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Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de enero de 2012


 RESUMEN:

Ejecución de sentencias: Anulación del Acuerdo del Ayuntamiento de Vigo, por el que se otorga licencia para la construcción de Hotel Apartamento. Orden de demolición de la obra ejecutada. No procede la suspensión de la ejecución por una posible legalización conforme al nuevo planeamiento urbanístico aprobado. Tampoco procede la inejecución por las alegaciones de adquirentes de buena fe con títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. No prospera la denuncia de incongruencia por omisión ni la vulneración del principio de proporcionalidad. Derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos. Desestimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vigo.

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Enero de dos mil doce.

La Sala Tercera de este Tribunal Supremo ha conocido, con la composición reseñada al margen, de recurso de casación contra Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue dictado el 26 de Mayo de 2009, confirmando en súplica el Auto de 18 de febrero de 2009, en autos de ejecución de la sentencia firme dictada el 28 de enero de 1999 por la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en autos del recurso contencioso administrativo n.º 4084/1996.

El recurso extraordinario de casación ha sido interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del Ayuntamiento de Vigo, siendo partes recurridas, don Saturnino y la Asociación de Vecinos de Samil 61-63 representados por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Pérez Saavedra y comparecidos don Jose Antonio y don Luis Antonio, representados por el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estevez Rodríguez; resultando los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha conocido del recurso número 4084/2006, promovido por la representación de don Saturnino, de Promociones M. Casal Carreiro S.A. y del Concello de Vigo.

Segundo.-El 28 de Enero de 1999, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó la sentencia número 66/99, poniendo fin al recurso contencioso administrativo número 4084/96. Se estimó en ella el recurso interpuesto por don Jose Antonio y don Luis Antonio y se anuló el Acuerdo impugnado de 3 de junio de 1994, adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo por el que se otorgó a Promociones M Casal Carreiro, S.A. licencia de obras de construcción de Hotel-Apartamento en la Avda. Samil de la ciudad de Vigo, con demolición de lo ejecutado al amparo de dicha licencia; sentencia que fue confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2002 (Recurso de casación 4265/1999), que declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto frente a ella.

Tercero.-Instada la ejecución de sentencia por la representación de don Jose Antonio y don Luis Antonio se produjeron innumerables incidencias retardatarias de la ejecución. Se solicitó suspensión de la ejecución de la sentencia como consecuencia de la interposición de un recurso de amparo; fue denegada, interponiéndose recurso de casación contra la providencia de 23 de mayo de 2003, confirmada por Auto de 31 de julio de 2003 que fue inadmitido por Auto de esta Sala de 13 de julio de 2006 (Casación 178/2004).

Don Saturnino y la "Asociación de Vecinos de Samil 61-63 (que no había sido parte en el recurso contencioso-administrativo) solicitaron por escrito presentado ante la Sala de instancia el 20 de Mayo de 2004 que se declarara " la imposibilidad de llevar a cabo en sus propios términos la ejecución material de la sentencia dictada en los presentes autos, al menos en lo que afecta a las viviendas y locales adquiridos por terceros ", y ello " dada la protección registral que ampara a estos terceros con arreglo al art. 34 de la Ley Hipotecaria , ya que cuando han inscrito sus derechos no constaba en el Registro de la Propiedad ninguna limitación de las facultades del transmitente relacionada con cuestiones de legalidad urbanística ".

En Auto de 9 de Noviembre de 2004 la Sala de Galicia rechazó esa solicitud, argumentando que " tampoco puede ser siquiera admitido el nuevo incidente de inejecución planteado por el Procurador Sr. Sánchez González ya que tal y como ha sido planteado, no existe base alguna para declarar la inejecutabilidad de sentencia en atención a la mera existencia de terceros adquirentes sin perjuicio de que por estos se reclamen las responsabilidades del Ayuntamiento y de las correspondientes entidades mercantiles en los diversos ámbitos jurisdiccionales que se entiendan competentes "; en consecuencia, la Sala de instancia inadmitió el incidente de inejecución planteado por el Sr. Saturnino y la Asociación de Vecinos de Samil 61-63.

Éstos formularon recurso de súplica contra la inadmisión, que fue desestimado por auto de 22 de Julio de 2005, donde la Sala citó en apoyo de su decisión el auto del Tribunal Constitucional de 23 de Julio de 2002, expresivo de que " la adquisición de derechos subjetivos y de intereses legítimos sobrevenidos después de la interposición abre a los titulares la posibilidad de comparecer y actuar en el procedimiento ya en marcha como demandados o coadyuvantes en virtud del emplazamiento edictal o por propia iniciativa, pero carece de relevancia en la fase inicial para imponer a la oficina judicial la obligación de emplazar a quien no conoce( STC 65/94 , 162/97 y 18/02 ) ".

Formulado recurso de casación contra dichos Autos fue desestimado por Sentencia de esta Sala de 12 de marzo de 2008 (Casación 7180/2005).

Cuarto.-El presente rollo de casación tiene origen en el Auto de la Sala de instancia de 18 de febrero de 2009 que, como consecuencia de una nueva solicitud de ejecución de la sentencia de 2002, desestima una nueva pretensión contrapuesta de inejecución y de suspensión de la ejecución de la sentencia fundada en una posible legalización conforme al nuevo planeamiento y ordena que se requiera al Ayuntamiento de Vigo para su ejecución inmediata.

Recurrido en súplica dicho Auto por las representaciones del Ayuntamiento de Vigo y de don Saturnino y de la entidad Promociones M. Casal Barreiro, S.A., fue desestimado por Auto el 26 de Mayo de 2009, con la siguiente parte dispositiva:

" LA SALA ACUERDA: Desestimar los recursos de súplica interpuestos por el Procurador Sr. Sánchez González, Sra. Miranda Osset y el Letrado del Concello de Vigo en nombre y representación de don Saturnino, de Promociones M. Casal Carreiro S. A. y del Concello de Vigo respectivamente contra Auto de 18 de febrero de 2009; sin imposición de costas".

Quinto.-La Letrada del Ayuntamiento de Vigo preparó recurso de casación; fue tenido por preparado y se remitieron los autos originales a esta Superioridad, emplazándose a las partes para su comparecencia ante la Sala Tercera de este Tribunal Supremo para hacer uso de su derecho, por término de treinta días.

Sexto.-Dentro del término del emplazamiento compareció ante la Sala el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del Ayuntamiento de Vigo; presentó escrito de interposición del recurso de casación, que fue admitido a trámite en Providencia de la Sección Primera de esta Sala de 15 de febrero de 2010, que ordenó remitir las actuaciones a esta Sección Quinta, formalizando escrito de oposición la representación de la parte recurrida, don Jose Antonio y don Luis Antonio.

Por la representación de don Saturnino y la Asociación de Vecinos de Samil 61-63 se solicitó que se les tuviera por adheridos al recurso de casación del Ayuntamiento de Vigo, lo que se denegó en providencia de 11 de febrero de 2011, por ser legalmente inviable al no haber preparado ni interpuesto recurso de casación la parte que efectuaba esa petición.

Séptimo.-Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para deliberación y fallo y se acordó designar para dicho trámite la audiencia del día 18 de enero de 2012, en cuya fecha y siguiente ha tenido lugar.

VISTO, y en atención a los fundamentos de Derecho que se expresan

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se articulan dos motivos de casación contra los Autos del Tribunal Superior de Justicia de que se ha hecho mérito, que desestiman las pretensiones de inejecución o retraso de la misma respecto de la Sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de enero de 1999.

Anuló dicha sentencia el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo de 3 de junio de 1994, por el que se otorgó a Promociones M. Casal Carreiro S.A. licencia de obras de construcción de Hotel-Apartamento en la Avenida viguesa de Samil, con orden de demolición de lo ejecutado al amparo de dicha licencia.

El primer motivo de casación denuncia incongruencia omisiva, por infracción, se dice, de los artículos 33.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de este orden contencioso-administrativo (en adelante LRJCA), artículo 218 de la Ley de Enjuciamiento civil y 24 de la Constitución (CE).

Se queja el Ayuntamiento de Vigo que ninguno de los dos Autos impugnados en casación da una respuesta específica respecto de la incidencia de una nueva ordenación urbanística en la edificación existente. Las resoluciones impugnadas se limitarían a invocar en forma genérica una serie de sentencias relativas a la imposibilidad de ejecución de sentencias.

En el segundo motivo se denuncia vulneración del principio de proporcionalidad, alegando vulneración del artículo 106 CE. Se fundamenta el motivo en un razonamiento exiguo que se limita a aducir que es desproporcionado demoler todo lo construido cuando se dice acreditado " que casi la totalidad de la edificación se ajusta a la nueva ordenación urbanística " (sic).

Opone el contrarrecurso formulado por la representación de don Jose Antonio varias causas de inadmisión que son en este momento, dice, de desestimación en cuanto al fondo.

Segundo.-El primer óbice no puede prosperar. Este Tribunal ha conocido de este asunto en la sentencia que determinó la firmeza de la ejecutoria, dictada por esta Sala el 27 de diciembre de 2002 (Casación 4265/1999) y en el Auto de 13 de julio de 2006 (Casación 178/2004), reseñado en antecedentes. Es de recordar también que la sentencia de este Tribunal de 5 de marzo de 2008 (Casación 7180/2005) advirtió ya que no era una causa hábil para pedir la inejecución de la sentencia de que se trata las alegaciones de quienes dijeron ser adquirentes de buena fe con títulos inscritos en el Registro de la Propiedad.

El contrarrecurso opone también, con razón, que ni la denuncia de incongruencia por omisión que se formula en el primer motivo ni la queja de que no se respeta el principio de proporcionalidad pueden prosperar por ser improcedentes en un recurso de casación formulado al amparo del artículo 87.1 c) LRJCA.

Tercero.-Una jurisprudencia constante de esta Sala tiene declarado, en el sentido que se alega por la parte recurrida, que los motivos de casación frente a los autos recaídos en ejecución de sentencia vienen establecidos en el propio art. 87.1 c) de nuestra LRJCA [por todas, Sentencias de esta Sala de 30 de diciembre de 2011 (Casación 5985/2009), de 12 de julio de 2011 (Casación 6050/2010), de 14 de junio de 2011 (Casación 6795/2009), de 16 de marzo de 2010 (Casación 3990/2008) y las que en ellas se citan]. Como dijimos, entre otras, en la Sentencia de 17 de diciembre de 2002 (Casación 4152/1999), la casación contra los autos recaídos en ejecución de sentencia es un remedio sui géneris, que se aparta del recurso de casación tipo en que no trata de enjuiciar la actuación del Tribunal de instancia al juzgar (" error in iudicando ") ni al proceder (" error in procedendo ") -que es el objetivo al que responden los motivos autorizados en el artículo 88.1 LRCA- sino de garantizar la inmutabilidad del contenido de la parte dispositiva del título objeto de la ejecución, evitando, de este modo, que una actividad jurisdiccional ejecutiva inadecuada pueda adicionar, contradecir o desconocer aquello que, con carácter firme, haya sido decidido con fuerza de cosa juzgada en el proceso previo de declaración.

Cuarto.-Estos razonamientos determinan ya la desestimación de ambos motivos. Consideramos que, en este caso, el razonamiento merece ser complementado con los siguientes, al invocar también el Ayuntamiento de Vigo la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 CE.

No puede confundir la Administración recurrente, en primer lugar, la incongruencia por omisión de pronunciamiento, con la existencia de respuestas que no satisfagan sus expectativas o sus intereses. Eso es lo que acontece en este caso: los Autos recurridos en casación responden en forma cumplida a las peticiones que se formularon con una fundamentación extensa y bien razonada. Concluyen, no obstante, que no procede acceder a las pretensiones de inejecución o suspensión de la ejecución de la sentencia que formulan el Ayuntamiento de Vigo y la mercantil Promociones M. Casal Barreiro S.A, lo que no es constitutivo de incongruencia por omisión de pronunciamiento sino una desestimación pura y simple de lo que se ha pedido.

El Auto de 18 de febrero de 2009, primero de los aquí impugnados, razona que la aprobación de un nuevo planeamiento no es por sí misma razón suficiente para tener por legalizada " ex post facto" una obra ejecutada en contra del ordenamiento al tiempo de su ejecución -máxime cuando se ordena su demolición- y concluye que cuando no existe imposibilidad legal o material de ejecución debe realizarse la ejecución de la sentencia en sus propios términos, con correcta invocación de la jurisprudencia de esta Sala sobre la cuestión [Cfr., por todas Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2011, (Casación 5318/2006)]. Todo ello, poniendo especial énfasis en el caso de que la nueva ordenación se haya producido -dice el Auto recurrido- con el designio de eludir la ejecución de la sentencia.

Mas exhaustivo, y congruente con las peticiones formuladas es, si cabe, el Auto de 26 de mayo de 2009, segundo de los impugnados en casación, que desestima el recurso de súplica. Insiste en que las modificaciones del planeamiento destinadas a imposibilitar la ejecución de una sentencia no pueden prevalecer frente a ésta y que ha de demostrarse que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal, sino la finalidad de atender racionalmente el interés público, lo que, no entiende acreditado. Tras una adecuada referencia al desmesurado tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia como circunstancia bastante para la denegación de la inejecución que se pide, se desestima la súplica planteada.

Es evidente que los autos recurridos en casación no incurren en ninguno los vicios que se les achacan, y contienen una doctrina acorde a la de esta Sala, por lo que el motivo primero también debe ser desestimado por razones de fondo.

Quinto.-El segundo motivo denuncia, como se ha dicho, vulneración del principio de proporcionalidad, con invocación del artículo 106 de la Norma Fundamental, que presta escaso soporte a la pretensión de casación .

En sede extraordinaria de casación, y por ello también en los casos del artículo 87.1 c) LRJCA, estamos vinculados en forma necesaria a los hechos declarados probados por la Sala de instancia, salvo que se aduzca y demuestre que son irracionales, incoherentes o arbitrarios, lo que no se ha hecho en este caso [por todas, Sentencia de esta Sala 20 de octubre de 2011 (Casación 3678/2010)].

Aduce el Ayuntamiento de Vigo que se habría solicitado licencia de obras y de actividad para ajustar la edificación existente al nuevo Plan, lo que no se habría producido sin embargo, como reconoce el mismo Ayuntamiento por ser necesarias correcciones y demoliciones que no se concretan. Así, lo precisa también el Auto de 26 de mayo de 2009, que se recurre en casación, en una apreciación de las circunstancias de hecho a las que es obligado estar en esta sede extraordinaria de casación. Se incurre por ello en el defecto de hacer supuesto de lo que es en realidad cuestión cuando se afirma que casi la totalidad de la edificación se ajusta a la nueva ordenación urbanística.

No cabe olvidar, por último, que las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no son meras declaraciones de intenciones. En un Estado de Derecho forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) el derecho a que las Sentencias se ejecuten en sus propios términos. En una relación de adecuada proporcionalidad el artículo 105.1 LRJCA, que cita correctamente el Auto recurrido de 18 de febrero de 2009, prohibe por ello que se suspenda el cumplimiento de una sentencia o la inejecución total o parcial de su fallo.

Y es que, como dijeron las sentencias de esta Sala de 9 de julio de 1998 (Casación 6239/ 1993) y de 24 de mayo de 1999 (Casación 4949/1997), no hay resolución que contradiga más lo decidido en una sentencia que aquélla que la declara inejecutable. En el mismo sentido sentencias de 20 de octubre de 2011 (Casación 1225/2008) o de 25 de noviembre de 2009 (Casación 6237/2007).

El motivo segundo es inconsistente y también debe ser desestimado en cuanto al fondo.

Sexto.-Procede la desestimación del recurso y la consiguiente imposición de las costas del mismo a la parte recurrente, por imperativo del artículo 139.1 de la Ley de este orden jurisdiccional, con el límite (art. 139.3 LRJCA) de 6.000 € en cuanto a la minuta de honorarios del letrado de don Jose Antonio y otros, atendido su escrito de oposición y la complejidad del caso.

En virtud de lo expuesto,


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Vigo, contra el Auto dictado el 26 de mayo de 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirma en súplica el Auto de la misma Sala de 18 de Febrero de 2009. E imponemos expresamente a la parte recurrente las costas del presente recurso con el límite expresado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretaria certifico.- Fdo.: Doña María Jesús Pera Bajo


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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