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Sentencia T.S.J. Aragón 604/2011 de 21 de septiembre


 RESUMEN:

Contrato de obra o servicio: Se declara el carácter indefinido de la relación laboral. De la existencia de una subvención, no se deriva que la contratación deba ser necesariamente temporal, y del carácter anual del Plan, no puede deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquél subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00604/2011

T.S.J.ARAGON SALA SOCIALZARAGOZA

-

Tfno:

Fax:

NIG: 50297 34 4 2011 0100545

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000532 /2011

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000230 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 004 de ZARAGOZA

Recurrente/s:

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: Matilde

Abogado/a: NIEVES ZARATIEGUI BASARTE

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Rollo número: 532/2011

Sentencia número: 604/2011

M

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARIA MEDINA Y ALAPONT

En Zaragoza, a veintiuno de septiembre de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 532 de 2011 (Autos núm. 230/2011), interpuesto por la parte demandada CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA), contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza, de fecha 25 de Mayo de 2011; siendo demandante D.ª Matilde, sobre declarativo de derecho. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D.ª Matilde contra el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), sobre declarativo de derecho, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Zaragoza, de fecha 25 de Mayo de 2011, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimo la demanda formulada por D.ª Matilde contra el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) de la Diputación General de Aragón y declaro que la relación laboral que vincula a la demandante con la demandada es de carácter indefinido".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO: D.ª Matilde presta servicios para el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) de la Diputación General de Aragón como auxiliar de laboratorio, grupo D, Nivel 14 y complemento de especial dedicación con retribución de 958,50 euros mensuales con inclusión de partes proporcionales de pagas extras, desde el 2-6-08.

La actora entre 1989 y 1995 ya había suscrito 7 contratos por obra o servicio para la DGA-SIA también como auxiliar de laboratorio.

Segundo.-Esta prestación de servicios ha tenido lugar en virtud de los siguientes contratos:

Contrato por otra o servicio en C.I.T.A., en la categoría de Auxiliar de Laboratorio, grupo D, Nivel 14 y complemento de especial dedicación para la realización de la obra o servicio: Caracterización y mejora de la calidad de cebollas de bajo de pungencia. Proyecto y demostración "demostración del efecto de la densidad de siembra en la cebolla de Fuentes de Ebro". Dicho contrato se extinguió desde el 02/06/2008 hasta el 31/05/2009.

Contrato por obra o servicio en C.I.T.A., en la categoría de Auxiliar de Laboratorio, grupo D, Nivel 14 y complemento de especial dedicación para la realización de la obra o servicio: Caracterización y mejora de la calidad de las cebollas de bajo nivel de pungencia. Proyecto y demostración "demostración del efecto de la densidad de siembra en la cebolla de Fuentes de Ebro".Las alcaparras autoctonas de la comarca del Bajo Cinca: Producción y Evaluación de su calidad. Los recursos filogenéticos de especies comestibles infrautilizadas: prospección, multiplicación y conservación. Dicho contrato se extiende desde el 01/06/2009 y continúa en vigor.

Tercero.-El contrato suscrito en fecha 1-6-09 está vinculado al proyecto "Caracterización y mejora de la calidad de cebollas con bajo nivel de pungencia"; Proyecto Demostración "Efecto de la densidad de la siembra en la calidad de la cebolla de Fuentes de Ebro": D.G:A. (C.T.U.) PI 147/08/919. "Las alcaparras de la Comarca del Bajo Cinca (Huesca): Producción y evaluación de su calidad"; INIA-RF2008-00017-00-00/813 "Los recursos filogenéticos de especies comestibles infrautilizadas: prospección, multiplicación y conservación"; a desarrollar en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

La duración de este contrato está vinculada al periodo de vigencia de dichos proyectos finalizando el último de ellos el 30-9-2011.

Cuarto.-En el expediente de concesión de subvención solicitada por el CITA al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, en Resolución de10-12-08 se acordó conceder un pago de 13.000 en concepto de la realización de la actividad "Cebolla Fuentes, Cultivo", procedente tal cantidad de la UE (FEADER) al 25% y de la DGA al 25%.

Para el proyecto "Caracterización y mejora de la calidad de cebollas con bajo nivel de pungencia" el Instituto nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), concedió una subvención para la 1.ª anualidad 22.854 euros, 40.746 para la 2.ª anualidad y 8.300 para la 3.ª anualidad.

Quinto.-D.ª Gloria es la investigadora coordinadora de los dos proyectos para los que la trabajadora demandante fue contratada. En uno y otro proyectos para los que la actora fue contratada ha realizado idénticas labores propias de auxiliar de laboratorio consistentes en toma datos, recogida de muestras, informatización de datos obtenidos en los resultados, acondicionamiento de semillas entre otras funciones.

Sexto.-Ha quedado agotada la vía administrativa a través de la interposición de la reclamación administrativa en fecha 25-1-11".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por el cauce procesal previsto en el apdo. b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, T. R. de 7 de abril de 1995, pretende el recurso de la Diputación General de Aragón la revisión del Hecho Probado Cuarto, con apoyo probatorio en la documental que señala. Solicita, en concreto, la adición de un párrafo final para hacer constar que en todos los contratos de la actora a partir de 1991 se hacía constar que además de por las causas legalmente establecidas, los contratos se extinguirían si se anulaba la vigencia de los programas o proyectos de investigación referenciados en la correspondiente cláusula descriptiva de los contratos, y que estaba supeditada su duración a la cuantía de la dotación que financiaba los proyectos indicados en dicha cláusula.

Así resulta de los contratos, por lo que la adición procede.

Segundo.-Denuncia el recurso, con base en el artículo 191 c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), la infracción por parte de la sentencia del Juzgado del artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), en su redacción dada por Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en relación con el núm. 1 a) del mismo artículo, como preceptos sustantivos atinente al fondo de la cuestión planteada.

Aduce, en síntesis, que tanto el contrato de la demandante como el de tantas otras personas dedicadas a la investigación está en función no solamente de los temas que el investigador se proponga trabajar, sino de la disponibilidad presupuestaria y de su encaje en programas, convocatorias, subvenciones, etc., por lo que se trata de proyectos independientes, con objeto y financiación limitados, lo que lleva a no poder configurar el conjunto de proyectos como un puesto de trabajo estable, no sucediéndose los proyectos y, por tanto, las funciones en el tiempo, sino que pueden superponerse, suspenderse, simultanearse o tener periodos vacantes.

Tercero.-Supuestos análogos al presente son los resueltos por esta Sala en sentencias de 25.1.2010 (r. 1009/09), 3.5.2010 (r. 265/10), 28.6.2010 (r. 450/10), 14.2.2011 (r. 46/11), 10.12.2010 (r. 860/10), 26.1.2011 (r. 939/10), 14.7.2011 (513/11), que han formado un criterio uniforme que, ante la semejanza de situaciones, debe reiterarse aquí. Se hace referencia en estos precedentes al anterior punto de vista de la Sala --vid. por todas las sentencias de 4.12.2000 (r. 863/00), 18.6.2001 -dos- (r. 767/00 y 788/00) 25.6.2001 (r. 810/00), 16.7.2001 (r. 594/01), 20.12.2001 (r. 384/01) y 31.12.2001 (r. 407/01)-- que venía resolviendo la inexistencia de relación laboral fija entre trabajadores y la Administración al entender que no había fraude de ley en las sucesivas contrataciones temporales, que venían impuestas tanto por la especial naturaleza de la actividad del organismo contratante cuanto por la especial e individual identificación de los proyectos de investigación a realizar, su financiación, concreta y específica para cada uno de ellos, y la falta de infraestructura personal estable.

Sin embargo, la situación actual es absolutamente distinta al haberse producido un cambio legislativo, iniciado en la reforma del n. 5 del art. 15 ET por Ley 12/2001, de 9 de julio, y seguido por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora del crecimiento y del empleo, que dio en su art. 12 nueva redacción al ap. 5 del art. 15 ET, aplicable al presente caso en función de las fechas de los contratos litigiosos, que es la siguiente: "5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad".

Cuarto.-Como resulta de la redacción de la norma citada ("sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo"), los efectos de fijeza que la misma reconoce se producen "ex lege", sin necesidad defraude de ley o intención defraudatoria alguna respecto de la regulación normativa referente a la contratación temporal. El supuesto de hecho base de la norma consiste en la contratación temporal (bajo las mismas o diferentes modalidades, excepto los formativos, de relevo o de interinidad) durante un plazo superior a veinticuatro meses -con o sin solución de continuidad- en un período de treinta meses del mismo puesto de trabajo, con el mismo trabajador y para la misma empresa, sea contratación directa, sea a través de empresa temporal. Y acaecido el supuesto se produce el resultado: la adquisición de condición de trabajador fijo.

Asimismo el art. 12.13 de la Ley 43/2006, de 29 diciembre dio nueva redacción a la disposición adicional 15.ª del ET en los siguientes términos: "Lo dispuesto en el art. 15.5 de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones públicas y sus organismos autónomos, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable".

Quinto.-En el presente caso la actora ha prestado servicios ininterrumpidos desde el 2.6.2008 para la Administración demandada en el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria (CITA) en virtud de dos sucesivos contratos por obra o servicio determinado, con la categoría profesional de auxiliar de laboratorio, Grupo D, Nivel 14. Las tareas han sido las mismas en las dos ocasiones, según se declara en la sentencia recurrida, consistiendo en la toma de datos, recogida de muestras, informatización de datos obtenidos y acondicionamiento de semillas, entre otras, sin que el dato de que los contratos respondan a dos diversos proyectos --distinción, por lo demás relativa, pues están vinculados a una misma línea de investigación-- resulte decisivo para concluir que el puesto desempeñado es materialmente distinto, ya que en ningún momento han variado la categoría ni el grupo profesional ni tampoco el centro de trabajo ni las labores encomendadas. Y, como afirma la sentencia de esta Sala de 25.1.2010, "a los efectos de identificar el puesto de trabajo lo trascendente es que los trabajos realizados sean propios, básicamente, de un mismo puesto de trabajo, es decir, que las funciones principales del trabajador bajo los diferentes contratos sean sustancialmente las mismas, aunque se haya podido producir alguna modalización en la ejecución de las mismas y/o alguna variación en las labores accesorias".

Resulta evidente, en consecuencia, que nos encontramos ante el supuesto de hecho base de la norma cuya indebida aplicación denuncia el recurso, que, por ello, debe ser desestimado. A lo que no se oponen las previsiones contractuales que supeditaban la vigencia de la relación a la existencia de financiación suficiente de los proyectos, como tiene resuelto el Tribunal Supremo en casos análogos al presente, en los que, a propósito de la vinculación de la duración del contrato con la de una subvención, razona: "en todo caso, de la existencia de una subvención, no se deriva que la contratación deba ser necesariamente temporal, como lo corrobora la Ley 12/2001, de 9 de julio, que ha introducido un nuevo apartado en el art. 52 ET, que autoriza la extinción del contrato por causas objetivas. En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes o programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales, consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate". Razonando asimismo que "del carácter anual del Plan, no pude deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquel subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian" (sentencia de 3.2.2010, r. 1710/09).

Y con respecto a la igualmente aducida discontinuidad de la prestación de servicios como razón de su temporalidad, basta considerar que en presente caso resulta totalmente desmentida por la realidad de los hechos, pues los contratos de la demandada y el CITA se han sucedido sin solución alguna de continuidad.

Inexistentes pues las infracciones legales denunciadas en el recurso, procede su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada.

Sexto.-Las costas del recurso son a cargo de la parte recurrente (artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral), pudiendo esta Sala, conforme a la norma citada, fijar discrecionalmente en esta resolución, los honorarios del o los letrados impugnantes del recurso. En tal sentido, los autos del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 3.6.1998 (r. súplica 2244/94), 21.1.2000 (r. súplica 2142/97), 22.3.2002 (r. súplica 76/01), 23.10.2002 (r. súplica 4788/00), 25.4.2007 (r. súplica 25/03), 18.5.2007 (r. súplica 3265/04) y 2.7.2009 (r. súplica 3395/07, entre otros).

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 532 de 2011, ya identificado antes, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Con imposición a la recurrente de las costas de su recurso en cuantía de 600 euros en concepto de honorarios del Letrado impugnante.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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