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Sentencia T.S.J. Navarra 184/2011 de 25 de mayo


 RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo: Dimisión del trabajador. La jurisprudencia califica de irrevocable la dimisión cuando existe constancia expresa de la misma. Los vicios del consentimiento no pueden presumirse, sino que deben ser probados. Las consideraciones que realiza la parte sobre la existencia de una encerrona, el estado de nerviosismo, no son relevantes en orden a la apreciación del vicio del consentimiento denunciado.

PRESIDENTE

ILMA. SRA. D.ª CARMEN ARNEDO DIEZ

ILMO. SR. D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a VEINTICINCO DE MAYO de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA N.º 184/11

En el Recurso de Suplicación interpuesto por DON JESUS ALFARO LECUMBERRI, en nombre y representación de DON Raimundo, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 1 de Pamplona/Iruña sobre DESPIDO, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de lo Social n.º UNO de los de Navarra, se presentó demanda por DON Raimundo, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declare la nulidad del despido, o subsidiariamente la improcedencia del mismo, condenando a la demandada a readmitir al actor a su puesto de trabajo o a indemnizarle conforme a Derecho y con abono en cualquier caso de los salarios de tramitación.

Segundo.-Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Don Raimundo sobre despido, debo absolver y absuelvo a la empresa FAGOR EDERLAN TAFALLA S.Coop. de todos los pedimentos deducidos en su contra."

Cuarto.-En la anterior sentencia se declararon probados: "PRIMERO.- Don Raimundo prestó servicios para la empresa demandada desde el 26 de julio de 2005, con la categoría profesional de Oficial de 3.ª Utillajes y percibiendo un salario mensual de 2.424,34 Euros, con inclusión de prorrata de pagas extras. El primer contrato firmado en la fecha referida era un contrato por obra y servicios de seis meses de duración. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2005, el actor firma con la empresa un contrato de relevo del trabajador Don Juan Pablo.- SEGUNDO.- La empresa Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. surge a raíz del proceso de cooperativización que se llevó a cabo con la mercantil Victorio Luzuriaga Tafalla S.A. Durante dicho proceso, al actor se le ofreció la posibilidad de ser socio cooperativista de la nueva cooperativa, oferta que fue aceptada por el Sr. Raimundo al firmar el documento en el que se incluía la correspondiente oferta el 29 de noviembre de 2007. Posteriormente, el actor decidió que no quería ser socio cooperativista, sino que prefería continuar como empleado por cuenta ajena.- TERCERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2010 le fue extinguido su contrato, al haber firmado su baja voluntaria el día 28 de octubre de 2010.- CUARTO.- La parte actora no ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores ni cargo sindical alguno, así como tampoco consta su afiliación sindical.- QUINTO.- El preceptivo acto de conciliación ante el SMAC, se celebró el 1 de diciembre de 2010, concluyendo el mismo con el resultado de intentado sin avenencia."

Quinto.-Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la demandante, se formalizó mediante escrito en el que se consignan siete motivos, los cuatro primeros al amparo del artículo 191.b) de Ley de Procedimiento Laboral, para revisar los hechos declarados probados, y quinto, sexto y séptimo amparados en el artículo 191.c) del mismo Texto legal, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, denunciando infracción de los Art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral; infracción del Art. 1265 y sigs Código Civil; y vulneración de los artículos 1255 y 1258 y del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, y la Doc trina de los derechos adquiridos en conexión con el artículo 44 del Convenio Colectivo de la Empresa Victorio Luzuriaga, S.A. y la jurisprudencia que lo interpreta.

Sexto.-Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la Empresa demandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El trabajador demandante, que prestaba sus servicios en la empresa Fagor Ederlan Tafalla, con la categoría profesional de oficial 3.ª, en virtud de diversos contratos temporales, el primero de 26 de julio de 2005, de realización de obra o servicio determinado para "puesta en marcha Büherer II", y posteriormente de 5 de noviembre de 2005, de relevo por sustitución del trabajador Don Juan Pablo; cesó el 4/11/2010, tras retractarse y rechazar la oferta de incorporarse a la empresa como cooperativista, previa suscripción formal de su baja voluntaria el 28 de octubre de 2010. Interesa en el presente procedimiento se declare el carácter de despido nulo o subsidiariamente improcedente de su cese, y su readmisión o la extinción indemnizada de la relación laboral. Alegándose que el despido ha sucedido sin la mas mínima formalidad, tras cinco años de trabajo, y por mor de no acceder a ser cooperativista, lo que es discriminatorio, cuando la empresa demandada ha contratado posteriormente a diversos trabajadores eventuales.

La demanda es desestimada en instancia. Se declara probado que el trabajador suscribió una baja voluntaria el 28 de octubre de 2010. El trabajador la ha negado en el acto de la vista, pero la sentencia estima suscrita libremente la renuncia, tras una ponderación verosímil y coherente de la prueba realizada en autos.

Y frente a dicha sentencia se interpone por la representación procesal del trabajador el presente recurso de suplicación.

Segundo.-Se aporta por el recurrente, después de presentado el escrito de impugnación del recurso, un documento nuevo, no fehaciente, atribuido al servicio de psiquiatría del hospital de Navarra, consistente en el relato de un ingreso de urgencia el 16/6/2010, que revelaría su situación en la fábrica Luzuriaga; y se aportan también diversos documentos de una historia clínica siquiátrica, con relieve particular en el de 13 de mayo de 2011 de la Clínica San Juan de Dios, que relata la situación de nervios y bloqueo del demandante en noviembre de 2010, que se alega evidencian un cuadro clínico depresivo.

La Sala no puede admitir dichos documentos, pues además de referirse a un hecho anterior al juicio oral (celebrado el 2 de febrero de 2011), que debió haberse probado en el mismo, su contenido es totalmente irrelevante para la resolución de la cuestión litigiosa, y su admisión significaría reconocer al recurrente un derecho unilateral de réplica que no contemplan las leyes procesales. Todo ello en aplicación del Art. 231 de la Ley de Procedimiento Laboral que impide a la Sala admitir aportar documentos a las partes, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos del Art. 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o el escrito contuviera elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental, y previa audiencia de la parte contraria.

Por otra parte la admisión de documentos en suplicación esta condicionada a la fehaciencia de los mismos, condición que no tienen los documentos aportados tras el presente recurso de suplicación. El artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuyo origen ha de buscarse en la sentencia del Tribunal Constitucional 158/1985 de 26 de noviembre, ha encontrado una interpretación autentica en el artículo 271.2 LEC 1/2000 que limita la presentación de documentos, después de la vista o juicio, a las "sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular conclusiones". Y conforme a la doctrina unificada de la sala social del TS, contenida en la STS/IV 5-diciembre-2007 (Sala General), y reiterada posteriormente (por ejemplo STS 7 de julio de 2009), en interpretación del Art. 231 de la Ley de Procedimiento Laboral, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los documentos fehacientes "que tengan la condición formal de sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes".

La cuestión aunque pudo y aun debió resolverse con la inadmisión pura y simple de los documentos (Art. 272 LEC), se resuelve ahora en sentencia por un principio de economía procesal, y por haberse presentado los documentos después y en la inmediatividad de su señalamiento para votación y fallo.

Tercero.-El motivo primero de suplicación, formulado al amparo del Art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, interesa se incorpore al relato de hechos un nuevo relato que recoja la condición de trabajador fijo del demandante, supuestamente derivada de la irregularidad de sus contrataciones temporales. Se sostiene que el contrato de trabajo primero está hecho en fraude de ley, que el trabajador fue contratado en julio de 2005 para obra o servicio determinado, pero ha trabajado en todas las secciones de la fabrica, como puede deduce de la declaración del representante legal de la demandada y de su jefe de personal. También el segundo contrato laboral de 15 de noviembre de 2005 sería en fraude pues el trabajador relevado hace mas de dos años que se había ausentado de la fábrica, como se deduce de la declaración del representante legal de la empresa y del jefe de taller, y además su condición de fijo se deduce del Art. 44 del convenio

El motivo debe ser rechazado pues no se discute en el procedimiento si el trabajador era fijo o eventual sino si hubo un mutuo disenso de la relación laboral. Por otra parte se pretende incorporar al relato de hechos una cuestión jurídica, no un hecho, y además una cuestión no litigiosa; y finalmente el motivo se sustenta en una elaborada suposición sobre una testifical no fehaciente.

Cuarto.-Con el mismo fundamento procesal que el anterior, el motivo segundo pretende se incorpore al relato que al trabajador se le ofreció en noviembre de 2007, en virtud de un contrato de adhesión, pasar a la condición de cooperativista, en el proyecto de cooperativización de Luzuriaga, que el trabajador firmó el 27 de noviembre, pero que luego se negó a cumplimentar. Motivo que debe ser rechazado pues solo supone una redacción alternativa de lo que se establece expresamente en el hecho segundo de la sentencia de instancia

El motivo tercero, al amparo del Art. 191 B) de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende se recoja como hecho, que sólo por el desconocimiento por el actor de su condición de fijo habría en su caso firmado su baja laboral, con total indefensión porque no conocía sus derechos. Y ni siquiera conocía el contenido de los contratos que en su día suscribió, porque los ha reclamado a la inspección de trabajo, en la demanda de conciliación y en la demanda judicial. Motivo que ha de ser rechazado por suponer un relato alternativo de la cuestión litigiosa, que se basa en unas presuposiciones jurídicas que no han sido establecidas formalmente y que contravienen directamente la situación jurídica establecida como antecedente del litigio; incorporando como hecho cuestiones cuya admisión significaría una incongruencia procesal, pues no se ha establecido que el trabajador gozase de la condición de trabajador fijo, ni es verosímil que desconociese los contratos laborales que firmo en su día, ni hay elemento alguno que demuestre el supuesto error en la suscripción de su baja voluntaria en la empresa.

El motivo cuarto, al amparo del Art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral interesa se concluya que su negativa a firmar el finiquito y a recibir el cheque correspondiente al finiquito, que se ingresaría después en su cuenta, demuestran que se retractó de su decisión de dejar la empresa, y además se presentó en la empresa al día siguiente de la supuesta extinción de la relación laboral. Pero el motivo debe igualmente rechazarse pues la cuestión que plantea es irrelevante dada la irrevocabilidad de la dimisión, y además significa también una cierta contradicción con la posición procesal del demandante, que pretende que nunca renunció a su puesto de trabajo.

Y en términos generales cabe concluir que las inferencias lógicas llevadas a cabo en instancia de entender que hay una renuncia libre y voluntaria a su puesto de trabajo, que se acredita formalmente en el documento de 28 de noviembre de 2010, aportada en el ramo de prueba de la demandada, y debidamente testimoniada y explicada por la testifical, no han sido irracionales, arbitrarias, erróneas o absurdas, ni están contradichas por elementos de prueba fehaciente que constan en el procedimiento; y conviene recordar al respecto, que a este Tribunal no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano de instancia alcanza su convicción, sino únicamente, a los efectos que ahora interesan, controlar la constitucionalidad, coherencia y razonabilidad del discurso de instancia. Sin que se pueda admitir inferir indebidamente en el relato fáctico conceptos jurídicos predeterminantes del fallo sobre cuestiones no debatidas.

Quinto.-El motivo quinto al amparo del Art. 191 C) de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción de los Art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral aduce una supuesta incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, que no se ha pronunciado sobre le carácter indefinido de la condición laboral del actor, a causa del carácter fraudulento de los contratos laborales temporales que suscribió con la demandada. Pero parece obvio que no puede haber incongruencia omisiva de una cuestión que no forma parte de la pretensión de la demanda, que es justamente una acción de despido. Habiéndose planteado incorrectamente un motivo de infracción procesal como motivo de infracción legal.

Y con el mismo fundamento procesal la misma cuestión se vuelve a plantear en el motivo séptimo por infracción del Art. 44 del convenio de la empresa, que preveía la transformación en fijos de los contratos relevistas, motivo que también debe rechazarse pues ni en el presente procedimiento se discute el contenido y efectos del Art. 44 del convenio de la empresa, ni puede establecerse el presupuesto del que parte, que es la condición de fijo del demandante, ajeno a la relación procesal establecida, y entrar a su valoración sería incurrir en incongruencia procesal.

Sexto.-El motivo sexto, al amparo del Art. 191 C) de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción del Art. 1265 y sigs Código Civil argumenta sobre un supuesto error en la suscripción de su baja voluntaria, pues el trabajador no sabía que era trabajador fijo, fue presionado por el jefe de recursos humanos, se insinúa que le engañaron en cuanto a la temporalidad de su contrato de relevo, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, advertido por su letrado, se retracta formalmente y se niega a firmar el finiquito, recordando que la jurisprudencia exige que la dimisión del trabajador sea clara, concreta, firme, consciente y terminante.

Motivo que debe igualmente desestimarse, en primer lugar porque supone un cambio en suplicación de la posición procesal de la parte actora que en su demanda pretende que ha sido despedido informalmente, y que ahora en suplicación pretende que ha cometido un error en la suscripción de su renuncia voluntaria; el motivo además contradice el relato de hechos probados que pondera su renuncia expresa y la sitúa en un contexto laboral en el que no resulta verosímil una inducción engañosa o un error sustancial, pues la decisión se encuadra en una situación laboral conflictiva de crisis empresarial.

Y si bien es cierto que la jurisprudencia exige una renuncia formal indubitada al puesto de trabajo, también lo es que una vez exista constancia expresa de la dimisión la jurisprudencia la califica de irrevocable (SSTS 21 de noviembre de 2000, 21 de marzo de 2001, y 26 de junio de 2007 esta última relativa a una dimisión en finiquito). Y los vicios del consentimiento no pueden presumirse si no que deben ser probados (STS 13 de mayo de 2008, donde se concluye, en un caso análogo al de estos autos, que "las consideraciones que realiza la parte sobre la existencia de una encerrona, el estado de nerviosismo, no son relevantes en orden a la apreciación del vicio del consentimiento denunciado").


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de DON Raimundo, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º UNO de los de Navarra en el procedimiento n.º 857/10, seguido a instancia de dicho recurrente, frente a FAGOR EDERLAN TAFALLA, S. COOP., sobre DESPIDO, confirmando la resolución de instancia.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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