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Sentencia T.S. (Sala 3) de 7 de febrero de 2012


 RESUMEN:

Expropiación Forzosa: Justiprecio de la finca. Proyecto DOÑANA 2005. Valoración del suelo como rústico que efectúa el Jurado de Expropiación. Errónea valoración de la prueba documental y pericial. Mayor valor que podía asignarse a la finca por encontrarse en los aledaños de El Rocío, lo que permitía, además de los usos agrícolas propios, su empleo para usos accesorios turísticos o servicios análogos. Los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable protegido con destino agrario y no reúnen las características propias de una dotación local, ninguna infracción se ha producido de los preceptos que se invocan. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de dos mil doce.

Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Julián Caballero Aguado, en nombre y representación de DON Argimiro y DOÑA Bárbara, contra la Sentencia de fecha 10 de julio de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 1293/2005, interpuesto contra el Acuerdo de fecha 12 de abril de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huelva por el que se fija el justiprecio de la finca n.º NUM000, Parcela NUM001, Polígono NUM002, afectada de expropiación por el Proyecto " DOÑANA 2005. ACTUACIÓN N.º 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO", en el término municipal de Almonte (Huelva), así como de 1550 metros lineales de cerramiento y portada de entrada a la finca, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se ha personado como parte recurrida, el Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación procesal de DON Argimiro y DOÑA Bárbara por escrito de 17 de noviembre de 2005, interpuso recurso contencioso-administrativo, contra el Acuerdo de fecha 12 de abril de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huelva por el que se fija el justiprecio de la finca n.º NUM000, Parcela NUM001, Polígono NUM002, afectada de expropiación por el Proyecto "DOÑANA 2005. ACTUACIÓN N.º 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO", en el término municipal de Almonte (Huelva), así como de 1550 metros lineales de cerramiento y portada de entrada a la finca, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tras los trámites pertinentes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo n.º 1293/05 interpuesto por D. Argimiro y D.ª Bárbara, contra el acuerdo impugnado precitado en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin costas. Y a su tiempo con certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo al lugar de procedencia . "

Segundo.-Notificada la Sentencia, por la representación procesal de DON Argimiro y DOÑA Bárbara, se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, preparando recurso de casación contra la misma. Por resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, en fecha 28 de octubre de 2008, la representación procesal de la recurrente presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que hace valer dos motivos de casación al amparo del art. 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción.

En el primer motivo alega la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, en relación con el artículo 12.1.b) del TRLS 76 y artículo 25.1.d) del RP, así como del artículo 27 LSV y la jurisprudencia de esta Sala aplicable a la valoración de los Sistemas Generales y las Dotaciones Locales., por cuanto la sentencia impugnada considera adecuada la valoración del suelo como rústico que efectúa el Jurado de Expropiación, cuando en realidad se trata de un suelo destinado a dotación local antes de la expropiación. Alega la recurrente, que tanto la legislación específica como la jurisprudencia aplicable, determinan que la valoración del suelo destinado a sistemas generales o dotaciones locales, aunque esté clasificado como suelo no urbanizable, debe valorarse como urbanizable por sus expectativas y por su destino.

Denuncia en el segundo motivo, la errónea valoración de la prueba documental y pericial practicada en el presente procedimiento. Considera la recurrente que el Tribunal a quo ha efectuado una valoración contraria a la lógica y a las reglas de la sana crítica de la prueba documental y sobre todo de la pericial practicadas en la instancia, toda vez que no considera dotacional local los terrenos expropiados y no los valora como suelo urbanizable, conforme a los criterios establecidos en el Informe Pericial aportado por la partes a las actuaciones. Manifiesta la recurrente que el terreno expropiado ha sido hasta el levantamiento del acta previa de ocupación un suelo dotacional local de la Aldea del Rocío, puesto que desde el año 1997 ha venido utilizándose como lugar para el acogimiento de la gran aglomeración de personas y la realización de actos relacionados con las celebraciones rocieras que se desarrollan a lo largo del año. Para acreditar tales extremos, la recurrente aportó como prueba documental una serie de contratos de arrendamiento, así como el Informe Pericial elaborado por el arquitecto Sr. Nazario donde se reconocía expresamente que la finca expropiada podía ser considerada como suelo dotacional de carácter local y se proponía una valoración de los terrenos como suelo urbanizable. A pesar de ello, la sentencia de instancia obvió sin motivación alguna las pruebas aportadas por la parte y considera que el suelo expropiado no tiene carácter rotacional, calificándolo como no urbanizable. Por todo ello, estima la recurrente que la sentencia de instancia vulnera el artículo 24 CE, puesto que coloca a la parte en situación de indefensión al desconocerse las razones por las que rechaza las pruebas aportadas, así como los artículos 120,3 CE y 218.2 LEC por carecer de la necesaria motivación. Igualmente considera vulnerado el artículo 348 LEC por inobservancia del principio de la sana crítica en la valoración de las pruebas. Por último, considera que la presunción de acierto de las resoluciones del Jurado de Expropiación Forzosa en que se ampara la sentencia de instancia para determinar la clasificación del suelo, no ha podido ser combatida al no haberse valorado la pericial por el Tribunal de instancia.

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó al Sr. Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, para que formalizara escrito de oposición, en el plazo de treinta días, habiendo evacuado el trámite mediante escrito de 19 de junio de 2009, en el que se opuso al recurso de casación en virtud de los motivos que estimó procedentes y suplicó a la Sala que "... dicte sentencia por la que se inadmita el recurso o, en su defecto, declare no haber lugar a los mismos y se impongan las costas a los recurrentes."

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 1 de febrero de 2012, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del presente recurso de casación lo constituye la Sentencia de fecha 10 de julio de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 1293/2005, interpuesto contra el Acuerdo de fecha 12 de abril de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huelva por el que se fija el justiprecio de la finca n.º NUM000, Parcela NUM001, Polígono NUM002, afectada de expropiación por el Proyecto "DOÑANA 2005. ACTUACIÓN N.º 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO ", en el término municipal de Almonte (Huelva), así como de 1550 metros lineales de cerramiento y portada de entrada a la finca, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Según se recoge en la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huelva, la finca expropiada, de naturaleza rústica y ubicada en el término municipal de Almonte, tiene una superficie afectada de 9,5 Has de labor secano y 1.550 m.l. de cerramiento perimetral.

La expropiada interesó en su hoja de aprecio un justiprecio total de 7.169.566,40 € y la Administración ofreció 108.164,20 €.

El Jurado, utilizando criterios precedentes, tuvo en consideración el mayor valor que podía asignarse a la finca por encontrarse en los aledaños de El Rocío, lo que permitía, además de los usos agrícolas propios, su empleo para usos accesorios turísticos o servicios análogos (aparcamiento de vehículos, espacios recreativos, etc...), si bien negó que estuviera afectada por expectativas de crecimiento urbano en esa zona ya que, en opinión de los miembros del Jurado, ni tal esperanza podría afectar a fincas de la extensión de la que se trataba, ni era pensable un desarrollo urbano en esa concreta parte de los terrenos circundantes. Con estas bases fijó el justiprecio total, incluido el premio de afección en 129.746,95 €, asignando un mayor valor a 2 Has. de terreno de especial consideración por su cercanía a El Rocío.

En el proceso instado por los expropiados, éstos sostuvieron que, tratándose de una dotación local el destino de los terrenos expropiados, tenían la consideración de sistema general y como tal debían ser valorados como suelo urbanizable, remitiéndose a los efectos de valoración al informe que acompañaba su hoja de aprecio, así como que el mayor valor derivado de la proximidad con la aldea de El Rocío debía hacerse extensivo a toda la finca y no solo a las 2 Has contempladas por el Jurado.

La Sala, sobre el planteamiento de la parte, advirtió en la Sentencia que ni el planeamiento urbanístico contiene previsión alguna de que el suelo expropiado hubiera de ser destinado al establecimiento de cualquier dotación pública al servicio del municipio o de algún sector del mismo, ni la documentación aportada por los recurrentes acreditan dicho uso o destino, por lo que concluyó que el suelo expropiado no puede ser considerado como urbanizable ni ser valorado como tal, sin que la circunstancia de que el Jurado de Expropiación haya otorgado un distinto y superior valor a parte de la finca por su cercanía a la aldea de El Rocío, tampoco puede suponer, como pretenden los actores, que ese mayor valor se aplique a la totalidad del terreno expropiado cuando, como viene a indicar el órgano de valoración, dada la extensa superficie expropiada, sólo una parte, la más cercana, puede considerarse que presenta características que justifican un incremento en la determinación del justiprecio.

Consecuente con estos razonamientos, la Sala desestimó el recurso contencioso-administrativo y confirmó la Resolución del Jurado.

Segundo.-Disconforme la parte con la Sentencia hace valer frente a ella dos motivos de casación, ambos por el apartado d) del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional.

La tesis del recurrente gira en torno a la consideración que deben tener los terrenos expropiados a los efectos de su valoración. Dichos terrenos están clasificados como suelo no urbanizable, siendo ésta una cuestión pacífica en el pleito, por lo que en principio su valoración debe hacerse con arreglo a los criterios establecidos en el art. 26 de la Ley 6/1998, del Suelo y Valoraciones (método de comparación y en su defecto método de capitalización de rentas), criterio seguido por el Jurado Provincial de Expropiación de Huelva. Sin embargo, el recurrente sostiene que el destino de estos terrenos es una dotación local al servicio del Municipio de Almonte, al que pertenece la aldea de El Rocío, de suerte que al tratarse de una dotación local su valoración debe realizarse, según conocida doctrina jurisprudencial, como si de suelo urbanizable se tratara, alcanzándose de esta forma unos valores muy superiores, criterio seguido por el perito que intervino en los autos.

Ya dijimos en el anterior fundamento que la Sala de instancia confirma el criterio del Jurado por no considerar acreditado que el suelo expropiado vaya a destinarse a establecer una dotación pública al servicio del municipio o de algún sector del mismo, por lo que no hay razón alguna para que se valore como urbanizable.

La parte, en el segundo de sus motivos de casación ataca la valoración de la prueba pericial y documental realizada por la Sala, considerándola errónea y contraria a la lógica y a las reglas de la sana crítica en tanto que no ha considerado que tengan un destino dotacional local los terrenos expropiados, así como por el hecho de no haberlos valorado como si de suelo urbanizable se tratase. En el caso de que este motivo prosperarse se habría producido la infracción de los preceptos que invoca en el primero de los motivos de casación, según son interpretados por la jurisprudencia respecto de los suelos destinados a dotaciones locales o a sistemas generales urbanísticos.

Se denuncia, en definitiva, con carácter principal la valoración de la prueba -infracción del art. 348 de la LEC - realizada por el Tribunal de instancia, como consecuencia de la existencia de un supuesto juicio arbitrario en el examen de la documental y pericial practicada, a cuyo efecto debe tenerse en cuenta que es doctrina jurisprudencial consolidada (Sentencias de 11 de marzo, 28 de abril, 16 de mayo, 15 de julio, 23 de septiembre y 23 de octubre de 1995, 27 de julio y 30 de diciembre de 1996, 20 de enero y 9 de diciembre de 1997, 24 de enero, 14 de abril, 6 de junio, 19 de septiembre, 31 de octubre, 10 de noviembre y 28 de diciembre de 1998, 30 de enero, 22 de marzo, 18 de mayo y 19 de junio de 1999) que no cabe invocar en casación los preceptos que en la valoración de las pruebas obligan a sujetarse a la sana crítica con el fin de sustituir la del juzgador por la propia, salvo que la misma resulte ilógica o arbitraria, o como señala la sentencia de 18 de abril de 2005, no basta con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable, o conduce a resultados inverosímiles (Ss. 1-3-05, 15-3 05).

El orden del examen de los motivos debe ser, por tanto, el inverso a como son planteados por la parte, pues ningún sentido tiene la invocación de las infracciones del primer motivo si los terrenos expropiados no están destinados a una dotación local al servicio del Municipio de Almonte, pues dicho destino se constituye como presupuesto imprescindible para que unos terrenos clasificados como no urbanizables pueden ser valorados como si de suelo urbanizable se tratara.

Veamos lo que dice la Sentencia sobre estas cuestiones:

"TERCERO.- Inicialmente se hace necesario dar respuesta a la cuestión planteada en la demanda sobre la aplicación del criterio jurisprudencial de que, no obstante la clasificación de un suelo como no urbanizable, si el uso del mismo es el de sistemas generales su valoración, a efectos expropiatorios, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase a fin de cumplir la exigencia de equidistribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento.

Como indica la Sala 3.ª del TS en sentencia de 14-2-2007 : "la jurisprudencia de esta Sala, a título de ejemplo la sentencia de 11 de enero de 2.006 , exige que, cuando se trata de una vía interurbana, como es el caso, la misma ha de estar integrada dentro del término municipal en la red viaria de interés del municipio y como tal clasificada en el Plan de Ordenación del mismo, en cuyo caso ha de aplicarse el criterio de valoración como si de suelo urbanizable se tratara, mas tal calificación ha de excluirse en los demás supuestos en que la finca está clasificada por el planeamiento del municipio en que radica como no urbanizable y en dicho planeamiento no se contempla la construcción de dicho vial como integrado en la red viaria de interés municipal".

Del mismo modo existen numerosos pronunciamientos del Alto Tribunal que indican que a pesar de no estar clasificado de urbanizable el suelo de uso dotacional que esté previsto o debieran haberlo estado en el planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que de lo contrario, al igual que con los sistemas generales, se incumpliría la obligación de equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.

Sobre esta premisa se advierte que ni el planeamiento urbanístico contiene previsión alguna de que el suelo expropiado hubiera de ser destinado al establecimiento de cualquier dotación pública al servicio del municipio o de algún sector del mismo ni la documentación aportada por los recurrentes acreditan dicho uso o destino. Así los contratos de arrendamiento unidos a la hoja de aprecio indican que ocasionalmente, por cortos periodo de tiempo, los actores han arrendado la finca para que sirva de acampada de personas y animales o para la celebración de distintas pruebas ecuestres, uso muy alejado del concepto de dotación local, que el art. 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , a titulo ejemplificativo, reserva para parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, aparcamientos y, en general, los que atienden a la integración y cohesión social en el municipio (art. 9.E). El que, con ocasión de celebraciones esencialmente festivas o, si se quiere, de marcado carácter religioso o social, la finca se utilice para la celebración de pruebas ecuestres o de estacionamiento de vehículos o acampadas de personas, a fin de atender a necesidades coyunturales de aglomeración de personas, no significa que la misma tenga un uso dotacional prestando un servicio permanente o constituyendo un equipamiento en los términos y con el alcance propio de las previsiones del planeamiento urbanístico.

Debe concluirse, por tanto, que el suelo expropiado es no urbanizable y como tal debe ser valorado. La circunstancia de que el Jurado de Expropiación haya otorgado un distinto y superior valor a parte de la finca por su cercanía a la aldea de El Rocío, tampoco puede suponer, como pretenden los actores, que ese mayor valor se aplique a la totalidad del terreno expropiado cuando, como viene a indicar el órgano de valoración, dada la extensa superficie expropiada, sólo una parte, la más cercana, puede considerarse que presenta características que justifican un incremento en la determinación del justiprecio. Este criterio, amparado por la presunción de acierto de que gozan los acuerdos del Jurado de Expropiación, en absoluto ha quedado acreditado que resulte equivocado o erróneo, razón por la cual, a falta de cualquier otro argumento impugnatorio, conlleva la desestimación del recurso contencioso-administrativo."

Como es de ver, la Sala analiza la alegación de la parte sobre la consideración de los terrenos como urbanizables y la rechaza por falta de prueba de que su destino sea una dotación local al servicio del municipio.

Aunque en el desarrollo del motivo se sostenga que esta valoración que acabamos de reproducir es arbitraria y contraria a las reglas de la sana crítica, no deja de reconocer la parte que la clasificación urbanística del suelo expropiado es la de suelo no urbanizable de protección especial, categoría agraria, y que no existe ningún documento administrativo en el que se afirme que dicho suelo tenga la consideración de dotación local.

En realidad, el único sustento de la postura mantenida por la recurrente son las afirmaciones del perito de que se trata de una dotación local por razón de su destino real o efectivo, que no por su calificación formal urbanística. Destino que consiste, según el relato del perito, en acoger ocasionalmente las celebraciones rocieras y servir en determinadas ocasiones para entrenamientos, competiciones ecuestres, acoso y derribo de reses, coleos, correderas, acampadas de carretas, guarda de animales y otras análogas, acompañando como prueba de estas afirmaciones algunos contratos de arrendamientos celebrados para estos fines, circunstancias éstas que en sí mismas no justifican la conclusión que se trata de imponer de que estamos en presencia de una dotación local al servicio del Municipio de Almonte, como acertadamente sostuvo la Sala de instancia.

Sirve también para rechazar la conclusión sostenida por la parte la finalidad perseguida por la propia actuación expropiatoria, que no se precisamente la de contribuir a hacer ciudad o servir a la ciudad, sino proteger el Parque Nacional de Doñana mediante la realización de determinadas obras de regeneración hídrica enmarcadas en el conjunto de actuaciones denominadas "Doñana 2005".

Si los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable protegido con destino agrario y no reúnen las características propias de una dotación local, ninguna infracción se ha producido de los preceptos que se invocan en el primer motivo de casación, pues es correcto el criterio seguido por el Jurado Provincial de Expropiación de Huelva, confirmado en la instancia, de valorar los terrenos con arreglo a su clasificación urbanística.

Rechazados los dos motivos de casación debemos declarar que no ha lugar al recurso de casación.

Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas del recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Abogado del Estado, de la cantidad de 3.000 €.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Julián Caballero Aguado, en nombre y representación de DON Argimiro y DOÑA Bárbara, contra la Sentencia de fecha 10 de julio de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 1293/2005, interpuesto contra el Acuerdo de fecha 12 de abril de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huelva por el que se fija el justiprecio de la finca n.º NUM000, Parcela NUM001, Polígono NUM002, afectada de expropiación por el Proyecto "DOÑANA 2005. ACTUACIÓN N.º 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO", en el término municipal de Almonte (Huelva), así como de 1550 metros lineales de cerramiento y portada de entrada a la finca, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con condena en costas del recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero de esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Carlos Lesmes Serrano, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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