Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de jurisprudencia
          
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia A.N. de 3 de octubre de 2011


 RESUMEN:

IS: Derivación de responsabilidad subsidiaria a persona física del pago de deudas tributarias pendientes y contraídas por una entidad empresarial, en su condición de administrador de la misma, a partir del cese de hecho de las actividades de la sociedad deudora principal. Alcance de la responsabilidad subsidiaria que se extiende al importe de la cuota tributaria y a los intereses de demora, como a la multa tributaria.

Madrid, a tres de octubre de dos mil once.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [ Sección Séptima ] ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 318/2009, interpuesto por D. Evaristo, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª María del Pilar de los Santos Holgado, contra la Resolución adoptada con fecha de 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Sala Tercera, Vocalía Undécima; R. G. NUM001 ], sobre derivación de responsabilidad subsidiaria; habiendo sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado. Cuantía: 640.809,93 Euros.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Con fecha de 09 de abril de 2008, el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria] resolvió declarar a D. Evaristo [N. I. F. núm. NUM000 ] responsable subsidiario del pago de las deudas tributarias pendientes y contraídas por la entidad "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L." [N. I. F. núm. B81681413], en su condición de administrador de la misma [art. 40.1, párrafos primero y segundo, Ley 230/1963], por importe total de 1.181.524,39 Euros, y por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido [Ejercicios 2001/02].

Frente al reseñado Acuerdo de derivación de responsabilidad interpuso el interesado Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central [R. G. NUM001 ], que mediante Resolución de 12 de mayo de 2009 decidió estimarla parcialmente, anulando el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria respecto a la causa del párrafo primero del art. 40.1 de la Ley 230/1963 y confirmando el acuerdo de derivación de responsabilidad respecto de la causa del párrafo segundo del mismo precepto legal, por importe de 640.809,93 Euros.

Segundo.—Con fecha de 06 de julio de 2009, la Procuradora de los Tribunales D.ª María del Pilar de los Santos Holgado, actuando en nombre y representación de D. Evaristo, interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo frente a la expresada Resolución adoptada con fecha de 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Expediente núm. R. G. NUM001 ].

Tercero.—El recurso contencioso-administrativo así planteado fue admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección 7.ª] mediante providencia de 09 de julio de 2009 [Recurso Contencioso-Administrativo núm. 318/2009]. Una vez recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que efectuó mediante escrito presentado con fecha de 16 de octubre de 2009 en el que, tras la exposición de los hechos y de los correspondientes fundamentos de derecho, terminó suplicando que:

"...se dicte sentencia por la que se declare que las devoluciones del IVA soportado por ventas intracomunitarias, realizadas por ASYNET, están ajustadas a derecho, como así lo decidió en su día la Agencia Tributaria, y no procede la anulación de las actas de conformidad dictadas, pues las devoluciones son conformes a derecho y, por ende, no procede la derivación de responsabilidad al administrador único Don Evaristo y, si no se declara ajustadas a derecho las devoluciones de IVA intracomunitario, tampoco sería responsable nuestro mandante, al no darse ninguno de los supuestos en que tal derivación procede y, en cualquiera de los supuestos, sólo por la cantidad de 541.418,46 Euros, nunca por los intereses de demora ni multa, y todo ello con expresa condena en costas..."

Cuarto.—A continuación se dio traslado a la Abogacía del Estado para la contestación a la demanda, lo que realizó mediante escrito presentado con fecha de 24 de noviembre de 2009, en el cual expuso los hechos y sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso, con imposición de las costas a la parte contraria, por considerar que la resolución impugnada es ajustada a derecho.

Quinto.—Mediante auto de 01 de diciembre de 2009 se acordó el recibimiento del proceso a prueba.

Mediante auto de 21 de enero de 2010 se admitió la prueba documental consistente en el expediente administrativo, los documentos adjuntados con la demanda, la resolución adoptada por la Fiscalía de Delitos Económicos en las Diligencias 265/03-CSC y determinados antecedentes obrantes en la Agencia Tributaria [Consultas relacionadas con la mercantil portuguesa Info Regia Informatica, Lda.; actas de devolución de IVA, ejercicio 2001; IVA pendiente de devolución del ejercicio 2003]. Medios de prueba que se cumplimentaron en la forma que consta en el ramo de prueba correspondiente, a excepción de la información relativa a la mercantil Info Regia Informatica, Lda., al no proporcionarse para ello los datos pertinentes.

Mediante providencia de 26 de febrero de 2010 se denegó la documental propuesta por la parte actora, consistente en los expedientes correspondientes a los recursos contencioso-administrativos núm. 313 y 319/2009, de esta Sección, al no haberse accedido a la acumulación de los recursos núm. 318 y 319/2009 al núm. 313/2009, en virtud de auto de 27 de enero de 2010.

Y una vez formalizado por las partes el trámite de conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones mediante diligencia de ordenación de 31 de marzo de 2011. Y mediante providencia de 19 de mayo de 2011 se señaló para votación y fallo el día 29 de septiembre de 2011, fecha en la que tuvo lugar, quedando el recurso jurisdiccional visto para sentencia, de la que ha sido Ponente el Magistrado D. ERNESTO MANGAS GONZALEZ, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Objeto del recurso contencioso-administrativo.

Es objeto de impugnación [art. 25, Ley 29/1998, de 13 de julio] la Resolución adoptada con fecha de 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, por la que estima parcialmente la reclamación económico-administrativa núm. R. G. NUM001, interpuesta por D. Evaristo contra el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria dictado con fecha de 09 de abril de 2008 por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria], con respecto a las deudas tributarias contraídas por la entidad "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", por los conceptos e importe ya mencionados en el primero de los Antecedentes de Hecho de esta sentencia.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, confirmó la responsabilidad subsidiaria del reclamante ex art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley 230/1963, respecto de la deuda contraída por la mencionada sociedad y representada por la liquidación formulada el 21 de octubre de 2005, derivada de Acta NUM002, en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02], por importe de 640.809,93 Euros. Y anuló la derivación de responsabilidad subsidiaria del reclamante ex art. 40.1, párrafo primero, de la Ley 230/1963, respecto de la deuda procedente de la mencionada sociedad y representada por la sanción impuesta mediante acuerdo de la Dependencia Regional de Inspección [Delegación Especial de Madrid, EAT] de 01 de diciembre de 2005 [Refc.ª A23/73656801], derivada de Acta NUM003, en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02], por importe de 540.714,46 Euros. Y ello, por haber sido anulada la sanción, mediante resolución del propio Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de septiembre de 2008 [R. G. NUM004 ].

Segundo.—Antecedentes relacionados con el objeto del recurso contencioso-administrativo.

1. Procedimiento de comprobación y liquidación incoado a la deudora principal. Su impugnación en vía económico-administrativa y judicial.

Con fecha de 06 de marzo de 2002 se comunicó a "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L." el inicio de actividades inspectoras.

Con fecha de 14 de octubre de 2002 se incoó acta de conformidad A01 NUM005, en concepto de IVA [Ejercicio 2001], en la que tras la advertencia de que la Inspección se había limitado a comprobar la deducibilidad de las cuotas del IVA soportado, así como la concordancia de los datos declarados con los derivados de los libros registro, se proponía la devolución de 59.935,19 Euros [cuota, 54.452,74 Euros; intereses de demora, 942,45 Euros].

Con fecha de 14 de octubre de 2002 se incoó acta de conformidad A01 NUM006, en concepto de IVA [Ejercicio 2002, períodos de enero y febrero], en la que establecía que la devolución solicitada por el obligado tributario en sus declaraciones había sido pagada el 06 de junio de 2002, y que al no ser deducibles 78,92 Euros, resultaba una deuda a ingresar de 80,83 Euros [cuota, 78,92; intereses de demora, 1,91].

Sin embargo, las propuestas de liquidación formalizadas en las actas de conformidad fueron dejadas sin efecto mediante resoluciones del Inspector Jefe Adjunto de 18 de octubre de 2002 [art. 62, RGIT ], debido a que "en la documentación que obra en el expediente no queda suficientemente acreditado el destino de las mercancías que aparentemente se envían a Portugal".

Reanudadas las actuaciones inspectoras, con fecha de 08 de marzo de 2004 se emite informe en el que se precia la concurrencia de indicios de que los hechos circunstanciados en el expediente podrían ser constitutivos de delito, por lo que se procede a su remisión a la jurisdicción competente. Mediante oficio de 24 de enero de 2005, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Sección de Delitos Económicos], comunicando que había procedido al archivo de la denuncia respecto de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", al no considerarse los hechos denunciados constitutivos de infracción penal, por los motivos expuestos en el oficio. Por lo que la Inspección prosiguió las actuaciones de comprobación.

Con fecha de 19 de mayo de 2005, la Inspección de Hacienda del Estado incoó a "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L." acta de disconformidad A02 NUM007, en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02], formulando propuesta de liquidación por importe de 640.809,93 Euros [cuota, 541.418,46 Euros; intereses de demora, 99.391,47 Euros]. La deuda tributaria devengada en tal concepto es la correspondiente a los meses de mayo a noviembre de 2001, y a enero y febrero de 2002. Y el fundamento de su regularización es, según lo consignado en acta, el siguiente:

"De todo lo expuesto se desprende que el contribuyente está relacionado, tanto por el lado de las compras como por el de las ventas, con entidades implicadas en una red de fraude carrusel dentro del sector informático, siendo su única actividad la de colaborar en dicha red, sin que exista una efectiva realización de actividad empresarial alguna. Por tanto, entendemos que existe simulación en la actividad declarada por el sujeto pasivo y, en consecuencia, no procede la deducción de cuotas soportada alguna, ya que no se destina a la realización de una actividad empresarial, resultando el ingreso de las devoluciones que indebidamente se le han efectuado en cada uno de los períodos autoliquidados. Del mismo modo, procede l ingreso de las cuotas repercutidas por facturas emitidas a destinatarios situados en territorio de aplicación del impuesto."

Con fecha de 21 de octubre de 2005, la Dependencia Regional de Inspección [Delegación Especial de Madrid, AEAT] dictó acto administrativo de liquidación tributaria a cargo de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", confirmando la propuesta realizada en acta A02 NUM007.

Frente al referido acto administrativo de liquidación tributaria interpuso la interesada reclamación económico-administrativa, que fue desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Central mediante resolución de 22 de noviembre de 2006 [R. G. NUM008; R. S. NUM009 ], que vino a ser confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo [Sección Sexta] de la Audiencia Nacional mediante sentencia de 07 de noviembre de 2008, al desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 16/2007, interpuesto por "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L." Mediante auto de 25 de junio de 2009, la Sala de lo Contencioso-Administrativo [Sección Primera] del Tribunal Supremo procedió a la inadmisión del recurso de casación núm. 6528/2008 interpuesto por la mencionada sociedad frente a la referida sentencia de 07 de noviembre de 2008, d en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02 ], declarando firme la misma. Mediante diligencia de ordenación de 23 de septiembre de 2009, se hubo por presentado escrito y documentos adjuntos de formalización de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente al mencionado auto de 25 de junio de 2009.

2. Expediente sancionador.

En el expediente sancionador núm. NUM010, incoado por la Inspección del Hacienda del Estado en virtud de las actuaciones de comprobación realizadas a "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", recayó acuerdo de imposición de sanción, dictado por la Dependencia Regional de Inspección [Delegación Especial de Madrid, EAT] con fecha de 01 de diciembre de 2005 [Refc.ª A23/73656801], por importe de 540.714,46 Euros. La sanción fue anulada mediante resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de septiembre de 2008 [R. G. NUM004 ].

3. Expediente ejecutivo de apremio contra la deudora principal.

Con fecha de 18 de octubre de 2006, la Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, AEAT] dictó providencia de apremio a cargo de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", para la recaudación forzosa de la deuda representada por la liquidación NUM002, por importe de 768.971,92 Euros [principal pendiente, 640.809,93 Euros; recargo de apremio, 128.161,99 Euros]. Instruido el correspondiente ejecutivo, con fecha de 17 de enero de 2008, la Dependencia Regional de Recaudación declaró fallida a la sociedad obligada al pago [art. 76, Ley 58/2003 ].

4. Expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria.

Con fecha de 18 de enero de 2008, la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, AEAT] inició expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria frente al administrador de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", que concluyó mediante resolución del Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria], de 09 de abril de 2008, por la que se declara a D. Evaristo [N. I. F. núm. NUM000 ] responsable subsidiario del pago de las deudas tributarias pendientes y contraídas por la entidad "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", en su condición de administrador de la misma [art. 40.1, párrafos primero y segundo, Ley 230/1963], por importe total de 1.181.524,39 Euros, y por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido [Ejercicios 2001/02].Mediante resolución de 12 de mayo de 2009, el Tribunal Económico-Administrativo Central estimó parcialmente la reclamación económico-administrativa núm. R. G. NUM001, interpuesta por D. Evaristo contra el mencionado acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria, anulando la derivación de responsabilidad subsidiaria del reclamante ex art. 40.1, párrafo primero, de la Ley 230/1963, y confirmando la derivación de responsabilidad ex art. 40.1, párrafo segundo, de la misma Ley.

Con fecha de 21 de enero de 2008, y en función del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria seguido a D. Evaristo, la Delegación Especial de Madrid, de la AEAT, dictó " Acuerdo de adopción de medidas cautelares ", en aplicación del art. 81.3 b) de la Ley 58/2003, hasta cubrir el importe de 768.791,92 Euros, correspondiente a la liquidación NUM002 [IVA, Actas de Inspección 2001/2002], más los intereses y costas que, en su caso, se devenguen en el procedimiento de apremio que proceda contra el responsable. En consecuencia, se acordó el embargo preventivo de un bien inmueble del obligado tributario [Resolución de 24 de enero de 2008]. Frente al acuerdo de adopción de medidas cautelares, el embargo preventivo y la prórroga del plazo de aplicación de las medidas cautelares [Resolución de 16 de junio de 2008], el interesado interpuso distintas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que tras su acumulación [R. G. NUM011, NUM012 y NUM013 ] procedió a su estimación parcial mediante resolución de 12 de mayo de 2009, confirmando los actos administrativos de medidas cautelares, prórroga y embargo preventivo, pero reduciendo el importe de la deuda a 640.809,93 Euros. La expresada resolución de 12 de mayo de 2009 ha sido confirmada por sentencia de esta Sala y Sección de 07 de febrero de 2011 [Recurso contencioso-administrativo núm. 313/2009 ].

Mediante sentencia de esta Sala y Sección de 14 de febrero de 2011 se desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 319/2009, interpuesto por D. Evaristo frente a resolución del el Tribunal Económico-Administrativo Central, de 28 de abril de 2009, a su vez desestimatoria de la reclamación económico-administrativa R. G. NUM014, en relación con la petición de suspensión deducida en la reclamación económico-administrativa formulada contra providencia de apremio librada por la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, AEAT] para la exacción de liquidación NUM015 [IVA, Actas de Inspección 2001/02, 768.971,92 Euros], Procedente del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria.

Tercero.—Planteamientodel recurso contencioso-administrativo.

1. La pretensión procesal deducida en la demanda [art. 31, Ley 29/1998 ] es: A) Que se declare que las devoluciones del IVA soportado por ventas intracomunitarias, realizadas por ASYNET, están ajustadas a derecho y no procede la anulación de las actas de conformidad dictadas, y que, por ende, no procede la derivación de responsabilidad al administrador único D. Evaristo. B) Que si no se declaran ajustadas a derecho las devoluciones de IVA intracomunitario, tampoco sería responsable el administrador de la deudora principal, al no darse ninguno de los supuestos en que tal derivación de responsabilidad procede. C) Que, en cualquiera de los supuestos, el alcance de la responsabilidad subsidiaria se extendería al importe de la cuota tributaria [541.418,46 Euros], pero no a los intereses de demora ni a la multa.

Y los motivos de impugnación en que dicha pretensión se sustenta [art. 56, idem], tal y como se exponen en la demanda, son los siguientes:

"A.- Con relación al administrador único, Sr. Evaristo, por su fecha de nombramiento."

Sostiene la parte demandante que el administrador de la deudora principal no puede ser responsable de la totalidad de la liquidación derivada del acta A02 NUM007 en concepto de IVA correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2001, en cuanto que el nombramiento de aquel fue inscrito posteriormente, el 21 de enero de 2002 [arts. 9 y 11.3 del Reglamento del Registro Mercantil ].

Asimismo, sostiene que no son susceptibles de derivación al responsable subsidiario los intereses de demora de dicha liquidación, conforme al art. 43.3 de la Ley General Tributaria, modificada por la Ley 36/2006.

"B.- Con relación a la actuación del administrador único, Sr. Evaristo." Sostiene la parte demandante:

_ Que no se puede imputar el cese de la actividad como causa o motivo de la derivación de responsabilidad, pues hay que estudiarlo en su conjunto y dadas las circunstancias de cada caso. Que en este caso, el cese de la actividad devenía obligado en un ordenado comerciante ["...un correcto administrador, que da de baja ante la falta de actividad, y esta falta de actividad se debe concretamente a la actuación de la Agencia Tributaria..."]. Que dado el carácter unipersonal de la sociedad, la solicitud de concurso no habría ampliado las garantías del acreedor único, la Agencia Tributaria.

_ Que la deudora principal no tiene trabajadores. Que "no puede considerarse, dadas las circunstancias del caso, que la ausencia de personal presume la defraudación, al menos en este caso".

_ Que no constan declaradas a la Agencia Tributaria operaciones con proveedores o terceros. Que ello es consecuencia de la baja en la actividad económica. Que sí queda acreditada la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004/05/06.

_ Que no es cierto que la sociedad sea insolvente, "sino que está pendiente de la devolución, por parte de la Agencia Tributaria, de 160.797,36 Euros, cuantía que podía y debería de haber sido embargada, y obviamente descontada, de la derivación de responsabilidad".

_ Que "el Sr. Evaristo es administrador en el momento en que, en 2004, se da de baja en la actividad, por los motivos anteriormente mencionados. Pero no para defraudar. Sino por la imposibilidad de continuar el negocio con pérdidas y por la edad". Que "la posible responsabilidad (...) es siempre objetiva, no depende del administrador. La pérdida de beneficios al no poder recuperar el IVA, y la edad, son factores que acontecen sin que nada tenga que ver la voluntad del administrador (...) Las conclusiones a las que se llega en la recurrida en el fundamento tercero sobre la responsabilidad subjetiva del administrador, al actuar con negligencia y no formular la liquidación o disolución de la sociedad ante la reclamación de devolución del IVA devuelto, no tiene ningún sentido, cuando está acreditado que la sociedad es unipersonal, que el Sr. Evaristo es el único socio y además el administrador único, que no tiene ningún acreedor ni cuentas pendientes con nadie".

"C.- En cuanto a la exención del IVA en las ventas intracomunitarias."

Dice la parte demandante que esa circunstancia "se declara en la propia resolución que se impugna, luego nada que objetar en cuanto a la exención, y la prueba evidente de ello es que la Agencia Tributaria, en actas de conformidad, devolvió los 11 meses de 2001 y los de enero y febrero de 2002".

"D.- En cuanto a la simulación."

Tras señalar que "...la apreciación de la simulación deberá de hacerse siempre con criterio restrictivo, puesto que, en la duda, el acto jurídico debe de estimarse verdadero", hace valer la parte demandante las razones expuestas por la Fiscalía al archivar las diligencias instruidas en relación con la deuda derivada.

"E.- En cuanto a la revisión de la liquidación por el responsable subsidiario."

Defiende la parte demandante la posibilidad de impugnar la liquidación de que dimana la responsabilidad subsidiaria, señalando al respecto que "de la documentación obrante en el expediente y de la que se acompaña, se deduce que las ventas se han efectuado a entidades portuguesas (facturas) y se han pagado (transferencias), de donde se infiere que procede la devolución del IVA soportado". Y considera que no procede la imposición de sanción ni de recargos al responsable subsidiario [art. 37, Ley General Tributaria ].

En el trámite de conclusiones, alega la parte demandante que, "en cuanto a la cuantía de la derivación de responsabilidad (...) de la cantidad a que tras la resolución del TEAC ha quedado reducida la derivación de responsabilidad, "se tendría que descontar las devoluciones de IVA pendientes de realizar por parte de la Agencia Tributaria, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2003, por importe de 160.797,36 Euros..." Reitera que " no era administrador de la sociedad cuando se producen los hechos que determinaron la devolución de los IVAs devueltos", de forma que "de proceder la derivación de responsabilidad, lo sería desde que, frente a terceros, es administrador único", con lo cual, "la responsabilidad abarcaría solamente a 9 días del mes de enero y febrero de 2002, lo que representaría 12.228,00 Euros de enero y 82.432,34 Euros de febrero de 2002..." Por último, "en cuanto a la inexistencia de la deuda por parte de Asynet", aduce la posibilidad de revisar la liquidación, por entender que "el obligado por derivación de responsabilidad debe disponer de los mismos medios de defensa que dispuso la sociedad, pudiendo en consecuencia impugnar tanto la liquidación como la declaración de responsabilidad". Para ello, tras reproducir parcialmente el fundamento jurídico tercero de la sentencia dictada por esta Sala [Sección Sexta] con fecha de 07 de noviembre de 2008 [Recurso núm. 16/2007 ], apunta que "el juzgador no vio las facturas de compra de productos con IVA (...) ni las facturas de venta", por lo que "la misma Audiencia tiene la oportunidad de rectificar en este proceso", a cuyo efecto hace valer las consideraciones hechas por la Fiscalía del TSJ de Madrid, al archivar las Diligencias núm. 265/2003.

2. La parte demandada se opone al recurso jurisdiccional interpuesto. Tras referirse al "Objeto del recurso y pretensiones del recurrente", expone los siguientes motivos de oposición:

2.1. "De la responsabilidad subsidiaria de los administradores de las personas jurídicas: artículo 40 LGT."

En función del marco normativo establecido por la Ley 230/1963 [arts. 37 y 40.1] y por el Reglamento General de Recaudación [Real Decreto 1684/1990; art. 14 ], se refiere la parte demandada a los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria definida en el mencionado art. 40.1, párrafo segundo:

"La cesación de hecho de actividad de la persona jurídica, teniendo la misma obligaciones tributarias pendientes. La condición de administrador al tiempo del cese, extendiéndose la responsabilidad a las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas, exceptuadas las sanciones."

2.2. "Objeto del recurso y procedencia de la derivación de responsabilidad subsidiaria."

Tras apuntar que el objeto del recurso consiste en dilucidar si procede la derivación de responsabilidad por cese de la actividad social existiendo deudas tributarias pendientes, en relación con el recurrente, administrador único de la sociedad en el momento del cese de la actividad, rechaza la parte demandada las alegaciones de la demanda, por considera:

_ Que la responsabilidad subsidiaria surge, no por la gestión en el momento del devengo de cuotas tributarias impagadas, sino por la actuación consistente en provocar el cese de la actividad de la sociedad sin su disolución y liquidación, por lo que el administrador en ese momento es el responsable.

_ Que el cese en la actividad, sin haberse disuelto ni liquidado la sociedad, existiendo deudas a la Hacienda Pública pendientes, conocidas por el recurrente, dio lugar al supuesto de responsabilidad del art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley General Tributaria, en la medida que como consecuencia de dicha conducta la Hacienda Pública no pudo ejercitar las prerrogativas que la ley le atribuye para el cobro de las deudas pendientes, viniendo obligado al pago de las mismas el responsable de dicha situación, conforme al referido precepto legal.

_ Que existiendo un pronunciamiento jurisdiccional firme sobre la legalidad de la liquidación tributaria objeto de derivación, no es posible modificar dicho pronunciamiento.

_ Que la extensión de la responsabilidad tributaria a los intereses de demora viene determinada por lo establecido en los arts. 40.1 y 58 de la Ley General Tributaria.

Cuarto.—Sobre los motivos de la demanda.

1. A través del presente recurso jurisdiccional, se pretende la revocación del acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria dictado por la Administración Tributaria a cargo del particular demandante, al objeto de solventar las deudas tributarias pendientes al tiempo de producirse el cese de la actividad de la compañía mercantil de la que aquel era entonces administrador único.

Pretensión que se deduce, sustancialmente, por tres motivos, bien porque las deudas objeto de derivación son improcedentes ["...que se declare que las devoluciones del IVA soportado por ventas intracomunitarias, realizadas por ASYNET, están ajustadas a derecho, como así lo decidió en su día la Agencia Tributaria, y no procede la anulación de las actas de conformidad dictadas,..."], bien porque no se dan los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria del administrador ["...al no darse ninguno de los supuestos en que tal derivación procede"], o bien porque el alcance de la responsabilidad subsidiaria es menos importante que el establecido en vía administrativa ["...sólo por la cantidad de 541.418,46 Euros, nunca por los intereses de demora ni multa"].

2. El primero de los motivos de impugnación en que se articula la pretensión impugnatoria [improcedencia de las deudas objeto de derivación].

La deuda tributaria atribuida al demandante en concepto de responsabilidad subsidiaria mediante resolución del Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación [Delegación Especial de Madrid, AEAT] de 09 de abril de 2008, procede de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", y está representada por la liquidación NUM002 [IVA, Actas de inspección 2001/02], por importe de 640.809,93 Euros [Cuota, 541.418,46 Euros; intereses de demora, 99.391,47 Euros]. Deuda que quedó determinada mediante acto administrativo de liquidación tributaria de 21 de octubre de 2005 [A23/ NUM007 ], confirmatorio de acta de disconformidad A02 NUM007, que a su vez se fundamentaba en la existencia de simulación en la actividad declarada por parte de "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L.", con el objetivo de deducirse las cuotas de IVA soportadas en sus adquisiciones de bienes, habiendo obtenido como resultado de cuya actuación, la devolución indebida del IVA declarado en las autoliquidaciones de los meses de mayo a noviembre de 2001 y de enero y febrero de 2002.

Partiendo de la posibilidad de cuestionar, por parte del declarado responsable subsidiario, las deudas objeto de derivación, defiende la parte demandante el derecho de la deudora principal a la devolución del IVA soportado en las operaciones objeto de investigación dentro del procedimiento que concluyó mediante elacto administrativo de liquidación tributaria de 21 de octubre de 2005 que vino a confirmar la propuesta realizada en acta A02 NUM007 [ IVA, Ejercicios 2001/02, por importe de 640.809,93 Euros]. Para ello, sostiene "la exención del IVA en las ventas intracomunitarias", la validez de las actas de conformidad inicialmente incoadas en el procedimiento de comprobación, la inexistencia de la simulación que sirviera de fundamento a la regularización operada mediante dicho acto administrativo de liquidación tributaria, y la improcedencia de la imposición de sanción ni de recargos al responsable subsidiario.

Sucede, sin embargo, que la deuda tributaria objeto de derivación, en concepto de responsabilidad subsidiaria, ha quedado reducida a la cuota tributaria y a los intereses de demora, al haber excluido el TEAC del alcance de la responsabilidad subsidiari a el importe de la sanción impuesta a la deudora principal en relación con la regularización expuesta. Y sucede también que la procedencia de la deuda derivada [cuota e intereses de demora] ha sido establecida en vía económico- administrativa y contencioso-administrativa, mediante sentencia judicial firme. Lo que impide propugnar, a través de la impugnación del acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria, la invalidez de la liquidación tributaria efectuada a la deudora principal. Pues mediante sentencia de 07 de noviembre de 2008, esta Sala [Sección Sexta ] confirmó la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de noviembre de 2006, que había desestimado la reclamación económico- administrativa planteada por la deudora principal frente a la liquidación girada a su cargo en concepto de IVA [ejercicios de 2001/02]. Sentencia que ha ganado firmeza tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la misma y que, por tanto, determina la existencia de cosa juzgada. Es de aplicar al respecto el parecer expresado por esta Sala y Sección en sentencia de 29 de octubre de 2004 [Recurso núm. 7/601/2003 ], en cuyo FJ Cuarto se decía:

"A la vista de lo dispuesto en el artículo 222.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede afirmarse que las sentencias dictadas en los procesos anteriormente referenciados, tienen el efecto de cosa juzgada en el presente recurso, aun cuando las partes actoras, sean distintas de las intervinientes en aquellos. En los párrafos indicados del artículo 222, se establece que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicten y a sus herederos y, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley. Y, lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismo o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. En el presente recurso, el actor es el mismo, aun cuando lo haga en nombre y propio y no en representación de (...), como lo hizo en el recurso seguido ante la Sección Sexta de esta Sala y cuya sentencia se ha dictado y se entiende que produce los efectos de cosa juzgada en el presente recurso, por lo que seguidamente se dirá. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 párrafo segundo de la L.E.C., el artículo 37, en relación con el 40.1 de la L.G.T., atribuye al hoy recurrente la titularidad de la relación jurídica y del objeto litigioso de este recurso, con la declaración de responsables subsidiarios de las deudas contraídas por la empresa de la que era administrador, motivo por el cual se entienden que están comprendidos en el número 3 del artículo 222 en relación con el artículo 10 de la misma Ley. Por ello, no debe entrarse a discutir sobre la validez y, demás circunstancias, relacionadas con las actas levantadas por el IVA de los ejercicios 1992, 1993 y 1994, quedando como objeto de este recurso las alegaciones contenidas en la demanda, que se refieran a las actas sobre el Impuesto sobre Sociedades."

3. El segundo de los motivos de impugnación en que se articula la pretensión impugnatoria [Falta de concurrencia de los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria].

3.1. Alega la parte demandante que, "de proceder la derivación de responsabilidad, lo sería desde que, frente a terceros, es administrador único", en función de la fecha de toma de razón en el Registro Mercantil del nombramiento del administrador de la deudora principal. Y rechaza el cese de la actividad de ésta como causa de la responsabilidad subsidiaria del administrador, por considerar que ese cese "devenía obligado en un ordenado comerciante", y que no se produjo para defraudar a la Hacienda Pública, sino por la imposibilidad de continuar el negocio con pérdidas y por la edad del propio administrador. También rechaza que la deudora principal fuera insolvente, en función de la devolución tributaria que tenía pendiente. Y resta relevancia a la inexistencia de liquidación y disolución de la sociedad, "cuando está acreditado que la sociedad es unipersonal, que el Sr. Evaristo es el único socio y además el administrador único, que no tiene ningún acreedor ni cuentas pendientes con nadie".

3.2. El artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 10/85, de 26 de abril, regulaba la responsabilidad subsidiaria de los administradores de las personas jurídicas, en los términos siguientes: "1.- Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizasen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas..." .

3.3. La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2008 [recurso de casación para unificación de doctrina núm. 40/2004 ] aborda en su fundamento jurídico cuarto la evolución de la responsabilidad de los administradores, señalando:

"Procede, por ello, determinar la doctrina que resulta procedente, para lo que resulta conveniente, ante todo, recordar la evolución de la responsabilidad de los administradore s en el Derecho Tributario. Dicha responsabilidad aparece en la reforma de la Ley General Tributaria operada por la Ley 60/1969, de 30 de Junio, pues la redacción inicial del art. 40 sólo preveía la responsabilidad subsidiaria de los liquidadores, e interventores y síndicos de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, respecto de las obligaciones pendientes al producirse estas situaciones cuando por negligencia o mala fé no realizasen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta reforma vino a introducir la responsabilidad subsidiaria de los administradores pero limitada entonces a las infracciones simples, de omisión y de defraudación cometidas por las personas jurídicas, siempre que por mala fé o negligencia graves no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consistiesen el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptasen acuerdos que hicieran posible la comisión de tales infracciones.

Posteriormente, la Ley 10/1985, de 26 de Abril, amplió la responsabilidad, al establecer el nuevo art. 40 que "serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consistieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible la comisión de tales infracciones", agregando en el párrafo segundo que "asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que han cesado en sus actividades, los administradores de las mismas".

Las modificaciones fueron importantes porque se extiende la responsabilidad a la totalidad de la deuda, en los supuestos de infracción grave, se suprime la exigencia de mala fe o negligencia grave en ese caso e introduce un nuevo supuesto de responsabilidad relativo al cese en la actividad existiendo obligaciones tributarias pendientes.

Este nuevo supuesto de responsabilidad vino a dar respuesta a la práctica del cese de hecho en sus actividadesde una persona jurídica carente de patrimonio sin haber satisfecho, en la forma debida, sus débitos fiscales pendientes de pago, adelantándose así la norma tributaria a la que luego haría la Ley de Sociedades Anónimas en 1989 , cuyo Texto Refundido viene a establecer, en relación con los administradores de tales sociedades, una nueva hipótesis de responsabilidad para los casos en que aquéllos no procedan a promover la disolución de las mismas en los términos previstos en el art. 262. Dicha previsión legislativa sería adoptada asimismo después por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 en su art. 105 .

De esta forma se llega a la nueva Ley General Tributaria de 2003 , pues la reforma de la Ley 29/1995 no abordó la cuestión relativa a la responsabilidad de los administradores, en cuanto modifica sólo algunos aspectos de la institución del responsable al excluir de forma expresa del ámbito de la responsabilidad a las sanciones (art. 37.3 ) y reconocer el art. 37.4 la exigencia de audiencia previa al presunto responsable.

Entre las novedades de la nueva Ley General Tributaria, cabe destacarla inclusión, junto a los administradores que lo sean en virtud del correspondiente nombramiento, a los denominados de hecho, y la necesidad para la exigencia de responsabilidad en los supuestos de cese en la actividad de una concreta conducta obstativa para el pago de las deudas tributarias, al quedar limitada a los supuestos que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago."

Ya en el fundamento jurídico quinto, la sentencia anotada establece la interpretación del art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley 230/1963, redacción ex Ley 10/1985, en los términos siguientes:

"Esta Sala no ha tenido ocasión de pronunciarse de forma directa sobre si los términos en que se expresaba el párrafo segundo del art. 40.1 de la Ley General Tributaria implicaba la admisibilidad de una responsabilidad objetiva de los administradores en los supuestos de cese en la actividad con independencia de cuál hubiera sido su comportamiento, si existían obligaciones tributarias pendientes a cargo de la sociedad, o si, por el contrario, la responsabilidad en estos casos sólo podía exigirse cuando el administrador de la sociedad que cesaba en sus actividades había incurrido en una falta de diligencia.

En la actualidad, no hay duda que la nueva Ley General Tributaria remarca la idea de que para exigir la responsabilidad del administrador en estos casos se precisa de una concreta conducta obstativa para el pago de las deudas tributarias.

Esta misma interpretación debe mantenerse también a juicio de la Sala, durante la vigencia de la Ley de 1963, no obstante la expresión "en todo caso" que utilizaba el precepto discutido y ello por las siguiente razones:

En primer lugar porque de mantenerse que el art. 40.1, párrafo 2 consagraba una responsabilidad objetiva o sin culpa ello supondría la quiebra de un principio básico en las sociedades mercantiles, que es el de la separación de responsabilidad patrimonial entre las sociedades mercantiles y sus socios o administradores, pudiendo ser muchos los supuestos en que la sociedad cesa en el ejercicio de sus actividades y el administrador no puede hacer nada por mantener el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquélla.

En segundo lugar, porque si el legislador hubiera querido introducir un tipo de responsable subsidiario sin ningún elemento que recogiese la violación de un deber así lo hubiera establecido de forma expresa, máxime teniendo en cuenta los diferentes supuestos anterior y posterior de responsabilidad contemplados en el art. 40.1 párrafo primero y 40.2 , que exigían un determinado comportamiento culposo de los administradores.

En tercer lugar, porque habría una contradicción entre la expresión "en todo caso" y el término "asimismo" con el que comienza el párrafo segundo, pudiendo ser aquélla interpretada no en el sentido de que establece una responsabilidad sin atender al elemento subjetivo, sino por contraposición al párrafo primero, que exige la existencia de una infracción cometida por la entidad.

En cuarto lugar, porque otra interpretación supondría separarse de la regulación mercantil, que fue la que ha seguido siempre la Ley General Tributaria, si bien en este caso la reforma de 1985 se anticipó a la normativa general.

Por todo ello, ha de concluirse quela responsabilidad del administrador no puede entenderse en los supuestos de cese en la actividad de la entidad de forma objetiva,ya que dicha responsabilidad no puede derivar sólo de la existencia de unas deudas tributarias, sino que la misma tiene su fundamento en la conducta al menos negligente del administrador que omite la diligencia precisa para poner a la sociedad en condición de cumplir las obligaciones tributarias pendientes y, en su caso, llevar a efecto la disolución y liquidación de la sociedad, haciéndose partícipe con la sociedad del incumplimiento de la obligación tributaria, debiendo predicarse la negligencia no respecto del cumplimiento de las obligaciones en el momento en que éstas surgen sino respecto de la conducta posterior."

3.4. La aplicación del marco jurídico expuesto al caso controvertido.

3.4.1. En el caso enjuiciado, la derivación de responsabilidad subsidiaria a cargo del demandante se ha producido a partir del cese de hecho de las actividades de la sociedad deudora principal. A tal efecto, se indica en el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria que:

"Examinados los datos obrantes en el expediente, se advierte que desde el ejercicio 2004, la entidad Asynet Sistemas Integrados Telemáticos S. L.: No ha desarrollado ninguna de las actividades que integran su objeto social. Se dio de baja en fecha 31 de diciembre de 2004 en el epígrafe número 845 del Impuesto sobre Actividades Económicas, por fin de actividad, sin que con posterioridad conste que se haya dada de alta en ningún epígrafe del IAE. Presenta solo declaración por el Impuesto sobre Sociedades con resultado de 0 Euros. Con respecto a dichas declaraciones, significar que el importe neto de la cifra de negocios declarado es de 1.675 Euros en el ejercicio 2004 y de 0 Euros en 22005 y 2006. La entidad no tiene trabajadores, como lo demuestra el hecho de que desde el año 2004no presenta el Modelo 190 de retenciones del trabajo personal, ni tampoco declara gastos de personal en el Impuesto sobre Sociedades. Si a ello se añade que, desde el ejercicio 2004, no constan declaradas a la Administración Tributaria operaciones con terceros, clientes o proveedores, cabe concluir que la situación de paralización es indefinida e irreversible. En definitiva, en la entidad Asynet Sistemas Integrados Telemáticos S. L., concurren suficientes circunstancias para considerar que desde el ejercicio 2004 ha cesado en la actividad, ya que, sin haberse extinguido jurídicamente, ha desaparecido el soporte personal y patrimonial de la misma, quedando en una situación de total abandono a falta de la preceptiva liquidación. Por otra parte, y a pesar del cese de hecho en el ejercicio de su actividad al menos desde el ejercicio 2004, en el Registro Mercantil no consta que se haya procedido a la disolución y liquidación ordenada de la sociedad, tal y como exige el artículo 104 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada."

Lo cual permite considerar acertada la subsunción en el art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley General Tributaria, de dicha situación de hecho, hecha en el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria originariamente impugnado.

3.4.2. En tal situación, es asimismo perceptible la concurrencia del elemento subjetivo requerido por la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente anotada, para la derivación de responsabilidad tributaria a los administradores de la sociedad deudora [ "... la responsabilidad del administrador no puede entenderse en los supuestos de cese en la actividad de la entidad de forma objetiva, ya que dicha responsabilidad no puede derivar sólo de la existencia de unas deudas tributarias, sino que la misma tiene su fundamento en la conducta al menos negligente del administrador que omite la diligencia precisa para poner a la sociedad en condición de cumplir las obligaciones tributarias pendientes y, en su caso, llevar a efecto la disolución y liquidación de la sociedad, haciéndose partícipe con la sociedad del incumplimiento de la obligación tributaria, debiendo predicarse la negligencia no respecto del cumplimiento de las obligaciones en el momento en que éstas surgen sino respecto de la conducta posterior." ].

Pues, como se indica en el acto administrativo de derivación de responsabilidad originariamente impugnado:

"...La sociedad Asynet Sistemas Integrados Telemáticos, S. L., ha venido siendo administrada desde el día 17 de julio de 2001 por un administrador único, D. Evaristo. Por tanto, al tiempo de producirse el cese efectivo de las operaciones de la mercantil Asynet Sistemas Integrados Telemáticos, S. L., ostentaba la condición de administrador único D. Evaristo (...) la conducta reprochable al administrador consiste en el conocimiento por su parte de la existencia de una serie de deudas pendientes con la Hacienda Pública, sin que [se] adopten las medidas necesarias para que, una vez que la sociedad cesa en el ejercicio de su actividad de manera definitiva, aseguren los derechos de los acreedores sociales, entre los que se encuentra, naturalmente, la Hacienda Pública. En este sentido, en la conducta observada por D. Evaristo se advierte la presencia de un elemento subjetivo susceptible de calificarse, por lo menos, de culpa in vigilando, en los términos en los que dicha conducta viene descrita en el artículo 1903 del Código Civil (...) Es decir, lo que el ordenamiento jurídico no acepta es que una sociedad en crisis se mantenga indefinidamente en dicha situación (...) Por ello, la diligencia exigible al administrador de una sociedad que se encuentra en dicha coyuntura se concreta en dos líneas de actuación: a) O bien, promover la disolución de la entidad en los términos expuestos: b) O bien, promover un procedimiento concursal para que, de este modo, se respeten los derechos de los acreedores para hacer efectivo su crédito con el patrimonio que en ese momento configura el activo de la sociedad. De los hechos que figuran probados en el expediente, se desprende que D. Evaristo no adoptó ninguna decisión al respecto, sino que se limitó a consentir la paralización de la empresa y el abandono de la actividad que desarrollaba sin advertir a terceros ni liquidar las deudas pendientes."

Las objeciones que en la demanda se ponen a propósito de la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad subsidiaria no tienen fundamento. Pues el procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria se inició tras la declaración de falencia de la deudora principal, luego de sustanciarse el oportuno procedimiento de recaudación forzosa y de constatarse la inexistencia de bienes o derechos con los que hacer frente al pago de las deudas pendientes, sin que tenga consistencia la circunstancia aducida en la demanda para mostrar la solvencia de aquella, al no acreditarse la existencia de bienes o derechos susceptibles de embargo. Por otra parte, por disposición legal, la responsabilidad subsidiaria se extiende a las deudas pendientes a cargo de la deudora principal, al tiempo de producirse el cese de su actividad, que en este caso abarcan tanto las devengadas en el ejercicio 2001 como las devengadas en el ejercicio 2002. Lo que resta relevancia a la circunstancia de que el nombramiento del administrador accediera al Registro Mercantil una vez iniciado el ejercicio 2002. Y más allá de las concretas circunstancias que hubieran contribuido al cese de la actividad -entre las que no es dable incluir la exigencia, a la sociedad administrada por el demandante, de las deudas objeto de derivación, al tratarse de una deudas cuya legalidad ha sido declarada por sentencia firme-, lo decisivo es el incumplimiento, por parte de aquel, de las obligaciones que le correspondían en tal situación [disolución y liquidación de la sociedad, promoción del procedimiento concursal], limitando con ello los derechos de los acreedores, tal y como puso de manifiesto el TEAC en su resolución ["porque impide que entren en juego otras responsabilidades (...), como la subsidiaria de los administradores ex artículo 40.2 de la Ley General Tributaria, o la que establece el artículo 89.4 de la propia ley..."].

4. El tercero de los motivos de impugnación en que se articula la pretensión impugnatoria [alcance de la responsabilidad subsidiaria].

4.1. Sostiene la parte actora que no son susceptibles de derivación al responsable subsidiario los intereses de demora de la liquidación girada a la deudora principal, conforme al art. 43.3 de la Ley General Tributaria, modificada por la Ley 36/2006. Considera que no procede la imposición de sanción ni de recargos al responsable subsidiario [art. 37, Ley General Tributaria ]. Y, en el trámite de conclusiones, alega que, "en cuanto a la cuantía de la derivación de responsabilidad (...) de la cantidad a que tras la resolución del TEAC ha quedado reducida la derivación de responsabilidad, "se tendría que descontar las devoluciones de IVA pendientes de realizar por parte de la Agencia Tributaria, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2003, por importe de 160.797,36 Euros..."

4.2. Sin embargo, la derivación al responsable subsidiario de la deuda representada por los intereses de demora devengados por el principal liquidado a la deudora principal en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02] es de todo punto ajustada a derecho.

En efecto, en el acta de disconformidad A02 NUM007, en concepto de IVA [Ejercicios 2001/02], incoada con fecha de 19 de mayo de 2005 a "ASYNET SISTEMAS INTEGRADOS TELEMÁTICOS, S. L." se propuso la integración de la deuda tributaria con los intereses de demora devengados por las devoluciones indebidamente obtenidas, desde las correspondientes fechas de devolución hasta el 05 de julio de 2005, en aplicación del art. 26 de la Ley 58/2003. En el acto administrativo de liquidación tributaria subsiguiente al acta de disconformidad, se confirmó la propuesta contenida en acta, señalando que:

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 y 87.2 de la LGT y en el artículo 69 del RGIT, procede la liquidación de intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día 05/07/2005. Los intereses por las devoluciones indebidamente obtenidas se han calculado desde las fechas de devolución que se indican (no a partir del fin plazo reglamentario de ingreso) hasta 05/07/2005..."

Pues bien, habiéndose acreditado la concurrencia de los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria establecidos en el art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley General Tributaria aplicable al supuesto controvertido, ello determina la extensión de dicha responsabilidad a los intereses de demora devengados por la cuota tributaria exigida a la deudora principal en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido [Ejercicios 2001/02], en los términos señalados en el acto administrativo originariamente impugnado. Y ello es así porque el artículo 40.1, párrafo segundo, de la Ley 230/1963, establecía con carácter específico para la derivación de responsabilidad subsidiaria a los administradores de las personas jurídicas, que "serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas", y el artículo 58 de la misma Ley disponía que "también formarán parte de la deuda tributaria: (...) c) El interés de demora..."

4.3. Como ya se ha dicho, la sanción impuesta a la deudora principal y representada por la liquidación NUM003 [IVA, 01/02, 540.714,46 Euros] fue anulada por el Tribunal Económico-Administrativo Ventral mediante resolución de 10 de septiembre de 2008[R. G. NUM004 ]. Y por esa razón, al resolver la reclamación económico-administrativa interpuesta frente al acto de derivación de responsabilidad subsidiaria, anuló este respecto de la causa del párrafo primero del art. 40.1, de la Ley 230/1963, dejando reducida cuya responsabilidad subsidiaria a la cuota y a los intereses de demora.

4.4. Por último, conforme al art. 41.1 de la Ley General Tributaria aplicable al caso, la responsabilidad subsidiaria establecida en el mismo alcanza a las deudas tributarias pendientes de las sociedades que hayan cesado en sus actividades. Las deudas pendientes de la sociedad de la que el demandante era administrador, y que han sido derivadas al mismo, fueron determinadas en el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria atendiendo a la liquidación girada previamente a la deudora principal, que como queda dicho fue impugnada por ésta y confirmada en vía económico-administrativa y judicial, sin que quepa modificar, por tanto, el alcance de cuya responsabilidad por la pendencia de unas eventuales devoluciones que, como se desprende de la documentación incorporada al expediente correspondiente a la reclamación económico-administrativa [oficio de la Administración de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, dirigido a la deudora principal; pág. 67], no constituyen un derecho perfeccionado por el obligado tributario ["Para efectuar las devoluciones (...) se les notificó con fecha 13 de octubre de 2004 que debería presentar aval bancario que cubriera el importe de dichas devoluciones. Hasta la fecha no consta la presentación de aval"].

Quinto.—Sobre la resolución del recurso contencioso-administrativo planteado, costas procesales y régimen de recursos.

1. Las consideraciones expuestas permiten subsumir el supuesto enjuiciado en el art. 40.1, párrafo segundo, de la Ley 230/1963, General Tributaria, al encontrarse acreditados en el expediente los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria en él establecidos, y no haber sido desvirtuadas en la demanda las razones determinantes de la derivación de responsabilidad, extendiéndose cuya responsabilidad al pago de la deuda contraída por la sociedad de la que el demandante era administrador único al producirse el cese de su actividad, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido [Ejercicios 2001/02], por importe de 640.809,93 Euros [cuota más interese de demora].

En consecuencia, procede la desestimación del recurso jurisdiccional planteado, al ser ajustada a derecho la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central inmediatamente impugnada.

2. Y ello, sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse la concurrencia de las circunstancias establecidas al efecto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

3. La sentencia que ahora se pronuncia noes susceptible de recurso de casación. Porque aunque la cuantía del proceso se fijó mediante auto de 01 de diciembre de 2009 en 640.809,93 Euros, dicha cantidad es la deuda tributaria objeto de derivación de responsabilidad subsidiaria, integrada por cuota [541.418,43 Euros] e intereses de demora [99.391,47 Euros], resultando cuya cuota de la agregación de las cuotas devengadas durante los períodos de mayo a noviembre de 1991, y de enero y febrero de 2002, siendo así que ninguna de las cuotas correspondientes a los indicados períodos, aisladamente consideradas, supera el límite establecido para acceder al recurso de casación [art. 86.2.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, modificado por el art. decimocuarto, apartado treinta y dos, de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre]. Y así lo estableció la Sala de lo Contencioso-Administrativo [Sección Primera] del Tribunal Supremo mediante auto de 25 de junio de 2009 [Recurso de Casación núm. 6528/2008 ], al inadmitir el recurso de casación interpuesto por la deudora principal frente a la liquidación del IVA de que se trata [Doc. 4 de la demanda].

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
1. Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal D. Evaristo contra la Resolución adoptada con fecha de 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Sala Tercera, Vocalía Undécima; R. G. NUM001 ]. Y, en consecuencia, confirmamos la mencionada Resolución, como ajustada a Derecho.

2. Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

3. Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, haciendo constar que contra la mismano puede prepararse recurso de casación, por razón de la cuantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado por el art. decimocuarto, apartado treinta y dos, de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
Checkpoint Connect
eCustomer Lexnova.es
 
Acceso a través de Internet a información jurídica relacionada con el Derecho