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Sentencia T.S.J. Navarra 8/2011 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Contrato de intermediación inmobiliaria: Reclamación de cantidad de honorarios por gestiones inmobiliarias. Estimación, por haberse justificado la existencia de encargo. Las hojas de encargo no son requisitos esenciales de la intermediación inmobiliaria. No cabe ampararse en la distinta personalidad de los suscribientes de los contratos de opción y de compra, para eludir el pago de la comisión debida a la intermediación.

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ALFONSO OTERO PEDROUZO

D. MIGUEL ANGEL ABARZUZA GIL

D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En Pamplona, a diecisiete de mayo de dos mil once.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen indicada, el Recurso de Casación Foral n.º 3/11, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, en autos de Juicio Ordinario n.º 447/08, (rollo de apelación civil n.º 45/09) sobre intermediación inmobiliaria, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Pamplona/Iruña siendo recurrente el demandado, GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL, representado ante esta Sala por la Procuradora D.ª M.ª Jesús Arricivita Osés y dirigido por la Letrada D.ª Cristina Artola Ledesma, y recurrida la demandante ASTE GESTION DE SUELO SL, representada en este recurso por el Procurador D. Carlos Hermida Santos y dirigida por el Letrado D. Eduardo Monres Tato.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Procurador D. Carlos Hermida Santos en nombre y representación de la mercantil ASTE GESTIÓN DEL SUELO SL en la demanda de juicio ordinario seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de Pamplona contra GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL estableció en síntesis los siguientes hechos: la empresa demandante se dedica profesionalmente a realizar diversas operaciones mercantiles de intermediación para la adquisición y enajenación de fincas. Esta actividad la realiza a través de la empresa demandada de la son propietarios al 50% D. Florian y D. Javier aunque las gestiones de intermediación, localización, negociación y cierre de contratos se hacen de forma exclusiva y personal por el primero de ellos. Esta empresa se constituyó principalmente para conseguir intermediar en operaciones inmobiliarias para su socio, la empresa demandante. D. Florian realizó a través de Aste Gestión del Suelo SL. la intermediación para la compraventa de una serie de fincas propiedad de los hermanos Olegario Leandro, concretamente las parcelas NUM000 y NUM001 del Polígono del término municipal de Liédena por un importe total de 353.001,86 euros. El importe de honorarios devengados son los pactados y habituales en el sector, un 3% del importe total del precio satisfecho. Como consecuencia de lo anterior se giró una factura de 12.284,41 euros. La administración de Aste Gestión del Suelo SL. es realizada por otra empresa denominada Aste Servicios Inmobiliarios SL. propiedad de D. Javier, quien ha omitido facturar, entre otras, las comisiones derivadas de cuatro operaciones realizadas por Aste Gestión del Suelo SL, a través de D. Florian para la demandada. Se le ha requerido en varias ocasiones pero se ha negado a abonarlas. Después de alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se condene al GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL. al pago de 12.284,41 euros, más intereses, gastos y costas.

Segundo.-Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció la Procuradora D.ª M.ª Jesús Arricivita Osés en nombre y representación de GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL. oponiéndose a la misma en base a unos hechos que resumidamente son los siguientes: es cierto que D. Florian y D. Javier constituyeron la empresa ASTE GESTION DEL SUELO SL en la que cada uno de ellos tenía el 50% de su capital y ambos detentaban el cargo de administradores solidarios pero el objeto social de la misma ni era única y exclusivamente la intermediación en operaciones inmobiliarias, ni esa intermediación se hacía exclusivamente para la mercantil GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL, significándose igualmente que ésta adquirió el 50% de la mercantil ASTE GESTION DEL SUELO SL. en virtud de escritura de cesión de participaciones sociales otorgada en fecha 17 de diciembre de 2004. El concepto de intermediación es mucho más amplio de lo que se quiere hacer ver de contrario. Desde el momento inicial de la adquisición del suelo hasta el momento final de la entrega hay todo un proceso consistente en: realización de un estudio de los recursos financieros a utilizar, analizar el riesgo empresarial y toma de decisiones de la compra del solar, posibles beneficios de la operación y su repercusión fiscal y financiera, redacción en su caso de los posibles instrumentos de ordenación y ejecución urbanística para la transformación de ese suelo, estudios previos de tasación etc.... ASTE GESTION DEL SUELO SL. se constituye en el año 2004 y la primera operación en la que dicha mercantil tiene como socio al GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL se produce a finales del año 2006, es decir, que durante los años 2004, 2005 y prácticamente la totalidad del 2006, nunca la mencionada mercantil ha realizado operación alguna para esta última, pero sí para otros clientes. La mercantil, GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL. no es ni ha sido nunca ni titular ni propietaria de las parcelas NUM000 y NUM001 a que se hace referencia en demanda y es totalmente falso que la demandada las adquiriese, por lo que se alega una total y absoluta falta de legitimación pasiva. En fecha 5 de febrero de 2004, los señores Leandro y Olegario, Martina y D.ª Susana constituyeron en favor de la mercantil ANDOAIN PLAZAOLA ENSANCHE SL un derecho de opción de compra de varias fincas de su propiedad entre las que se encontraban las parcelas que son objeto de este litigio. Posteriormente, esta mercantil cede a ASTUME 2000 SL los derechos de compra de determinadas parcelas entre las que se encuentran éstas últimas. Dichas parcelas NUM000 y NUM001, junto con otras parcelas, fueron objeto de un expediente urbanístico de Modificación de Normas para su transformación en suelo urbanizable. Toda esta transformación se tramitó por la mercantil ASTUME 2000 SL y una vez finalizada la misma, dicha empresa transmitió su derecho a la mercantil ASTE PROMOCIONES URBANAS 2005 SL, quien al objeto de promover un numero determinado de viviendas, adquirió de sus propietarios anteriormente mencionados, las 16 parcelas que les habían sido asignadas en el proyecto de Reparcelación voluntaria de la Unidad de actuación "La Paloma". En todo este proceso ninguna de las mercantiles mencionadas ha contratado ni ha obtenido asesoramiento de ASTE GESTION DEL SUELO SL ni de D. Florian. Tampoco es cierto que los honorarios pactados para este tipo de operaciones sea del 3% ya que los mismos varían en función de ciertos componentes variables ni que dichos honorarios sean siempre a cargo del comprador siendo más habitual que sea el vendedor el encargado del abono de las comisiones por venta. Por último, la operación cuyos honorarios ahora se reclaman se remonta a primeros del año 2004 sin que se haya recogido la misma en las cuentas correspondientes a ese año efectuadas por la mercantil ASTE GESTION DEL SUELO SL que fueron aprobadas sin reclamación alguna al respecto. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a su representada de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Tercero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia se dictó sentencia el día 27 de octubre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que estimando, como estimo, la oposición formulada por la Procuradora D.ª M.ª Jesús Arricibita Osés, en nombre y representación de GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL., a la petición inicial de proceso monitorio formulada por ASTE GESTION DEL SUELO SL., representada en autos por el Procurador D. Carlos Hermida Santos, y desestimando, en consecuencia, la demanda de juicio ordinario formulada por esta entidad contra la primera, debo absolver y absuelvo a GRUPO EMPRESARIAL ASTE 1999 SL de cuantos pedimentos se han formulado contra la misma, y todo ello con expresa condena en costas a la parte actora.".

Cuarto.-Interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia, la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra dictó nueva resolución en fecha 1 de febrero de 2010 cuya parte dispositiva dice textualmente: "Fallo: Que estimando el recurso de apelación formulado por la entidad mercantil Aste Gestión de Suelo, SL, representada por el Procurador Sr. Hermida y dirigida por el Letrado Sr. Montés Tato, frente a la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Pamplona en autos de Juicio Ordinario n.º 447/2008, el día 27.10.2088; en el que ha sido parte apelada la entidad mercantil Grupo Empresarial Aste 1999, SL, representada por la Procuradora Sra. Arricivita y defendida por la Letrado Sra. Artola Ledesma, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, la cual dejamos sin efecto ni valor; y, en su lugar, estimando la demanda formulada debemos condenar y condenamos a Grupo Empresarial Aste 1999, SL a que abone a Aste Gestión de Suelo SL la suma de 12.284,41€ más sus intereses al tipo legal desde el 31.3.2008 hasta la fecha de esta resolución y, desde ella, los contenidos en el Art. 576 de la LEC. Todo ello imponiendo a la demandada el pago de las costas de la primera instancia en razón de vencimiento y sin que proceda hacer especial pronunciamiento respecto de las de la apelación. ".

Quinto.-Preparado recurso de casación contra la referida sentencia por la parte demandada, éste se interpuso posteriormente dentro del plazo legal en base a los tres siguientes motivos: Primero: al amparo de lo dispuesto en el Art. 469.1.2.º L.E.C por infracción procesal y concretamente por violación del Art. 319.1 en relación con el Art. 317.2.º L.E.C en cuanto al valor de la prueba documental por los documentos y alcance de los documentos notariales. Segundo: al amparo de infracción de normas procesales y en concreto por infracción del Art. 218 L.E.C en cuanto a la vulneración de las normas que regulan la valoración conjunta de la prueba en relación con el Art. 386.1 del mismo texto legal. Tercero: por infracción de las leyes 555 y 560 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra.

Sexto.-Por auto de fecha 22 de febrero de 2011 dictado por esta Sala se acordó declarar la competencia de la misma y admitir el recurso de casación interpuesto así como todos los motivos que en el mismo se formulan. En trámite de impugnación, la parte recurrida solicitó su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas a la parte recurrente.

Séptimo.-Conforme a lo dispuesto en el Art. 486.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y mediante providencia de fecha 28 de marzo de 2011 la Sala señaló para la votación y fallo del recurso de casación el día 10 de mayo de 2011.

Octavo.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- La sociedad demandante interesa en el presente procedimiento del Grupo empresarial Aste 1999 SL, el abono del 3% que pretende le es debido por la intermediación en la compra de unas parcelas en el termino municipal de Liedena (Navarra), adquiridas para una promoción inmobiliaria de la demandada. Explica la demanda que Don Florian realizó intensas gestiones en la intermediación para la compra de las fincas de los hermanos Olegario Leandro, el 3% es el importe de los honorarios habituales en el sector, y emitida la correspondiente factura no fue abonada por la demandada. En su contestación la demandada alega que los hermanos Olegario Leandro junto con Martina y Susana, otorgaron el 5 de febrero de 2004 en favor de Andoain Plazaola y Ensanche SL una opción de compra de varias fincas, entre las que se encontraban las referidas en la demanda, que en abril de 2005 se adquiere por Astume 2000 SL, que trasformó el suelo en urbanizable para promover la urbanización "La Paloma", y posteriormente trasmitir la opción de compra a Aste promociones urbanas 2005 SL, que ejercitó efectivamente la opción y adquirió las fincas en mayo de 2006. Según la contestación no se contrataron los servicios de D. Florian, es incierto que en caso de haber intermediación se devengase el 3%, pues los honorarios siempre debe estar en función del tipo de operación, habitualmente los gastos corren a cargo del vendedor, y que de haber existido la pretendida operación de intermediación en 2004 debería constar en las cuentas correspondientes de la demandante para ese año.

La sentencia de primera instancia tiene por acreditada la gestión de intermediación del Sr. Florian, pero no como administrador de la demandante, ni que la demandada adquiriera las fincas referidas, ni que se pactara comisión alguna; y se concluye que en el complejo entramado de sociedades del mismo grupo que participaron en la operación urbanística, no figura la sociedad demandada.

La Audiencia revoca la sentencia del Juzgado. Constata que los vendedores de las parcelas, Srs. Olegario Leandro, manifiestan por escrito que vendieron las mismas por la mediación profesional del Sr. Florian a nombre de la demandante, y que celebraron un único proceso negociador con el Sr. Javier, en nombre del Grupo empresarial Aste 1999 SL. Declara probado que el Sr. Javier ha actuado como administrador de las distintas sociedades que formalmente han participado en el proceso de adquisición. Y se concluye que con independencia del entramado societario creado por el Sr. Javier, las fincas se vendieron por cuenta de la demandante y para la demandada, y el importe de la comisión reclamada es el usual de tales operaciones, que en ningún caso asumían los Srs. Olegario Leandro, como se establece expresamente en las escrituras aportadas. Con condena en las costas habidas en primera instancia de la demandada.

Segundo.-- El recurrido sostiene en su escrito de oposición que concurre causa de inadmisión del recurso, formulado en base procesal a cuanto disponen los artículos 469.2 y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser cuestión nueva la norma alegadamente infringida y por no justificarse interés casacional alguno. Alegato que debe ser rechazado pues la cuestión ya se ha dilucidado en su momento procesal oportuno cuando se admitió el recurso de casación, que ha justificado el interés casacional en la contradicción alegada con la jurisprudencia de esta Sala sobre la exigencia expresa de encargo en la intermediación inmobiliaria, correctamente incardinada en las leyes 555 y 560 FNN. Se alega también por el recurrido que el recurso de infracción procesal debe ser inadmitido por falta de fundamento, dado que reconstruye el relato de hechos, lo que parece debe también rechazarse por ser una causa de desestimación, tal como se explicitará en los fundamentos de derecho siguientes.

Tercero.-- El primer motivo de infracción procesal, al amparo del Art. 469 2 AP.1 LEC, interpuesto por la representación procesal de Grupo empresarial Aste 1999 SL, alega la violación del Art. 319.1 en relación con el Art. 317. 2 LEC en cuanto al valor y eficacia probatoria de la prueba documental, alegando que se ha acreditado fehacientemente que varias sociedades mercantiles han participado en la compra de los terrenos de Liedena, pero en ninguna de ellas ha tomado parte la demandada Grupo empresarial Aste 1999 SL, y ello aunque en las distintas mercantiles referidas en los documentos públicos de opción y compra aparezca el Sr. Don Javier, lo que no significa que Grupo empresarial Aste 1999 SL requiriera los servicios del Sr. Florian o de la mercantil demandante.

Y tal motivo debe ser desestimado. Como norma general, el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los documentos públicos "harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identificación de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella". La documentación pública referida en consecuencia hace prueba plena de su otorgamiento, del fedatario que la autorizó, y de que el contrato o contratos se han realizado en la fecha indicada y con intervención de todos cuantos se nombran, pero no prueba que el contenido de los documentos se corresponda con la situación de hecho que la parte pretende; y en dichos documentos no hay ningún elemento fehaciente que excluya la posible existencia de un previo encargo de intermediación para la adquisición de algunas de las fincas que se refieren en los documentos públicos de compra.

La fuerza o eficacia probatoria de los documentos públicos no esta contradicha por la sentencia y los argumentos del motivo no se refieren tanto a su contenido cuanto a negar la exégesis judicial del encargo, cuando no es en dichos documentos, ni siquiera de modo indiciario, en los que se basan las apreciaciones probatorias de instancia. La sentencia de instancia no niega el significado fehaciente de ninguno de los documentos públicos cuya eficacia probatoria se pretende, y toma en cuenta la concurrencia de otros elementos demostrativos para acreditar la realidad de la intermediación y del encargo, pues para la prueba de los hechos subyacentes, en este caso de la realidad efectiva del encargo y de las gestiones intermediadoras de la demandante, los documentos públicos no están dotados de prevalencia sobre las demás pruebas (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1999 y 18 de octubre de 2004, SSTSJ Navarra 5 de junio de 2009, 6 de febrero de 2006).

Cuarto.-- El motivo segundo, con el mismo fundamento procesal, alega la infracción del Art. 218 en relación con el Art. 386.1 LEC, argumentando sobre un supuesto error evidente en las conclusiones de instancia, y alegando también un supuesto defecto en la valoración de la prueba. La recurrente, aunque no lo dice expresamente, parece entiende se ha vulnerado las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, las que atienden a la valoración de las pruebas, y en el desarrollo del motivo parece que se denuncian dos fundamentos distintos de infracción procesal: la vulneración de la doctrina del error patente (como infracción del Art. 218 LEC), y la defectuosa valoración de la prueba (como infracción del Art. 386 LEC). En concreto, según el motivo, el documento suscrito por los hermanos Olegario Leandro y que consta en el folio 59, que se alega ser una prueba decisiva para la Audiencia, se dice solo prueba unas gestiones del Sr. Florian que nadie niega, pero que estas gestiones han podido ser por otras fincas, y según el motivo no se acredita que lo fueran a nombre de la demandante, y mucho menos por cuenta de la mercantil demandada, no habiéndose justificado la existencia de encargo. Y se concluye en el motivo que es también contradictorio y carece de fundamento alguno, pretender probar el importe de la comisión por la propia factura emitida por la demandante.

Y este motivo ha de ser igualmente desestimado. En el presente caso la valoración de la Sala de instancia se basa en la documental referida en el motivo (escrito de los Hermanos Olegario Leandro, de 28 de marzo de 2008), la ratificación y explicación de la misma en el juicio oral por uno de los hermanos Olegario Leandro, la testifical de Don Luis Alberto, y una abundante documental que pone de manifiesto una unidad de designio en los distintos contratos sucesivos de gravamen y disposición de las fincas litigiosas, dentro de un mismo grupo empresarial que promueve una construcción inmobiliaria en Liedena; y en particular la Sala de instancia pondera en este punto el borrador del contrato privado de 24 de febrero de 2006, suscrito por el Sr. Javier, que asume la representación efectiva de la demandada en diferentes actos de cesión de las fincas litigiosas, y pondera también una prueba abundante y compleja, que resulta minuciosamente analizada; y concluye declarando probada no solo la intermediación de la demandante, sino que lo fue para la demandada, a quien ha aprovechado, cuya representación asumía el Sr. Javier; y se concluye también declarando probado que los Srs. Olegario Leandro no asumieron el coste de la intermediación, que debe ser el usual de tales operaciones.

Las deducciones de la sentencia de instancia son lógicas y coherentes, sustentadas en el proceso probatorio, y de ningún modo contravienen el régimen del error patente tal como ha sido establecido por la jurisprudencia (SSTSJ Navarra de 31 de julio de 2002, 26 de septiembre de 2003 y 17 de febrero de 2004 que han recogido la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional en relación al error patente). Tampoco se constata una defectuosa valoración de la prueba, que no esta sometida a un régimen tasado, que ha sido valorada conjuntamente, y que la parte pretende sustituir sin fundamento procesal alguno por la valoración que conviene a sus intereses, sin que ni siquiera se llegue a concretar con precisión que elemento probatorio de la documental o testifical contradice la estimación de hechos probados efectuada por la Audiencia, pues aun la lectura que se hace del documento de los hermanos Olegario Leandro, obrante al folio 57, al que se da especial relevancia en el motivo, parece no solo coherente sino aun el mas verosímil con sus antecedentes y posterior ratificación judicial. Y no puede achacarse a la Audiencia que al aplicar el régimen del mandato y del corretaje inmobiliario actuase de modo infundado y sin tener en cuenta las circunstancias del caso, pues su minucioso análisis de la prueba (facultad que le es propia) muestra lo contrario y la improcedencia de que esta Sala deba valorar de nuevo la prueba como si de instancia se tratare.

Quinto.-- El motivo único de casación formulado al amparo del Art. 477.2.2.º LEC, por infracción respectivamente de las leyes 555 y 560 FNN y concordantes, con alegación la doctrina de esta Sala sobre intermediación inmobiliaria que se entiende contradicha, argumenta que la sentencia recurrida interpreta inadecuadamente las gestiones de la demandante en el sentido de reconocer una intermediación inmobiliaria, análoga al mandato, cuando no ha habido encargo alguno, y si no hay encargo en todo caso será una gestión oficiosa o una intromisión ilícita. Repasa luego el motivo los distintos contratos habidos por Andoain Plazaola y Ensanche SL, Astume 2000 SL, y finalmente Aste promociones urbanas 2005, para concluir que no ha existido contrato alguno de mediación entre la demandante y la demandada. Afirmando que nos encontramos en una gestión sin encargo y en favor de sociedades distintas de la demandada.

Motivo que ha de ser desestimado. Las sentencias que se citan en el motivo no afirman que una hoja de encargo expresa sea requisito esencial de la intermediación inmobiliaria y tampoco que el encargo deba ser suscrito por la compradora efectiva del inmueble al que se refiere la intermediación. La STSJ de Navarra de 8 de abril de 2005 justamente lo que concluye es que existiendo hoja de encargo no se han acreditado las gestiones intermediadoras de los demandantes, y la sentencia declara expresamente que "es el comitente de la gestión mediadora... el obligado al pago de los honorarios devengados por ella". Por su parte la STSJ de Navarra de 20 de noviembre de 2008 no estima probada la existencia de una efectiva mediación, y también declara expresamente "que la comisión habrá de pagarla quien tomó la iniciativa de la mediación del agente". Y ninguna de dichas sentencias niega que la exigencia de encargo efectivo de intermediación inmobiliaria pueda probarse por cualquier medio admitido en derecho.

En el presente supuesto litigioso, la sentencia de la Audiencia declara expresamente que "las fincas se vendieron como consecuencia de la actividad desplegada por el Sr. Florian y actuando por cuenta de la sociedad demandante,..., y para la demandada" y que "los Sres. Olegario Leandro no asumían el coste de la intermediación".

Declarado probado en este caso el cumplimiento del encargo de mediación por D. Florian, el logro del resultado pretendido, la concurrencia de interés común y unidad de fines entre la sociedad condenada y la definitivamente adquirente, administradas todas ellas por el Sr. Javier, que ha asumido una unidad de gestión representativa en todo el proceso negociador, y declarado probado que a la demandada benefició la actividad desarrollada por la actora, y que actúa como un grupo empresarial, y en fin como deducción incontestable de las frases que citamos textualmente de la sentencia impugnada, es claro que cabe estimar declarado probado el encargo de mediación, y no cabe ampararse en la distinta personalidad jurídica de cada una de las sociedades intervinientes en distintos momentos del proceso, o de la distinta personalidad de los suscribientes de los contratos de opción y de compra, para eludir el pago de la comisión debida a la intermediación (Y tal como se establece en un caso análogo al de estos autos en la STS 13 de diciembre de 1996).

Sexto.-- Y tratándose de profesionales que figuran inscritos en una corporación o colegio profesional, la retribución o el precio de sus servicios puede estar regulado por aranceles o tarifas, atendiendo a los usos y costumbres, o en su defecto, de acuerdo a la equidad, sin que ello contravenga la exigencia de precio cierto en los contratos (SSTS de 18 de mayo de 1981 y 4 de mayo de 1988, 11 de julio de 2007), doctrina que en el presente caso es perfectamente aplicable a una intermediación inmobiliaria para la que la fijación del 3% del valor acreditado de venta no se muestra errónea o infundada.

Séptimo.-- Procede imponer al recurrente el pago de las costas del presente recurso a tenor de lo dispuesto en los Art. 394 y 398 LEC, al no apreciarse circunstancias que eximan de tal decisión.


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación foral núm. 3/11, interpuesto por la representación procesal del Grupo Empresarial Aste 1999 SL., contra la sentencia dictada el día 1 de febrero de 2010, por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, en su rollo de apelación núm. 45/09, dimanante del juicio ordinario del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de Pamplona, con expresa condena al recurrente al pago de las costas de este recurso.

Y con certificación de la presente sentencia, devuélvanse los autos originales y el rollo de apelación a la Sección de la Audiencia de procedencia.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, a la que se dará la publicidad prevenida en la Ley, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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