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Sentencia T.S.J. Navarra 10/2011 de 9 de junio


 RESUMEN:

Declaración de propiedad: Adjudicación en pago de deuda. Acción reivindicatoria: Desestimación. No se logran probar por los recurrentes los títulos que supuestamente les acreditaban como sucesores de los originarios propietarios censatarios.

EXCMO. SR. PRESIDENTE:

D. JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI

D. MIGUEL ANGEL ABARZUZA GIL

En Pamplona, a nueve de junio de dos mil once.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen indicada, el Recurso de Casación Foral n.º 5/11, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, en autos de Juicio Ordinario n.º 685/08, (rollo de apelación civil n.º 26/10) sobre declaración de propiedad, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Aoiz/Agoitz siendo recurrentes los demandados-reconvinientes D. Juan Enrique y D.ª Candida, representados ante esta Sala por la Procuradora D.ª Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigidos por el Letrado D. Jose Luis Beaumont Aristu, y recurrido el demandante -reconvenido D. Clemente, representado en este recurso por la Procuradora D.ª M.ª Asunción Martínez Chueca y dirigido por el Letrado D. Clemente.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Procuradora D.ª Estefanía Unziti Belzunegui en nombre y representación de D. Clemente en la demanda de juicio ordinario seguido ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Aoiz contra D. Juan Enrique y D.ª Candida estableció en síntesis los siguientes hechos: como consecuencia del procedimiento de Jura de Cuentas seguido por el Letrado demandante frente a su cliente Fundación Ciaurriz, aquél se adjudicó en pago de sus honorarios dos fincas de concentración parcelaria sitas en Lumbier (fincas registrales NUM000 y NUM001), que se encuentran ocupadas por los demandados. Iniciado el lanzamiento de los ocupantes, éstos se opusieron prosperando su oposición y remitiéndose las partes a este declarativo. Desde el año 1993 lleva litigando el Letrado demandante en nombre de la Fundación Ciaurriz, primero contra la madre de los demandados y luego frente a ellos. Éstos, siempre han afirmado en sede judicial que son propietarios censatarios de todas las fincas sin distinción de las que nos ocupan. Así lo defendió la madre de los actores en el primer litigio, juicio de cognición 241/93 seguido por la Fundación Ciaurriz contra la misma en la que dicha Fundación sostenía que ésta era arrendataria de las fincas y ella defendía su título de censataria. Igualmente lo defendió en el juicio de menor cuantía n.º 21/98 en el que los hoy demandados solicitaban se declarara que las fincas en cuestión eran de su propiedad y se encontraban gravadas con un censo consignativo y lo mismo defendieron en el tercer y último litigio seguido entre las mismas partes, el procedimiento de menor cuantía n.º 281/00. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando "se dicte sentencia declarando: a) La inexistencia de contrato de arrendamiento a favor de los demandados sobres las fincas descritas a los documentos 1 y 2 de la demanda. b) Subsidiariamente y de considerarse que existió arrendamiento declarar extinguido el mismo. c) Declarando en cualquier caso que los demandados carecen de título que ampare la posesión y disfrute de las fincas del actor descritas a los documentos 1 y 2 de la demanda. d) Condenando a los demandados a su desalojo y puesta a disposición del actor dentro del plazo legal. e) Condenando a los demandados al pago de las costas del juicio.".

Segundo.-Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció el Procurador D. José Javier Uriz Otano en nombre y representación de D. Juan Enrique y D.ª Candida, oponiéndose a la misma en base a unos hechos que resumidamente son los siguientes: el título que poseen los demandadados para ocupar las fincas es el de legítimos y verdaderos propietarios, sea en cuanto censatarios o en virtud del instituto de usucapión o prescripción adquisitiva. Así se ha puesto de manifiesto en los distintos procesos judiciales que se han seguido entre las partes, en los primeros de ellos actuando el Letrado ahora demandante en calidad de Letrado de la Fundación Benéfica D Juan Martín de Ciaurriz y en los dos últimos actuando como acreedor ejecutante y como ejecutante fallido de un título judicial. Por todo ello terminaba suplicando se dicte sentencia en la que se desestime íntegramente la demanda y se condene a la parte actora en las costas derivadas de la misma. A continuación formuló reconvención manifestando que sus representados y antes que ellos sus causahabientes han venido poseyendo las dos fincas rústicas a las que se contrae este procedimiento (junto con el resto de fincas rústicas y urbanas sitas en Lumbier) de modo ininterrumpido y pacíficamente en concepto de propietarios con justa causa y buena fe cuando menos desde la fecha de constitución del censo el 15 de junio de 1740, es decir, desde hace 268 años. Los censatarios han venido pagando una renta o canon, así como las contribuciones, impuestos y otros gastos públicos a la Administración e igualmente los gastos de mantenimiento, aunque en ciertos espacios de tiempo vinieran éstos extendidos a nombre de la Fundación. El actor reconvenido ha actuado con una evidente mala fe en el procedimiento judicial en el que obtuvo la adjudicación judicial de las dos fincas rústicas a las que se contrae este procedimiento ocultando la existencia de los demandados reconvinientes y el hecho de que éstos seguían ocupando las fincas y ulteriormente en el acceso a la inscripción registral de las mismas conociendo que éstas, a pesar de figurar inscritas en el Registro a nombre de la Fundación en virtud de las resultas del proceso de concentración parcelaria no eran de su propiedad sino que venían siendo poseídas desde tiempo inmemorial por los demandados reconvinientes. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando "se dicte sentencia por la que se declare: 1.- Que mis representados son propietarios en cuanto censatarios de las fincas registrales NUM000 y NUM001 que se constituyeron en el proceso de concentración parcelaria operado en la zona de Lumbier como de reemplazo de determinadas fincas rústicas que fueron aportadas a tal proceso de concentración y que estaban gravadas con el censo consignativo constituido el 18 de junio de 1740 por los antecesores de mis representados. 2.- Subsidiariamente a lo señalado en el ordinal 1.º precedente, que mis representados son propietarios de las fincas registrales NUM000 y NUM001 que se constituyeron en el proceso de concentración parcelaria operado en la zona de Lumbier como de reemplazo de determinadas fincas rústicas que fueron aportadas a tal proceso de concentración y que estaban gravadas con el censo consignativo constituido el 18 de junio de 1740 por los antecesores de mis representados, habiendo adquirido tal propiedad por usucapión o prescripción adquisitiva por el transcurso de los plazos legales exigidos para ello antes del proceso de la concentración y, también después de tal proceso y hasta el día de hoy. 3.- Para cualquiera de las declaraciones instadas en los ordinales 1.º y 2.º precedentes, la nulidad de la adjudicación judicial al actor- reconvenido de la propiedad de las dos fincas registrales NUM000 y NUM001 operada por el auto de 31 de julio de 2007 dictado en el procedimiento de ejecución n.º 20/2006 y, junto con ello, de las inscripciones registrales de las dos fincas practicadas en su favor le 29 de noviembre de 2007 en virtud de tal adjudicación judicial (finca NUM000, al Tomo NUM002, Libro NUM003, Folio NUM004, inscripción 2.ª, y finca NUM001, al Tomo NUM005, Libro NUM006, Folio NUM007, inscripción 2.ª). 4.- La procedencia de la cancelación de las dos inscripciones registrales en el Registro de la Propiedad de Aoiz de las fincas NUM000 y NUM001 practicadas por el actor- reconvenido en virtud del auto de 31 de julio de 2007, dictado en el procedimiento de ejecución n.º 20/2006, cuyos detalles se han señalado en el ordinal precedente. 5.- La condena en costas al actor reconvenido.".

Tercero.-Conferido el oportuno traslado de la reconvención a la parte actora, ésta se opuso a la misma señalando que los términos de poseedor en concepto de dueño y arrendatario son antitéticos, se autoexcluyen, el arrendatario no puede usucapir. Ante la inviabilidad de esta tesis los demandados pasaron a la de usucapión pero ésta fue ya desestimada por sentencia firme por lo que hay cosa juzgada. Los antecesores de los demandados, de los que éstos traen causa, reconocieron expresamente la propiedad de la Fundación de las fincas aportadas a la reparcelación que dieron lugar a las de reemplazo que nos ocupan. Tal reconocimiento expreso de la propiedad es incompatible con la posesión a título de dueño necesaria para usucapir. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando se dicte auto sobreseyendo la reconvención con imposición de costas y subsidiariamente, y en cualquier caso, se dicte sentencia estimando íntegramente la demanda y desestimando íntegramente la reconvención con imposición a los demandados de todas las costas.

Cuarto.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia se dictó sentencia en fecha 18 de septiembre de 2009 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que Estimo la demanda formulada por la Procuradora doña Estefanía Unciti Belzunegui en nombre y representación de don Clemente contra don Juan Enrique y doña Candida, y en consecuencia, Declaro que los demandado carecen de título que ampare la posesión y disfrute de las fincas descritas en los documentos 1 y 2 de la demanda y condeno a los demandados a su desalojo y puesta a disposición del actor dentro del plazo legal, con imposición de costas a la parte demandada. Que Desestimo la reconvención formulada por el Procurador don José Javier Uriz Otano en nombre y representación de don Juan Enrique y doña Candida contra don Clemente, con imposición de costas a la actora reconvencional.".

Quinto.-Interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia, la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Navarra dictó nueva resolución en fecha 27 de octubre de 2010 cuya parte dispositiva dice textualmente: "Fallo: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Ana Muñiz Aguirreurreta en nombre y representación de D. Juan Enrique y D.ª Candida, contra la sentencia dictada en el juicio ordinario n. 685/2008 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Aoiz/Agoitz, estimando la impugnación formulada frente a dicha resolución por la Procuradora D.ª M.ª Asunción Martínez Chueca en nombre y representación de D. Clemente, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada por su recurso, sin que proceda efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas ocasionadas en esta alzada por la impugnación. La estimación de la impugnación efectuada lleva a confirmar el fallo resolutorio de la sentencia de instancia en el primero de sus pronunciamientos, estimatorio de la demanda, y estimándose íntegramente la excepción de cosa juzgada alegada por la parte reconvenida, D. Clemente, representado por la Procuradora D.ª Estefanía Unciti Belzunegui, desestimamos la reconvención formulada por el Procurador D. Javier Uriz Otano en nombre y representación de D. Juan Enrique Y D.ª Candida contra D. Clemente, representado por la Procuradora D.ª Estefanía Unciti Belzunegui, con expresa imposición de costas a la actora reconvencional.".

Sexto.-Preparado recurso de casación contra dicha resolución por la parte demandada éste se interpuso posteriormente dentro del plazo legal en base a los siguientes motivos: I.DE INFRACCION PROCESAL: al amparo del art. 469.1. 2.º y 4.º LEC. Primero: por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y en concreto del art. 222 LEC al haber estimado la excepción procesal de cosa juzgada respecto de la acción declarativa de propiedad en virtud de la usucapión o prescripción adquisitiva. Segundo: por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y en concreto del art. 222 LEC al haber estimado la excepción procesal de cosa juzgada respecto de la acción declarativa de propiedad en virtud del censo consignativo. Tercero y Cuarto: se articulan sendos motivos de infracción procesal subsidiarios a los dos anteriores por vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, derechos reconocidos por el art. 24.2 de la CE y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. II:MOTIVOS DE CASACIÓN: al amparo del art. 477.1 LEC en relación con el art. 477.2. 3.º y 3 de l.a LEC. Primero: por infracción de las Leyes 542 a 545 del Fuero Nuevo de Navarra. Segundo: por infracción de las Leyes 355, 356, 357, 358, 361 y 364 del Fuero Nuevo de Navarra y con similar alcance de los arts. 1940, 1941 y 1950 a 1953, 1957 y 1979 del Código Civil y de la doctrina legal que ha aplicado e interpretado tales preceptos.

Séptimo.-Por auto de fecha 15 de marzo de 2011 dictado por esta Sala se acordó declarar la competencia de la misma y admitir el recurso de casación interpuesto así como los motivos que en el mismo se formulan. En trámite de impugnación, la parte recurrida se opuso a dicho recurso solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas a la parte recurrente.

Octavo.-Conforme a lo dispuesto en el art. 486.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y mediante providencia de fecha 15 de abril de 2011 la Sala señaló para la votación y fallo del recurso de casación el día 26 de mayo de 2011.

Noveno.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Las pretensiones deducidas en demanda y reconvención, y su resolución en la instancia. El recurso interpuesto frente a ella.

El hoy recurrido, don Clemente, en su alegada condición de propietario de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001 (del Libro NUM006, Tomo NUM005) de Lumbier, en virtud de adjudicación en pago de deuda contraída con él por su antecesora en la propiedad, la Fundación Ciáurriz, promovió el juicio ordinario de que el presente recurso dimana contra los hoy recurrentes don Juan Enrique y doña Candida en ejercicio de una acción reivindicatoria de las citadas fincas, poseídas y disfrutadas por los demandados, por no existir o haberse extinguido su arrendamiento y carecer éstos de cualquier otro título que amparara su ocupación.

Los demandados no sólo se opusieron a la pretensión actora, instando su desestimación, sino que formularon reconvención, mediante el ejercicio de una acción meramente declarativa del dominio, en la que solicitaron se les declarara propietarios de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001, constituidas en el proceso de concentración parcelaria de la zona de Lumbier como reemplazo de ciertas fincas rústicas aportadas que sus antecesores en la propiedad gravaron el 18 de junio de 1740 con un censo consignativo: 1.º) con carácter principal, " en cuanto censatarios de las fincas " en cuestión; y 2.º) subsidiariamente, por haber " adquirido tal propiedad por usucapión "; pidiendo asimismo, en ambos supuestos, la declaración de nulidad de su adjudicación al actor-reconvenido y la de las inscripciones registrales causadas en su consecuencia.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Aoiz dictó el 18 de septiembre de 2009 sentencia estimatoria de la demanda principal y desestimatoria de la reconvencional que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra confirmó mediante la suya de 27 de octubre de 2010.

La sentencia de segunda instancia, tras referirse en el fundamento de derecho cuarto al contenido de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2000 por la Audiencia Provincial de Navarra en el juicio declarativo de menor cuantía núm. 21/1998 y al contenido de la pronunciada el 31 de diciembre de 2003 por este Tribunal Superior de Justicia, conociendo del recurso de casación foral interpuesto contra la de la misma Audiencia de 7 de diciembre de 2002 en el juicio declarativo de menor cuantía núm. 281/2000, concluye, como la de primer grado, " estimando la excepción de cosa juzgada respecto a la acción declarativa de la propiedad ejercitada en reconvención, tanto en base a la condición de propietarios censatarios que mantienen los reconvinientes, como en base a la adquisición del dominio por usucapión o prescripción extintiva ".

Los demandados-reconvinientes han interpuesto frente a la expresada sentencia recurso de casación y por infracción procesal, en razón al interés casacional derivado de su oposición a la doctrina jurisprudencial sentada por este Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo acerca de la cosa juzgada, del censo consignativo y de la usucapión, que cita con invocación y aportación de las sentencias que la contienen, fundando el recurso en cuatro motivos: dos por infracción procesal en los que denuncian la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haber estimado la excepción de cosa juzgada respecto a la acción declarativa de propiedad en virtud de usucapión (motivo primero) y la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haber estimado la excepción de cosa juzgada respecto a la acción declarativa de propiedad en virtud del censo consignativo (motivo segundo); y otros dos de casación en los que denuncia la infracción de las leyes 542 a 545 del Fuero Nuevo de Navarra relativas al censo consignativo (motivo primero) y la infracción de las leyes 355, 356, 357, 358, 361 y 364 de la misma Compilación civil foral navarra y de los artículos 1940, 1941 y 1950 a 1953 del Código civil referidas a la usucapión (motivo segundo).

Segundo.-La inadmisibilidad del recurso de casación foral interpuesto por interés casacional: su extensión a los motivos de infracción procesal.

La parte recurrida cuestiona la admisibilidad del recurso alegando, en síntesis, que, al fundar su fallo en la existencia de la cosa juzgada, la sentencia recurrida solo podría combatirse a través del recurso extraordinario por infracción procesal y éste únicamente sería admisible, con arreglo a la disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la resolución fuera recurrible en casación; lo que -a su juicio- no ocurre, por cuanto, al descansar en la santidad de la cosa juzgada, la sentencia de instancia no pudo oponerse a la doctrina jurisprudencial relativa al censo consignativo y a la prescripción adquisitiva o usucapión que el recurso invoca.

El régimen transitorio de la disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil supedita la admisibilidad de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de los conjuntos de casación y por infracción procesal, a la recurribilidad en casación de la sentencia, de suerte que sólo una resolución susceptible de recurso de casación resulta asimismo impugnable por infracción procesal (cfr. disp. final 16.1.5.ª y Autos de 4 diciembre 2008 -RC 45/2008 - y 28 abril 2010 -RC 7/2010-, de este Tribunal Superior de Justicia y 22 enero 2002 -RQ 2027/2001 -, 28 octubre 2008 -RC 247/2007 - y 21 abril 2009 -RC 1055/2007- del Tribunal Supremo). Cumplen ese presupuesto, con total abstracción de su posible interés casacional, los recursos contra las sentencias comprendidas en los números 1.º y 2.º del artículo 477.2 de la Ley procesal civil (cfr. disp. final 16.ª1.2.ª LEC). Sin embargo, los recursos cuya admisibilidad pretenda fundarse en el número 3.º de la citada disposición legal, han de acreditar para su efectiva admisión el interés casacional del recurso interpuesto.

Como acaba de indicarse en el precedente fundamento de derecho, en el recurso conjunto de casación y por infracción procesal, que autoriza a promover en un mismo escrito la referida disposición final (ap.1.1.ª y 3.ª), la parte recurrente funda en efecto la admisibilidad de su recurso en el interés casacional derivado de la afirmada oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial sentada por este Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo acerca de la cosa juzgada, del censo consignativo y de la usucapión.

El interés casacional de un recurso de casación foral ante Tribunal Superior de Justicia -tanto por oposición de la sentencia recurrida a su doctrina jurisprudencial o inexistencia de dicha doctrina, como por la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales- ha de referirse a la normativa civil foral propia de su Comunidad, tal como explícitamente establece el artículo 477.3, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y recuerdan los Autos de esta Sala de 25 abril 2007 (RC 5/2007), 14 enero 2009 (RC 40/2008) y 31 marzo 2009 (RC 8/2009). No será por tanto, a estos efectos, doctrina jurisprudencial la que el Tribunal Superior de Justicia haya podido forjar en interpretación y aplicación de la normativa civil general, material o procesal. A ello ha de agregarse que la doctrina jurisprudencial sentada en aplicación de la normativa procesal no es en ningún caso hábil para sustentar el interés casacional de un recurso de casación, tampoco del general ante el Tribunal Supremo, puesto que, como ese mismo Tribunal ha declarado, entre otros muchos, en sus Autos de 22 enero 2002 (RQ 2027/2001), 7 junio 2005 (RC 3084/2001), 13 septiembre 2005 (RC 1378/2002), 19 junio 2007 (RC 1998/2004) y 27 enero 2009 (RC 340/2007), el "interés casacional" del recurso no puede nunca basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales" sino que debe venir referido a cuestiones sustantivas. En suma, el interés casacional del recurso no podía válidamente fundarse en la eventual oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial que se dice establecida por este Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo acerca de la cosa juzgada material.

Pero el recurso que se examina no funda su interés casacional solamente en la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina forjada sobre este instituto procesal, sino también en su oposición a la sentada sobre el censo consignativo y la usucapión, en interpretación de la normativa civil foral y común cuya infracción se denuncia en los motivos de casación.

En rigor, la sentencia recurrida, al fundar el fallo desestimatorio de la demanda en el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material, en el entendimiento de que la acción declarativa de dominio ejercitada en ella, con base tanto en la existencia de un censo consignativo, como en la adquisición del dominio por usucapión, había sido ya resuelta por sentencia firme, no sólo no llegó a aplicar, ni interpretar, la normativa civil foral cuya infracción se denuncia en los motivos de casación, a la que ninguna mención dedica, sino que ni siquiera llegó a resolver sobre aquella acción, que estimó ya juzgada, por lo que -como afirma la parte recurrida al impugnar la admisibilidad del recurso- difícilmente sería apreciable en la sentencia de instancia la oposición a la doctrina sentada por este Tribunal Superior sobre el censo consignativo y la usucapión extraordinaria que los demandados-reconvinientes alegan como justificación del interés casacional y consiguiente admisibilidad de su recurso.

No hallándose acreditado el interés casacional invocado, la irrecurribilidad de la sentencia en casación determina la inadmisibilidad del recurso interpuesto, que alcanza a los motivos de casación y a los de infracción procesal (disp. final 16.ª1.5.ª LEC). A la apreciación y declaración de su inadmisibilidad no es óbice la previa admisión del recurso, pues como esta misma Sala (ss. 23 febrero y 17 octubre 1994) y el Tribunal Supremo (ss. 2 noviembre 2000 y 10 junio 2002) han declarado con reiteración, la admisibilidad del recurso de casación es cuestión de orden público, sujeta a normas imperativas y revisable no obstante su preliminar admisión; transformándose en este trámite resolutorio del recurso las causas de inadmisión en motivos de su desestimación (ss. 6 febrero 2006, 29 mayo 2009, de este Tribunal Superior de Justicia y 11 diciembre 2008, 19 octubre 2009 y 2 abril, 11 noviembre y 22 diciembre 2010, del Tribunal Supremo).

En cualquier caso, no mejor suerte habría de correr el recurso de procederse al estudio de sus motivos obviando la causa de inadmisibilidad apreciada. Y desde esta premisa, la Sala, consciente de la inexistencia de perjuicio para la parte recurrida, ha optado por abordar su examen, en aras al ofrecimiento de una más cumplida respuesta a las cuestiones que el recurso suscita y una más amplia satisfacción de la tutela judicial del derecho actuado en juicio, que los recurrentes estiman conculcada con la apreciación de la cosa juzgada por la negación o exclusión de la resolución de fondo pedida.

Tercero.-Las pretensiones y cuestiones juzgadas por sentencia firme en anteriores procesos declarativos.

Al examinar la existencia de "cosa juzgada" en relación a las declaraciones de propiedad que se instan en la reconvención, preciso es referirse a los pronunciamientos judiciales ya efectuados sobre ellas y a las pretensiones cuyo planteamiento constituyó su inmediato referente.

Haciendo abstracción del procedimiento de ejecución núm. 20/2006 en que se adjudicó el actor-reconvenido la propiedad de las dos fincas rústicas litigiosas, fueron tres los procesos judiciales seguidos acerca de la posesión y la propiedad de estas y otras fincas entre la Fundación, causante de los derechos del actor-reconvenido, y los hoy demandados- reconvinientes o los familiares de quienes sus derechos traen causa. Se trata del juicio de cognición 241/1993 sobre resolución del contrato de arrendamiento; del juicio declarativo de menor cuantía 21/1998 sobre la propiedad de las dos fincas hoy en litigio y del juicio declarativo de menor cuantía 281/2000, sobre la propiedad de las mismas fincas y de otras ajenas a la actual controversia.

1.- El juicio de cognición núm. 241/1993.

La Fundación Ciáurriz promovió este proceso en demanda de resolución del arrendamiento que -según ella- amparaba la posesión por los entonces demandados, doña Candelaria y doña Juana, de las fincas urbanas y rústicas a que se contraía. Los demandados, que negaron la propiedad de la actora y afirmaron la suya sobre las fincas en cuestión, rehusando la existencia misma del arrendamiento, con el suplico de una sentencia desestimatoria de la acción deducida (f. 83), formularon reconvención en la que instaron con carácter principal la declaración de sujeción de las fincas litigiosas a censo perpetuo constituido en 1740 y la pertenencia de su propiedad como censataria a doña Candelaria (f. 103).

Inadmitida en el proceso esta pretensión reconvencional, la sentencia dictada por el Juzgado el 16 de enero de 1995 desestimó la demanda principal, al considerar no acreditada la existencia del arrendamiento y la titularidad dominical en que se fundaba (ff. 106 y 107). En grado de apelación, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó el 26 de octubre de 1995 sentencia confirmatoria de la recurrida, razonando en síntesis que la prueba practicada no arrojaba claridad suficiente sobre la existencia del arrendamiento y la discutida propiedad de las fincas, agregando que el procedimiento arrendaticio promovido no era el adecuado para dilucidar la conflictiva propiedad de las fincas en cuestión y la relación jurídica constituida sobre ellas entre las partes litigantes, a las que invitaba a acudir para su determinación al correspondiente juicio declarativo ordinario (ff. 115 a 123).

2. El juicio declarativo de menor cuantía núm. 21/1998.

Los hoy también litigantes, don Juan Enrique y doña Candida, promovieron contra la Fundación Ciáurriz el juicio declarativo de referencia, en ejercicio de una acción declarativa de dominio de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001 (las mismas que son objeto de la presente litis), demandando un pronunciamiento judicial que declarara que "las fincas en cuestión son propiedad de los actores, estando gravadas con un censo consignativo" y que el titular que figuraba en las escrituras de concentración parcelaria y en el Registro de la Propiedad (la Fundación Ciáurriz) no era tal "por tratarse en realidad de censualista" (f. 150).

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz de 29 de mayo de 1998 estimó en su fallo el petitum de la demanda (ff. 180 v. y 181), pero no porque los actores hubieran probado, como les incumbía (f. 179 v.), la propiedad de las fincas litigiosas mediante la acreditación del tracto sucesivo con quienes fueron titulares de la misma en 1740 en que se constituyó el censo consignativo (f. 180), sino porque aparecía probado que al menos desde el año 1771 habían venido poseyéndolas ellos y sus antepasados en concepto de dueños censatarios, ganando dicha propiedad por usucapión conforme a las leyes 355 a 357 y 360 del Fuero Nuevo de Navarra (f. 180 v.).

Sin embargo, recurrida en apelación esta sentencia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra la revocó mediante la suya de 31 de marzo de 2000, en la que desestimó la demanda formulada, "no dando lugar a la pretensión deducida" en la misma (f. 192). La sentencia de la Audiencia consideró que la resolución recurrida incurrió en incongruencia por alteración de la causa petendi, al estimar la demanda en base a una "acción de usucapión" no ejercitada por la parte actora (ff. 185 y 186); y, entrando a examinar la pretensión efectivamente deducida ella y la concurrencia de los requisitos para su estimación (ff. 186 a 191), terminó concluyendo que los elementos de prueba frontalmente opuestos a la tesis actora de ser los propietarios de las fincas litigiosas, en cuanto censatarios, arrojaban serias dudas sobre tal posición, que impedían a la Sala afirmar la debida acreditación del título de dominio exigido para el éxito de la acción declarativa de dominio, por lo que debía ser ésta rechazada, desestimando la demanda interpuesta (f. 191).

3. El juicio declarativo de menor cuantía núm. 281/2000.

La Fundación Ciáurriz promovió el juicio declarativo de referencia contra los también hoy demandados, don Juan Enrique y doña doña Candida, en ejercicio de una acción declarativa de dominio de fincas urbanas y rústicas entre las que no figuraban las registrales NUM000 y NUM001, objeto de la presente litis. Los demandados se opusieron a la pretensión actora, pidiendo su desestimación (f. 214), y formularon reconvención, en la que solicitaron se declarara que las fincas relacionadas en la escritura censal de 1740 situadas en Lumbier eran propiedad de los reconvinientes censatarios y, en lo que más interesa a este proceso, que quien figuraba en las escrituras de concentración parcelaria y en el Registro como titular de las fincas registrales NUM000 y NUM001 (la Fundación Ciáurriz) no era el correcto, por corresponder dicha titularidad a los reconvinientes (f. 234). En el escrito de contestación a la demanda los demandados expresaron su disconformidad con la apreciación de la incongruencia extra petitum que condujo a la Audiencia Provincial a revocar la sentencia de primera instancia y dejar imprejuzgada en el juicio de menor cuantía 21/1998 la eventual usucapión del dominio de las fincas NUM000 y NUM001, señalando que por tal apreciación habían interpuesto recurso de amparo constitucional y ahora formulaban la adjunta demanda reconvencional "en base precisamente a los títulos y a la usucapión no resuelta en instancia" (ff. 197 v. y 198 v.). Y, en efecto, en la demanda reconvencional anunciada (ff. 219 y ss.) volvía sobre las fincas registrales NUM000 y NUM001 (ff. 227 v. y 228) para defender en ella su pertenencia en propiedad a los reconvinientes, no sólo por haber recibido el dominio de que sus causantes eran titulares originarios como propietarios censatarios (f. 230), sino también por la usucapión extraordinaria complementaria de sus títulos de dominio, al haber usado, tenido y poseído, ellos y sus antepasados, las fincas litigiosas como únicos dueños y explotadores sin solución de continuidad durante más de dos siglos (f. 233).

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia de Aoiz el 26 de septiembre de 2001 desestimó íntegramente la demanda principal y estimó parcialmente la reconvencional, declarando la propiedad de los reconvinientes sobre las fincas objeto de la litis (f. 239), con exclusión de las registrales NUM000 y NUM001, al considerar que la desestimación de la acción declarativa de dominio ejercitada sobre ellas en el anterior juicio 21/1998 por los entonces actores y ahora demandados-reconvinientes producía en este proceso el efecto excluyente de la cosa juzgada, sea cual fuera el hecho en que antes y ahora fundaran su propiedad, por lo que la actual alegación de la prescripción no impedía la apreciación de esta excepción (f. 237 v.).

Los demandados reconvinientes, señores Juan Enrique Candida, lo mismo que la Fundación actora reconvenida, interpusieron contra esta sentencia recurso de apelación. En el suyo, la representación procesal de los señores Juan Enrique Candida combatió la apreciación de la cosa juzgada material en relación a las fincas registrales NUM000 y NUM001 (f. 245), al entender que la falta de pronunciamiento en la sentencia de apelación del juicio 21/1998 sobre el fondo del asunto por incongruencia de la sentencia de primer grado permitía debatir ampliamente en éste los extremos controvertidos en él (f. 246) y que la apreciación de la cosa juzgada parcial se oponía a la indivisibilidad del censo consignativo constituido sobre el conjunto unitario de la explotación agrícola integrada por las fincas rústicas y la casa de labranza (f. 246); reiterando su disconformidad con la incongruencia apreciada por la sentencia de la Audiencia Provincial en aquel proceso, donde -decía- se hacía constar en varios lugares el uso, disfrute, posesión y tenencia desde tiempo inmemorial de las fincas y casa de Lumbier en manos de los entonces actores y sus causantes (ff. 253 a 258).

La sentencia dictada el 7 de diciembre de 2002 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Fundación actora y desestimando el formulado por los demandados reconvinientes, declaró que las fincas rústicas y urbanas a que se contraía la demanda eran propiedad de la fundación demandante, a la que a su vez absolvía de la reconvención deducida de adverso (f. 294). La Audiencia, tras recordar que la desestimación en apelación de la demanda formulada en el juicio de menor cuantía 21/1998 por los señores Juan Enrique Candida no se detuvo en la incongruencia de la usucapión apreciada sin invocación de parte por el Juzgado, sino que se fundó en la falta de justificación del título de dominio esgrimido por ellos (f. 276), señaló que, por la unidad de origen de todas las fincas objeto del censo, la decisión respecto de las registrales NUM000 y NUM001 hubiera debido ser la misma de las demás (f. 278), pero advirtió que los hitos fundamentales que a esa Sala condujeron a mantener la titularidad dominical que sobre aquellas fincas proclamaba la inscripción registral a nombre de la fundación (ff. 278 a 283), habían sido no sólo ratificados, sino incrementados por la Fundación actora en este proceso (f. 284); y, rechazando los argumentos con que en la sentencia recurrida se había desestimado la acción declarativa ejercitada por la Fundación, señaló: a) que no existía justificación de que los demandados- reconvinientes, ni sus causantes, hubieran poseído a título de dueños y adquirido por usucapión las fincas sobre las que se ejercitaba por la fundación actora la acción declarativa de dominio; b) que había quedado acreditado en la instancia, como en el precedente juicio 21/1998, que los demandados-reconvinientes no eran propietarios censatarios y c) que tampoco se daban las exigencias precisas para que éstos o sus causantes hubieran podido acceder a la titularidad dominical en virtud de la usucapión (f. 284).

Los entonces -y también ahora- demandados reconvinientes, señores Juan Enrique Candida, interpusieron contra la sentencia de la Audiencia recurso de casación foral (ff. 419 y ss.) en el que, refiriéndose global e indiscriminadamente a todos los bienes inmuebles, casa y fincas rústicas de la explotación gravadas desde 1740 por el censo consignativo, defendían su tracto sucesivo durante doscientos sesenta años en el dominio, posesión y disfrute de los demandados-reconvinientes y sus causantes (f. 425 v.); invocaban la infracción por la sentencia recurrida de las leyes 356 a 361 de la Compilación relativas a la usucapión (f. 432 v.), reiterando que los demandados-reconvinientes habían poseído siempre como propietarios con justa causa y buena fe los bienes citados (f. 433), y volvían sobre la inexistencia de incongruencia en la sentencia de primera instancia del juicio de menor cuantía núm. 21/1998 y, aun sin la obligada explicitación, sobre la de cosa juzgada de la sentencia de segunda instancia recaída en él (ff. 434 y 436).

La sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia el 31 de diciembre de 2003, estimando el referido recurso de casación foral, casó la sentencia recurrida y, desestimando los recursos de apelación interpuestos por la actora y los demandados-reconvinientes, confirmó la pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Aoiz (f. 307). Tras una extensa exposición de los antecedentes históricos y procesales de esta controversia (ff. 299 a 304), la sentencia centró el problema fundamental a tratar en "la determinación del título de dominio de las fincas de que aquí se trata (en principio, las dos urbanas y las cinco rústicas de la demanda sitas en Lumbier, sin perjuicio de lo que luego se diga sobre la ampliación a otras en la reconvención)" (f. 304 v.), y declaró que aquel título ha permanecido en el censatario y sus sucesivos causahabientes, que no consta llegaran a perderlo, ni a redimir el censo que lo gravaba (ff. 305 y v.). Y, entrando a decidir sobre la reconvención, señaló que de las 29 fincas iniciales (todas de Lumbier) debían desgajarse, entre otras, en beneficio de la fundación, las que fueron objeto del expediente de concentración parcelaria y de reemplazo por las registrales núms. NUM000 y NUM001, sobre las que no se podía discutir (ni sobre la validez o no del documento en que se efectuó tal reconocimiento por los antecesores de los hoy reconvinientes), al existir una declaración judicial firme, aunque limitada sólo a esas fincas, recaída en el segundo procedimiento (ff. 305 v. y 306).

Cuarto.-La apreciación del efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material.

A través de los dos primeros motivos del recurso, ambos por infracción procesal, se denuncia la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: el primero, por haber estimado la sentencia de instancia la excepción de cosa juzgada respecto a la acción declarativa de propiedad en virtud de la usucapión; y el segundo, por haber estimado la excepción de cosa juzgada respecto a la acción declarativa de propiedad en virtud del censo consignativo.

Como quiera que el primer motivo se refiere a la pretensión subsidiaria de la reconvención y el segundo a la principal, cuya estimación en el mismo orden con que se propusieron viene a reiterar el recurso de los reconvinientes, procede en consonancia con tal prelación abordar en primer término el segundo motivo del recurso para pasar a continuación al examen del primero.

1. La sucesión de los reconvinientes en cuanto censatarios en la propiedad originaria de las fincas NUM000 y NUM001.

Suplicaron con carácter principal los demandados en su reconvención que se les declarara " propietarios en cuanto censatarios de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001 ", constituidas en el proceso de concentración parcelaria de la zona de Lumbier como reemplazo de ciertas fincas rústicas que sus antecesores en la propiedad gravaron el 18 de junio de 1740 con un censo consignativo.

En rigor, no era el censo sino la sucesión como causahabientes en los derechos del censatario constituyente lo que podía conferirles la alegada cualidad de propietarios, pues no es el dominio, que sigue perteneciendo al censatario, sino su gravamen con una carga real que faculta al censualista a obtener el pago periódico de unas pensiones lo que propiamente se deriva de la constitución del censo.

Pero la declaración judicial de que las fincas registrales NUM000 y NUM001 eran "propiedad de los actores estando gravadas con un censo consignativo" y de que quien figuraba como titular en las escrituras de concentración parcelaria y en el Registro de la Propiedad no era tal "por tratarse en realidad de censualista" fue ya solicitada por los hoy recurrentes, don Juan Enrique y doña Candida frente a la Fundación Ciáurriz, de la que el hoy recurrido trae causa, en la demanda principal del juicio de menor cuantía 21/1998; y lo fue en su condición de sucesores o causahabientes de quienes fueron en 1740 (año de constitución del censo) dueños de las fincas sustituidas por aquellas registrales de reemplazo. La sentencia que puso fin al proceso, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra el 31 de marzo de 2000, no dejó imprejuzgada esta acción, sino que la resolvió desestimándola por falta de prueba del título de dominio esgrimido por los actores.

La sentencia de apelación, tras reputar incongruente la de primer grado, que dio lugar a la declaración de dominio postulada con base en una usucapión que estimaba no invocada, entró a examinar la pretensión que entendía efectivamente deducida y la concurrencia de los requisitos para su estimación, concluyendo que los "elementos de prueba frontalmente opuestos a la tesis actora de ser los propietarios de las fincas litigiosas, en cuanto censatarios", arrojaban "más que serias dudas sobre tal posición", que impedían a la Sala "afirmar la debida acreditación del título de dominio exigido para el éxito de la acción declarativa de dominio", por lo que debía "ser ésta rechazada, desestimando la demanda interpuesta". Las "serias dudas" constatadas sobre el título de dominio de los entonces actores -hoy reconvinientes- no privaban a la desestimación de la demanda del efecto negativo de la cosa juzgada, ni por ello mismo habilitaban a sus promotores para el replanteamiento de su pretensión con nuevos alegatos, argumentos y medios de prueba, pues la incertidumbre sobre los presupuestos de hecho de la acción se resuelven en la sentencia en perjuicio de los actores (arts. 1252 CC -hoy derogado- y 217.1 LEC) con un fallo desestimatorio al que también alcanza la intangibilidad de la cosa juzgada.

Pues bien, la pretensión principal de la reconvención formulada en el presente proceso por los recurrentes coincide sustancialmente en sus elementos objetivos (cosas, petitum y causa petendi) con la deducida por ellos mismos en la demanda principal del juicio de menor cuantía 21/1998, pues ambas se refieren a las mismas fincas, piden idéntica declaración judicial de propiedad y lo hacen sobre la base de los mismos presupuestos de hecho y de derecho; sin que a la apreciación de la cosa juzgada obste su actual articulación reconvencional frente a la principal del juicio anterior, pues -tal como explícitamente establece hoy el artículo 222.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y entendió la doctrina y la jurisprudencia en la aplicación del ya derogado artículo 1252 del Código civil - "la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención".

La identidad del sujeto frente a quien una y otra se ejercitan difiere, pues la demanda principal del juicio de menor cuantía núm. 21/1998 se promovió frente a la Fundación Ciáurriz y la actual reconvencional se dirige contra el actor reconvenido, don Clemente; pero tal divergencia no quiebra la identidad en los elementos subjetivos de ambos procesos, por cuanto este último no deja de ser causahabiente de aquella Fundación, en cuanto adjudicatario en pago de deuda de la propiedad de las dos fincas que constituían su común objeto. Y sabido es, por su expresa declaración, tanto en el hoy derogado artículo 1252 del Código Civil, como en el vigente artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que existe identidad de personas, a los efectos de la cosa juzgada, cuando los sujetos litigantes en el proceso posterior sean causahabientes de quienes lo fueron en el anterior.

Aunque estas identidades, objetivas y subjetivas, bastaban para la apreciación de la cosa juzgada, ésta fue ya declarada por sentencia firme en el juicio de menor cuantía 281/2000, en el que nuevamente los sres. Juan Enrique Candida demandaron -entonces como ahora, reconvencionalmente- frente a la Fundación Ciáurriz la declaración a su favor de la propiedad, entre otras, de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001, con base no sólo en la usucapión, sino también en los títulos que pretendidamente les acreditaban como sucesores de los originarios propietarios censatarios. Y es que esta pretensión -lo mismo que la fundada en la usucapión- se consideró ya resuelta y juzgada en el anterior juicio 21/1998 por la sentencia de primera instancia, que esta Sala confirmó en la suya de casación de 31 de diciembre de 2003, donde declaró que la propiedad de las fincas registrales NUM000 y NUM001 era irrevisable e indiscutible en el proceso en que dicho recurso se sustanció, al existir una declaración judicial firme (la recaída en el juicio 21/1998), aunque limitada sólo a esas fincas.

En definitiva, la res iudicanda en virtud de la pretensión reconvencionalmente deducida con carácter principal en esta litis era ya res iudicata cuando el juicio de menor cuantía 281/2000 se promovió y así se declaró con carácter también firme en él. Apreció pues correctamente la sentencia de instancia el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material y se atuvo a lo dispuesto en el artículo 222.1 de la Ley procesal civil, al rehusar por segunda vez un nuevo enjuiciamiento sobre ella.

Procede en suma la desestimación del motivo segundo por infracción procesal formulado.

2. La usucapión por los reconvinientes y sus causantes de la propiedad de las fincas NUM000 y NUM001.

Con carácter subsidiario, suplicaron los demandados en su reconvención que se les declarara propietarios de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001, constituidas en el proceso de concentración parcelaria como reemplazo de ciertas fincas rústicas, por haber " adquirido tal propiedad por usucapión o prescripción adquisitiva ".

Ciertamente la cuestión, que fue abordada y resuelta en sentido favorable a esta conclusión por la sentencia de primera instancia en el juicio de menor cuantía 21/1998, quedó definitivamente imprejuzgada en él, al considerar la sentencia de apelación de 31 de marzo de 2000, revocatoria de aquélla, que la cuestión no formaba parte de la litis, porque ninguna acción declarativa de dominio se había ejercitado sobre el presupuesto fáctico y jurídico de tal usucapión.

Sin embargo, la pretensión de que se les declarara judicialmente propietarios de todas las fincas de Lumbier, incluidas las registrales núms. NUM000 y NUM001 inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación Ciáurriz, en virtud de la usucapión extraordinaria complementaria de sus títulos de dominio, por haber "usado, tenido y poseído las fincas como únicos dueños y explotadores sin solución de continuidad durante más de dos siglos", superando los reconvinientes y sus antepasados los plazos exigidos al efecto en las leyes 355, 356, 357 y 360 del Fuero Nuevo, fue explícitamente deducida los por sres. Candida Juan Enrique en la reconvención del juicio de menor cuantía 281/2000 seguido frente a aquella Fundación. Aunque el petitum abarcaba en él más fincas que las que son objeto de reconvención en éste, la inclusión en ambos pedimentos de las registrales núms. NUM000 y NUM001 evidencia la identidad de sus respectivos elementos objetivos; siendo de reiterar aquí lo dicho anteriormente respecto a la identidad de los subjetivos, no obstante el cambio de actor-reconvenido.

En enjuiciamiento de fondo de dicha pretensión, en lo relativo exclusivamente a las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001, que también son hoy objeto de esta litis, fue en aquel proceso denegado o excluido por la sentencia de primer grado, definitivamente confirmada en casación por la de esta Sala Civil de 31 de diciembre de 2003; y lo fue en aplicación del efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, que la primera sentencia entendió producida con la desestimación en el juicio de menor cuantía núm. 21/1998 de la acción declarativa de dominio ejercitada en ella por los entonces actores principales y hoy reconvinientes, sres. Juan Enrique Candida, al estimar que la acción ejercitada era la misma cualquiera que fuera el hecho en que basara la propiedad y que por ello mismo no se veía alterada por el hecho de sustentarla en la adquisición por prescripción. Los reconvinientes, que vieron desestimado en apelación el recurso de apelación en que combatían la apreciación de la cosa juzgada en relación a las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001 y estimado el deducido de adverso por la actora- reconvenida, recurrieron la sentencia de la Audiencia en casación ante este Tribunal Superior de Justicia que, si bien, con estimación parcial del recurso, acogió la pretensión reconvencional, lo hizo -como la sentencia de primer grado que confirmó- excluyendo de la misma la propiedad de las fincas registrales núms. NUM000 y NUM001 que, en implícita referencia al efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, declaró que no se podía discutir, por existir sobre ella una declaración judicial firme, aunque limitada a esas fincas, recaída en el segundo procedimiento (el juicio de menor cuantía 21/1998).

Se halla pues constituida en autoridad de cosa juzgada la apreciación misma de esta excepción en relación a la pretensión de adquisición de la propiedad de las citadas fincas registrales por usucapión o prescripción adquisitiva, en cuanto aquella se produjo por una sentencia firme (o confirmada en casación) que impide su replanteamiento o revisión.

Pudo en el juicio de menor cuantía 281/2000 debatirse si la desestimación de una acción declarativa de dominio por falta de prueba del tracto sucesorio de los actores en la propiedad originaria de unas fincas producía el efecto de la cosa juzgada respecto de otros posibles modos de adquisición del dominio, aun no alegados en el proceso, como la usucapión, cuestionando e impugnando en sus sucesivas instancias la tesis sustentada por la sentencia de primer grado, que -ha de advertirse- no carecía de apoyos en la doctrina procesalista y la jurisprudencia anteriores a la vigencia de la Ley 1/2000 (cfr. ss. 10 abril 1968 y 11 octubre 1993, del Tribunal Supremo); pero el posible debate sobre este particular quedó cerrado y agotado con la sentencia de casación que, confirmando la de primera instancia, ratificó la procedencia de aquella excepción, haciendo asimismo de su apreciación "cosa juzgada". Ganada con su firmeza esta autoridad, la cosa juzgada sana definitivamente los eventuales defectos de la resolución, haciendo irrevisables los criterios y fundamentos que pudieron determinar en ella su apreciación.

Al declararla en la sentencia ahora recurrida, en respuesta a la misma acción que también mediante reconvención se ejercitó en el proceso 281/2000 (la relativa a la adquisición de la propiedad de las fincas litigiosas por usucapión), la Sala de instancia no aplicó retroactivamente a la eficacia de las resoluciones firmes dictadas en los procesos de menor cuantía 21/1998 y 281/2000 las previsiones contenidas en los artículos 222.2, párrafo segundo y 400.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que se limitó a reiterar la concurrencia de la cosa juzgada material ya apreciada y declarada por sentencia firme en el segundo.

Procede en su consecuencia la desestimación del motivo primero por infracción procesal formulado.

Quinto.-La alegada vulneración de las normas jurídicas materiales cuya infracción se denuncia en los motivos de casación.

En los dos motivos de casación denuncian los recurrentes la infracción de las leyes 542 a 545 del Fuero Nuevo de Navarra relativas al censo consignativo (motivo primero) y la infracción de las leyes 355, 356, 357, 358, 361 y 364 de la misma Compilación civil foral navarra y de los artículos 1940, 1941 y 1950 a 1953 del Código civil referidas a la usucapión (motivo segundo).

Es sin embargo evidente que la sentencia recurrida, al apreciar la cosa juzgada, no sólo no realizó interpretación o aplicación alguna de la normativa material cuya infracción se denuncia, sino que consciente y deliberadamente rehusó hacerla, al denegar o excluir el nuevo juicio que reconvencionalmente se demandaba a tenor de la misma; y, como se ha visto, se atuvo con tal proceder a las exigencias de la cosa juzgada material derivadas del principio de seguridad jurídica y encarnadas en la máxima non bis in idem, pues las mismas dos acciones ejercitadas reconvencionalmente en este proceso (la res iuducanda en él) habían sido ejercitadas y resueltas en anteriores de que se ha dado cuenta, constituyendo por ello cosa juzgada (res iducata).

Procede en su consecuencia la desestimación de los motivos primero y segundo de casación interpuestos.

Sexto.-Las costas del recurso de casación y de infracción procesal.

Siendo la sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, procede imponer a los recurrentes las costas de la casación e infracción procesal, en aplicación del principio del vencimiento objetivo que rige en la materia conforme al artículo 398.1, en relación con el 394.1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que le ha sido conferida, la Sala ha adoptado el siguiente


FALLO


 
1.º- Desestimar el recurso de casación y por infracción procesal interpuesto por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta, en nombre y representación de los demandados- reconvinientes, doña Candida y don Juan Enrique.

2.º- Declarar no haber lugar a la casación de la sentencia dictada en grado de apelación el 27 de octubre de 2010 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra en autos de juicio ordinario número 685/2008 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz.

3.º-Imponer las costas de esta casación a la parte recurrente.

4.º- Devolver las actuaciones originales a la Sección de la Audiencia Provincial de procedencia con certificación de esta resolución.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta su sentencia, lo pronuncian, mandan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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