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Sentencia A.N. de 16 de enero de 2012


 RESUMEN:

IRPF: Deuda tributaria. Suspensión de la deuda durante la tramitación de la reclamación económico administrativa. Liquidación de intereses de demora. Providencia de apremio e imposición de recargo. Determinación de la fecha de inicio del cómputo de los intereses y determinación del tipo de interés aplicable. Providencia de apremio dictada como consecuencia de la ejecutoriedad de las resoluciones administrativas, al no haberse producido la suspensión de la deuda apremiada. La pendencia de la impugnación en la liquidación de los intereses de demora no es causa de oposición a la providencia de apremio y tampoco es causa de suspensión de la vía de apremio. Desestimación del recurso.

Madrid, a dieciseis de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [ Sección Séptima ] ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 108/2010, interpuesto por D.ª Josefa, D. Patricio, D.ª Maite y D. Rodrigo, en calidad de herederos de D. Severino, así como por D. Luis Pedro, D.ª Salvadora, D.ª Vanesa y D.ª María Dolores, estos últimos en calidad de herederos de D.ª Maite, todos ellos representados por la Procuradora de los Tribunales D.ª Sara García Perrote-Latorre, con asistencia letrada, contra la Resolución adoptada con fecha de 27 de enero de 2010 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Sala Tercera, Vocalía Undécima. Reclamación Económico-Administrativa núm. R. G. NUM000 ], sobre liquidación de recargo de apremio; habiendo sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado. Cuantía: 29.670,52 Euros.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Con fecha de 10 de febrero de 2010, la Procuradora de los Tribunales D.ª Sara García Perrote-Latorre, actuando en nombre y representación de D.ª Josefa [D. N. I. NUM001 ], D. Patricio [D. N. I. NUM002 ], D.ª Maite [D. N. I. NUM003 ] y D. Rodrigo [D. N. I. NUM004 ], en calidad de herederos de D. Severino [N. I. F.: NUM005 ], así como en nombre y representación de los herederos de D.ª Maite, D. Luis Pedro [D. N. I. NUM006 ], D.ª Salvadora [D. N. I. NUM007 ], D.ª Vanesa [D. N. I. NUM008 ] y D.ª María Dolores [D. N. I. NUM009 ], interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución adoptada con fecha de 27 de enero de 2010 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Reclamación Económico-Administrativa núm. R. G. NUM000 ].

Segundo.—El recurso contencioso-administrativo así planteado fue admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección 7.ª] mediante providencia de 15 de febrero de 2010 [Recurso Contencioso- Administrativo núm. 108/2010 ].

Una vez recibido el expediente administrativo, mediante diligencia de ordenación de 16 de abril de 2010 se dio traslado del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que efectuó mediante escrito presentado con fecha de 18 de mayo de 2010 en el que, tras la exposición de los hechos y de los correspondientes fundamentos de derecho, terminó suplicando a la Sala que:

"...tenga por formalizada la demanda en el Procedimiento Ordinario número 108/2919 y, de estimarla en todo o en parte, se sirva anular la resolución y la liquidación impugnadas, sin perjuicio de su sustitución por las que estime pertinentes."

Tercero.—A continuación se dio traslado a la Abogacía del Estado para la contestación a la demanda, lo que realizó mediante escrito presentado con fecha de 09 de julio de 2010, en el cual expuso los hechos y sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando que se dicte sentencia desestimatoria del recurso jurisdiccional.

Cuarto.—Mediante auto de 22 de julio de 2010 se recibió el proceso a prueba y se fijó la cuantía del mismo en 29.670,52 Euros. Mediante auto de 30 de septiembre de 2010 se admitió la prueba documental propuesta por la parte demandante. Practicada la cual, y una vez formalizado por las partes el trámite de conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento para votación y fallo mediante diligencia de ordenación de 21 de febrero de 2011. Y mediante providencia de 02 de diciembre de 2011, se señaló para votación y fallo el día 12 de enero de 2012, fecha en la que tuvo lugar, quedando el recurso jurisdiccional visto para sentencia. Habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ERNESTO MANGAS GONZALEZ, Magistrado de la Sala, quien expresa el parecer de la misma.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Objeto del recurso contencioso-administrativo.

Es objeto de impugnación [ art. 25, Ley 29/1998, de 13 de julio] la Resolución adoptada por el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha de 27 de enero de 2010, desestimatoria de la Reclamación Económico-Administrativa núm. R. G. NUM000, interpuesta por los herederos de D. Severino frente a resolución de la Jefa de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios [Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Agencia Estatal de Administración Tributaria], de fecha 26 de septiembre de 2007, a su vez desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la providencia de apremio de la liquidación NUM010, practicada por la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid], por el concepto "1992-2006 Intereses de Demora Suspensión TEAR NUM011 ", es decir, de la liquidación de intereses demora devengados durante la suspensión de la ejecución de la deuda tributaria exigida al mencionado D. Severino por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ejercicio 1990.

Segundo.—Antecedentes relativos al objeto del recurso contencioso-administrativo.

1. Con fecha de 14 de octubre de 1992, la Administración Tributaria practicó liquidación NUM012 a cargo de D. Severino, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ["IRPF Declaración Ordinaria 1990 Paralela a Ingresar"], por importe de 95.602.427 pesetas [574.582,16 Euros].

Frente a dicha liquidación interpuso el obligado tributario reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Madrid, que procedió a su desestimación mediante resolución de 07 de julio de 1995 [Epxte. NUM011 ]. Interpuso entonces aquel recurso de alzada, y contra la desestimación presunta del mismo [luego expresa, mediante resolución del TEAC de 10 de septiembre de 1998, R. G. 7307/95] entabló recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo [Sección Segunda] de la Audiencia Nacional, que procedió a su desestimación mediante sentencia de 08 de febrero de 2001 [Recurso 1334/1997 ], que fue a su vez confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2005 [Recurso de casación 1853/2001 ], frente a la que el interesado promovió incidente de nulidad, que fue desestimado mediante auto de 02 de marzo de 2006.

2. Suspensión de la deuda tributaria.

La liquidación de la deuda tributaria permaneció suspendida durante la tramitación de la reclamación económico-administrativa NUM011, desde el 13 de noviembre de 1992, manteniéndose la suspensión en instancias posteriores hasta su ingreso, el 03 de mayo de 2006. El aval bancario prestado para garantizar la suspensión de la deuda fue reintegrado a los herederos de D. Severino el 15 de febrero de 2007.

3. Liquidación de intereses de demora.

Con fecha de 13 de octubre de 2006, la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, AEAT] practicó liquidación NUM010, de intereses de demora devengados en el período comprendido entre 21 de noviembre de 1992 [día siguiente al de finalización del período de ingreso en voluntaria inicial] y 03 de mayo de 2006 [día del ingreso de la deuda], en que permaneció en suspenso la ejecución de la deuda tributaria, ascendiendo el importe de cuyos intereses a 593.779,50 Euros. Con la advertencia de que había de procederse a su ingreso en los plazos fijados en el art. 62 de la Ley 58/2003 y que, de no efectuarse el ingreso de la deuda en los plazos señalados, se procedería a su exacción por el procedimiento administrativo de apremio.

Frente a dicha resolución interpuso el obligado tributario recurso de reposición, que fue desestimado mediante resolución de 25 de julio de 2007. Contra esta resolución, los herederos de D. Severino [fallecido el 21 de julio de 2007] interpusieron con fecha de 14 de septiembre de 2007 reclamación económico-administrativa, que fue desestimada por el TEAR de Madrid mediante resolución de 23 de junio de 2009 [Reclamación núm. NUM013 ]. Y frente a esta última resolución interpusieron los interesados ante el TEAC recurso de alzada [R. G. 5392/09], cuya resolución expresa no consta. En virtud de la proposición de prueba efectuada en el presente recurso jurisdiccional, se recabó del TEAC informe sobre el estado de tramitación de cuyo recurso de alzada, contestando mediante oficio de 28 de diciembre de 2010 "que se halla pendiente de resolución en la Vocalía 11.ª de este Tribunal, la cual será vista en Sala en el transcurso del mes de enero próximo". En el escrito de conclusiones, presentado en este recurso jurisdiccional por la parte actora el 02 de febrero de 2011, se indica: "La impugnación de la liquidación practicada en concepto de principal está pendiente de resolución en vía económico-administrativa".

En los antecedentes de hecho de la resolución del TEAC de 27 de enero de 2010 [R. G. NUM000 ] se indica que: "No consta la suspensión de la liquidación de intereses de demora, cuyo plazo de ingreso en voluntaria finalizaba el 5 de enero de 2007".

4. Providencia de apremio.

Con fecha de 31 de enero de 2007, la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios [Delegación Central de Grandes Contribuyentes, AEAT] dictó providencia de apremio de la liquidación NUM010 practicada por la Dependencia Regional de Recaudación en concepto de "1992-2006 Intereses de Demora Suspensión TEAR NUM011 "

En la providencia de apremio, notificada el 12 de febrero de 2007, se acuerda que:

"El día 30-11-2006 le fue notificada la obligación de pagar la deuda resultante de la liquidación citada anteriormente. El día 05-01- 2007 finalizó el plazo de pago en período voluntario, sin que haya sido satisfecha la deuda de referencia. En consecuencia, acuerdo: Dictar providencia de apremio. Liquidar el recargo del período ejecutivo, requiriéndole el pago del importe a ingresar que figura en el siguiente apartado"

El detalle del importe de la deuda objeto de apremio es el siguiente:

Importe principal: 593.410,42

Recargo de apremio ordinario: 118.682,08

Importe total: 712.092,50 Euros

Pero se hacía la advertencia de que: "Si con anterioridad a la notificación de la presente providencia de apremio hubiese ingresado la totalidad del principal pendiente, será exigible el recargo ejecutivo del 5% (29.670,52 Euros), que deberá ser ingresado en los plazos que se señalan"

Por ello, en el documento de pago se detallan los siguientes importes:

Principal pendiente: 593.410,42

Recargo de apremio: 118.682,08

Ingreso a cuenta. -593.410,42

Importe total: 118.682,08 Euros

Importe a ingresar: 29.670,52

Frente a dicha providencia de apremio interpusieron los interesados recurso de reposición, manifestando que con fecha de 15 de febrero de 2007 habían procedido al ingreso del recargo ejecutivo [29.670,52 Euros], dado que el 17 de enero de 2007 se había efectuado al ingreso de la liquidación de intereses objeto de apremio [593.410,42 Euros], adjuntando al efecto copia del correspondiente justificante de entidad colaboradora de la Agencia Tributaria. El recurso de reposición fue desestimado mediante resolución de 26 de septiembre de 2007, por considerar que no concurre ninguno de los motivos de oposición a la providencia de apremio previstos en el art. 167.3 b) de la Ley 58/2003 [causas de suspensión del procedimiento de recaudación]. Al efecto, se tuvo en cuenta el informe emitido por la Dependencia Regional de Recaudación con fecha de 16 de agosto de 2007, en el que se hacía constar que el recurso de reposición presentado contra la liquidación de intereses de demora suspensivos había sido desestimado mediante acuerdo de 25 de julio de 2007. Finalmente, frente a la mencionada resolución de 26 de septiembre de 2007 se interpuso reclamación económico-administrativa, alegando para ello la nulidad de la liquidación de intereses de demora y, en consecuencia, la nulidad del apremio [ art. 167.3 d) de la Ley General Tributaria ]. La reclamación fue desestimada por el TEAC mediante resolución de 27 de enero de 2010 [R. G. NUM000 ].

En los fundamentos jurídicos de su resolución, el TEAC parte de lo establecido en el art. 167.3 de la vigente Ley General Tributaria ["3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: (...) d) Anulación de la liquidación."], así como de lo establecido para la recaudación en período ejecutivo en el art. 161, apartados 1 [" 1. El período ejecutivo se inicia: a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta Ley."] y 4 ["4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta Ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio."], de la misma Ley. Y en función de tales preceptos, considera que:

"En el caso que nos ocupa, los interesados ingresaron la deuda por intereses de demora antes de la notificación de la providencia de apremio, en febrero de 2007, pero una vez iniciado el período ejecutivo, el 6 de enero de 2007, por lo que procede el recargo del 5% sobre los intereses de demora, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley General Tributaria de 2003, a tenor del cual: "2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio". (...) No proceden las alegaciones tendentes a impugnar los intereses de demora, pues los mismos han sido confirmados en virtud de recurso de reposición y de reclamación económico- administrativa ante el Tribunal Regional de Madrid, sin que conste la suspensión de los mismos, sin perjuicio de lo que resuelva este Tribunal Económico-Administrativo Central en el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Regional de Madrid de 23 de junio de 2009, recaída en la reclamación económico-administrativa número NUM013, dictada en relación con los citados intereses de demora."

Tercero.—Planteamientodel recurso contencioso-administrativo.

1. La pretensión procesal deducida por la parte demandante [ art. 31, Ley 29/1998 ] está dirigida a la declaración de nulidad de la resolución del TEAC inmediatamente impugnada, así como de la liquidación originariamente impugnada. Para lo cual, hace valer sustancialmente, como motivo de impugnación [ art. 56.1, Ley 29/1998], la "Nulidad del apremio" y, más concretamente y de conformidad con el art. 167.3 d) de la Ley General Tributaria, la "anulación de la liquidación girada por los intereses suspensivos en que trae su causa, considerando que esta ha sido planteada en vía económico-administrativa, por lo que entiende esta parte, y así se somete a la consideración de la Sala, no es procedente elrecargo de apremio hasta que exista un pronunciamiento firme sobre la procedencia de la liquidación principal "

2. Los hechos constitutivos de la demanda.

Los hechos en que se basa la demanda, son los siguientes.

2.1. Que con fecha de 16 de julio de 2009 se interpuso ante el TEAC recurso de alzada [R. G. 5392/09] en relación con la resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de 25 de julio de 2007, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a Liquidación NUM010, sobre intereses suspensivos en materia de IRPF [Ejercicio 1990], girada a cargo de D. Severino. En el recurso de alzada se solicitó la anulación de la referida liquidación y su sustitución por otra en la que: A) El cómputo de intereses se inicie, no el 21 de noviembre de 1992, sino el 06 de diciembre de 1992 [es decir, una vez transcurrido el período voluntario de pago, al haberse notificado cuya liquidación el 02 de noviembre de 1992]. B) Se aplique el tipo de in terés legal fijado para cada año por la Ley de Presupuestos, en base ala art. 26 de la Ley 58/2003, puesto que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2005 se realiza el 13 de octubre de 2006.

2.2. Que, en consecuencia, la Liquidación NUM010, relativa a los intereses suspensivos, no es firme, por lo que el recargo de apremio girado sobre la misma dependerá de la resolución que sobre su procedencia adopten los Tribunales.

2.3. Que el importe del recargo de apremio, "objeto de este recurso al considerar los órganos gestores que la liquidación anterior fue ingresada fuera de plazo", fue ingresado el 15 de febrero de 2007.

3. Los fundamentos jurídicos en que consiste el motivo de impugnación planteado.

El motivo de la demanda aparece expuesto en la misma en los términos siguientes:

3.1. Que se invoca la nulidad de la liquid ación NUM010, por la incorrecta determinación de la fecha de inicio del cómputo de los intereses y por la incorrecta aplicación del tipo de interés.

3.1.1. Sobre la "Determinación de la fecha del inicio del cómputo de los intereses "

Tras hacer referencia a la Ley 230/1963 [ arts. 61.1, 124 y 125], al Real Decreto 1684/1990 [ art. 20], a la Ley de 17 de julio de 1958 [ arts. 79 y 80] y a la Constitución Española [art. 24], aduce la parte actora que:

"Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo y la falta de acreditación por la Dependencia de Recaudación de la fecha de notificación del acuerdo dictado por la Administración de Salamanca el 30 de octubre de 1992, cabe concluir que ha de prevalecer la señalada por el propio interesado, de 2 de noviembre de 1992. Siendo así, el plazo de ingreso de la liquidación del IRPF de 1990 en período voluntario vencía el 5 de diciembre de 1992, por lo que los intereses de demora se deberán computar a partir de dicha fecha. Por ello se solicita la anulación de la liquidación NUM010, por importe de 593.410,42 Euros y sustituida por otra en la que el cómputo de los intereses de demora se inicie el 6 de diciembre de 1992."

3.1.2. Sobre la "Determinación del tipo de interés aplicable ", alega la parte actora lo siguiente:

"Considerando que la sentencia que se ejecuta fue dictada por el Tribunal Supremo el 27 de diciembre de 2005, resulta de aplicación la normativa vigente en dicha fecha y, en concreto, lo establecido en el art. 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que dispone que en el supuesto de deudas garantizadas mediante aval solidario de entidad de crédito, el interés de demora exigible será el interés legal. Y así parece reconocerlo la propia Dependencia de Recaudación en el acuerdo de 13 de octubre de 2006 (...) Y no puede ser de otra forma, por cuanto que la exigibilidad de la liquidación se produce en la fecha en la que el Tribunal Supremo dicta la sentencia desestimatoria del recurso de casación y confirma la liquidación impugnada. El reconocimiento de la aplicación del tipo de interés legal daría lugar, asimismo a la anulación de la liquidación de intereses y al reintegro del importe indebidamente ingresado más los correspondientes intereses."

3.2. Que el Tribunal Supremo, en la doctrina fijada por sentencia de 26 de abril de 1996, reconoce que, si bien no pueden llevarse al procedimiento ejecutivo las cuestiones planteadas en vía de gestión, la anulación de la deuda apremiada ha de ser considerada como motivo de impugnación del apremio. Que, asimismo, en sentencia de 22 de julio de 2005, dicho Tribunal señala que la falta de existencia de un acto válido de gestión, consecuencia de una declaración judicial, puede hacerse valer frente al apremio.

3.3. Que al margen de lo expuesto y en aras del principio de economía procesal, se solicita a la Sala que se deje en suspenso la tramitación del presente recurso jurisdiccional en tanto no se resuelva el recurso de alzada relativo al principal.

En el trámite de conclusiones, tras señalar que los hechos constitutivos de la demanda no son objeto de controversia, en el sentido de que la impugnación de la liquidación practicada en concepto de principal está pendiente de resolución en vía económico-administrativa, la parte actora viene a ratificar los fundamentos jurídicos de la demanda, dado que la parte contraria reconoce la situación de pendencia de la impugnación de la liquidación apremiada y que la anulación de la misma incidiría directamente en la actuación de que se trata. Y reitera que el principio de economía procesal parece exigir que la resolución de este litigio quede en suspenso en tanto no se resuelva la impugnación de la liquidación, apuntando que "no deja de ser sorprendente la celeridad de los órganos administrativos en resolver las actuaciones relativas al recargo de apremio y no proceder de igual forma en relación con la liquidación practicada en concepto de principal."

Cuarto.—:Oposiciónal recurso contencioso-administrativo

La parte demandada se opone al recurso jurisdiccional planteado por la entidad recurrente. Para lo cual, tras exponer el "Objeto del recurso", así como la "Motivación del recurso y de la resolución administrativa", alega la "Improsperabilidad de la pretensión formulada". Alegación que formula "...porque en la demanda se invoca el motivo de recurso de la providencia de apremio consistente en la nulidad de la deuda apremiada, del artículo 1767.3 d) de la Ley General Tributaria, sin que en este caso tal nulidad se haya producido. En efecto (...), resulta que la impugnación de la deuda apremiada está pendiente de resolución de la reclamación planteada ante el TEAC, por lo que no se puede afirmar que dicha deuda se encuentre anulada. Por ello no cabe acceder a la pretensión de la parte recurrente, sin perjuicio de las consecuencias que tendría la hipotética estimación de la reclamación contra la deuda apremiada. Tampoco consta que el pago de la deuda apremiada haya sido suspendido, por lo que la aplicación del recargo apremiado es plenamente ajustado a derecho."

Quinto.—Sobre los motivos de la demanda.

Planteado en tales términos el recurso jurisdiccional, cabe hacer las siguientes consideraciones.

1. Una vez firme la liquidación practicada por la Administración Tributaria en concepto de IRPF [Ejercicio 1990], el obligado tributario realizó ingreso de la deuda [03 de mayo de 2006], por lo que el órgano de recaudación procedió a la liquidación de los intereses de demora devengados durante el período en que permaneció en suspenso la ejecución de la deuda [21 de noviembre de 1992 a 03 de mayo de 2006], en aplicación de los arts. 26 y 66 de la Ley 58/2003. Notificada cuya liquidación al obligado tributario, una vez finalizado el plazo de pago en período voluntario, se procedió a su recaudación forzosa mediante providencia de apremio de 31 de enero de 2007, incrementando la liquidación con el recargo del período ejecutivo [ art. 161, apartados 1 y 4, de la Ley General Tributaria ].

Dicha providencia de apremio fue notificada el 12 de febrero de 2007. El interesado había efectuado el ingreso de la liquidación de intereses de demora el 17 de enero de 2007, y con fecha de 15 de febrero de 2007 procedió al ingreso del recargo ejecutivo, consistente en el 5% de la liquidación de intereses de demora suspensivos, al haber realizado el pago del principal con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio.

2. Así pues, como pone de manifiesto el TEAC en la resolución inmediatamente impugnada, el obligado tributario procedió al ingreso de la deuda resultante de la liquidación de los intereses de demora suspensivos antes de la notificación del acto de gestión recaudatoria por el que se iniciaba la vía de apremio para su exacción, pero una vez comenzado el período ejecutivo [ art. 161.1, Ley General Tributaria ], lo que determinaba el nacimiento, a cargo de aquel, de la deuda accesoria consistente en el recargo ejecutivo equivalente al 5% del importe de la liquidación de intereses de demora [art. 161.4, en relación con el art. 28.2, ídem].

3. Frente a la providencia de apremio no cabe oponer la "anulación de la liquidación" de los intereses de demora [ art. 167.3 d), Ley 58/2003 ]. Porque no consta que dicha liquidación haya sido anulada. La providencia de apremio se dictó como consecuencia de la ejecutoriedad de las resoluciones administrativas [ arts. 56, 57 de la Ley 30/1992, en relación con los arts. 62 y 161 de la Ley 58/2003 ], al no haberse producido la suspensión de la deuda apremiada. Y la pendencia de la impugnación en vía económico-administrativa de la liquidación de intereses de demora no es causa de oposición a la providencia de apremio [ art. 167, Ley 58/2003 ], como tampoco es causa de suspensión de la vía de apremio, dado que el procedimiento de apremio solamente es susceptible de suspensión en vía administrativa por las causas establecidas en el art. 165 de la Ley 58/2003 y correlativo art. 73 del Reglamento General de Recaudación [Real Decreto 939/2005 ].

La pendencia de la impugnación en vía económico-administrativa de la liquidación de intereses de demora tampoco es causa de suspensión del proceso contencioso-administrativo en el que se impugna la providencia de apremio. Es de señalar que elart. 163 de la Ley 58/2003, dispone:

"1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.2. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las normas del artículo siguiente. La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le atribuye la Ley de conformidad con lo previsto en la legislación de conflictos jurisdiccionales. 3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria."

Finalmente, los motivos de impugnación de la liquidación de intereses de demora que se hacen valer en la demanda, no son susceptibles de oposición a la providencia de apremio, en función de lo establecido en el repetido art. 167.3 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio del resultado de la impugnación entablada en vía económico-administrativa contra aquella liquidación. Pues como tiene dicho esta Sala y Sección, así en sentencia de 07 de diciembre de 2010 [Recurso 86/2009 ]:

"Reiteradamente viene la Sala recordando (entre otras Sentencias de 12 de mayo y 13 de octubre de 2008) que el Tribunal Supremo en numerosas sentencias ha venido ratificando esta posición y declarando que: "Un elemental principio de seguridad jurídica impide la posibilidad de debatir indefinidamente las discrepancias que puedan suscitar entre los sujetos de la relación jurídica tributaria y, en particular, determina como lógica consecuencia que iniciada la actividad de ejecución en virtud de título adecuado, no puedan trasladarse a dicha fase las cuestiones que se debieron solventar en la fase declarativa, por lo que el administrado no puede oponer frente a las correspondientes providencias de apremio motivos de nulidad afectantes a la propia liquidación practicada sino sólo los referentes al cumplimiento de las garantías inherentes al propio proceso de ejecución, que se traducen en los motivos tasados de oposición determinados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 95.4 del Reglamento General de Recaudación ". "

Sexto.—Sobre la resolución del recurso contencioso-administrativo, costas procesales y medios de impugnación de la sentencia.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso jurisdiccional planteado, al ajustarse a derecho las actuaciones administrativas impugnadas.

Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse la concurrencia de las circunstancias establecidas al efecto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

Frente a esta sentencia no cabe interponer recurso de casación, conforme a lo previsto en el artículo 86.2.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
1. Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª Josefa, D. Patricio, D.ª Maite y D. Rodrigo, en calidad de herederos de D. Severino, así de D. Luis Pedro, D.ª Salvadora, D.ª Vanesa y D.ª María Dolores, estos últimos en calidad de herederos de D.ª Maite, contra la Resolución adoptada con fecha de 27 de enero de 2010 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Sala Tercera, Vocalía Undécima. Reclamación Económico-Administrativa núm. R. G. NUM000 ]. Y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución y las resoluciones a administrativas a que la misma se contrae, por ser conformes a Derecho.

2. Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

3. Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, haciendo constar que contra la mismano puede prepararse recurso de casación, por razón de la cuantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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