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Sentencia A.N. de 9 de febrero de 2012


 RESUMEN:

Protección de datos: Revocación de la sanción impuesta a una discoteca por la instalación de dos cámaras fijas de videlovigilancia instaladas en las fachadas donde están ubicadas las puertas de acceso de una discoteca. Principio de presunción de inocencia. Cámaras fijas orientadas hacia las puertas de acceso del local. La finalidad de la instalación es el control de acceso al local, para evitar la aglomeración de personas y las molestias a los vecinos. Acceso único del encargado del local al sistema de videovigilancia. Sistema que no realiza grabación de imágenes, sino visionado a través de monitor. No se produce infracción del principio de consentimiento. Entorno privado como objeto de la vigilancia. Anulación de la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

Madrid, a nueve de febrero de dos mil doce.

La Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso-administrativo núm. 759/2010, interpuesto por VENIALDIS, SL., representada por la Procuradora D.ª Teresa Castro Rodríguez frente la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 2 de septiembre de 2010 que acuerda INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por el representante de dicha entidad frente a la resolución de la misma AEPD de 28 de mayo de 2010 que impone a dicha entidad dos sanciones por infracción de los artículos 6 y 26.1 de la LOPD. Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración General del Estado, representada por la Abogacía del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la entidad recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2010, acordándose por providencia de 26 de noviembre siguiente su tramitación de conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998, y la reclamación del expediente administrativo.

Segundo.-En el momento procesal oportuno tal parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2011 en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia en la que, estimándose el recurso " se declare la improcedencia de la sanción impuesta en base a las alegaciones vertidas, con expresa imposición de costas a la Administración demandada ".

Tercero.-El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2011 en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando se dictara sentencia en la que se desestimara el recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.

Cuarto.-No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, y no considerándose necesaria la celebración de vista pública, se dio trámite de conclusiones a las partes, trámite que evacuaron por su orden, primero la defensa de la entidad actora y después el Abogado del Estado, mediante escritos en los que concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 8 de febrero de 2012, fecha en la que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente la Ilma. Magistrada doña NIEVES BUISAN GARCIA, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por Venaldis SL la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 2 de septiembre de 2010 que acuerda INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por don Miguel Ángel Labrador, representante de dicha entidad frente a la resolución de la misma AEPD de 28 de mayo de 2010 que acuerda:

Imponer a la entidad Venialdis, por una infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3 d) de dicha norma, una multa de 2.500 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

E imponer a la misma, por una infracción del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2 c) de dicha norma, una multa de 800 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica

Son datos fácticos relevantes para el enjuiciamiento de la controversia, los que se exponen a continuación:

El 29 de febrero de 2008 se presenta escrito ante la AEPD en el que se denuncia que la discoteca Venial dispone de un sistema de videovigilancia consistente en dos cámaras que enfocando a las dos entradas del local, en la Plaza Vicente Iborra n.º 4 y calle Quart n.º 26, no disponen de ningún cartel indicativo de zona videovigilada. Escrito al que se acompañan fotografías.

Efectuada Inspección por los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en dicha discoteca Venial, cuya acta se adjunta al expediente mediante escrito de la Delegación del Gobierno de Valencia de 10/12/2008, consta en la misma lo siguiente:

- La discoteca dispone de dos cámaras fijas de videovigilancia instaladas en las fachadas donde están ubicadas las puertas de acceso al local, orientadas hacia

dichas puertas.

- La finalidad de la instalación del sistema de videovigilancia es el control de acceso al local, para evitar la aglomeración de personas y las molestias a los vecinos.

- El local dispone de carteles informativos de la existencia de zona videovigilada en los accesos a la discoteca, si bien no dispone de modelo informativo según recoge el artículo 3.b) de la Instrucción 1/2006.

- El sistema de videovigilancia ha sido instalado por la empresa de seguridad denominada Electrofenix con autorización de la Dirección General de la Policía número (...).

- La entidad no dispone de documentación acreditativa de haber notificado la instalación de las cámaras de videovigilancia al Ministerio de Interior.

- La única persona que puede acceder al sistema de videovigilancia es el encargado del local.

- El sistema no realiza grabación de imágenes, únicamente visionado a través de un monitor, por lo que no ha sido registrado fichero de grabación de imágenes en el Registro General de Protección de Datos.

Figura en las actuaciones el contrato de arrendamiento de servicios de seguridad, suscrito por el representante de la entidad actora con Electrofenix S.A.L. en fecha 7/3/2003, siendo su objeto el mantenimiento del sistema de seguridad instalado en una discoteca ubicada en la calle Quart n.º 26 de Valencia. Si bien entre los equipos que constan en el mismo, no aparecen dispositivos de videovigilancia.

Electrofenix, mediante escrito de 5/2/2008, informa que la instalación del sistema de videovigilancia en la discoteca VENIAL no ha sido realizada por la misma, cuya actividad se ha limitado a la instalación de un sistema antirrobo y su posterior mantenimiento.

Primero.-Dada la inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición que se aprecia en la resolución de la AEPD de 2 de septiembre de 2010, procedente resulta examinar tal motivo en primer término.

Es el Art. 117. 1 de la Ley 30/1992, en su actual redacción, el que establece el plazo de un mes para la interposición de dicho recurso de reposición. Para fijar el "dies a quo" de dicho cómputo hay que estar al artículo 48.2 de la Ley 30/1992, que dispone que "si el plazo se fija en meses....éstos se computaran a partir del día siguiente o aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate...".

El "dies ad quem" de un plazo establecido por meses, cuyo cómputo se inicia en uno determinado, no culmina en el mismo día del mes siguiente, sino en el inmediato anterior, ya que lo contrario significaría contar dos veces el citado día, es decir, al inicio y al final del cómputo.

En este sentido, es criterio constante y uniforme de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -SSTS 13-2-1999 (Rec. 6624/1996), 9- 10-2001 (Rec. 6902/1997), y 27-3-2003 (Rec. 419/1998) entre otras muchas- que, cuando se trata de un plazo de meses, como era el del Art. 58 de la Ley Jurisdiccional de 1956 y sigue siendo el del Art. 46 de la vigente, el cómputo ha de hacerse según el Art. 5 del Código Civil al que se remite el Art. 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, de fecha a fecha, para lo cual, si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda.

En el caso de autos, la resolución sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos de 28 de mayo de 2010 fue notificada a la entidad recurrente el 11 de junio de 2010, y el recurso de reposición se presentó por la misma ante la AEPD el 12 de julio de 2010, según se desprende del expediente administrativo, por lo que el cómputo inicial de dicho plazo debe fijarse en el siguiente 12 de junio, y considerarse concluido el 11 de julio de 2010, de acuerdo con lo razonado en la resolución recurrida.

Ahora bien, lo que no tiene en cuenta la AEPD en la resolución impugnada, tal y como hace notar la actora en el procedimiento, es el hecho trascendente de que dicho día 11 de julio de 2010, en que vencía el plazo para interponer el recurso de reposición, era domingo, y por ello inhábil a efectos administrativos, tal y como se desprende del artículo 185.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece, taxativamente, que: Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De todo lo cual se concluye que el recurso de reposición no puede considerarse extemporáneo sino, por el contrario, presentado dentro de plazo, por lo que tal motivo de inadmisión ha de decaer.

Tercero.-La consideración del recurso de reposición planteado el 12 de julio (lunes), como temporáneo conlleva que proceda analizar las cuestiones que respecto del fondo se plantean en esta vía contencioso-administrativa.

Así, se imputa en primer término a Venialdis la infracción del artículo 26.1 de la LOPD, según el cual: 1 . Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

La Agencia considera acreditado que Venialdis S.L. tiene instalado un sistema de cámaras de videovigilancia que graba las imágenes de las personas que acceden al establecimiento de dicha entidad y a las que trabajan en él, pues las mismas estaban conectadas con una Central Privada de Alarmas. Por lo que dicha denunciada debió notificar a la Agencia la creación del fichero antes de iniciar la recogida de datos.

Argumentación de la Administración que no puede ser compartida por la Sala, pues ha quedado probado, contrariamente a lo afirmado en dicha Resolución, que las cámaras de videovigilancia instaladas en la discoteca titularidad de la recurrente no estaban conectadas con el sistema de seguridad existente en el mismo local, y que además dichas cámaras no realizaban grabación de imágenes, sino solo visionado, a través de un monitor.

Es aplicable, por tanto, lo preceptuado en el Artículo 7 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de cámaras o videocámaras, cuyo apartado 1 regula la obligación de inscribir los ficheros en el Registro General de la AEPD, pero añadiendo su apartado 2 que: a estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.

De donde se desprende que Venialdis no tenia obligación de notificar previamente a la Agencia Española de Protección de Datos la creación del repetido sistema de videovigilancia y que, por tanto, la infracción del articulo 26 de la LOPD no ha sido cometida por ella.

Cuarto.-Se imputa también a Venialdis SL una infracción grave del artículo 6 de la LOPD basada, esencialmente, en tratar indebidamente imágenes de transeúntes de la vía pública, sin su consentimiento, mediante dos cámaras fijas de videovigilancia instaladas en las fachadas de las puertas de acceso a la discoteca, titularidad de tal recurrente.

Ha de partirse del hecho, no discutido, de que las imágenes captadas por las cámaras son datos de carácter personal conforme al artículo 3.a) de la LOPD y artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, y también de que tales imágenes constituyen, en sí mismas consideradas, un tratamiento de datos en los términos de la LOPD.

La legislación especifica sobre videovigilancia, por otra parte, se contiene fundamentalmente en la Instrucción 1/2006, de la AEPD, que ya en su Exposición de Motivos habla de la necesidad de que el uso y empleo de estos mecanismos de grabación sea proporcionado a la finalidad que se persigue, dejando al margen dos clase de grabaciones: por un lado las de contenido estrictamente doméstico, y de otra parte las que tienen relación con las grabaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y también es cierto que la grabación de imágenes en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1997, aunque no ocurre lo mismo con las cámaras instaladas en los lugares privados, y por ello, a tenor del articulo 4 de la referida Instrucción 1/2006, tales cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. Debiendo evitarse, en todo caso, cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Lo anterior conecta con el principio de proporcionalidad, esencial en la materia del que se desprende que la captación de imágenes destinadas al control de acceso a la discoteca, requiere, para su legitimidad, que no exista posibilidad de instalación alternativa, y que las cámaras se orienten de tal modo que su objeto de vigilancia principal sea el entorno privado, y la captación de imágenes de la vía pública sea la mínima imprescindible.

Quinto.-Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido encontramos que la prueba de trascendencia practicada en autos consiste en la inspección efectuada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en dicha discoteca Venialdis, en la que se extrajeron las siguientes conclusiones relevantes: La discoteca dispone de dos cámaras fijas (no movibles) de videovigilancia orientadas hacia las puertas de acceso al local; La finalidad de su instalación es el control de acceso al local, para evitar la aglomeración de personas y las molestias a los vecinos; La única persona que puede acceder al sistema de videovigilancia es el encargado del local; y el sistema no realiza grabación de imágenes, sino solo visionado a través de un monitor.

Hemos de tomar en consideración, de un lado, que al hallarnos en materia sancionadora, rige plenamente el principio de presunción de inocencia, a cuyo tenor corresponde a la Administración acreditar los hechos constitutivos de la infracción y, de otra parte, que tal y como indica la demanda, y así parece desprenderse del folio 159 del expediente, las imágenes captadas por las repetidas cámaras apenas permitían la identificación de las personas que accedían a la discoteca.

Así pues, del conjunto de los hechos acreditados que se acaban de exponer y conforme al principio de proporcionalidad referido en el fundamento jurídico anterior consideramos que la infracción del principio de consentimiento no puede ser apreciada. Y ello teniendo en cuenta que las repetidas cámaras, de caracter fijo, estaban orientadas de tal modo que su objeto de vigilancia principal era el entorno privado (la entrada al local), que la captación de imágenes de la vía pública era la mínima imprescindible, que dichas cámaras ni siquiera grababan o conservaban las referidas imágenes, y que tales imágenes solo eran vistas por el encargado del local, a fin de controlar el acceso al mismo y evitar las aglomeraciones.

Se desprende de todo lo anterior que la sanción impuesta por infracción del articulo 6.1 LOPD ha de ser revocada, al no haber quedado acreditada en autos la grabación de imágenes de la vía publica por parte de las cámaras instaladas en las dos entradas al local de la entidad actora sin consentimiento de los afectados.

Sexto.-Por aplicación de lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no resulta procedente hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes que han intervenido en este procedimiento.

Vistos los preceptos citados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.


FALLO


 
Que estimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Venialdis SL frente a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 2 de septiembre de 2010, que inadmite por extemporáneo el recurso de reposición, se declara temporáneo el recurso de reposición.

Y estimando el recurso contencioso administrativo asimismo planteado contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 28 de mayo de 2010 que acuerda imponer a dicha entidad dos sanciónes de 2500 euros y 800 euros respectivamente, anulamos dicha resolución, así como de las sanciones, dada su disconformidad a Derecho, sin imponer las costas a ninguna de las partes.

Frente a esta Sentencia no cabe interponer recurso de casación.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

LA SECRETARIA JUDICIAL


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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