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Sentencia T.S.J. Galicia 7/2012 de 7 de febrero


 RESUMEN:

Derecho civil de Galicia: Acción reivindicatoria de entidad bancaria ejecutante. Desestimación. Prioridad de título dominical de una finca del recurrido. Entrega de inmueble por el Banco. Tercero hipotecario: Protección

A CORUÑA

SENTENCIA: 00007/2012

SENTENCIA Núm 7

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

Sala de lo Civil y Penal

Ilmo. Sr. Presidente:

Don Juan José Reigosa González

Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Pablo Saavedra Rodríguez

Don José Antonio Ballestero Pascual.

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A Coruña, siete de febrero de dos mil doce.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los magistrados expresados en el encabezamiento, vio el recurso de casación número 35/2011, interpuesto, por BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., representado por la procuradora doña Francisca Oliveira Molina, bajo la dirección del letrado don Marcelo Crespo López, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo, el 3 de mayo de 2011, en el rollo número 714/2009, conociendo en segunda instancia de los autos del Procedimiento Ordinario número 121/2009 sobre acción reivindicatoria, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Viveiro; siendo recurridos don Constancio y doña Belinda, representados por el procurador don José Antonio Castro Bugallo y asistidos por el letrado don Lorenzo Manuel Ojea Pardo.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Ballestero Pascual.


Antecedentes de hecho


 
Primero.-El procurador don Constantino Prieto Vázquez, en nombre y representación de don Constancio, interpuso con fecha 26 de febrero de 2009 demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia de Viveiro, la que fue turnada al Juzgado n.º 2, y en la que, tras las alegaciones fácticas y de derecho correspondientes, terminó suplicando se dictase sentencia por la que estimando la demanda:

1.- Se declare la prioridad del título dominical de mi representado frente a la posesión del demandado y su condición de propietario de la finca que se describe en el hecho Segundo de la demanda.

2.- Se condene al demandado a la entrega del meritado inmueble, cesando cualquier acto de posesión o cultivo sobre el mismo y reintegrando su posesión a mi mandante.

3.- Se condene al demandado al pago de las costas causadas.

Admitida a trámite la demanda por auto de 12 de marzo de 2009, se dio traslado de la misma a la demandada, Banco Español de Crédito, S.A., emplazándola para que la conteste en el plazo de veinte días, haciéndolo en su nombre el procurador don Justo Alfonso Fernández Expósito contestando la demanda y formulando reconvención contra el actor y su esposa doña Belinda, se cite a las partes a la audiencia previa, y se dicte sentencia desestimando la demanda con imposición de costas y estimando la reconvención se declare que la finca está gravada a favor de las construcciones y modificaciones descritas en el hecho segundo de la reconvención y se condene al actor y a su esposa a estar y pasar por dicha declaración, con condena en costas de la reconvención al actor.

El 4 de junio de 2009, la representación de D. Constancio y doña Belinda presentan su contestación a la demanda reconvencional planteada de adverso.

Señalado día y hora para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes y propusieron prueba, practicándose la declarada pertinente con el resultado que obra en autos y quedaron los autos conclusos para sentencia, la que fue dictada el 22 de abril de 2010 y cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el procurador Sr. Prieto Vázquez, en nombre y representación de don Constancio:

-Debo declarar y declaro que la prioridad del título dominical del demandante frente a la posesión del demandado y su condición de propietario, junto a su esposa, doña Belinda, de la finca n.º NUM000, al sitio de DIRECCION000, labradío de 17 áreas y 30 centiáreas, que linda al norte, construcción y camino; al sur, con Milagrosa (NUM001); al este, Basilio (NUM002), y al oeste, Antonia (NUM003) y construcción.

-Debo condenar y condeno a BANESTO, S.A. a la entrega del citado inmueble, cesando cualquier acto de posesión o cultivo sobre el mismo y reintegrando su posesión al demandante.

Que desestimando íntegramente la demanda reconvencional representada por el procurador Sr. Fernández Expósito, en nombre y representación de BANESTO, S.A., debo absolver y absuelvo a don Constancio y a doña Belinda de la pretensión contra él deducida respecto a la declaración de las servidumbres de luces y vistas, vertiente de tejado y desagüe, de paso y acueducto y de paso eléctrico.

Se imponen a la entidad BANESTO las costas causadas en este procedimiento.

Segundo.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso apelación la parte demandada-reconviniente. Con fecha 3 de mayo de 2011 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo, dictó sentencia con el siguiente fallo:

Se desestima el recurso interpuesto. Se confirma la sentencia recurrida. Se condena en costas al apelante. TRansfiérase a la cuenta especial 9900 el depósito constituido para recurrir.

Tercero.-La parte demandada-apelante preparó recurso de casación para ante esta Sala, con fecha 18 de marzo de 2011, que formalizó en escrito de 22 de junio siguiente, el cual fue admitido a trámite por Diligencia de Ordenación de 24 de junio de 2011 y acordó remitir los autos a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así como emplazar a las partes por término de treinta días.

Cuarto.-Recibidos los autos en este Tribunal y personadas ante el mismo las partes, así como una vez pasadas las actuaciones al Magistrado Ponente, la Sala dictó auto con fecha 27 de Julio de 2011 por el que se acordó admitir a trámite el recurso. El procurador don José Antonio Castro Bugallo en nombre y representación de don Constancio y doña Belinda formalizó escrito de impugnación del recurso el 3 de octubre de 2011.

CINCO: Por providencia del 18 de octubre de 2011 se señala para votación y fallo el 22 de noviembre de 2011.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El primero de los motivos de infracción procesal alega, bajo la cobertura de lo establecido en el artículo 469.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la vulneración en la sentencia recurrida del principio de congruencia recogido en su artículo 218.1 por omisión de pronunciamiento acerca del modo de adquirir del actor y sobre lo establecido en el artículo 235.1.º de la Ley de Reforma y Desarrollo agrario de 12 de enero de 1973.

De acuerdo con, entre otras muchas, nuestras sentencias 7/2010 de 9 de marzo, 28/2008 de 11 de diciembre, 1/2011 de 11 de enero, 7/2011 de 2 de marzo, 9/2011 de 29 de marzo y 1/2012 de diez de enero, que recogen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre el particular: la congruencia supone en realidad - sentencia del TS 18 de junio de 2010 - la correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia (Sentencia de 9 de Diciembre de 1985). Por lo tanto, ha de apreciarse comparando el suplico de los escritos alegatorios con el fallo de la sentencia. (Sentencias de 15 de Diciembre de 1992, 16 y 22 de Marzo de 1993, 23 y 22 de Julio de 1994; y, como más recientes, las de 27 de marzo de 2003 y 21 de mayo de 2008). La relación debe darse entre las referidas pretensiones y el fallo de la sentencia, no respecto de sus argumentos - Sentencias de 2 de marzo de 2000, 10 de abril de 2002, 11 de marzo de 2003, y 19 de junio de 2007 -, y como recuerda la Sentencia de 30 de enero de 2007, esta relación no debe ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la racionalidad necesaria y una adecuación sustancial. Esta norma constituye una manifestación, en el campo específico del proceso civil, y en estrecha conexión con el principio dispositivo que rige este orden jurisdiccional, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, contemplado en el art. 24.1 de la Constitución Española (SS TC 5 mayo 1982, 18 diciembre 1985, 16 marzo 1989, 30 septiembre 1991, 23 abril 1992 y 4 diciembre 1997).

Se hace difícil entender que una sentencia de la Audiencia Provincial confirmatoria de la de primera instancia, que, a su vez, estima en su integridad la demanda y desestima la reconvención, pueda ser tachada de incongruente desde el instante en que, por lo tanto, resuelve todas las cuestiones planteadas y menos aún si el contraste se pretende establecer con los argumentos.

Segundo.-el segundo de los motivos de infracción procesal, con el mismo cobijo motivacional que el anterior, viene referido a una supuesta "incongruencia interna de la sentencia" que la parte cree ver en el hecho de que la parte actora no ha ejercitado ninguna acción contradictoria del dominio, por lo que no solicitó la nulidad del título esgrimido por la parte demandada y por lo tanto no puede ser cancelado el asiento registral contradictorio.

No hay tal. Habría tal incoherencia si se hubieran ofrecido argumentaciones incompatibles entre sí, o si el fallo fuese contradictorio con lo motivado, desconectado con lo argumentado, lo que daría lugar a una falta de motivación de la decisión, como expusimos en nuestra sentencia número 29/2006 de 4 de octubre, por lo que el precepto infringido no habría sido el citado sino el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que implica una incorrecta técnica casacional que da lugar, sin más a la desestimación del recurso en este momento procesal.

De cualquier manera el derecho de propiedad que se quiere hacer efectivo mediante el ejercicio de una acción reivindicatoria de un inmueble cuyo dominio se encuentra inscrito, en virtud de la escritura de compraventa de 4 de mayo de 1999, a favor de la actora en el registro de la propiedad de Mondoñedo al Tomo NUM004, Libro NUM005, Folio NUM006, finca registral número NUM007, es bien distinto, en el plano registral, de aquel que fue adjudicado a la entidad bancaria en el procedimiento de ejecución judicial sumaria hipotecaria número 124/1995 cuyo objeto era la finca registral número NUM008, inscrita al Tomo NUM009, Libro NUM010, folio 89 del mismo registro, o de aquellas otras fincas registrales que constan reseñadas en el acta notarial de veintiocho de mayo de 1999 que dan como resultado la finca de reemplazo referida en dicha escritura notarial, diferente de la NUM000.

En consecuencia, con independencia de la realidad física y catastral indicativa de que la finca reseñada en primer lugar sea la número NUM000, polígono NUM011 del catastro del ayuntamiento de Foz, adjudicada judicialmente pero no vendida luego por Banesto, tal y como afirma la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lugo de 16 de mayo de 2003 en su fundamento primero y reitera la que ahora analizamos en el primer párrafo de su fundamento cuarto, es lo cierto que, al ser registralmente diferentes, la primera, la número NUM007, ni se encuentra gravada con hipoteca ni, siendo esto lo fundamental en el caso presente, su propiedad se encuentra inscrita a favor de Banesto, según se desprende, además, de toda la información registral obrante en autos, por lo que ninguna de las dos sentencias, ni la de primera instancia ni la de apelación, disponen nada acerca de la cancelación de asientos contradictorios (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), cancelación que, en consonancia con lo anterior, tampoco fue pedida, porque la realidad extra registral, por mor de la prejudicialidad operada por la sentencia firme anterior, coincide con la registral. Todo ello pese a la confusión que crea el párrafo segundo del fundamento cuarto de la sentencia de apelación, cuya aclaración no fue solicitada, como sería preceptivo para cumplir con lo impuesto por el artículo 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según viene siendo interpretado por la jurisprudencia (STS 585/2010, de 13 de octubre; 626/2002, de 21 de junio y auto 25/11/2008).

Tercero.-la infracción procesal denunciada en el motivo homónimo (artículos 469.1.2.º y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) versa sobre una supuesta falta de motivación de la sentencia ahora recurrida acerca de la propiedad de las edificaciones existentes en la finca.

Tampoco podemos compartir este aserto por más que haya de ser admitida la parquedad de la sentencia ahora recurrida, pero esta continencia expresiva es suficiente en el caso que nos ocupa para conocer las razones de la decisión tomada, porque, en definitiva, motivar no es reiterar y la Audiencia hace suyos los argumentos de la sentencia de primera instancia, excepción hecha de lo que se indica en su fundamento cuarto antes referido, tal y como se lee en el preámbulo de sus fundamentos. Así, dada la validez y eficacia del título de adquisición de la parte actora, la sentencia de primera instancia alude expresamente en el apartado 2) de su fundamento tercero, de un lado, al acta de protocolización y reorganización de la propiedad, título traslativo del dominio suficiente para la inscripción y del que trae causa el de los actores, en la que se hace referencia expresa a las edificaciones; y, de otro a lo establecido en el artículo 1.097 del Código Civil, luego no son precisas mayores explicaciones, salvo que se quiera agotar el argumento indicando, conforme a los artículos 350, 353 y 359 del Código Civil, que lo edificado, como incorporación artificial que es, pertenece al dueño, salvo prueba en contra, inexistente porque, tal y como se nos indica en el sexto de los fundamentos de la sentencia de apelación, la finca reivindicada, con mención expresa en la demanda de sus tres edificaciones, fue adquirida por los actores sin cargas ni gravámenes, luego basta, sin necesidad de mayor elucidación, para concluir el argumento con afirmar que no consta la constitución, necesariamente registral, de ningún derecho real de superficie en los términos del artículo 16 del reglamento hipotecario ni mucho menos una accesión invertida de la que no hay rastro.

Recordemos, pues, no sólo que bien puede existir, como es el caso, una motivación por remisión, sino también que esta exigencia argumentativa no ha de ser necesariamente exhaustiva o agotadora, sino que basta con apuntar o exponer los silogismos, como entiende una muy amplia doctrina jurisprudencial y constitucional. (STSJG de 16 de septiembre de 2008, 9/2011 de 28 de marzo, 1/2012 de diez de enero, del T.S. de 29 de marzo de 2005 y del T.C. 165/99 de 27 de septiembre).

Cuarto.-el cuarto de los motivos de infracción procesal versa - artículos 469.1.2.º y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - sobre una errónea aplicación de la cosa juzgada, construida a partir de la afirmación de que el proceso anterior, que terminó con sentencia firme, no tuvo por objeto determinar si los hoy actores eran o no propietarios de la finca cuya reivindicación nos ocupa, sino la nulidad de su título.

Con adolecer el motivo del defecto procesal consistente en no concretar qué apartado de ese precepto entiende vulnerado, aun suponiendo que se refiera, en primer término, al contenido de la pretensión (artículo 222.2), es lo cierto que, declarada la validez del título - compraventa -, dado el modo mediante la tradición espiritualizada, sobre la que luego volveremos, a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.462 del Código Civil, su efecto traslativo del dominio resulta patente, y así, en el fundamento cuarto de la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Lugo, se puede leer: "...debiéndose consagrar la adquisición a non domino del comprador frente al legítimo propietario..." Si esto es así, como es, con facilidad se entenderá la correcta aplicación del aspecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada en los términos del artículo 222.4 de la L.E.C. a la hora de dar por probada la propiedad del actor que ejercita ahora, consecuentemente, la acción reivindicatoria frente al poseedor sin título. La sentencia cuyo análisis nos ocupa es así consecuencia lógica de la anterior que le sirve de antecedente lógico: si el título no es nulo, será válido y eficaz a los efectos reivindicatorios que nos ocupan.

Quinto.-se denuncia en este motivo, bajo el cobijo del artículo 469.1.3.º de la L.E.C. la infracción de su artículo 12 por falta de litisconsorcio pasivo necesario al no haber sido demandados los vendedores de la finca, deudores, a su vez, de la entidad bancaria ahora demandada y ejecutante en su día de los bienes de los vendedores y deudores, Sres. Eliseo y Manuel.

El recurrente razona que la decisión que se pudiera tomar, si se estimara la demanda, como así ha sido, haría revivir la responsabilidad de los deudores y vendedores frente al banco ejecutante que no habría cobrado así su crédito por entero, según - continúa - parece reconocerse al final del fundamento segundo de la sentencia recurrida.

Como se colige con facilidad estaríamos hablando, en la hipótesis aducida, de un mero efecto reflejo que además no se habría producido como consecuencia de la sentencia que nos ocupa sino de la dictada en el pleito anterior en la que, como hemos expuesto, se reconoció la propiedad de la hoy parte actora y desde luego entonces fueron parte demandada los citados Don. Eliseo y Manuel. Por lo demás, si voluntariamente vendieron la finca y claramente, en consecuencia, se conformaron con las sentencias dictadas, en primera y segunda instancia, en el pleito prececente que declararon la validez del contrato, no entendemos cómo se puede afirmar que el corolario lógico de aquellos pronunciamientos, lo que se haya resolver en el actual proceso, les pueda resultar perjudicial.

Sobre este particular puede verse, por citar la más reciente, nuestra sentencia 1/2012 de diez de enero, en la que hacemos una alusión completa al asunto del litisconsorcio pasivo necesario a través de nuestras resoluciones, en un caso, también, de ejercicio de la acción reivindicatoria.

Sexto.-el motivo homónimo, bajo el paraguas del artículo 469.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia la infracción de los artículos 317.1.º, 318 y 319 de la citada norma y el 1.216 del Código Civil por entender que la Audiencia ha incurrido en evidente error en la apreciación de documentos públicos "por cuanto las construcciones constituyen linderos de la finca de reemplazo y no forman parte de la misma".

Como puede apreciarse, sin perjuicio de lo ya argüido en el motivo tercero de esta resolución, se trata ahora de volver sobre lo mismo contradictoriamente, porque si no hay motivación no se puede discrepar de lo inexistente, pero ahora, además, impugnando la valoración de la prueba a través de un motivo de infracción procesal equivocado. Así venimos reiterando que la posibilidad de que en el contexto de la LEC de 2000 se plantee un error en la valoración probatoria por la vía de la infracción procesal sólo cabría por la vía de su artículo 469.1.4.º si el error fuera notorio o patente - de hecho - o incidiera en manifiesta irracionalidad o en arbitrariedad con infracción de norma legal o tasada (sentencias del TSJG 15/2009, de 15 de septiembre, 9/2010, de 12 de marzo, 1/11 de 11 de enero, 1/12 de diez de enero, auto de 4 de octubre de 2010, etc.).

Estamos, pues, en el caso de lo establecido en el artículo 473.2.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora como causa de desestimación.

Séptimo.-el correspondiente de infracción procesal, al amparo de lo establecido en el artículo 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia la infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con los artículos 348, 319 y 326 de la ley adjetiva. Versa, casi en su literalidad, sobre lo mismo que el anterior, pero ahora desde la perspectiva de que la atribución de la propiedad de las construcciones a la parte actora es ilógica y arbitraria.

Aunque ahora el motivo elegido sea el correcto, sin embargo la respuesta ha de ser también desestimatoria. No se ha infringido ninguna regla jurídica de valoración desde el instante en que en el acta de reorganización de la propiedad, obrante al folio 36 vuelto, consta de forma expresa que la finca número NUM000 de concentración tiene enclavadas varias construcciones tal y como se refleja en el plano adjunto, enclavamiento del que, como es preceptivo a tenor de lo establecido en los artículos 222.5 y 253.2 de la Ley Hipotecaria en la redacción entonces vigente en relación con el 332.1 y 333.2 de su Reglamento, se hace eco la nota simple informativa del Registro de la Propiedad obrante al folio 14.

El hecho de que nos encontramos ante una nota simple informativa de un asiento registral, instrumento de manifestación del contenido del registro a través de un extracto fiel aunque sucinto, si bien no es un documento público, pues no se trata de una certificación que dé fe del contenido del asiento, no es obstáculo a lo anterior, pues su valor es y era similar al de una copia simple de un instrumento notarial y como no ha sido impugnada, no ha sido preciso su cotejo en los términos del artículo 1.220 del Código Civil y 267 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no hay razón para dudar de su contenido.

Por lo demás, y aunque el principio de exactitud registral sólo asegure la existencia y contenido jurídico de los derechos reales inscritos, pero no garantice la exactitud de los datos de mero hecho relativos a la inscripción de la finca quedando ello sometido al resultado de las pruebas practicadas (STS 794/2011 de 4 de noviembre y todas aquellas en que se apoya), es lo cierto, de una parte que la descripción del objeto del derecho de propiedad forma parte de su contenido; y, de otra, que no hay normas legales sobre valoración del informe pericial sino que habrá de estarse en general al prudente arbitrio y sana crítica del juzgador, tal y como se refleja en el apartado 2) del fundamento tercero de la sentencia de primera instancia, acogido por la dictada en grado de apelación, cuando razona acerca del alcance y contenido de los diversos informes periciales: frente al presentado por la parte demandada, se centra en el elaborado por el perito judicial: la concentración parcelaria se refiere a fincas rústicas pero esto no significa, como es lógico, que no puedan existir edificaciones en las fincas afectadas y así, concluye el perito judicial, Sr. Alonso, que las construcciones se hallan dentro del perímetro de la finca reivindicada, lo que explica la diferencia entre la extensión cifrada en el acta de reorganización y la efectiva.

De esta manera, ni en cuanto a la prueba documental ni a la pericial se cumple con el requisito relativo a que la invocación de error de derecho en la apreciación de la prueba exige - sentencia del TS de 28 de marzo de 2008 -, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada, la cita de la norma valorativa que haya podido ser infringida, la precisión del concepto en que lo ha sido y la indicación de las consecuencias que, en el orden fáctico, derivarían de la correcta aplicación de la norma vulnerada (SSTS 22 de mayo y 12 de junio de 2002, 13 de febrero y 11 de marzo de 2003, 23 de septiembre y 25 de octubre de 2004, 10 y 22 de febrero, 9 y 18 de mayo de 2005, etc.).

Mucho menos se puede tachar de arbitraria la valoración efectuada.

El motivo, pues, se desestima.

Octavo.-el primer motivo de casación denuncia la vulneración por inaplicación del artículo 348.2 del Código Civil.

Versa en torno a una alegada falta de confrontación de los títulos lo que ciertamente no se entiende porque la cuestión del título, como se ha expuesto, quedó resuelta en el pleito anterior en el que se determinó por sentencia firme y prejudicial que el único título válido y eficaz es el de la parte actora, luego, no existiendo doble inmatriculación tal y como se ha expuesto en nuestro fundamento segundo, nada más se debe dilucidar habida cuenta que la verdadera confrontación, a efectos de analizar la identidad de la finca reivindicada, ha de efectuarse entre el título del actor y la realidad física, porque título e identidad de la cosa son las circunstancias a valorar a la hora de declarar si el dominio corresponde o no a quien lo pretende, circunstancias que juegan en plano de igualdad, hasta el punto de que la no justificación de una priva de eficacia al acreditamiento de la otra, lo que refleja la estrecha relación e interdependencia que existe entre ambos conceptos, de manera que no hay necesidad de examinar si los documentos que presentan los demandados y en los que amparan su oposición a la acción reivindicatoria son o no justificativos del dominio, pues basta que los actores no acrediten el suyo, lo que aquí no sucede, para que los demandados tengan que ser absueltos.

Noveno.-el motivo segundo de casación denuncia la infracción por inaplicación de los artículos 609 y 1.462.2 del Código Civil. Alega el recurrente que no ha existido tradición por cuanto el vendedor no se encontraba en posesión de la finca. Recordemos que la compraventa se produce en 1999 y la adjudicación judicial al Banco ejecutante, en 1996.

Nada más lejos de la realidad pese a las fechas indicadas porque no podemos olvidar, de una parte, la tradición instrumental a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.462 del Código Civil; de otra, la polisemia del término posesión que no se refiere sólo a la material e inmediata (artículos 430 y siguientes del Código Civil); y, por último, y esto es decisivo, que nos encontramos, según las razones que se exponen en los fundamentos tercero y cuarto de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lugo tantas veces referida de 16 de mayo de 2003 y que opera prejudicialmente, ante un supuesto de adquisición "a non domino" en virtud del principio de exactitud registral en su vertiente de fe pública. Recordemos entonces, con la sentencia del Tribunal Supremo 342/2011 de 13 de mayo que "El artículo 34 de la Ley Hipotecaria... que debe ser tenido como el eje del sistema registral, inatacabilidad de la adquisición de un tercero confiado en el Registro de la Propiedad (sentencias de 5 de mayo de 2008 y 20 de julio de 2010 y sentencias que ésta recoge) presuponen como presupuestos, la adquisición de quien aparece como titular registral con poder disposición, a título oneroso, inscrito su derecho y todo ello con la concurrencia de la buena fe". O en palabras de la número 255/2007 de 5 de marzo: "La doctrina sobre el artículo 34 de Ley Hipotecaria que procede dejar sentada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino precisamente porque salva el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente que, según el Registro, aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala" (en la misma línea de la de 7 de septiembre de 2007). Esta doctrina se reitera, por citar otra reciente, en la STS 496/2010 de 29 de julio: " Así, el tercero hipotecario queda protegido absolutamente, aunque la transmisión adolezca de un vicio o el transmitente está impedido de hacerlo o no tenga título bastante, lo que no consta registralmente; así, se protege la titularidad aunque sea una apariencia jurídica o, en otras palabras, se da eficacia a la adquisición aunque sea a non domino. Todo ello es el núcleo central de la institución del Registro de la Propiedad y responde al principio de seguridad jurídica, que actualmente es proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución Española..." Si esto es así, como es, resulta evidente que los compradores, hoy actores, adquirieron de quien en el Registro de la Propiedad aparecía con poder de disposición, con facultades para transmitir el derecho de propiedad inscrito, luego adquirieron de quien, por tener, según el Registro la libre disponibilidad del bien, podía efectuar la legítima entrega de la posesión con ánimo de transmitir la propiedad y así lo hizo en instrumento público, de manera que el efecto traslativo del dominio se produjo por la conjunción de título y modo.

El motivo, pues, se desestima.

DECIMO: trata el ordinal analizado sobre la infracción por indebida aplicación del artículo 38.2 de la Ley Hipotecaria. Alega el recurrente que no se ha instado la nulidad del título del demandado, el auto judicial de adjudicación.

El motivo no puede ser atendido por las razones ya expuestas en el párrafo cuarto de nuestro fundamento segundo. De cualquier manera la demanda de nulidad o cancelación debe ir referida a la inscripción inexacta, que no existe, y no al título de quien, sin inscribir, en su día fue "verus dominus". Por último, como es bien conocido, la jurisprudencia viene determinando que la acción de rectificación se encuentra implícita en la contradictoria, sin que sea necesario insistir en ello.

Decimoprimero.-se denuncia la aplicación errónea del artículo 1.097 del Código Civil con el argumento de que las operaciones de concentración parcelaria no comprenden las construcciones y edificaciones, según el artículo 5 de la Ley de concentración parcelaria de Galicia.

El motivo no puede ser atendido. En primer lugar por lo ya expuesto en nuestro fundamento tercero: el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella conforme al artículo 350 del Código Civil de modo que cuando se produce la entrega de la cosa se produce en su integridad, salvo que sólo se hay enajenado una parte, que no es el caso porque en el título de concentración constan las edificaciones. En segundo lugar, porque, de acuerdo con el artículo 230.1 de la Ley de reforma y desarrollo agrario, el dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tengan por base las parcelas sujetas a concentración pasarán a recaer inalterados sobre las fincas de reemplazo del modo y con las circunstancias que establece la presente ley. En tercer lugar, porque el citado precepto de la ley autonómica se limita, también en la redacción entonces vigente, a señalar una serie de objetivos y medios de la concentración pero en modo alguno afirma, ni lo puede hacer a la vista de la realidad agraria de Galicia, que no quede afectada por el expediente una finca rústica con construcciones y edificaciones. En cuarto lugar, porque, como se ha explicado en nuestro fundamento séptimo, los edificios se encuentran dentro del perímetro de la finca y no podemos volver sobre la valoración de prueba en un motivo de casación. Y en cuarto lugar por una razón dialéctica, porque la hipótesis del recurrente es un contrasentido: si las casas no estuvieran dentro de la finca que nos ocupa, tampoco él podría haber adquirido las edificios pues a la postre las fincas hipotecadas y adjudicadas perdieron su identidad en el proceso de concentración y también fueron sustituidas por la de reemplazo, la número NUM012, que fue, a la postre, la que adquirió, según afirma el la entidad bancaria en el acta notarial de 28 de mayo de 1999.

Decimosegundo.-se alega la vulneración por inaplicación del artículo 235.1 de la Ley de reforma y desarrollo agrario cuyo último inciso impone que las inscripciones de las fincas de reemplazo no surtirán efecto respecto de terceros hasta transcurridos 90 días naturales a contar desde el siguiente al en que se extendió el asiento de inscripción, en el que se hará constar esta circunstancia.

Este argumento no es atendible en este momento procesal porque la adquisición a non domino a favor del tercero de buena fe ya ha sido declarada en sentencia firme por lo que pasa por autoridad de cosa juzgada, cuyo efecto negativo, que se basa en exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica, impide volver a analizar esta cuestión conforme al artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Decimotercero.-el último de los motivos de casación, el sexto, denuncia la inaplicación de los artículos 532, 537, 585 y 588 del Código Civil, y en especial el artículo 541 del mismo Código, así como los artículos 82, 85 y 86 de la Ley de derecho civil de Galicia.

La mera formulación del motivo ya nos invita, en este momento procesal, a desestimarlo por ser inadmisible de acuerdo con la constante jurisprudencia de este tribunal. Así, por citar la última, afirmábamos en nuestra sentencia 1/2012, de diez de enero, que es doctrina consolidada (STS 160/2009 de 17 de marzo, 184/2009 de 23 de marzo, 362/2009 de 4 de junio y STSJG 7/2007 de 7 de junio, 15/2008 de 17 de septiembre, 15/2010 de 20 de mayo, etc.) aquella que afirma la ineptitud para fundamentar un motivo de casación la cita indiscriminada de preceptos sustantivos heterogéneos y de contenido diverso, trayendo al ámbito del motivo un acervo normativo cuya heterogeneidad es contraria a la más mínima exigencia de claridad. Por lo tanto, constituye falta de claridad y precisión la genérica alegación de normas contenidas en capítulos, secciones, títulos y libros del Código Civil (STS de 8 de julio de 1992). Otro tanto conviene a la Ley de derecho civil de Galicia (LDCG).

Pero es que además, si el título deducido por la entidad bancaria reconviniente es el de propiedad, visto que no lo tiene, como se ha expuesto, carece de legitimación para ejercitar sus acumuladas acciones confesorias de servidumbres varias y, desde luego, no hay el más mínimo vestigio, ni puede haberlo, por todo lo expuesto, del título constitutivo esgrimido y esto es tan obvio que no precisa de mayor elucidación.

Decimocuarto.-se imponen las costas de este recurso a la parte recurrente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal, de acuerdo con lo establecido en el apartado noveno la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


FALLO


 
Desestimando el recurso de casación presentado por la procuradora Sra. Olivera Molina en nombre y representación de "Banco Español de Crédito, S.A" contra la sentencia dictada el día tres de mayo de 2011 por la Audiencia Provincial de Lugo en el rollo número 714/10 a que esta alzada se contrae, debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución.

Se imponen las costas de este recurso a la parte recurrente.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se formulará testimonio para su unión al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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