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Sentencia T.S.J. Cataluña 6/2012 de 16 de enero


 RESUMEN:

Herencias: Derecho a la detracción de la cuarta falcidia por parte de la recurrente en la parte que le corresponde en la herencia de su padre. Legados: Reducciones en la parte correspondiente a la falcidia. El causante no dispuso en su último testamento válido la prohibición de detraer la cuarta falcidia en la forma exigida.

Sala Civil y Penal

Recurso de casación núm. 104/2011

Sentencia núm. 6

Presidente:

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gimeno Jubero

Magistrados:

Ilma. Sra. D.ª Núria Bassols Muntada

Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio

En Barcelona, a 16 de enero de 2012

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación el cuatro de abril de dos mil once por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona (rollo núm. 222/10), dimanante del juicio ordinario (núm. 1990/08) seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarragona. D.ª Florencia, representada por el procurador de los Tribunales Sr. D. Ángel Ramón Fabregat Ornaque y defendida por el letrado Sr. D. Raimon Llevadot González, ha interpuesto el mencionado recurso. Ha comparecido en nombre y representación de la recurrente en el presente rollo para sostenerlo el procurador de los Tribunales Sr. D. Ángel Quemada Cuatrecasas. También han comparecido en el rollo de esta Sala, en este caso para oponerse al mismo, D. Carlos Antonio y D. Adriano, que lo hicieron bajo la representación única del procurador del los Tribunales Sr. D. Javier Manjarín Albert, habiendo sido defendidos conjuntamente por los letrados Sres. D. Marius Miró i Gili y D.ª Silvia Valverde Martínez.


Antecedentes de hecho


 
Primero.-En 26 de noviembre de 2008 el procurador de los tribunales Sr. D. Ángel Ramón Fabregat Ornaque, en representación de D.ª Florencia, interpuso una demanda de juicio ordinario contra los hermanos de ésta, D. Carlos Antonio y D. Adriano, solicitando, en primer lugar, que fuera declarada la condición de la actora como legitimaria en la sucesión mortis causa del padre común, Adriano y, en consecuencia, que fuera declarado su derecho a percibir una doceava parte del valor que a la fecha de la muerte del causante tuvieran los bienes integrantes del caudal relicto, estimado en 286.889,78 euros; en segundo lugar, que, a la vista de la falta de bienes libres bastantes en el caudal relicto para alcanzar dicho valor, fueran condenados los demandados a cubrir la diferencia, estimada en 246.231,33 euros, con la consiguiente reducción de los legados que habían recibido del testador, salvo que optasen por pagarla en dinero; y en tercer lugar, que fuera declarado el derecho de la actora, como heredera testamentaria del citado causante, a percibir en concepto de cuarta falcidia la cantidad de 215.167,34 euros o " aquella altra quantitat que resulti del conjunt de la prova practicada en aquest procediment ", en detrimento del valor de los legados recibidos por los demandados.

Por su parte, los demandados, reconociendo a la actora su condición de legitimaria, no obstante ello, se opusieron en tiempo y forma a la estimación de la demanda, tanto por lo que se refiere al valor atribuido a su porción legitimaria, como por lo que respecta a la reducción de sus legados por razón de su eventual derecho a la cuarta falcidia, al mantener que aquéllos les habían sido otorgados por el causante con el carácter de "irreducibles".

El conocimiento de la causa correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarragona, que, tras los trámites oportunos, dictó una sentencia en diez de febrero de dos mil diez con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO:

Que estimado parcialmente la demanda deducida por el Procurador Don Ángel Ramón Fabregat Ornaque, en nombre y representación de DOÑA Florencia, DEBO DECLARAR Y DECLARO que la actora, en su condición de legitimaria en la sucesión de su padre Don Adriano, tiene derecho a percibir en concepto de legítima individual la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (238.495,96 €). En su consecuencia y sin perjuicio de los bienes de la herencia que pertenecen directamente a la demandante, por valor de 42.707,53 euros, equivalente a un tercio del importe de saldos bancarios, valores y ajuar y no siendo éstos suficientes para cubrir la legítima que le corresponde, DEBO CONDENAR Y CONDENO a DON Adriano y a DON Carlos Antonio a abonar a la actora el valor que falta para completar su legítima y que asciende a CINTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (195.788,43 €). Este pago se realizará, a elección de los codemandados, en dinero o en bienes de la herencia y en la parte en que los bienes de la herencia no puedan cubrir la citada suma, habrán de reducirse los legados en la proporción al valor de los mismos, siendo a DON Carlos Antonio le corresponde (sic) el 66,38% del valor de los bienes legados y el 33,62% a DON Adriano, a no ser que opten por pagar el complemento de legítima en dinero, pago que se habrá de distribuir entre los codemandados en la proporción indicada al valor de sus correspondientes legados. En caso de que los codemandados no opten por pagar en dinero o valores, la condena a la reducción de los legados implicará también la condena a que se adjudiquen a la actora la parte indivisa correspondiente a cada uno de los inmuebles legados a los codemandados.

No ha lugar a reconocer a favor de la demandante la parte del caudal que reclama en concepto de falcidia.

No ha lugar a verificar especial pronunciamiento en materia de costas."

Segundo.-Frente a la indicada sentencia, la actora interpuso un recurso de apelación, solicitando su revocación e insistiendo en la estimación de la demanda, a lo que se opusieron los codemandados, correspondiendo su conocimiento a la Sección 1.ª de la Audiencia provincial de Tarragona (rollo núm. 222/10), que, previo los trámites legales, dictó una sentencia en fecha cuatro de abril de dos mil once, en el siguiente sentido:

"Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D.ª Florencia contra la Sentencia de fecha 10 de febrero de 2010 dictada en el procedimiento ordinario n.º 1990/2008 del Juzgado de Primera Instancia Cuatro de Tarragona , que confirmamos integrante con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte apelante".

Tercero.-Contra la referida sentencia de apelación, la representación procesal de la actora y apelante preparó e interpuso en tiempo y forma un recurso de casación alegando la infracción de los arts. 274.1 y 2, 231.1, 110 y 278.1 CS, teniendo en cuenta la doctrina resultante de la STS 1.ª de 22 de abril de 1978 y de la STSJC 36/2010, de 23 de septiembre, recurso que fue admitido a trámite por razón de la cuantía del asunto, señalándose día y hora para su votación, tras lo cual quedó visto para sentencia.

Ha sido designado ponente el Ilmo. Magistrado de esta Sala Sr. D. Carlos Ramos Rubio, que expresa el parecer del tribunal.


Fundamentos de derecho


 
Primero. Los hechos que deben tenerse en cuenta para la resolución de este motivo y que se contienen en la sentencia recurrida, sin perjuicio de su integración con las precisiones que se han considerado necesarias para la adecuada resolución del recurso de casación, obtenidas tanto de la sentencia de primera instancia que aquélla confirma, como del simple análisis de los materiales contemplados por el tribunal de apelación (SSTSJ Cataluña 14/2003 de 12 may., 44/2003 de 1 dic., 24/2006 de 19 jun., 29/2006 de 10 jul., 4/2007 de 12 mar., 28/2008 de 15 jul. y 2/2012 de 5 ene.; SSTS 1.ª 277/2006 de 24 mar., 1025/2006 de 17 oct., 617/2007 de 24 may. y 136/2008 de 19 feb.), son los siguientes:

Adriano falleció el 28 de diciembre de 2007, habiendo dejado dispuesta válidamente su última voluntad en un testamento notarial otorgado el 17 de julio de 2007, por el cual se consideró revocado uno anterior de fecha 5 de noviembre de 2004.

En el último testamento válido (2007), el causante dispuso prelegar, por un lado, a su hijo D. Adriano un inmueble sito en la calle Penedés de Tarragona y la parte indivisa correspondiente al testador en otro sito en la calle La Nao, asimismo de Tarragona, y por el otro, a su también hijo D. Carlos Antonio, un inmueble sito en la plaza de la Font de la misma ciudad, en ambos casos con la facultad de tomar posesión de los bienes legados por sí solos.

En dicho testamento y a renglón seguido de las cláusulas en las que se disponían los prelegados, el causante dispuso instituir herederos universales " en remanente de todos sus demás bienes por parte iguales " a los citados D. Adriano y D. Carlos Antonio (los codemandados), así como a la actora y recurrente, D.ª Florencia, hija también del causante y, al igual que los anteriores, de Ana María.

Ana María había fallecido con anterioridad, en 28 de febrero de 1998, bajo un último testamento notarial válido otorgado el 22 de marzo de 1990, en el que se había limitado a instituir herederos por partes iguales a sus tres hijos, D. Adriano, D. Carlos Antonio y D.ª Florencia, ninguno de los cuales había aceptado todavía la correspondiente herencia a la fecha de inicio del presente procedimiento.

D.ª Florencia, en vida de su madre, recibió de ella cierta cantidad de dinero procedente de la venta de unas acciones, así como una vivienda sita en el barrio de Sarriá de Barcelona, articulándose en este caso la entrega como si de una venta se tratara, aunque, al parecer, por precio inferior al de mercado.

En su testamento de 5 de noviembre de 2004, revocado por el último (2007), el causante había dispuesto los mismos prelegados y en las mismas condiciones a favor de sus dos hijos varones (D. Adriano y D. Carlos Antonio), pero entonces había prevenido instituir herederos universales solo a éstos y no legarle nada a su hija (la recurrente) " por haber recibido en vida del testador más de lo que pueda corresponder por legítima paterna ".

El motivo de esta disposición testamentaria discriminatoria se encontraba en la negativa de la recurrente -a diferencia de su hijo D. Carlos Antonio - a renunciar a la parte que le correspondía por herencia de su madre en la parte indivisa propiedad de ésta en la vivienda de la calle La Nao de Tarragona, en la medida que con ello se obstaculizaba la pretensión del causante de que dicho inmueble pasase íntegramente a la propiedad de su hijo D. Adriano, lo que produjo un distanciamiento de las relaciones familiares del causante y la recurrente.

De todas formas, a mediados del año 2007 el causante y su hija (la recurrente) se reconciliaron, de manera que, aun sin haberse producido la renuncia pretendida hasta entonces, no obstante ello el causante modificó sus disposiciones testamentarias otorgando el instrumento notarial de 17 de julio de 2007.

La sentencia de primera instancia ha establecido de manera indiscutible que el caudal relicto en la herencia del causante, tras las correspondientes deducciones, tiene un valor de 2.861.951,49 euros, de los que 2.739.575,00 euros corresponden a los inmuebles prelegados a los codemandados. De éstos, el valor de los atribuidos a D. Carlos Antonio suponen el 66,38%, y el de los asignados a D. Adriano, el 33,62%. La porción correspondiente a la legítima de la actora ha sido valorada en 238.495,96 euros, lo que supone que el total de las correspondientes a los tres hermanos importa unos 715.487,88 euros.

Segundo. 1. Resuelta en primera instancia de manera definitiva la cuestión de la legítima de la actora -si bien los demandados anunciaron un recurso de apelación, finalmente desistieron de él-, la sentencia recurrida se limitó a decidir sobre la cuarta falcidia (cuota hereditaria mínima) en el sentido de confirmar el pronunciamiento y -" en parte "- los razonamientos de la sentencia apelada, es decir, por entender que el testador había prohibido tácitamente la retención de dicha cuarta y la reducción de los prelegados, conforme a lo admitido por los art. 274.2 y 278.2 "in fine" CS.

La Audiencia Provincial llegó a dicha conclusión -con cita de nuestra STSJC 36/2010, de 23 de septiembre - después de afirmar que, sobre la base de nuestro derecho histórico, no era necesario que la prohibición de detraer la cuarta falcidia hubiera de realizarse de manera expresa, mediante " una fórmula ritual o sacramental " o " una cláusula de estilo ", pudiendo hacerse de manera tácita, con tal de que fuera posible deducirla de " expresiones de significación excluyente e indiscutible ". No obstante -con cita de numerosas resoluciones del TS y de nuestra STSJC 20/2009, de 25 de mayo-, consideró necesario en este caso interpretar la concreta disposición testamentaria del causante a fin de extraer su verdadera voluntad, acudiendo para ello " incluso a circunstancias exteriores al testamento ".

Con este confuso bagaje argumental y refrendando el criterio que previamente había expresado el Juzgador de primera instancia, la Audiencia provincial entendió que en el presente caso existieron " actos tácitos " (sic) del testador de los que cabía entender de manera inequívoca que, al redactar el testamento como lo hizo, quiso excluir la facultad de reducir los legados y, en consecuencia, la posibilidad de detraer la cuarta falcidia.

En este sentido, aunque dio la razón a la actora -frente a la sentencia de primera instancia- en cuanto a que la concesión a los prelegatarios de la facultad de tomar posesión por sí solos de los prelegados no implicaba, sin más, la exclusión de la cuarta falcidia, concluyó que dicha disposición unida a " otros hechos también indiciarios de la real voluntad del testador ", apreciados por el Juzgador de primera instancia, sí conducían a dicho pronunciamiento. Cabe advertir que éste también había fundado su decisión contraria a la pretensión de la actora en la utilización en el testamento, a continuación de las cláusulas de los prelegados, de la expresión " en el remanente de todos sus demás bienes " a la hora de instituir herederos a los tres hijos por partes iguales. Sobre este particular, la sentencia de apelación no se pronunció expresamente, pero cabe entender que lo suscribió cuando -además de elogiar el razonamiento de la de primera instancia- concluyó que " los legados dispuestos por el testador permiten presuponer un cierto trato de privilegio o preferencia a los legatarios, dejando en una posición menos favorable a la instituida heredera, con derecho únicamente a la percepción de la legítima " (FD5).

2. De todas formas, apoyándose en la valoración de la prueba contenida en la sentencia apelada y echando mano de la prueba de presunciones, el tribunal a quo entendió que el elemento hermenéutico esencial para conocer, en este caso, la verdadera voluntad del testador había que buscarlo en los diferentes sucesos familiares que precedieron al otorgamiento del último testamento válido (2007) del causante, desde la fecha del fallecimiento de la madre común, que consideró probados en virtud de diversa prueba testifical y documental.

En efecto, el Juzgador de instancia tuvo por acreditado en virtud de diversos medios de prueba " extrínsecos " testificales y documentales -" incluso testamentos anteriores "- que la voluntad del causante y de su difunta esposa (Ana María) había sido la de tratar el patrimonio de ambos " como un todo " y " dejar a sus tres hijos bienes por valor equivalente,... sin tener en consideración si los bienes procedían del patrimonio paterno o materno ". Así las cosas, teniendo en cuenta que la recurrente ya habría recibido en vida de sus padres todo el patrimonio que éstos pensaban atribuirle (el precio de unas acciones y una casa en el barrio de Sarriá de Barcelona, que, al parecer, habría adquirido de su madre por precio inferior al real), quedando pendiente de adjudicar a uno de los hijos (Adriano) la casa de la calle La Nao de Tarragona, propiedad indivisa del causante y de su cónyuge previamente fallecida, y al otro (Carlos Antonio), la de la plaza de la Font también de Tarragona, como quiera que la madre falleciera en 1998 bajo un testamento otorgado en el año 1990 en el que se limitó a instituir herederos a sus hijos por partes iguales, esta disposición testamentaria -que el Juzgador inicial consideró, implícitamente, debida a un descuido- comprometió los planes de distribución de los bienes en la forma proyectada en cuanto a la casa de la calle La Nao. Por esta razón, el causante, ya viudo, se esforzó por convencer a sus hijos D. Carlos Antonio y D.ª Ana María (la recurrente) para que renunciaran en favor de su tercer hijo, D. Adriano, a sus derechos hereditarios sobre la mitad indivisa de dicho inmueble en la herencia de la madre, a lo que se avino D. Carlos Antonio pero no D.ª Ana María. Es precisamente en la contrariedad que le supuso la negativa de ésta donde sitúa el Juzgador de primera instancia -con el beneplácito de la Audiencia Provincial- la razón por la que el causante no dejó bien alguno a la recurrente en su penúltimo testamento (2004), limitándose a hacer constar entonces que ya había recibido en vida todo lo que por legítima le correspondía.

Sin embargo, a renglón seguido, el Juzgador de primera instancia admitió que, " años después ", padre e hija se reconciliaron sin que ésta hubiera renunciado a su porción en la herencia de la madre y que, por ello, aquél otorgó un último testamento (2007) en el que, según se dice en sentencia de primera instancia, " simplemente se excluía la desheredación de Florencia, peromanteniendola voluntad de atribución de los legados ya señalados en el testamento de 5 de noviembre de 2004 " (FD3), considerando la de apelación que " no resulta convincente que, tras su último testamento y tras la superación de las desavenencias familiares con su hija, el Sr. Adriano quisiera concederle algo más que lo que le correspondería como mera legítima en perjuicio de los legados que instituyó a favor de sus hijos ".

Es a la luz de estos "acontecimientos" que el Juzgador de instancia -y con él, la Audiencia Provincial- consideró que debía ser interpretado el último testamento válido del causante, de manera que el reconocimiento de la facultad de tomar posesión por sí mismos de los legados y el hecho, posterior -lo que se juzga asimismo significativo-, de que los tres hijos fueran instituidos herederos por partes iguales " en el remanente de todos los demás bienes ", debía considerarse que constituían una " expresión inequívoca que, más allá de una cláusula notarial de estilo, apunta a la específica voluntad de beneficiar a los hijos con la atribución de [la] titularidad sin reducciones de los inmuebles concretos objeto de prelegado ", y, por tanto, " la voluntad del causante de excluir la cuarta falcidia ".

Tercero. 1. Frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, la actora preparó e interpuso un recurso de casación fundado en cuatro motivos, en los que - en resumen- alega lo que sigue:

El primero, por infracción del art. 274.1 y 2 CS, por entender que, con base en la doctrina (ROCA SASTRE), en la jurisprudencia del TS (STS 1.ª 22 abr. 1978) y en la de este TSJC (STSJC 36/2010 de 23 sep.), " para que pueda apreciarse la existencia de una voluntad tácita del testador de prohibir la detracción de la falcidia, es preciso que resulte claramente -es decir, de forma incontrovertible y no por meras conjeturas- dicha voluntad... de expresiones contenidas en el testamento, de significación concluyente e indiscutible ", sin acudir, por tanto, a hechos extratestamentarios.

El segundo por infracción del art. 231.1 CS, referido a la forma en que debe ser establecida, para resultar eficaz, la prohibición testamentaria -o en el heredamiento- de detraer la cuarta trebeliánica dirigida al fiduciario, cuya norma, más precisa en cuanto a la necesidad de que sea mediante expresiones de significación concluyente e inequívoca utilizadas en el propio instrumento testamentario, es aplicable por analogía (art. 4.1 C.C.) a la cuarta falcidia, según resulta de nuestra STSJC 36/2010.

Por infracción del art. 110 CS, en la medida en que las cláusulas del testamento del causante no dan a entender por sí solas y en su literalidad nada de lo que la sentencia recurrida ha deducido acudiendo a los acontecimientos familiares y a un testamento anterior del mismo causante, sobre todo si al hacerlo así, por un lado, se ha desconocido la significación de la reconciliación entre el causante y la recurrente, que supuso que se pasara de " una práctica desheredación " a reconocerle sus derechos legitimarios y a instituirla heredera a partes iguales con sus hermanos -lo que la recurrente atribuye a que el causante finalmente entendió que su pretensión de que renunciara a sus derechos en la herencia de su madre " no estaba justificada "-; y por otro lado, se ha olvidado de que el testamento fue otorgado ante un Notario que, si la voluntad del testador hubiera sido la de prohibir la falcidia, hubiera debido advertirle de la fórmula correcta, teniendo en cuenta que " no se puede presumir que el testador hubiere deseado lo que no que no ha dicho " (STEDH 13 ju. 2004, caso Pla y Puncernau c. Andorra).

Por infracción del art. 278.1 CS, en la medida en que, con base en una interpretación del testamento como la combatida mediante los anteriores motivos, no se ha permitido a la actora reducir proporcionalmente a su valor los legados dispuestos en el testamento en detrimento de la cuota hereditaria mínima, teniendo en cuenta que dichos legados no pueden considerarse irreducibles ni por ley ni por voluntad del testador (art. 278.2 CS).

2. Es cierto que el recurso contiene un quinto y último motivo, que -como objeta la representación de los codemandados- no puede considerarse como tal, puesto que se limita -con práctica viciosa más frecuente de lo deseable- a sintetizar una supuesta infracción de "doctrina jurisprudencial", representada por la que resulta de la STS 1.ª de 22 de abril de 1978 y de la STSJC 36/2010, de 23 de septiembre, olvidando que, conforme al art. 477.1 y 3 LEC, la jurisprudencia no constituye motivo del recurso, sino presupuesto habilitante de su admisibilidad (STSJ Navarra 10/2006 de 17 may. -FJ5-), por lo que no puede alegarse separadamente de los preceptos legales a que aquella se refiera. De todas formas -como también pone de manifiesto la parte contraria-, este motivo no constituye si no un resumen o recordatorio de los anteriores, si bien su mayor utilidad estriba en que contiene al final la siempre deseable concreción de la pretensión económica de la recurrente.

Pues bien, a la vista de la evidente interrelación de los cuatro motivos del recurso, se considera necesario resolverlos acumuladamente, integrándolos en uno solo, conforme a lo que viene siendo comúnmente admitido en casación (por todas, las SSTSJC 1/2007 de 12 feb. y 16/2011 de 31 mar.).

Cuarto. 1. Por lo que se refiere a la interpretación de la voluntad del testador y como recordamos en nuestra STSJC 36/2010 -con cita de otras resoluciones de esta Sala-, en general, será preciso indagar cuál sea la que realmente le movió al tiempo de otorgar el testamento, para lo que, si bien en una primera aproximación habrá que atender a las concretas palabras utilizadas, sobre todo cuando hubieren intervenido profesionales (notarios, abogados), conforme a lo que prescribe el art. 110.1 CS, no será necesario sujetarse al sentido literal de las mismas, de manera que, a tal fin, cuando no exista una limitación legal -y ello es importante, por lo que se refiere al presente recurso-, es lícito acudir a " elementos extrínsecos ", siempre " con las debidas precauciones " y sin olvidar que, conforme a lo que resulta de la tradición jurídica catalana de raíz justinianea (D. 34,5,24) y a lo que prescribe el art. 110.3 CS (hoy el art. 421-6.3 C.C.Cat.), en los casos de duda la interpretación deberá hacerse en sentido favorable al favorecido por la disposición testamentaria, o como recuerda el TEDH (STEDH 13 ju. 2004, caso Pla y Puncernau c. Andorra, ap. 62), buscando el " efecto útil ".

Y en cuanto a la revisión de la interpretación de la voluntad del testador, venimos manteniendo -al igual que el TS- que, en principio, es función soberana de los tribunales de instancia, de manera que el motivo que la impugne sólo podrá tener acceso a casación de forma excepcional, es decir, si la interpretación del tribunal a quo puede calificarse de arbitraria, de ilógica, de claramente errónea o de desorbitada, o, simplemente, de contraria a la ley (vid. STS 1.ª núm. 547/2009 de 28 jul.), y en este caso la hemos venido afrontando por medio del correspondiente recurso de casación, bien por infracción del art. 675 C.C. en relación con la tradición jurídica catalana (art. 1 CDCC), de aplicación supletoria antes de la entrada en vigor del CS, o, tras la entrada en vigor de la Llei 40/1991, de 30 de diciembre, bien por vulneración del art. 101 CS, bien, especialmente, por infracción del art. 110 CS, descartando que pudiera serlo mediante el planteamiento del error en la valoración de la prueba en un recurso extraordinario por infracción procesal.

Precisamente, en el presente supuesto la recurrente, por un lado, tilda la interpretación del testamento patrocinada por la Audiencia Provincial de arbitraria e ilógica -lo que permite a la parte contraria objetar que no se trata de decidir cuál de las dos, la de la Audiencia Provincial o la que propugna la recurrente, sea la más acertada, sino solo si la contenida en la sentencia recurrida es o no arbitraria o absurda-, y por otro, considera que es contraria a una norma legal que obliga a expresar la voluntad del testador de determinada forma para que pueda reconocérsele la eficacia de prohibir la detracción de la cuarta falcidia.

2. Pues bien, como apuntamos a este respecto en las SSTSJC 2/2010 y 36/2010 al tratar de la regulación de la cuarta falcidia por el código justinianeo, ya desde entonces se llegó a admitir su exclusión por el testador (D. 35,2,15,1; D. 35,2,46), si bien solo de forma expresa -" ...expressim designaverit... " (N. 1,2,2 in fine). En la misma ocasión, dejamos constancia de que la cuarta trebeliánica fue una figura jurídica establecida en el Derecho romano clásico a imitación de la falcidia (ad exemplum Falcidiae), lo que explica que, en general, se estimaran aplicables a aquélla las disposiciones del Corpus concernientes a esta última, especialmente en cuanto a las formas de prohibición por el testador - ex quibus rationibus infertur prohibita Falcidias videri prohibitam Trebellianicam (PEREGRINI). Por lo mismo, no puede extrañar que la controversia entre los comentaristas del Corpus y los romanistas modernos acerca de si era necesario o no que el testador realizara la prohibición de la detracción con palabras expresas y específicas (verba specialiter) para que ésta surtiera efecto o, a lo sumo, con palabras equivalentes (verba aequipollentia), siempre que no fuera posible otorgarles otro sentido que el prohibitivo (de necessitate inferant prohibitionem), alcanzara por igual a ambas instituciones y que fuera mayoritariamente resuelta en sentido afirmativo también para ambas.

Dada la utilidad que en Cataluña han tenido históricamente los fideicomisos para mantener la unidad de los patrimonios, algunos aspectos de la controversia, especialmente problemáticos por la confusión que arrastraron y el incremento de la litigación a que dieron lugar, se centraron específicamente en la cuarta trebeliánica -que, por ello, ha tenido entre nosotros una aplicación mayor que la de la falcidia-, como es el relativo a si la prohibición podía afectar o no al heredero fiduciario que fuere hijo del testador, para solucionar la cual, precisamente, fue promulgada la constitución Per conservar los patrimonis (Constitucions i altres drets de Cataluña, vol. 1, lib. VI, tít. VI, const, única) establecida en las Cortes de Barcelona, de 1599, bajo Felipe III, por cuya virtud se permitía "a los padres que hicieren testamento prohibir con palabras expresas, y no otramente,la cuarta trebeliánica a los hijos herederos en primer lugar instituidos ". Es sabido que la norma contenida en la mencionada constitución fue recogida luego en el Proyecto de Apéndice de Derecho catalán de 1930 (art. 313); más tarde pasó a la CDCC de 1960 (art. 200.2), que la extendió a todos los descendientes del testador, y, finalmente, al CS de 1991 (art. 231.2), que la recogió de la misma forma que la CDCC, si bien no ha pasado al Llibre 4t del vigente CCCat (art. 426-31), que, de todas formas, mantiene la posibilidad de su prohibición.

Así las cosas, planteada bajo la vigencia del Codi de Successions per causa de mort (1991) la posibilidad de que la regulación de la cuarta trebeliánica en cuanto a la forma de prohibición por el testador -que por las razones históricas ya mencionadas ha devenido más completa en este aspecto- pudiera aplicarse por analogía (art. 4.1 C.C.) a la falcidia, en la STSJC 36/2010 hicimos notar que ambas instituciones tienen la misma razón de ser -motivar al heredero gravado a aceptar la herencia-, lo que, entre otras cosas, explica que el Proyecto de Compilación de 1955 se remitiese expresamente a la regulación de la trebeliánica (art. 437.2). Por ello, junto a la opinión de un sector autorizado de la doctrina (ROCA SASTRE, ROCA TRÍAS) y el criterio resultante de la escasa jurisprudencia del TS emitida en el tiempo que ostentaba plenas competencias en la interpretación del Derecho civil catalán (STS 1.ª 22 abr. 1978), nos condujo a aceptar dicha aplicación analógica, declarando, por tanto, que la prohibición de la falcidia por el testador pueda hacerse, en general, de forma tácita, pero en todo caso mediante la utilización en el testamento -o en el heredamiento- de expresiones de significación concluyente e indiscutible, como cuando se dice que se entreguen los legados dispuestos " sin detracción alguna " o " únicamente con la de determinados bienes o cantidades " (art. 231.1 CS), o cualquier otra locución, de análogos sentido y claridad, dirigida inequívocamente a excluir o a limitar de cualquier manera las consecuencias propias de la cuarta del heredero en orden a la reducción de todos o de parte de los legados dispuestos por el testador (arts. 276 y ss. CS).

En este sentido, en la mencionada ocasión nos plateamos expresamente el valor que debiera otorgarse, a este respecto, a la disposición del testador que, contra la regla general de raíz romana (art. 271.3 CS), se limitase a otorgar al legatario la facultad de tomar posesión por sí mismo de los legados dispuestos a su favor (art. 271.4 CS), considerada bien de forma aislada, bien de manera conjunta con la institución de heredero ordenada mediante la fórmula " en el resto " o " en el remanente " del caudal relicto, sin que, sin embargo, hubieren quedado bienes libres en cuantía suficiente para cubrir la cuota hereditaria mínima, por si tras estas disposiciones pudiera advertirse una tácita prohibición de la falcidia. Entonces, aclaramos que dicha disposición no alteraba en absoluto la preferencia de los acreedores del causante (art. 36 CS), ni la de los legitimarios (art. 373 CS) ni la del heredero gravado en más de lo obtenido mortis causa (art. 273 CS), por lo que tampoco podía considerarse que, a salvo de una previsión más concreta del testador, con dicha disposición quedase afectada la preferencia del heredero -o coheredero (art. 278.1 CS)- a quien, por razón de los legados -o prelegados (art. 278.1 CS)-, no le hubiere quedado libre, al menos, una cuarta parte del activo hereditario líquido (art. 274 CS).

De cualquier manera, ya en la STSJC 36/2010 dejamos al margen el supuesto de que la prohibición de detracción de la falcidia contenida en el testamento afectare a los descendientes del causante, teniendo en cuenta que para este caso -como ya hemos dicho- el art. 231.2 CS (art. 200.2 CDCC) impone que la prohibición de la trebeliánica se haga, siempre, " amb paraules expresses i no altrement ".

Pues bien, las mismas razones que fueron expuestas para justificar la aplicación por analogía a la cuarta falcidia de la norma contenida en el párrafo primero del art. 231 CS, relativa a la prohibición tácita, justifican la aplicación, igualmente por analogía, de la norma contenida en el párrafo segundo del mismo precepto.

Téngase en cuenta que, atendidas las especiales características de las relaciones entre ascendientes y descendientes y las dificultades probatorias que para los ajenos a ellas podría tener el esclarecimiento de las verdaderas intenciones subyacentes en el lenguaje tácito del testador, no resulta desproporcionado exigir de éste una formulación expresa de la prohibición de detraer la cuarta falcidia, porque en ausencia de la misma, solo es razonable entender que la designación del descendiente como heredero testamentario, sin otra precisión contenida en el propio testamento o deducida de una disposición de la ley (art. 278.2 CS), debe integrar, como mínimo, el contenido económico que legalmente está previsto para la cuarta falcidia.

3. Pues bien, a la vista de lo razonado hasta aquí, en el supuesto del presente recurso bastaría con considerar que el causante no dispuso en su último testamento válido la prohibición de detraer la cuarta falcidia o, al menos, de no reducir los prelegados, en la forma exigida por el art. 274.2 CS, en relación con los arts. 278 y 231 CS, es decir, de la manera expresa requerida por su relación (padre-hija) o, a lo sumo, de cualquier otra forma concluyente o inequívoca, que fuera posible interpretar sin necesidad de acudir a elementos extratestamentarios, para entender que la recurrente, instituida heredera por partes iguales junto con sus dos hermanos, tiene derecho a detraerla con cargo a los prelegados atribuidos a estos dos, sin que para ello sea óbice que la institución de heredero se hubiera hecho en el " remanente " de los bienes, o que los prelegatarios sean igualmente hijos del testador y se les hubiere reconocido la facultad de tomar posesión por sí mismos de los prelegados.

En última instancia, no puede dejar de considerarse arbitraria e ilógica la interpretación de la voluntad testamentaria que, haciendo tabla rasa de lo que resulta del último testamento válido del causante, por el que, a raíz del reencuentro familiar y de la reconciliación entre el testador y de su hija (la recurrente), se dejó sin efecto la disposición anterior que la excluía de la herencia e, incluso, de la legítima -que decía haber sido entregada ya en vida-, para, finalmente, nombrarla coheredera y, al mismo tiempo, reconocerle plenamente sus derechos legitimarios, pretende que un cambio tan radical solo podía tener efectos en la legítima, pero no en la cuota hereditaria mínima (falcidia), plenamente compatible (art. 282.1 CS), sin explicar en absoluto la razón de dicha diferenciación, máxime cuando la posibilidad prevista en el art. 280.2 CS permitirá a los legatarios mantener los inmuebles legados, si es su deseo, abonando en dinero el importe de la reducción, al margen de ejercer como les conviniere la defensa de sus propios intereses en la herencia de su madre, que no consta que haya sido aceptada.

La estimación del recurso de casación conlleva el reconocimiento del derecho de la recurrente a detraer un tercio de la cuarta parte (falcidia) del caudal relicto en la herencia de su padre, Gumersindo, el valor del cual, deducido conforme al art. 277 CS el único pasivo conocido, integrado por las legítimas de los tres coherederos, se estima en 2.146.463,62 euros, por lo que la porción (1/12 del total) correspondiente a la recurrente se cifra en 178.871,96 euros, que deberán ser abonados, ante la ausencia de bienes libres en la herencia, con cargo a los legados dispuestos a favor de D. Carlos Antonio y D. Adriano, que deberán ser reducidos en proporción a sus respectivas valoraciones, es decir, en un 66,38% por lo que se refiere al primero de ellos, y en un 33,62%, en cuanto al segundo, sin perjuicio de su derecho a abonar la reducción en dinero (art. 280.2 CS).

Quinto. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 394 LEC en relación con el art. 398 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas de este recurso, así como tampoco las de la demanda, en este caso al haberse estimado solo parcialmente la demanda y al apreciar serias dudas de derecho, tal y como decidimos en el caso de la STSJC 36/2010.

En su virtud,


Dispositiva


 
ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto en nombre y representación de D.ª Florencia por el procurador de los tribunales Sr. D. Ángel Ramón Fabregat Ornaque, sostenido en este rollo por el procurador Sr. D. Ángel Quemada Cuatrecasas, contra la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil once por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona (rollo núm. 222/10), dimanante de procedimiento ordinario (núm. 1990/08) del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarragona; en su consecuencia, CASAMOS la sentencia recurrida; y, en su lugar, ESTIMAMOS parcialmente la demanda interpuesta en su día en interés de D.ª Florencia contra D. Carlos Antonio y D. Adriano; por lo que DECLARAMOS el derecho de la actora a detraer la cuarta falcidia, en la parte que le corresponde (1/3), en la herencia de su padre, Gumersindo, cuyo valor total se cifra en 178.871,96 euros; y CONDENAMOS a los demandados a soportar la reducción de sus respectivos legados por valor de dicho importe y, a su elección, a otorgar a la actora una parte indivisa en sus correspondientes inmuebles o a abonar en dinero el importe de la reducción, en ambos casos en una proporción de un 66,38% a cargo de D. Carlos Antonio y de un 33,62% a cargo de D. Adriano, debiendo entenderse subsistentes los restantes pronunciamientos relativos a la legítima de la recurrente contenidos en la Sentencia de primera instancia. No procede imponer las costas del recurso ni las de la demanda, debiendo soportar cada una las partes las causadas a su instancia.

Notifíquese la presente a las partes personadas y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia Provincial de Tarragona.

Así por ésta, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Yo, el Secretario de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, doy fe.

PUBLICACIÓN.- Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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