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Sentencia A.P. Valencia 522/2011, de 14 de septiembre


 RESUMEN:

Contrato de compraventa mercantil: Reventa. Instalación de un negocio de hostelería. Entrega de mercancía fuera de plazo. El comprador acepta y admite la entrega de las mercancías remitidas: Opción por su cumplimiento. No puede luego desdecirse de su inicial opción para acogerse a la rescisoria del contrato.

SECCION SEXTA

Rollo de Apelación Civil n.º 435/11

Procedimiento Juicio Ordinario n.º 631/10

Jdo. Primera Instancia n.º 4 Gandia

SENTENCIA N.º 522

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Presidenta

Iltma. Señora: Doña María Eugenia Ferragut Pérez

Magistrados

Iltmo. Señor: Don José Francisco Lara Romero

Iltma. Señora.:Doña Olga Casas Herraiz

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Valencia, a catorce de septiembre de dos mil once.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Ilmos. Sres. anotados al margen, siendo ponente Olga Casas Herraiz, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de fecha 17 de febrero de dos mil once dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Gandia en autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos bajo el número 631/10.

Han sido partes en el recurso, como apelante la demandada ELECTROSAFOR, S.L., representado por el Procurador D. Rafael Nogueroles Peiró y dirigida por el Letrado D.ª Salomé Frasquet Costa, es apelada la entidad EURO FRED, S.A., representada por el Procurador D.ª María Angeles Miralles Ronchera y defendido por el Letrado D. José Martínez Pérez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRI M ERO.- La sentencia recurrida, en su parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que estimando la demanda interpuesta por mercantil "EUROFRED, S.A." representada por el Procurador D. JUAN GERARDO KONNICKX BATALLER, contra la también entidad "ELECTROSAFOR, S.L." personado a través de la Procuradora Dña. ELVIRA SANTACATALINA FERRER, debo condenar y CONDENO a la demandada a satisfacer a la actora la cantidad reclamada de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.558'89 €) más los intereses legales del artículo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, a contar desde el 3 de julio de 2.009.

Las costas procesales se imponen a la demandada".

Segundo.-Notificada dicha sentencia, por la representación procesal de ELECTROSAFOR, S.L, se preparó y posteriormente se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fundaba en:

Infracción del art. 329 y 337 Código de Comercio. Sostiene que se produjo una demora en la entrega de las mercancías; la fecha factura es de 3 de abril de 2009, y la entrega de las mercaderías (documento siete), es de 7 de abril.

Infracción del art. 10 L.O.C.M. en relación con el art. 71 L.G.D.C.U. Ase puso de manifiesto la falta de conformidad de la mercancía el 15 de abril, se produjeron comunicaciones a la demandada pidiéndole que pasara a recoger la mercancía el día 15 de abril, 10 de julio y 3 de febrero.

Infracción del art. 4 de la Directiva 99/44 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de bienes de consumo. El deseo de la demandada era tener servida e instalada la mercancía antes de las fiestas de Pascua y Semana Santa de 2009, es decir, antes del Domingo de Ramos de 5 de abril 2009.

Error en la valoración de la prueba. Sostiene que de la documentación aportada por la propia entidad actora se acredita el retraso en la entrega y discrepa de la aplicación que efectúa el juzgador a quo del art. 304 L.E.C.

Concluía el recurso interesando la revocación de la resolución recurrida y que se dictase nueva sentencia por la que se absolviese a la recurrente de los pedimentos contenidos en la demanda.

Al anterior recurso se opuso la entidad actora, interesando la confirmación de la resolución recurrida.

Tercero.-Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló para vista, deliberación y votación el día 12 de septiembre de 2011 en el que ha tenido lugar.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los presentes.

Primero.-Desde un punto de vista jurídico nos encontramos ante una compraventa que teniendo en consideración la naturaleza de las partes, empresas, y el destino de los objetos vendidos, dispuestos para la reventa y concretamente destinados a formar parte de la instalación de un negocio de restaurante, debe ser calificado de mercantil, (artículo 325 del C. de C.), y por tanto que son de plena aplicación las normas de los artículos 325 a 345 del Código de Comercio. Ello deviene en que la cuestión de la entrega de la mercancía fuera de plazo no tenga la trascendencia jurídica que sostiene el demandado. La mercancía fue vendida en fecha 3 de abril de 2009, viernes, sin que se fijase plazo para la entrega, por lo que en principio y por aplicación del art. 337 C. de com."Si no se hubiere estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas, el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato.", las mercaderías fueron entregadas el día 7 de abril, mediando sábado y domingo, si entendemos que fueron entregadas fuera de plazo, entrarían en juego las facultades del comprador, es decir, pedir el cumplimiento del contrato o la rescisión, con indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se les hayan irrogado por la tardanza, ahora bien esta facultad no impide atender a que si el comprador acepta y admite la entrega de las mercancías remitidas, está optando por el cumplimiento, y no puede luego, desdecirse de su inicial opción para acogerse a la rescisoria del contrato. Criterio que tiene en consideración, por un lado que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil, en el mercantil si el vendedor se retrasa en la entrega de la cosa vendida (incumpliendo el plazo contractual) el mero retraso se equipara al incumplimiento total, pero el rigor que se aplica al vendedor, tiende a tutelar la rápida y puntual ejecución indispensable en el tráfico mercantil, en el que se obliga al comprador a recibir la cosa comprada, aunque puede negarse a recibirlas cuando la entrega se hace retrasada; y por otro, si una vez entregada la mercancía por el vendedor fuera de plazo, el comprador no se niega a recibirla o, después de recibirla, no la devuelve de inmediato, dando por resuelta la relación contractual, se concluye que ha optado por el cumplimiento. En el caso presente el recurrente sostiene que respecto de las mercaderías las mercaderías se intentó la devolución, sin embargo, debe significarse que, aun admitiendo que se comunicase el deseo de la devolución de las mercaderías el 15 de abril, el verdadero motivo de la devolución no parece ser el tiempo- mínimo por otro lado- en que se demoró la devolución, sino simplemente que el cliente al que iba destinada ya no estaba interesado en ella, sin que de la prueba documental aportada pueda concluirse la esencialidad del plazo de entrega sostenida por la parte demandada, y hallándose las mercaderías en poder del comprador, conforme al art. 339 C.com. "empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor".

Articula el recurrente el primer motivo de recurso en torno a los arts. 264 y 265 en relación con el art. 270, considerando que ha sido vulnerado del art. 144 de la LEC., normativa que puesta en relación con el art. 24 C.E., sostiene que le ha causado indefensión.

A estos efectos, el propio recurrente, pese a sostener la vulneración de precepto constitucional causante de indefensión, lo cierto es que nada argumenta o razona respecto de la indefensión que dice se le ha ocasionado, ni en modo alguno razona sobre el hipotético distinto resultado de la litis de no haberse admitido el documento controvertido. La verdadera indefensión relevante es la de carácter material que impone la presencia de un resultado verdaderamente lesivo para la plenitud de sus derechos de defensa, con auténtica limitación o menoscabo de ellos, siendo doctrina reiterada del Tribunal Constitucional contenida en la STC 52/998, que cita las SSTC 1/96, 167/88, 212/90, 87/92y 94/92), que no toda irregularidad u omisión procesal causa por sí misma la nulidad de actuaciones, ya que, como indica la STC 217/98, el dato esencial es que tal irregularidad procesal haya supuesto una efectiva indefensión material, y por lo tanto, trascendente de cara a la resolución del pleito(SSTC 205/91, 139/94 y 164/96, 198/97, 100/98 y 218/98, entre otras). Enlazada con esta cuestión y partiendo de la imputación realizada por el recurrente de la indebida admisión -o al menos el silencio de la Sala y su posterior acogimiento en Sentencia- de unos medios probatorios por su aportación extemporánea; el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa reconocido en el artículo 24.2 CE, implica que este derecho garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses(SSTC 173/2000, de 26 de junio, FJ 3, 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2 y 1/2004, de 14 de enero, F2). La reciente Sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 2010ha precisado que el alcance de este derecho está sujeto a una delimitación de diverso sentido y ha destacado la nota de la relevancia en el sentido de que "es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante [por todas, STC 157/2000, de 12 de junio, FJ 2c)]; cosa que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada indebidamente era decisiva en términos de defensa(STC 147/2002, de 15 de julio, FJ 4), esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito(STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 5), al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente(STC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3)".La doctrina expuesta conduce a denegar la nota de la relevancia en la prueba documental aportada extemporáneamente, y ello en la medida en que si bien se hace referencia a dicho documento, éste no tiene la influencia necesaria para alterar el fallo de la Sentencia por integrarse con otros elementos de convicción destacados y, además, se relativiza la transcendencia que se da al documento en cuanto que lo realmente relevante era la identificación de la póliza de seguro, lo que constaba ab initio por haber sido aportada póliza suscrita en fecha posterior para la cobertura de otro vehículo, pero de idénticas coberturas, siendo esencial que el número de póliza es el mismo, siendo a su vez el mismo que consta en el atestado elaborado con ocasión del siniestro por los agentes de la Guardia Civil. Por último, y de mayor contundencia es el hecho indubitado de que la propia demandada admitió conocer en prueba de interrogatorio que conocía el hecho de que la póliza de seguro no cubría el siniestro en caso de alcoholemia positiva.

Consecuentemente el primer motivo de recurso ha de ser desestimado.

Segundo.-El segundo motivo de recurso se fundaba en Infracción del art. 10 L.O.C.M. en relación con el art. 71 L.G.D.C.U.

En cuanto a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996, no resulta de aplicación a las relaciones entre comerciantes de conformidad con el art. 1.2 "A los efectos de la presente Ley, se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento.", en consecuencia la relación que une a los litigantes se halla extramuros de la indicada norma. De igual modo la relación mercantil de que se trata se halla excluida de la aplicación de la normativa sobre consumidores de conformidad con el art. 2 del R.D. Legislativo 1/2007, según el cual "Está norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios". El motivo de recurso se desestima.

Tercero.-Alegaba igualmente como motivo de recurso infracción del art. 4 de la Directiva 99/44 / CE del parlamento europeo y del consejo de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de bienes de consumo. Tampoco es de aplicación la Directiva 99/44 /CE a las relaciones entre comerciantes, que encuentra su ámbito subjetivo en los consumidores y la protección de estos, según se desprende del

Artículo1 Ámbito de aplicación y definiciones.

1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo, con el fin de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.

2. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) "consumidor": toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional". El motivo de recurso se desestima

Cuarto.-Construía el último de los motivos de recurso en torno a la concurrencia de error en la valoración de la prueba, y su discrepancia respecto de la aplicación que efectúa el juzgador a quo del art. 304 L.E.C. El motivo de recurso ha de decaer. El art. 304 en su párrafo primero, señala que "si la parte citada para el interrogatorio no compareciese al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del art. 292 de la presente Ley ", y, en su párrafo segundo, que "en la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior". Y para que puedan tenerse por producidos los efectos de la tradicionalmente llamada " ficta confessio" es preciso que al citarse a la parte que vaya a ser interrogada se le aperciba expresamente de que en caso de incomparecencia injustificada podrá ser tenida por conforme con los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente, los cuales se tendrán por ciertos en aquello que le sea enteramente perjudicial, y, de otro, se ha de entender que el apercibimiento que prevé el párrafo segundo del art. 304 tiene que ser expreso y específico a aquello a lo que se refiere, por las trascendentales consecuencias que de dicho precepto puedan derivarse para la parte que sin causa justificada incomparezca en el acto de la vista o juicio, de forma que apercibido de tal manera sepa las consecuencias que puede deparar su incomparecencia si no lo justifica suficientemente a juicio del Tribunal. Y en segundo lugar, porque la "ficta confessio" se regula en ese precepto como una simple facultad potestativa del órgano jurisdiccional que podrá o no aplicarla, siempre con ponderación y moderación, según las circunstancias concurrentes en cada caso, evitando automatismos que puedan conducir a arbitrariedades. Siendo que, en el presente caso, el Juzgador de instancia entendió oportuno hacer uso de la indicada facultad, lo que no parece una decisión inadecuada si se tiene en cuenta el resto de pruebas practicadas permitían llegar a conclusiones completamente diferentes a las pretendidas por el demandado. Se desestima el motivo de recurso.

Quinto.-La desestimación del recurso, de conformidad con lo prevenido en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, implica la imposición de las costas causadas en esta alzada.

De conformidad con la Disposición Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009, dese al depósito el destino legal oportuno.

En nombre del Rey, y por la autoridad que nos confiere la Constitución aprobada por el pueblo español.


FALLAMOS


 
Primero.-DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación procesal de ELECTROSAFOR, S.L., contra la sentencia de fecha 17 de febrero de dos mil once dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Gandia en autos de Juicio Ordinario, seguidos bajo el número 631/10.

Segundo.-CONFIRMAMOS la resolución a la que se contrae el presente recurso.

Tercero.-IMPONEMOS las costas causadas en esta alzada a la recurrente.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16.ª de la LEC 1/2000.

Respecto al depósito constituido por la recurrente ELECTROSAFOR, S.L., representado por el Procurador D. Rafael Nogueroles, de conformidad con la L.O. 1/09 de 3 de Noviembre en su Disposición Adicional Decimoquinta, ordinal 9.º, dése el destino legal oportuno, quedando éste afectado a los destinos especificados en el ordinal 10.º Esta resolución no es susceptible de recurso de casación por razón de la cuantía.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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