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Sentencia T.S. (Sala 3) de 1 de diciembre de 2011


 RESUMEN:

CGPJ: Recusación. Amistad íntima con el Magistrado del Juzgado. Incremento desproporcionado del reparto de asuntos. Medidas de liberación de reparto de algunos Juzgados de lo Contencioso Administrativo mediante la atribución de doble reparto a otro. A través del ejercicio del derecho a la recusación, como pretende el recurrente, si lo ejerciera uno de los miembros de la Junta respecto de otro u otros de sus compañeros, quedara el recusado excluído de la posibilidad de participar en la Junta, debatir las propuestas y pronunciarse sobre ellas, a pesar de tener el mismo interés profesional que los demás, y la decisión adoptada por el resto de integrantes finalmente le vincularía a pesar de no haber intervenido. El derecho a la recusación es una garantía que no puede suprimirse, para mantener la virtualidad del deber de abstención y en aras de la efectividad del principio de imparcialidad como cualidad del órgano actuante en la esfera administrativa. Desviación de poder. Se desestima.

En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil once.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso- administrativo que con el número 2/317/2010 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Ilmo. Sr. D. Gonzalo, Magistrado-Juez de lo contencioso n.º NUM000 de DIRECCION000 representado por la Procuradora D.ª Josefina Ruiz Ferrán, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Itmo Sr. Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Almería adoptado el 16 de octubre de 2009 que rechazó de plano la recusación contra él formulada por el recurrente, como Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM000 de DIRECCION000 por amistad íntima con el Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de los de DIRECCION000 Iltmo Sr. D. Patricio.

Ha comparecido como parte recurrida el Abogado del Estado, en representación y defensa del Consejo General del Poder Judicial.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por escrito con fecha de registro de entrada en este Tribunal Supremo de 6 de julio de 2010, el Ilmo. Sr. D. Gonzalo, Magistrado, en su propio nombre y derecho interpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Iltmo Sr. Magistrado Decano de los Juzgados de Almería adoptado el 16 de octubre de 2009 que rechazó de plano la recusación contra él formulada por el Magistrado recurrente por amistad íntima con el Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de los de DIRECCION000 Iltmo Sr. D. Patricio.

Segundo.-Admitido a trámite el recurso y una vez recibido el expediente administrativo, por escrito presentado el 3 de septiembre de 2010 D. Gonzalo formalizó la demanda, en base a los hechos y fundamentos que estimó oportunos, y solicitó a la Sala, "que habiendo por presentado este escrito de demanda con sus copias y documentos que se acompañan, se sirva admitirlos, tenga por formulada la misma y, tras los trámites legales de aplicación, dicte sentencia en la que, con estimación de las pretensiones deducidas por el Magistrado demandante, declare nulos de pleno derecho el Acuerdo del Decano de los Juzgados de Almería, de fecha 16 de octubre de 2009 y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión del día 21 de junio de 2009 (sic), que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el indicado Acuerdo del Decano, con expresa imposición de costas a la Administración demandada".

Tercero.-El Abogado del Estado contestó a la demanda, por escrito fechado el 21 de septiembre de 2010, solicitando que se desestime el recurso.

Cuarto.-Al haber renunciado la parte recurrente al trámite de prueba así como a la presentación de conclusiones, por diligencia de ordenación de 22 de septiembre de 2010 se declararon las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiera.

Quinto.-Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo el día 30 de noviembre de 2011.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010.

Para determinar si existe o no la referida conformidad, son hechos de interés para la resolución de la cuestión litigiosa los siguientes:

1.º) El Ilmo. Sr. D. Gonzalo, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM000 de DIRECCION000, el día 13 de octubre de 2.009, recibió citación suscrita por el Iltmo. Sr. Decano de los Juzgados de Almería, convocándole a Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo para el día 16 de octubre de 2.009, con el siguiente orden del día: -Prórroga de la exención en el reparto al Juzgado n° 3. - Nuevo régimen de sustituciones entre Magistrados. -Ruegos y Preguntas.

2.º) El 16 de octubre de 2.009, a las 9,32 horas, la parte recurrente presentó en el Decanato escrito formulando recusación contra el Iltmo. Sr. D. Onesimo, Decano de los Juzgados de Almería, en el que, de conformidad con el art. 29 de la Ley 30/92 en relación con el artículo 28.2.b) y c) de la misma invocaba la amistad íntima de éste con el Iltmo Sr. D. Patricio, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de DIRECCION000 y subrayando literalmente: "sustentada, mas allá de la apreciación subjetiva, en hechos que, mediante un proceso lógico-deductivo y según las reglas del criterio humano, conducen a la conclusión de que en el indicado Decano concurre causa de abstención y, por ende, de recusación".

3.º) A juicio del recurrente, literalmente "no de otro modo puede interpretarse la conducta del Decano exteriorizada en los acuerdos y convocatoria de las Juntas Sectoriales de Jueces de lo Contencioso Administrativo, adoptados desde que el recurrente tomó posesión de su actual destino, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM000 de los de DIRECCION000, el pasado día 7 de enero de 2009, en virtud de resolución del concurso ordinario de traslado producida por Real Decreto 1989/2008, de 2 de diciembre (B.O.E. de 29 de diciembre siguiente) que ha consistido -y esos efectos ha conseguido- en por un lado, atribuir tareas a las que no estaba obligado el Magistrado hoy recusante y, por otro, aumentar desproporcionadamente la carga de trabajo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM000 de DIRECCION000, del que el recusante es titular mediante una propuesta de exención de reparto de los Juzgados de igual clase números 1 y 2 de Almería, que fue acogida por un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 19 de mayo de 2009, cuya conformidad a derecho se ha cuestionado en el recurso de alzada interpuesto por el Magistrado que suscribe ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, nuevamente, en la formulación de la propuesta de prórroga de la exención que figuraba en el orden del día de la convocatoria de la Junta Sectorial para el día 16 de octubre de 2009".

4.º) Tras hacer referencia a los acuerdos anteriores de liberación de reparto a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo n.º 1 y 2 de Almería la parte recurrente concretaba su pretensión al formular la recusación contra el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano en las siguientes afirmaciones literales:

- "No se entiende el empecinamiento del Itmo Sr. Decano en querer adoptar esas medidas, claramente perjudiciales para el interés general, pues el ínfimo alivio que han experimentado los Juzgados de lo Contencioso Administrativo números 1 y 2 de Almería ha sido a costa de la gravísima consecuencia de afectar muy seriamente al funcionamiento de otro órgano jurisdiccional, que inició su actividad hace menos de un año, como mal se comprende que, siendo el Iltmo Sr. Decano de Almería ajeno a este orden jurisdiccional (es titular de un Juzgado de lo Penal), acepte, sistemáticamente, las tesis del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, votando a su favor en las Juntas Sectoriales. Es menester, al respecto, recordar que el acuerdo del Ilmo. Sr. Decano de 15 de enero de 2009, que, ilegítimamente, otorgó al Magistrado recusante la sustitución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería se adoptó " atendiendo a la petición del Sr. Magistrado don Patricio, titular del Juzgado de los (sic) Contencioso n.º NUM001 ".

- "a modo de conclusión, ha de afirmarse que la amistad íntima entre el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano y el Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número NUM001 de los de DIRECCION000 está plenamente acreditada, ya que no se comprendería de ningún otro modo el comportamiento del primero que, siempre atiende las propuestas del segundo y en la misma dirección, esto es, con beneficio del órgano jurisdiccional del que es titular el Ilmo. Sr. Patricio y en perjuicio del órgano jurisdiccional del que el Magistrado recusante es titular, con afectación del interés general y con quiebra evidente de la necesaria imparcialidad del Ilmo. Sr. Magistrado Decano".

- "En definitiva, no es posible explicar de otra manera que no sea la especial relación de amistad íntima la arbitraria atribución al Magistrado que suscribe, a través de un acto radicalmente nulo, para beneficiar al Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de DIRECCION000, Ilmo. Sr. D. Patricio, a instancia de éste, de la sustitución del Juzgado número 2 cuando, según las normas que regían, esa sustitución debía ser cubierta por el indicado Sr. Patricio; no se puede justificar que el Iltmo Sr. Decano, apartándose de la deseable neutralidad -terciando en un orden jurisdiccional al que es extraño- apoye, con su voto en las Juntas Sectoriales celebradas -una de ellas, el 12 de mayo de 2009; la otra, a la que no fue citado el Magistrado recusante, el 25 de septiembre de 2009-, la exención de reparto de los Juzgados números 1 y 2 por tres meses y su prórroga por idéntico periodo con incremento doble del reparto al Juzgado número 3, sin reparar en la saturación y colapso que tales medidas producirían en el órgano jurisdiccional sobrecargado; tampoco es fácil de presentar, con un endeble argumento... una modificación de las normas de sustitución de Magistrados cuando las que rigen en la actualidad se aprobaron a propuesta de la Junta Sectorial de 8 de enero de 2009, y que, curiosamente, asignaría la sustitución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número NUM000, recobrándose así la anterior aspiración de los Iltmos Sres Onesimo y Patricio, abortada por la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Iltmo Sr. Decano de 15 de enero de 2009, por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial."

De esta forma, terminaba solicitando literalmente que se tuviera "por formulada recusación contra el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de los de Almería, D. Onesimo, y, con suspensión de la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso- Administrativo que venía convocada para el día de hoy a las 12,45 horas de su mañana, acuerde la incoación del correspondiente incidente y lo sustancie por los trámites prevenidos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ".

5.º) El mismo día 16 de octubre de 2.009, a las 12,17 horas de su mañana, se le notificó acuerdo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de los Juzgado de Almería del siguiente tenor literal: "Almería, dieciséis de octubre de 2009. Dada cuenta procede rechazar de plano la recusación planteada por el Sr. Gonzalo respecto de este Decano, toda vez que la regulación de la abstención y recusación en la LOPJ esta (sic) prevista exclusivamente para asuntos de carácter jurisdiccional, lo que se declara expresamente en el artículo 218 de la LOPJ, nunca en aspectos de carácter gubernativo, y mucho menos en lo referente a la celebración de una Junta de Jueces, donde no es infrecuente que dentro de sus miembros haya una esposa o esposo del Decano o Decana, por lo que se mantiene la celebración de la correspondiente Junta en el día de hoy".

6.º) Frente a dicho acuerdo, el Ilmo. Sr. Gonzalo interpuso recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial argumentando la nulidad de pleno derecho del acuerdo impugnado por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

El recurso fue desestimado por el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 que constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo.

Segundo.-En su demanda, el recurrente pretende que se declare la nulidad de pleno derecho de los acuerdos impugnados, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, de conformidad con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y desconocer los artículos 9.3, 103.1 y 106.1 de la CE y considera que los acuerdos impugnados incurren en desviación de poder (arts. 63.1 Ley 30/92 y 70.2 Ley 29/98. Para ello analiza de forma separada ambos acuerdos.

1. Acuerdo del Iltmo sr. Decano de los Juzgados de Almería de 16 de octubre de 2009 que rechazó de plano la recusación contra él formulada.

La parte recurrente considera, en síntesis, que la claridad de los artículos 28, 29 y 77 de la Ley 30/1992 obliga a que, planteada la recusación por escrito con expresión de su causa se proceda a la paralización del procedimiento y a resolver el incidente.

2. Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Iltmo Sr. Magistrado Decano de los Juzgados de Almería adoptado el 16 de octubre de 2009 que rechazó de plano la recusación contra él formulada.

La parte actora cuestiona la afirmación de que el Decano no votó la propuesta pues contradice lo reflejado en el Acta y censura al acuerdo recurrido que haga un juicio de intenciones acerca de la finalidad perseguida con la recusación y dé por sentado que actuó con mala fe.

A juicio de la parte recurrente existen hechos que no dejan ningún margen de duda acerca de la finalidad perseguida por el Decano y el Consejo General del Poder Judicial, que literalmente proceden: "al margen y con el deliberado y consciente desprecio de las normas que disciplinan los procedimientos legalmente establecidos y hacer que el recurrente arrostrara la penitencia de soportar un incremento tan desproporcionado del reparto de asuntos que colapsase el órgano judicial del que es titular".

De esta forma, considera que la medida de liberación de reparto ha perjudicado a su Juzgado que está señalando vistas de procedimiento abreviado para el año 2012 mientras que en los Juzgados favorecidos por la medida no se ha producido ninguna mejoría y entiende, por ello, que las medidas de liberación de reparto de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo n.º 1 y 2 de Almería mediante la atribución de doble reparto a él han perseguido una finalidad distinta de la prevista por el legislador, castigándole por solicitar el traslado a un órgano jurisdiccional de nueva creación.

El recurrente finaliza el escrito del recurso denunciando la que califica literalmente "reprobable actitud tanto del Excmo Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, como del Consejo General del Poder Judicial ante la pasividad demostrada frente a la denuncia por él formulada de la comisión de un presunto delito de falsedad al documentarse en un acta de una supuesta Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso celebrada el 3 de diciembre de 2009 en la que no se dio intervención al Magistrado demandante que ni fue citado ni asistió".

Tercero.-El Abogado del Estado se opone al recurso e interesa su desestimación. La representación del Estado argumenta que toda recusación o, en su caso, abstención tiene por objeto apartar del procedimiento a quien concurriendo en el mismo alguna de las causas tasadas haya de resolverlo.

Sin embargo, la reunión de 25 de septiembre de 2009 no solo era una mera propuesta que posteriormente se elevó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sino que el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano ni tan siquiera consta que votara en aquella reunión por lo que ni resolvió ni tan siquiera participó en la propuesta finalmente sometida a votación y no parece que le afectara la recusación.

Subsidiariamente, a juicio de la Abogacía del Estado, tampoco puede aceptarse que concurriera la circunstancia de amistad manifiesta no solo porque esa circunstancia invocada con carácter de generalidad puede concurrir en multitud de juntas o reuniones en relación a personas unidas por una relación de compañerismo sino porque el actor no la funda en prueba alguna ni ha solicitado prueba en el procedimiento judicial lo que explica que el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano, ante la inconsistencia de la solicitud la rechazara de plano.

Así, considera el Abogado del Estado que si lo que pretendía el actor era oponerse al acuerdo adoptado debió asistir a la Junta de Jueces de 25 de septiembre de 2009 y, con posterioridad y ante su disconformidad formular voto particular (art. 70.2 del Reglamento 1/2000 de los órganos de Gobierno de los Tribunales), conforme con lo que había hecho en la reunión anterior de 12 de mayo de 2009 que es objeto del recurso 2/29/2010.

Finalmente, insiste el Abogado del Estado que, de conformidad con los arts 28.3 y 64 de la Ley 30/1992 la nulidad de un acto no implica la de los sucesivos por lo que, aún admitiendo la nulidad de la resolución recurrida el Acuerdo adoptado por la Junta de Jueces es válido y eficaz.

Cuarto.-Antes de entrar en el análisis de los motivos del recurso la Sala debe dejar constancia del rechazo a algunas de las expresiones de la demanda que, dirigidas tanto al Iltmo Sr. Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Almería como al Consejo General del Poder Judicial, son impropias del titular de un órgano judicial y no pueden encontrar cobertura en la legítima crítica a una decisión gubernativa.

Al examinar el recurso interpuesto y refiriéndonos, en primer lugar, al acuerdo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano el recurrente denuncia que incurre en nulidad de pleno derecho porque se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido de conformidad con el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, en relación con los arts 28 y 29 de dicha Ley y el art. 69.3 del Reglamento 1/2000, de los órganos de Gobierno de los Tribunales.

Comenzando por el estudio del artículo 62.1.e) de la Ley 30/92, modificado por la Ley 4/99, sanciona este precepto la nulidad del acto administrativo por infracción -calificada por la reiterada jurisprudencia de esta Sala de notoria y manifiesta- del procedimiento legalmente establecido.

A su vez, el art. 28 de la Ley 30/92 establece que "Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente" y a continuación enumera las diferentes causas de abstención de las que el apartado c) destaca la "amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior".

Por su parte, el art. 29 se refiere a la recusación en los siguientes términos "En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento" y añade los siguientes contenidos: "2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento."

Finalmente, el artículo 69.3 del Reglamento 1/2000, de los órganos de gobierno de los Tribunales se inserta dentro del capítulo relativo al Régimen Jurídico de las Juntas de Jueces y dispone que "el deber de abstención de los asistentes se regirá por el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto sea de aplicación".

Quinto.-Del análisis de la regulación expuesta se deduce que el régimen de abstención contemplado en la Ley 30/1992 rige también para las Juntas de Jueces " en cuanto sea de aplicación". Es decir, la remisión que hace el reglamento a la normativa contenida en dicha Ley no es automática sino en la medida en que dicha regulación sea aplicable, atendida la especial naturaleza y funciones de las Juntas de Jueces respecto de cuyo funcionamiento el Reglamento 1/2000 describe un régimen jurídico completo, pues no efectúa llamamiento de aplicación supletorio de la Ley 30/92, salvo en cuanto a la impugnación de los acuerdos conforme al art. 71.3 de dicho Reglamento.

La proyección de estos criterios en la cuestión planteada permite constatar que el Reglamento 1/2000 contempla la aplicación supletoria de la Ley 30/1992 para la abstención pero, sin embargo, no dice nada respecto de la recusación y frente a este estricto criterio de aplicación legal y carácter esencial, el recurrente, en su escrito de demanda no repara en esa circunstancia, y razona sobre la ilegalidad de los acuerdos recurridos, dando por sentada la aplicación supletoria de la Ley 30/1992 tanto en cuanto a la abstención como de la recusación y a partir de aquí, cita varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que analizan la aplicación del art. 77 de la Ley 30/92 respecto de la suspensión del procedimiento cuando se invoca una causa de recusación.

Sexto.-Llegados a este punto, conviene que nos detengamos en el régimen de abstención y recusación aplicable a los miembros que integran las Juntas de Jueces, ya que es evidente que las causas de abstención de la LOPJ (arts 219 y ss), no son de aplicación en la cuestión examinada, pues se refieren a los asuntos judiciales, es decir, a procedimientos judiciales en curso.

Las Juntas de Jueces como órganos de gobierno interno de los Juzgados tienen un régimen específico adecuado a su peculiar naturaleza tanto en la LOPJ (arts 166 y ss) como en el Reglamento 1/2000 con vocación de regular exhaustivamente su funcionamiento, si bien aquella contempla la aplicación supletoria de la Ley 30/92 en cuestiones puntuales y, como ocurre con el régimen de la abstención, cuando sea de aplicación, porque algunas de las causas contempladas en el art. 28 pueden concurrir en un miembro integrante de la Junta de Jueces.

Séptimo.-Por el contrario, el Reglamento 1/2000 no indica nada respecto del régimen de la recusación por lo que pudiera entenderse que solo es exigible el deber de abstención y que no cabe el ejercicio del derecho a la recusación respecto de los miembros de una Junta de Jueces, por la sencilla razón de que todos tienen el mismo interés legítimo en la regulación de las condiciones en las que se presta el servicio jurisdiccional y así, el art. 62 del Reglamento, a propósito de la Junta Sectorial de Jueces dice que tiene por objeto proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y prácticas y tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, o cuando aquel les solicitare informe.

De este modo, el ejercicio del derecho a la recusación, como pretende el recurrente, si lo ejerciera uno de los miembros de la Junta respecto de otro u otros de sus compañeros y quedara el recusado excluido de la posibilidad de participar en la Junta, debatir las propuestas y pronunciarse sobre ellas, a pesar de tener el mismo interés profesional que los demás, la decisión adoptada por el resto de integrantes finalmente le vincularía a pesar de no haber intervenido. Por otra parte, la tramitación del incidente de recusación, de conformidad con el art. 77 de la Ley 30/92 dejaría en suspenso la toma de decisiones que, en algún caso, como por ejemplo, la aprobación o modificación de las normas de reparto puede ser urgente, hasta que se resolviese sobre la procedencia de la recusación.

Octavo.-En todo caso, el instituto de la recusación está pensado para las relaciones jurídico administrativas "ad extra", es decir, aquellas que tienen como destinatario final de la resolución de un procedimiento a un interesado al que, como garantía de imparcialidad de las autoridades y funcionarios que han de intervenir en la tramitación de aquel se le ofrece la posibilidad de apartar en quien concurra alguna de las causas que determinarían su obligación de haberse abstenido.

Sin embargo, en las relaciones "ad intra" como aquí sucede, todos los miembros de la Junta de Jueces se encuentran en pie de igualdad y al ser portadores del mismo interés legítimo profesional todos tienen el mismo derecho a intervenir sin ser excluidos, por lo que puede subrayarse que el Reglamento 1/2000, de los órganos Judiciales contempla la posibilidad en lo que sea de aplicación a las Juntas de Jueces las causas de abstención del art. 28 de la Ley 30/92 pero excluye, por omisión, el régimen de la recusación.

Esta reflexión no es óbice para que la Sala entienda que el deber de abstención y el derecho a la recusación son inseparables porque la aplicabilidad de las causas de abstención a los miembros de las Juntas de Jueces no tendría eficacia alguna en el caso de que el Juez en el que concurriera alguna de ellas decidiera no abstenerse, de tal forma que el derecho a la recusación es una garantía que no puede suprimirse, precisamente para mantener la virtualidad del deber de abstención y en aras de la efectividad del principio de imparcialidad como cualidad del órgano actuante en la esfera administrativa.

Noveno.-Así las cosas, se trata ahora de dilucidar si el rechazo de plano de la recusación por parte del Ilmo. Sr. Magistrado- Juez Decano en el acuerdo recurrido justifica, aunque por razones distintas a las esgrimidas por aquel, si es conforme a derecho, como sostiene el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 y para ello hemos de analizar si las razones invocadas por el recurrente tienen una apariencia suficiente que justifiquen el deber de abstención del Magistrado al que aquellas se refieren.

En este sentido y, aunque referido a las denuncias sobre falta de parcialidad de los jueces hemos dicho en la sentencia de 27 de noviembre de 2008 (rec. 342/05) con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 5/2004, de 16 de enero, 240/2005, de 10 de octubre y 55/2007 que "no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la mente de la parte, sino que lo determinante y decisivo es que las razones para dudar de la imparcialidad judicial, por un lado, queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos y, por otro, alcancen una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas".

En este caso, el examen del relato de hechos recogido por el Magistrado recurrente para justificar la existencia de amistad íntima entre el Decano y el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de DIRECCION000 D. Patricio permite apreciar que no se describen hechos que integren la causa de abstención y, en su caso, recusación que pretende, pues, recordando el escrito de recusación se basaba en la decisión del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de, literalmente, "atribuir tareas a las que no estaba obligado el Magistrado hoy recusante y, por otro, aumentar desproporcionadamente la carga de trabajo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM000 de DIRECCION000, del que el recusante es titular mediante una propuesta de exención de reparto de los Juzgados de igual clase números 1 y 2 de Almería, que fue acogida por un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 19 de mayo de 2009, cuya conformidad a derecho se ha cuestionado en el recurso de alzada interpuesto por el Magistrado que suscribe ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, nuevamente, en la formulación de la propuesta de prórroga de la exención que figura en el orden del día de la convocatoria de la Junta Sectorial para el día 16 de octubre de 2009".

El análisis de la precedente formulación no permite constatar la existencia de una causa de abstención que el recurrente invoca.

DECIMO.- Así, la sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 2010 rec. 1227/07 precisa que "el motivo de abstención del artículo 28.2.c) de la Ley 30/1992 no lo constituye la simple amistad sino la "amistad íntima", lo cual significa que no basta cualquier relación de conocimiento sino que es necesario que concurran (y se acrediten) unas circunstancias de hecho que revelen en el ámbito de la vida personal, ajeno al de la profesión, la proximidad y la estrecha vinculación que las actuales pautas sociales exigen para apreciar ese elevado nivel de amistad que resulta necesario para merecer la calificación de "íntima" (circunstancias como pueden ser, entre otras, la coincidencia de manera repetida o habitual en los tiempos y actividades de ocio, en celebraciones familiares, etc.)."

Ninguna de esas circunstancias permitirían apreciar la existencia de una relación personal más intensa, más allá de la meramente profesional que se ofrece por el recurrente al margen de la alusión a dos acuerdos de la Junta de Jueces que fueron aprobados por la Sala de Gobierno y que afectaron al titular del Juzgado n.º NUM001 y también al del n.º NUM002.

Ello no puede constituir la amistad íntima a la que alude el precepto pues este no contempla una relación profesional ni tampoco la personal basada en razones de cortesía, sino que es preciso un grado de amistad que por alcanzar una vinculación personal más intensa pueda hacer dudar de la imparcialidad, ya que de entenderse la causa alegada con el grado de generalidad que pretende el recurrente posibilitaría, como dice la resolución recurrida, la recusación de cualquier Magistrado-Juez Decano.

Ha de concluirse, por ello, que el relato de las circunstancias que menciona el recurrente no integraba, ni siquiera indiciariamente, la causa fundada en amistad íntima lo que justifica el rechazo de plano de la recusación, como acertadamente entendió el acuerdo impugnado.

Undécimo.-Por otro lado, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano se limitó a convocar la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso conforme a la competencia que le otorga el art. 86 del Reglamento 1/2000 y a presidirla sin emitir voto alguno careciendo por ello su asistencia de trascendencia desde el punto de vista del acuerdo adoptado, que tiene carácter de mera propuesta a la Sala de Gobierno, competente según el art. 5.1.a) del Reglamento para aprobar el reparto doble al Juzgado del recurrente y pese a lo que este afirma, no consta que el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano votara en la Junta Sectorial celebrada el 16 de octubre.

Sobre este punto, en el folio 47 del expediente administrativo figura el Acta de dicha Junta en la que consta únicamente que aquel la presidía y los acuerdos adoptados, pero no el resultado de la votación, figurando al pie del acta el visto bueno del Juez Decano y la firma de la sustituta del titular del Juzgado n.º NUM002 que hizo las veces de Secretaria. En cualquier caso, el voto favorable de los titulares de los Juzgados n.º NUM001 y NUM002 hacía innecesario el voto del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano para la aprobación de los acuerdos e, incluso, el apartamiento del Decano no hubiera alterado el resultado de la votación en el seno de la Junta de Jueces, pues consta acreditado que recibió la citación para la Junta tres días antes de que tuviera lugar, el 13 de octubre de 2009 y la recusación la presentó el mismo día de la Junta, el 16, por lo que pudo asistir a la Junta y, caso de disentir del acuerdo mayoritario hacer constar en acta su voto discrepante y, en su caso, formular voto particular, como razonadamente expone el Abogado del Estado en su escrito de contestación, sin que el recurrente ofrezca razones que desvirtúen este razonamiento, ratificado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y cuyos criterios procede confirmar.

DUODECIMO.- Finalmente, imputa el recurrente a los dos acuerdos recurridos que incurren en desviación de poder al considerar que la finalidad perseguida en ambos era que "el magistrado demandante arrostrara la penitencia de soportar un incremento tan desproporcionado del reparto de asuntos que colapsase el órgano jurisdiccional del que es titular", argumentando que la primera medida de exención de reparto a los Juzgados 1 y 2 mediante la atribución de reparto doble a su Juzgado y la prórroga de dicha medida ha provocado un retraso en el señalamiento de vistas sin que, paralelamente, los Juzgados favorecidos por la medida hayan experimentado ninguna mejoría.

Antes de examinar la supuesta vulneración conviene valorar el alcance de la alegada desviación de poder y los requisitos concurrentes, ceñidos a los siguientes aspectos:

a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos de la Administración Pública, en la extensión que a este concepto legal le reconoce la ley.

b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en una deliberada pasividad, cuando concurre en el órgano administrativo competente una obligación específica de actuación positiva, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala.

c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la llamada actividad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada, pues si el vicio de desviación de poder es más difícil aislarlo en el uso de las potestades o facultades regladas, no lo es menos que nada se opone a la eventual coexistencia genérica con tales elementos reglados del acto, para encubrir una desviación del fin público específico asignado por la norma.

d) En cuanto a la prueba de los hechos en la desviación de poder, siendo genéricamente grave la dificultad de una prueba directa, resulta viable acudir a las presunciones que exigen unos datos completamente acreditados al amparo del artículo 1.249 del Código Civil, con un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano y que a tenor del artículo 1.253 del Código Civil derive en la persecución de un fin distinto del previsto en la norma la existencia de tal desviación.

e) Tal prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión, pues la parte recurrente ha de demostrar la existencia de tal desviación de poder, por existir la constatación de que en la génesis de la actividad administrativa se ha detectado la concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta entre el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su integración en el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo propuesto por el órgano decisorio, pues para poder ser apreciado era necesario que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco se base en una oculta intención que lo determine.

Decimotercero.-En el caso examinado, la medida avalada por el Consejo General del Poder Judicial ha perseguido, en opinión del recurrente, una finalidad distinta de la querida por el legislador: sancionar o castigarle de forma encubierta por haber solicitado un Juzgado de nueva creación, el n.º 3 y considera que la liberación total o parcial de asuntos procede, como dice el art. 167.1 LOPJ cuando "la buena administración de Justicia lo haga necesario" lo que, en este caso no acontece pues la liberación de reparto a los Juzgados 1 y 2 ha provocado el colapso del Juzgado del que es titular.

El motivo no puede prosperar pues ya fue desestimado por las sentencias de esta Sala de 31 de marzo de 2011 en los recursos 29/2010 y 398/2010, en las que, al enjuiciar la legalidad de los acuerdos relativos al reparto doble del Juzgado del recurrente y la exención a los Juzgados n.º 1 y 2 de Almería así como su prórroga durante tres meses, descartamos que esas medidas tuvieran carácter sancionador y que se habían adoptado siguiendo el procedimiento establecido pues, la propuesta fue presentada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de la Junta sectorial de Jueces de lo Contencioso Administrativo de Almería, aprobada por los integrantes de la misma y ratificada por la Sala de Gobierno.

Sobre su fundamento ya decíamos en las referidas sentencias que "la medida de reparto doble ahora prorrogada responde únicamente al propósito de equilibrar la carga de asuntos entre los tres Juzgados de lo Contencioso de Almería pues la argumentación del recurrente únicamente se centra en el incremento de asuntos que ha experimentado el Juzgado del que es titular, el n.º NUM000 pero sin hacer referencia a la que padecen los otros dos y lo que no puede pretender es que solicitado el cambio a un Juzgado nuevo los órganos de gobierno no reaccionen procurando con los medios a su disposición, buscar la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos. El planteamiento del recurrente implicaría, entre otras consecuencias que los asuntos ingresados en su Juzgado tramitados por el Procedimiento Abreviado se señalasen a escasos meses vista y los de los Juzgados 1 y 2 con varios años de diferencia provocando un trato desigual inadmisible para los ciudadanos consecuencia que la medida adoptada pretende evitar lo que excluye cualquier propósito desviado del recto ejercicio de la potestad de aprobar las normas de reparto como sostiene el recurrente".

Las razones apuntadas son trasladables aquí pues el recurrente no aporta argumentos distintos que las desvirtúen.

Decimocuarto.-Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso sin que concurran razones que aconsejen un pronunciamiento especial sobre costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA.


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso contencioso administrativo n.º 2/317/2010 interpuesto por D. Gonzalo, representado por la Procuradora D.ª Josefina Ruiz Ferrán, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de junio de 2010 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Iltmo Sr. Magistrado Decano de los Juzgados de Almería adoptado el 16 de octubre de 2009 que rechazó de plano la recusación contra él formulada por amistad íntima con el Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º NUM001 de los de Almería. Sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de estos autos en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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