conformado por 33 miembros correspondiendo a CCOO (8); CGT (7); SINDICATO LIBRE (7); UGT (6); y CSI-CSIF (5).

El 16.07.2008, D.ª Enriqueta notificó al Director de Relaciones laborales D. Marcial el nombramiento de los demandantes como Delegados Sindicales.

SEXTO.- Ante diversos escritos remitidos a la Jefatura de Relaciones Laborales por D. Aurelio referentes a diversas cuestiones sobre su actuación en el Centro de Reparto 7 y 8 de Madrid, a las que acudió como "representante sindical de CGT", D. Marcial comunica el 29.9.2008 al Sr. Aurelio lo siguiente: "el art 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical establece el régimen jurídico de los delegados sindicales como representantes de las secciones sindicales de los sindicatos con presencia en los órganos de representación de los trabajadores. El punto 1.º de este artículo condiciona el disfrute de los derechos señalados en el punto 3.º del mismo, a que se cumpla el doble requisito de, en primer lugar, que el sindicato en cuestión tenga implantación en los comités de empresa en la junta de personal y, en segundo lugar, que además el centro de trabajo ocupe a más de 250 trabajadores.

Por ello no se reconoce su condición de delegado sindical con los derechos y garantías del art. 10 de la LOLS los elegidos como delegados que pertenezcan a centro de trabajo de menos de 250 trabajadores, que es el caso en que se encuentra usted pues está destinado en el Centro de Reparto 7 de Madrid".

SEPTIMO.- Por escrito de 10 de octubre de 2008, D.ª Enriqueta envía una carta al Jefe de Relaciones Laborales, en la que insiste en derecho del delegado sindical de CGT, Aurelio, a no sufrir injerencias, discriminación o cualquier otra violación de la LOLS, en base a su condición de delegado sindical (arts. 8.1 y 10 de la LOLS ).

OCTAVO.- con fecha 8 de octubre de 2008, por parte de la Jefatura de Relaciones Laborales se remite a la S.P. de CGT nueva carta en la que alega que el Acuerdo Marco de Relaciones Laborales de Correos y Telégrafos, de marzo de 2000, establece que el ámbito de constitución de las secciones sindicales, a los efectos del art. 10 de la LOLS, es el centro de trabajo que supere los 250 trabajadores, ámbito avalado por el T. Supremo en Sentencias para unificación de doctrina de 10 de abril y 13 de junio de 2001.

"Por ello no se reconoce la condición de delegados sindicales con los derechos y garantías del art. 10 de la LOLS, a quien no cumple los presupuestos legales exigibles, tal como se el ha indicado en diversos escritos desde esta Jefatura. Por tanto, no se reconoce la citada condición a las personas que indican en su escrito de fecha 16.07.08". Una carta similar se envía a D. Carlos Manuel.

NOVENO.- Mediante escrito de fecha de 28.10.2008, el sindicato actor solicitó realizar Asambleas informativas en relación al proceso de negociación colectiva en turnos de mañana, tarde y noche en los diferentes centros y fechas que se hicieron constar en dicho escrito.

Estando autorizada por el Jefe de Relaciones Laborales la Asamblea informativa propuesta para el Distrito 1, cuando D. Aurelio se personó en el centro de trabajo en fecha 27.11.2008, no se le permitió acceder a mismo e informar así a los trabajadores tal y como había hecho en el resto de asambleas celebradas anteriormente en turno de tarde.

DECIMO.- En fecha de 22.05.2009, el sindicato actor, en esta ocasión junto con el "Sindicato Libre de Correos y Telecomunicación", procedió a convocar Huelga indefinida en la Unidad de Reparto Urgente 11 (URU 11), de 10.00 a 13.000 horas y de 17.00 a 20.00 horas a partir del día 02.06.2009. A D. Aurelio que se disponía a comprobar el seguimiento del paro, se le impidió el acceso al centro de trabajo por orden del Jefe de Relaciones Laborales."

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El pronunciamiento parcialmente estimatorio del Juzgado de lo Social, dictado en litigio sobre tutela de libertad sindical, ha declarado vulnerado por la empresa demandada este derecho, así como la nulidad radical de la conducta infractora, condenándole al inmediato cese en los comportamientos que atenten contra la libertad sindical del delegado sindical D. Aurelio, demandante en el proceso. No se ha incluido en la condena a todos los actores y tampoco se ha estimado el pedimento relativo a la reparación de las consecuencias derivadas de la referida infracción, que se ha cifrado en la demanda en 6.000 euros, formulándose por ello recurso de suplicación, que se encauza mediante cuatro motivos, de los que dos se destinan a la revisión fáctica y el resto al examen del derecho aplicado por la resolución de instancia.

Las solicitudes de modificación del relato histórico se refieren a los ordinales sexto y octavo de la sentencia recurrida, interesando se añada al final del primero el siguiente inciso fáctico: "que en dicho escrito el Jefe de Relaciones Laborales de la Dirección Territorial de Madrid obvia lo planteado por Don Aurelio, no responde a las cuestiones expuestas por el Delegado sindical, ni resuelve sobre la procedencia o improcedencia de las medidas propuestas."

Del mismo modo se pretende que el ordinal octavo quede completado con esta adición: "una carta similar se envía a Don Carlos Manuel. En dicho escrito el Jefe de Relaciones Laborales de la Dirección Territorial de Madrid obvia lo planteado por el demandante, no responde a las cuestiones expuestas ni resuelve sobre la procedencia o improcedencia de las medidas propuestas, en relación a su actuación como Delegado sindical en el Centro de Reparto 27."

Ninguna de las pretensiones revisoras posee transcedencia, por sí mismas, para alterar el fallo. Lo que se trata de determinar es si la conducta de la empresa ha incidido en contravención anticonstitucional conforme a los hechos planteados en la litis, a cuyo fin resulta irrelevante que se añadan los extremos fácticos solicitados en ambos motivos, pues la sentencia da cuenta en el ordinal sexto de la queja remitida a la empresa por el demandante Sr. Aurelio y de la contestación a tal escrito, así como en el hecho probado octavo de la remitida al Sr. Carlos Manuel, por lo que es innecesario precisar si se respondió o no a cuestiones expuestas en la petición de los interesados, habiendo constancia documental del texto de ambas contestaciones, de las que en su caso se deducirá aquello que sea pertinente en orden a su valoración jurídica, dentro de los apartados que se refieren a las infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

Segundo.—A continuación, y al amparo del art. 191, c) de la LPL, los actores entienden se ha infringido por la sentencia de instancia los arts. 7 y 28 de la CE, 8 de la LOLS, y 179.2 de la LPL.

En la denuncia jurídica del motivo se reitera que la vulneración del derecho a la libertad sindical de los recurrentes no se refiere al ejercicio de los derechos y garantías previstos en el art. 10 de la LOLS, sino al contenido de este derecho en su aspecto esencial. Y así, indican los dos actos empresariales de injerencia arbitraria en que la empresa incurrió al impedir que el actor D. Aurelio accediera al centro de trabajo en los días 27-11-2008 y 22-5-2009, en la primera fecha, para informar en la asamblea de trabajadores sobre la marcha de la negociación colectiva, y en este último día, con el fin de comprobar el seguimiento del paro, episodios que, por otra parte, están referidos en la sentencia, si bien la discrepancia reside en que, según se alega, con tal conducta también se mermó indirectamente la libertad sindical de los demás demandantes, quienes están afectados por el proceder antisindical del empresario, pese a que la libertad en juego se refiera de forma directa al referido trabajador, pues perturbada la libertad sindical de este, se impide a su vez el normal ejercicio representativo de la sección sindical y del propio Sindicato, al que se le obstaculiza su función institucional como defensor de los intereses colectivos y la de cada miembro de la sección en su calidad de personas que en la empresa representan al Sindicato.

Han de hacerse en todo caso algunas puntualizaciones del máximo interés respecto del contenido y alcance del derecho a la libertad sindical centrado en la sección sindical y en los delegados sindicales, a la luz de la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo. En un plano general, la STC 168/1996, de 29 de octubre, reitera, citando jurisprudencia anterior, que (...) aunque el tenor literal del art. 28.1 CE parece restringir el contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, en virtud de una interpretación sistemática con el art. 7 de la CE y del canon hermenéutico sentado por el art. 10.2 de la CE , su enumeración de derechos no constituye un numerus clausus, sino que en el contenido de este precepto se integra también la vertiente funcional, el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden. Les garantiza un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma que consideren más adecuada a la efectividad de su acción, dentro, claro está, del respeto a la Constitución y a la Ley. En el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros".

Esta misma sentencia incide en (...) el doble aspecto de las secciones sindicales -y también de los delegados sindicales-, como instancias organizativas internas del sindicato y como representaciones externas a las que la Ley confiere determinadas ventajas y prerrogativas, que suponen correlativamente cargas y costes para la empresa. Respecto del primer plano, la constitución de secciones, la elección o designación de representantes, portavoces o delegados y que éstos actúen en representación de los afiliados, es ejercicio de la libertad interna de autoorganización del sindicato y, en cuanto tal, la LOLS no lo prohíbe a ningún sindicato ni a ninguna sección sindical y no puede ser impedido ni coartad( SSTC 61/1989 , 84/1989 , 173/1992 [ RTC 1992\173 ] y 292/1993 ). Forma parte del contenido esencial de la libertad sindical y de esta forma el sindicato puede estar presente en los lugares de trabajo y realizar allí sus funciones representativas( STC 173/1992 ) y ejercer aquellas actividades que permitan la defensa y protección de los propios trabajadores( STC 292/1993 ). El hecho de que determinadas secciones sindicales no puedan contar por imperativo legal con un delegado de los previstos en el art. 10 de la LOLS no impide en modo alguno el ejercicio de los derechos del art. 8.1 de la LOLS por sus respectivos titulares( STC 173/1992 ).

A su vez, la STS de 24-11-2009 (rec. 36/20099) recuerda que (...) la designación de Delegado Sindical se integra en lo que viene denominándose contenido adicional de aquel derecho fundamental, como así se infiere, de las sentencias del Tribunal Constitucional 188/1995 ( RTC 1995\188), de 18 de diciembre y 269/2000 ( RTC 2000\269), de 13 de noviembre y de las de esta Sala IV del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2002 ( RJ 2003\2326), 28 de marzo de 2003 (RJ 2003\7134 ) y, ya más recientemente, de la de 14 de julio de 2006, dictada en el recurso unificador de doctrina 5111/2004 (RJ 2006\6454)".

Sin embargo, el problema se plantea, como es el caso, si queda constituida la sección sindical en un centro de trabajo de menos de 250 trabajadores-punto no discutido en la litis-y el Sindicato demandante ha elegido a sus delegados sindicales, a quienes no se les puede aplicar el régimen de garantías del art. 10 de la LOLS, aspecto tampoco cuestionado en el proceso (así se reconoce incluso expresamente por la parte demandante), pese a lo cual dicho Sindicato reivindica el derecho al ejercicio efectivo y real derivado de la actividad, funciones y facultades que como tal tiene constitucionalmente reconocidas. Pero todo ello partiendo de que, no obstante la inaplicación al supuesto enjuiciado de esta norma orgánica, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoce la constitución de secciones sindicales como parte del contenido esencial de la libertad sindical y que estos órganos pueden llevar a cabo en la empresa la acción sindical básica que deriva de este derecho en su vertiente de actividad, conforme al art. 2.2. d) de la LOLS, deja sentada una distinción que se funda en los razonamientos siguientes:

"Resulta evidente la necesidad de que la sección sindical, como órgano pluripersonal que puede actuar externamente frente al empleador, lo haga a través de personas físicas. O dicho de otra manera, cualquier sección sindical puede contar con representantes externos-delegados sindicales -con independencia de si la LOLS les atribuye o no un especial estatuto-, para mediante ellos, ejercitar las facultades que integran la libertad sindical, sin perjuicio de que algunos de ellos, de concurrir las exigencias que requiere la LOLS -lo que no es el caso- cuenten además con otras facultades añadidas a las generales y el empleador deba reconocer los derechos establecidos en el artículo 10 de la LOLS , si -se insiste- se cumplen los requisitos previstos en el precepto. Ello permite hablar de dos tipos de delegados sindicales, según posean o no atribuciones de acuerdo con la LOLS. En el primer caso, existe un reconocimiento a efectos externos, más allá del estricto marco de la sección sindical. Son los que reuniendo los requisitos del artículo 10 de dicha Ley , y beneficiados por los derechos que les reconoce este precepto, se identifican habitualmente con el término de delegado sindical. El segundo tipo lo integran aquellos delegados sindicales que no pueden disfrutar de dichos beneficios legales y tienen limitada su actuación a la estricta representación de la sección sindical. Estos representantes-delegados vienen siendo denominadas de distintas maneras: portavoces, delegados internos, delegados privados, delegados sindicales al margen de la ley, etc, e incluso también simplemente como delegados sindicales, aunque dicha denominación pueda dar lugar, terminológicamente, a equívocos.

Ahora bien, en cualquier caso, como razona la sentencia del Tribunal Constitucional 173/1992 (RTC 1992\173), "El hecho de que determinadas secciones sindicales no pueden contar por imperativo legal con un delegado de los previstos en el art. 10 de la LOLS (RCL 1985\1980 ) no impide en modo alguno el ejercicio de los derechos del art. 8.1 de la LOLS por sus respectivos titulares", que es precisamente -como ya se ha dicho- lo que le reconoce la sentencia recurrida al Sindicato demandante, por lo que no se incurre en infracción alguna". (STS de 26-6-2008-rec. 18/2007).

Sobre esta diferenciación ha de resolverse el asunto enjuiciado para determinar si en el derecho que se denuncia como infringido por la empresa ha de entenderse concernido tanto el Sindicato recurrente, como los demás delegados sindicales demandantes en autos. La respuesta ha de ser proclive a la pretensión que se articula en la demanda y ahora en el recurso, porque al margen de que las incidencias acontecidas con ocasión de la asamblea informativa del 27-11-2008 y de la huelga de 22-5-2009 afectaron a uno de los actores, la actuación empresarial obstativa a que dicho trabajador accediera al centro de trabajo, no se refería al delegado sindical, en calidad, sin más, de persona física o trabajador al servicio de la demandada, sino que estaba dirigida a su condición de representante de un Sindicato (que como entidad actúa, lógicamente, a través de sus propios representantes), de igual forma que se hubiera procedido si el delegado sindical hubiera sido otro de los elegidos. Del mismo modo debe de concluirse en lo que respecta a las quejas cursadas por el Sr. Aurelio en relación con la prohibición de que accediera el día 23-9 2008 al distrito 8 de reparto (folio 39) con el fin de realizar una visita y hablar con los trabajadores, y en la que concierne al demandante Sr. Carlos Manuel (folio 45), pues no se trata de que en todas las mencionadas situaciones los actores fueran beneficiarios de los derechos y garantías que regula el art. 10 de la LOLS, sino de su derecho a ejercer la actividad sindical en los términos marcados por la jurisprudencia expuesta, en su condición de delegados sindicales que representan a la sección sindical de CGT en el segundo de los tipos de delegado sindical que apunta la STS de 26-6-2008 citada, al margen del régimen legal de esta última norma.

En consecuencia, era deber de la empresa demandada permitir el desempeño de la actividad sindical de los delegados sindicales en el ámbito descrito en las situaciones examinadas, es decir, acceder a que estos tomaran contacto con los trabajadores en los centros de trabajo afectados por el conflicto y al fin de participar en una asamblea y en la situación de huelga a las que se refiere el factum de la sentencia de instancia.

Tercero.—En el motivo siguiente se citan los arts. 7 y 28 de la CE, y 180.1, párrafo primero, de la LPL, como normas infringidas. Lo pretendido en este apartado se encamina a impugnar la decisión del Juzgado de no declarar el derecho de la parte actora a recibir una indemnización reparadora de las consecuencias derivadas de la conducta anticonstitucional de la empresa, compensatoria de los daños morales sufridos, y que, ya se dijo, se cuantifica en 6.000 euros, resultado de multiplicar la cantidad de 1.000 euros por cada una de las cuatro ocasiones en que se ha negado la condición de delegados sindicales y de las dos en que se les ha obstaculizado el derecho a ejercer la actividad sindical (hecho decimosegundo de la demanda).

El reconocimiento de la indemnización reparadora no tiene un sentido absoluto, indefectible e inmediato, sino que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, necesita previamente de la alegación sobre el soporte, fundamento o aspectos componentes que conforman el importe reclamado. Entre otras, la STS de 15-12-2008 (rec. 14/2007) indica que (...) aunque pueda no ser necesario que se acredite un especial perjuicio, pues éste se presume cuando la sentencia aprecie la lesión del derecho a la libertad sindical (TS 9-6-1993 (RJ 1993\4553), R. 3856/92 ; y 8-5-1995 (RJ 1995\3752), R 1319/94 ), ello no es óbice para que el demandante, como ha matizado posteriormente la propia jurisprudencia, deba aportar al órgano judicial indicios o elementos suficientes que sustenten su concreta petición indemnizatoria (TS 22-7-1996 (RJ 1996\6381), R. 3780/95 ; 20-1- 1997 (RJ 1997\620), R. 2059/96 ; 2-2- 1998 (RJ 1998\1251), R 1725/97 ; 28-2-2000 (RJ 2000\2242), R. 2346/99 ; 3-12-2002 (RJ 2003\1639), R. 6/02 ; 21-7-2003 (RJ 2003\6941), R. 4409/02 ; y 12-12-2007 (RJ 2008\3018), R. 25/07). Lo que la jurisprudencia exige es, en primer lugar, que el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, parámetros aquéllos que deben justificar suficientemente que la indemnización corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión; y en segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase".

Según se desprende del relato histórico de la sentencia y de la prueba documental relacionada con la declaración de hechos probados, los episodios en que se acredita conducta antisindical de la empresa demandada son cuatro: la prohibición de visitar el centro de trabajo distrito 8 al actor y delegado sindical D. Aurelio el día 23-9-2008 (folio 39), el que se refiere al Sr. Carlos Manuel (folio 45), aunque no consta la fecha y hechos que motivaron la contestación que a dicho delegado sindical se le dirigió el 16-3-2009, y los ya mencionados sobre la obstaculización a aquel de entrada al centro de trabajo en los días 28-10-2008 y 22- 5-2009, con ocasión de asamblea de trabajadores y comprobación de seguimiento de huelga (ordinales noveno y décimo).

Además de que la fórmula o criterio que la parte actora ofrece en los términos indicados, es incierta o aleatoria por fijar el precio material del daño que se aduce sin base razonable para que la Sala lo comparta, hay otra razón que abona la sostenibilidad del mismo pronunciamiento de instancia. La respuesta con la que la empresa demandada ha negado a los actores el ejercicio de la actividad sindical se indica (ordinal sexto) en estos términos: "el art de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical establece el régimen jurídico de los delegados sindicales como representantes de las secciones sindicales de los sindicatos con presencia en los órganos de representación de los trabajadores. El punto 1.º de este artículo condiciona el disfrute de los derechos señalados en el punto 3.º del mismo, a que se cumpla el doble requisito de, en primer lugar, que el sindicato en cuestión tenga implantación en los comités de empresa en la junta de personal y, en segundo lugar, que además el centro de trabajo ocupe a más de 250 trabajadores.

Por ello no se reconoce su condición de delegado sindical con los derechos y garantías del art. 10 de la LOLS los elegidos como delegados que pertenezcan a centro de trabajo de menos de 250 trabajadores, que es el caso en que se encuentra usted (...)".

No se funda esta contestación en proceder doloso o intrínsecamente arbitrario, al referirse la objeción a una causa que está explicada conforme a una norma jurídica que, aun cuando como ya se ha dicho no es directamente aplicable, al menos en el entendimiento del empresario es la que avala su postura, de forma que si bien este no centra jurídicamente el aspecto controvertido en todas sus facetas-orillando el art. 8.1 de la LOLS - da muestra razonada de su conducta, en una interpretación no acertada de las normas con arreglo a la doctrina, por no reparar en el matiz distintivo marcado por la STS de 24-11-2009 citada, entre el delegado sindical, sensu stricto, del art. 10 de la LOLS y la otra figura denominada de maneras diversas, pero exenta de mala fe, arbitrariedad o cualquier otro comportamiento ilícito menor justificativo del establecimiento en sentencia de una obligación de carácter económico de tipo resarcitorio.

Cuarto.—- En virtud de lo razonado y expuesto, el recurso se estima en parte en los términos que se deducen del fundamento de derecho segundo de la presente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos Manuel, D. Ángel Jesús, D. Aurelio y el Sindicato CONFEDERACIÓN SINDICAL DEL TRABAJO (C.G.T) contra sentencia dictada el 30-9-2010 por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid, en autos 292/2010, y con revocación parcial de la misma, debemos declarar y declaramos que la referencia que en el fallo se hace respecto de la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y la nulidad radical de la conducta de la mercantil demandada, así como al cese inmediato de los comportamientos contra la libertad sindical, ha de entenderse extendida a todos los demandantes, confirmando la sentencia de instancia en todos sus demás pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del deposito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c n.º 2870 0000 00 1774/11 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Angel n.º 17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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