Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de Jurisprudencia
  
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia A.P. Madrid 557/2011 de 17 de noviembre


 RESUMEN:

Procedimiento monitorio: Reclamación de cantidad: Deuda liquidada en un junta que no ha sido impugnada. La forma de hacer efectiva dicha obligación fue aprobada expresamente en diferentes juntas de propietarios, en las que intervino el padre de los propietarios de la vivienda que, si bien no quedó obligado personalmente por ello, si quedaron los propietarios del inmueble, por quienes actuaba y cuya actuación han admitido y asumido y al que la Comunidad admitía también como representante de la propiedad.

MADRID

SENTENCIA: 00557/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 20.ª

SENTENCIA N.º

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 416/2011

Ilma. Sra. Magistrado:

Don Juan Vicente Gutiérrez Sánchez

En MADRID, a diecisiete de noviembre de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, constituido el Tribunal para su resolución con un solo Magistrado, los Autos de JUICIO VERBAL n.º 1.304/10, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 DE ALCALÁ DE HENARES, a los que ha correspondido el Rollo 416/11, en los que aparece como parte apelante DON Franco, DON Lucio y DON Segismundo, representado por el procurador Sr. Rojas Santos, y como apelado COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 N.º NUM000 DE ALCALÁ DE HENARES, representado por el procurador Sr. Molina Santiago, sobre reclamación de cantidad, habiendo sido turnado al Ilmo. Sr.Don Juan Vicente Gutiérrez Sánchez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Alcalá de Henares, en fecha 5 de noviembre de 2010, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª María del Mar Elipe Martín, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios CALLE000 n.º NUM000 de esta ciudad, frente a D. Franco, D. Lucio, y D. Segismundo, representados por la Procuradora de los Tribunales D.ª Encarnación Llamas Villar, debo condenar y condeno solidariamente a los referidos demandados a que abone a la actora 1.210'91 €, sin hacer expresa imposición de costas.".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, que no presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución.

Tercero.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de la resolución apelada en cuanto no se opongan a los de la presente, debiendo sustituirse en aquello que sea necesario.

Primero.-Las presentes actuaciones se iniciaron mediante demanda de procedimiento monitorio, en la que se reclamaba la cantidad de 1.505,53 correspondientes a cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, correspondientes al piso NUM001 NUM002, integrante de la Comunidad de propietarios demandante, sita en la CALLE000 n.º NUM000 de Alcalá de Henares. La citada comunidad dirige la pretensión frente a Don Franco, a quien considera propietario del piso y frente a Don Lucio y Don Segismundo, titulares registrales del inmueble, que son hijos del anterior. Interpuesta demanda de procedimiento monitorio, al amparo de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal y formulada oposición por los demandados, la reclamación efectuada se tramitó por los cauces del juicio verbal, en el que, reiterando la oposición anterior, D. Franco, alegó su falta de legitimación pasiva por no ser propietario del piso en cuestión; los otros demandados, admitiendo ser los propietarios del piso, se opusieron alegando no adeudar la cantidad reclamada, por no reflejar la deuda la liquidación que se dice aprobada en la Junta que se certifica, no reunir la certificación los requisitos exigidos legalmente y tener pagadas las cuotas reclamadas.

La sentencia de primera instancia, desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado D. Franco y estimó parcialmente la demanda, condenando a los otros dos demandados a abonar la cantidad de 1.210, 91 euros.

Frente a dicha resolución interpusieron recurso de apelación los demandados, en cuyo escrito alegaron vulneración de lo dispuesto en el artículo 9.1.i) párrafo 3.º de la LPH, por no haber apreciado la excepción de falta de legitimación pasiva de Don Franco; por otro lado, alegan error en la valoración de la prueba al estimar la reclamación de la demanda por cuotas extraordinarias, insistiendo que las mismas no fueron aprobadas y, por tanto, no le son exigibles.

La comunidad demandante se opuso al recurso; sostiene que el codemandado D. Franco ha actuado en todo momento con la apariencia de ser el propietario y, en cuanto al fondo del asunto, considera acertada la decisión adoptada en la sentencia apelada, por lo que interesa su confirmación.

Segundo.-Delimitado en los precedentes términos el objeto de este recurso, la primera cuestión a analizar es la referida a la falta de legitimación pasiva reiterada en esta alzada por uno de los codemandados; para ello hemos de tener en cuenta lo siguiente: La obligación de contribuir a los gastos comunes en la comunidad de propiedad horizontal, en función de la cuota de participación, corresponde al propietario, según establece el art. 9. 1.º Ley de Propiedad Horizontal. En el presente caso, la nota simple informativa del registro de la propiedad, acredita que los propietarios del piso NUM001 NUM003, son D. Lucio y D. Segismundo, quienes adquirieron dicha propiedad mediante escritura pública de fecha 1 de julio de 2004, habiendo accedido al registro de la propiedad dicha transmisión en fecha 10 de agosto de 2004. Por otro lado, las cuotas reclamadas corresponden al período en el que ya eran propietarios los hermanos Segismundo Lucio Franco, por cuanto vienen referidas a cuotas aprobadas en la Junta de propietarios de 15 de enero de 2008, por obras a realizar para rehabilitación del inmueble. En dicha situación, quienes están legitimados pasivamente para soportar la reclamación efectuada por la comunidad son los propietarios del inmueble, no la persona que materialmente la ocupa.

En el caso presente, la comunidad sostiene la legitimación del codemandado que fue propietario de la vivienda hasta el 2004 y justifica la pretensión formulada contra él, en el hecho de no haber notificado la transmisión a la Comunidad y haber actuado frente a ésta como verdadero propietario. Ciertamente el artículo 9.1.f) impone al propietario que transmite el inmueble, comunicar, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, el cambio de titularidad. No se ha aportado prueba de que la comunicación de la transmisión se comunicara por escrito; ahora bien, es admitido por ambas partes que después de 2004, el codemandado D. Segismundo, mantuvo alguna reunión con el administrador de la Comunidad, en relación a los gastos comunitarios, de manera que cuando se produjo la situación que la comunidad entendía era de impago de cuotas correspondientes al piso en cuestión, a ella correspondía cerciorarse de la titularidad del inmueble y demandar a los verdaderos propietarios y si bien, parece que efectuó la comprobación pertinente, por cuanto en la demanda inicial ya parte de la existencia de una situación registral que proclamaba la transmisión y la nueva titularidad dominical del inmueble, no actuó en consecuencia, demandando tan sólo a los verdaderos propietarios.

Las concretas circunstancias del caso presente, derivadas de los vínculos familiares existentes entre los codemandados y la ocupación material de la vivienda por el padre, en nada altera el régimen establecido en la LPH; como tampoco hace inaplicable ese régimen legal el hecho de que el codemandado ocupante asistiera personalmente a las Juntas de la Comunidad y actuara como propietario, pues dicha situación era consentida y aceptada por la Comunidad. En consecuencia, no teniendo la condición de propietario de la vivienda, el demandado D. Franco, no se encuentra legitimado pasivamente para soportar la reclamación de las cuotas impagadas del piso a que se refiere este procedimiento y por tanto debe acogerse la excepción formulada al respecto.

Tercero.-En cuanto a las pretensiones de fondo sobre el impago de gastos comunitarios, desestimada la reclamación por cuotas ordinarias en la sentencia de primera instancia y consentido dicho pronunciamiento por la comunidad demandante, el objeto del recurso se limita a la reclamación de cuotas extraordinarias y, examinado nuevamente lo actuado en primera instancia, no aprecio error alguno en la valoración que realiza el juzgador de primera instancia de la prueba aportada, lo que permite anticipar que el motivo articulado al respecto debe rechazarse y ello en base a lo siguiente:

La reclamación efectuada por la Comunidad de propietarios, lo es en base a un acuerdo adoptado dentro del régimen establecido en la ley de propiedad horizontal, mediante el que se aprueba una liquidación de cuentas sobre la obligación que el artículo 9 de la LPH impone a los copropietarios de contribuir al sostenimiento de los gastos generales. Tal acuerdo, goza de la fuerza y eficacia que les otorga el artículo 18 de la misma ley, que parte de la base de que la única manera de evitar la efectividad de los acuerdos es su impugnación en la forma y casos que pudieran ser pertinente; lo que, por otra parte, siendo necesario tampoco sería suficiente, por cuanto para ello sería preciso obtener la medida cautelar de suspensión de dicho acuerdo al amparo de lo establecido en el apartado 4 del citado artículo 18. LPH.

Este régimen jurídico impide al copropietario que ha sido declarado deudor y liquidada su deuda en una Junta, aprovechar la reclamación judicial para impugnar, tanto la existencia de la deuda como su liquidación acordada por la junta, una vez transcurridos los plazos de caducidad del artículo 18.3 de la misma ley y ello porque el acuerdo de la junta de propietarios en el que se liquida la deuda y se decide reclamarla, constituye un acuerdo comunitario más, y como tal es ejecutivo inmediatamente mientras no se dicte orden de suspensión, y por el transcurso de tres meses (art. 18.3 de LPH) es firme e inatacable por caducidad de la acción de impugnación.

En consecuencia, como en el caso presente se reclama una deuda liquidada en una junta que no ha sido impugnada, la defensa del deudor estará limitada a las condiciones extrínsecas del título, a hechos extintivos como el pago, y la compensación, o en hechos impedientes como la prescripción, la pluspetición o el pacto de no pedir, pero no puede oponer a la misma, que no le sea exigible el abono de las derramas hasta el momento en que comiencen materialmente las obras, por cuanto la forma de hacer efectiva dicha obligación fue aprobada expresamente en diferentes juntas de propietarios, en las que intervino el padre de los propietarios de la vivienda que, si bien no quedó obligado personalmente por ello, si quedaron los propietarios del inmueble, por quienes actuaba y cuya actuación han admitido y asumido y al que la Comunidad admitía también como representante de la propiedad.

Cuarto.-En cuanto a las costas causadas en este procedimiento, deben diferenciarse las siguientes situaciones:

Respecto de las causadas en primera instancia, debe distinguirse también entre las causadas al codemandado, respecto del que se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, de las causadas a los otros dos codemandados. Respecto de las causadas a estos dos, la estimación parcial de las pretensiones económicas formuladas contra ellos, hacen aplicable lo establecido en el artículo 394.2 de la LEC y por tanto la no imposición de las costas causadas como consecuencia de dicha reclamación. Por lo que se refiere al codemandado absuelto, las mismas deben imponer a la comunidad demandante, por cuanto, como se ha indicado anteriormente, en el momento de interponerse la demanda era conocedora de que la propiedad se había transmitido y así lo proclamaba el registro de la propiedad, por lo que su traída al procedimiento era innecesaria y por tanto debe soportar las consecuencias de ello.

En relación a las costas causadas en esta alzada, las devengadas por el recurso formulado por D. Franco no se imponen a ninguna de las partes, al haberse estimado su recurso; respecto de las causadas por el recurso interpuesto por los otros dos demandados deben imponérseles a ellos, al haberse desestimado el recurso, todo ello en base a lo establecido en el artículo 398.1 y 2 de la LEC.

Quinto.-De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta apartado 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre, procede devolver el depósito constituido a la parte apelante, aunque la estimación sea parcial y solo respecto de un apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
SE ESTIMA EL RECURSO de apelación interpuesto por la representación procesal de DON Franco y SE DESESTIMA EL RECURSO interpuesto por DON Lucio y DON Segismundo, contra la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado de Primera instancia n.º 2 de los de Alcalá de Henares, en los autos de juicio verbal n.º 1.304/10, la cual SE REVOCA PARCIALMENTE, en el siguiente sentido:

SE ESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE DON Franco, a quien se absuelve de los pedimentos formulados en su contra, imponiendo las costas causadas a dicho demandado a la comunidad demandante.

SE CONFIRMAN LOS DEMÁS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA APELADA.

Todo ello sin formular pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en esta alzada, como consecuencia del recurso interpuesto por D. Franco e imponiendo a los apelantes DON Lucio y DON Segismundo las costas causadas en esta alzada, como consecuencia de su recurso.

El depósito constituido deberá devolverse a los apelantes.

Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16.º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el n.º 2838 en la sucursal 1036 de Banesto sita en la calle Ferraz n.º 41 de Madrid.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
Checkpoint Connect
Aranzadi Insignis