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Sentencia A.P. Barcelona 13/2012 de 13 de enero


 RESUMEN:

Contrato de seguro: Accidente de circulación en Marruecos. Demanda de responsabilidad civil contra la aseguradora. Indemnización conforme a la legislación marroquí. Efectos de la litispendencia del proceso penal respecto a la cuestión civil indemnizatoria. La ley aplicable será la ley interna del estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente. La aplicación del derecho del país de la matrícula del vehículo sólo tiene lugar si todas esas personas tienen su residencia habitual en el estado de  matriculación del vehículo.

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO N.º 413/2010-C

JUICIO ORDINARIO NÚM. 785/2008

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 36 BARCELONA

SENTENCIA n.º 13/2012

Ilmos. Sres.

DON AGUSTIN FERRER BARRIENDOS

DON JORDI SEGUÍ PUNTAS

DON JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO

En la ciudad de Barcelona, a trece de enero de dos mil doce.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 785/2008 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 36 Barcelona, a instancia de Avelino EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS HEREDEROS LEGALES DE SU DIFUNTO HERMANO Gaspar representado por el procurador D. Albert Magne Català Soto, contra MAPFRE FAMILIAR CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. representado por el procurador D. Alfredo Martínez Sánchez. Estas actuaciones penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes litigantes, contra la Sentencia dictada el día veinticinco de enero de dos mil diez por el Sr. Juez del expresado Juzgado.


ANTECEDENTES DE HECHO:


 
Primero.—La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " FALLO / Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Sr. Albert Magne Català en representación de D. Avelino, en representación de los legales herederos de Gaspar, asistido por la Sra. Dolors López, frente a la entidad MAPFRE, representada por la Sra. Eva Cruz y asistida por el Sr. Alfredo Martínez Sánchez/ 1. Condeno a la demandada al pago a los legales herederos de Gaspar del importe de 50.755'90€./ 2. No se hace expresa imposición de costas.".

Segundo.—Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por Mapfre Familiar Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A. y Avelino en nombre y representación de los herederos legales de su difunto hermano Gaspar mediante sus escritos motivados, dándose traslado a la parte contraria oponiéndose mutuamente en tiempo y forma legal. Elevados los autos a esta Audiencia Provincial se procedió a dar el trámite pertinente señalándose para votación y fallo el día 29 de noviembre de 2011.

Tercero.—En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Vistos siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO:


 
Primero.—El proceso se refiere a un hecho de circulación que ocurrió en el puerto de Tánger el día 12 de noviembre de 2.006, ya de noche. D. Avelino conducía el vehículo Ford Courier matrícula Y-....-UF con intención de subirlo a un barco. No lo consiguió, cayendo al mar el vehículo, con sus dos ocupantes dentro. El conductor logró salvarse, pero no así su hermano Gaspar, que iba como pasajero en el automóvil y que falleció a consecuencia del hecho.

La demanda fue formulada contra la aseguradora de responsabilidad civil del vehículo, Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., por el propio D. Avelino, obrando en nombre de los herederos del fallecido D. Gaspar, sus padres D. Segundo y Dña. Lourdes, su esposa Dña. Susana y su hijo Juan Ramón, los cuales son los auténticos demandantes en el litigio.

Se pretendió en la demanda que los citados demandantes fuesen indemnizados en la suma de 239.602,6 euros, determinada conforme a la legislación marroquí, o subsidiariamente, de aplicarse la legislación española, en 154.809,37 euros, ambas cantidades a distribuir entre los citados herederos. En la audiencia previa la parte demandante renunció a ampararse en la normativa de Marruecos y solicitó la aplicación de la española.

El Juzgado estimó la demanda y fijó las indemnizaciones conforme a lo dispuesto en la ley marroquí, que entendió aplicable por haber ocurrido los hechos en el país vecino.

Segundo.—La aseguradora demandada insiste en la cosa juzgada, pues en Tánger se inició un proceso, de índole penal pero en el que se reclamaron y fijaron las indemnizaciones correspondientes para los mismos que aquí demandan.

El Juzgado ya consideró la cuestión y desestimó la petición de sobreseimiento del proceso porque la documentación presentada no cumplía los requisitos establecidos en el Convenio de Cooperación Judicial entre España y Marruecos. En esta segunda instancia la cuestión se plantea de nuevo, pues Mapfre funda su recurso exclusivamente en el argumento de la cosa juzgada, habiendo aportado en defensa de su tesis copia de una sentencia del Tribunal de Apelación de Tánger, que confirmó la que se había dictado en primera instancia confiriendo determinadas indemnizaciones por razón de estos hechos; documento que fue admitido por este tribunal, con la oposición de la parte demandante.

Compartimos el criterio del Juzgado en este punto, porque, en efecto, no se han cumplido los requisitos que exige dicho convenio para que pueda estimarse la cosa juzgada de la sentencia marroquí. El artículo 28 del convenio, de fecha 30 de mayo de 1.997, determina que la parte que invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial debe presentar una copia de la resolución, con los requisitos necesarios para garantizar su autenticidad, original del documento de notificación de la resolución, una certificación del secretario del tribunal que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso ni de apelación. En este caso no se ha aportado ni documento de notificación ni certificación de que la sentencia del Tribunal de Apelación de Tánger es ya firme por no caber contra ella recurso alguno o no haberse interpuesto. De hecho de esta última sentencia no se han aportado sino dos traducciones, una al francés y otra al castellano, lo que tampoco cubre las exigencias del convenio.

No obstante ha de considerarse existente el proceso penal en Marruecos, pues aunque la documentación presentada sea insuficiente para apreciar la excepción de cosa juzgada, sí es suficiente para considerar que el proceso existe realmente, lo que por otra parte no se niega por la parte demandante. Esto ha de tener las consecuencias que se dirán posteriormente.

Dicho proceso no puede fundar la desestimación de la demanda sin entrar en el fondo de la misma por razón de cosa juzgada, como ya hemos dicho. Tampoco por razón de litispendencia, porque, aunque es apreciable de oficio (no ha sido alegada en su apelación por la demandada), lo cierto es que no conocemos en qué fecha deben entenderse producidos conforme al derecho marroquí los efectos de la litispendencia del proceso penal respecto a la cuestión civil indemnizatoria acumulada en el mismo, de modo que, aunque es lógico que el proceso penal se iniciase antes que el nuestro, no puede afirmarse si cuando el proceso se inició en España ya estaba ejercitada la acción civil en el proceso seguido en Marruecos, en el que se dictó sentencia en primera instancia en 5 de febrero de 2.009 (el juicio se había celebrado en enero), siendo así que este pleito se había iniciado en fecha 20 de junio de 2.008, en que se presentó la demanda.

Tercero.—El recurso de los demandantes solicita la aplicación de la legislación española, con argumentos que no hace falta considerar porque, al entender de la sala, la cuestión ha de resolverse por otra razón distinta de las invocadas, lo que obviamente es perfectamente posible porque se trata simplemente de aplicar las normas jurídicas vigentes en la materia, lo que los tribunales deben hacer aunque tales normas no se invoquen por las partes.

Es cierto, como dice la sentencia apelada, que las partes no pueden optar por la aplicación de una norma u de otra. El Juzgado sin duda aplicó la norma de derecho internacional privado del artículo 10.9 del Código Civil, conforme al cual las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. Dicha norma no es sin embargo aplicable en este caso, porque existe un convenio internacional referido a la legislación aplicable en estos casos.

Se trata, en efecto, del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1.971, sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 1.987 y aplicable desde entonces en España, de cuyo derecho interno pasó a formar parte. El convenio introduce en nuestra legislación una nueva y particular normativa sobre derecho internacional privado en materia de hechos de circulación. Es aplicable a este caso pese a que Marruecos no se adhirió al acuerdo hasta el 26 de abril de 2.010, entrando en vigor para dicho país el 25 de junio del mismo año. El convenio es aplicable por los tribunales españoles sin sujeción a " condición alguna de reciprocidad", según dispone su artículo 11, lo cual significa que para que los países miembros del tratado lo apliquen no es preciso que sea aplicado también por el otro país que, en el caso de que se trate, guarde relación con los hechos. Se aplica, añade el artículo 11, incluso aunque la ley designada como aplicable por el convenio no sea la de un estado contratante. En definitiva, lo que hace la convención internacional es innovar el derecho interno de nuestro país, como ocurre, en general, con los tratados internacionales conforme al artículo 96 de la Constitución.

Pues bien, el artículo 3 del convenio en cuestión establece la regla general de que la ley aplicable será la ley interna del estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente. Pero acto seguido el artículo 4 formula determinadas excepciones a la regla general del artículo 3. Así, cuando en el hecho intervenga un solo vehículo, matriculado en un estado distinto de aquel en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, la ley interna del estado en que el vehículo esté matriculado será aplicable, conforme al apartado a) del artículo, para determinar la responsabilidad respecto a una víctima que viajase como pasajero, si ésta tenía su residencia habitual en un estado distinto de aquel en cuyo territorio ocurrió el hecho. Ese es el caso que nos ocupa, pues el vehículo estaba matriculado en España y el fallecido D. Gaspar residía sin duda en nuestro país, como consta en los documentos aportados con la demanda. Conforme a esta norma, como el vehículo estaba matriculado en España, ha de aplicarse respecto al fallecido el derecho español, que ha de regir, conforme al artículo 8, para determinar las condiciones y el alcance de la responsabilidad y las modalidades y cuantía de la indemnización.

El apartado c) de este artículo 4 se refiere a los supuestos de implicación en el accidente de una o más personas que se encontrasen dentro del o los vehículos, en cuyo caso la aplicación del derecho del país de la matrícula del vehículo sólo tiene lugar si todas esas personas tienen su residencia habitual en el estado de matriculación del vehículo. En realidad éste no es el supuesto que concurre en el presente caso, en el que de lo que se trata es de determinar la responsabilidad respecto de una víctima que viajaba como pasajero, caso que se contempla en el apartado a) de este artículo 4. Pero aunque se entendiese aplicable ese supuesto del apartado c) sería igualmente aplicable la legislación española, dado que el conductor del vehículo también residía en nuestro país. Así lo declaró ante la Policía marroquí en la misma fecha de los hechos y ante el Juzgado de Primera Instancia, ante el que compareció a otorgar el poder para pleitos en este proceso. Consta también como residente en España en la declaración de accidente formulada ante la aseguradora demandada, en el documento de destrucción del vehículo expedido por la Junta de Andalucía y en la solicitud de baja del mismo automóvil.

Cuarto.—Pues bien, la indemnización ha de fijarse en las cantidades que se mencionan en el recurso y en la parte dispositiva de esta sentencia, que son conformes con lo establecido en el baremo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, en las cuantías vigentes en el año 2.006.

Por lo que se refiere a los gastos de entierro y funeral, se reclaman 20.000 dirhams, lo que no se aceptará porque la única prueba aportada al respecto consiste en una declaración notarial de ciertos testigos, lo que se considera insuficiente dado que se trata de gastos que suelen producir documentos, que evidentemente no se han aportado. Se conferirá por este concepto la suma de 8.000 dirhams, equivalentes a 735,29 euros, que se fijan de modo prudencial atendiendo a lo establecido por el tribunal de Tánger que conoce o ha conocido de estos hechos. El pago de esta cantidad se ordenará efectuarlo a la viuda del fallecido, a falta de toda indicación respecto a quién soportó, en realidad, los gastos en cuestión.

A las indemnizaciones se aplicará el interés del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, que es aplicable de oficio y para cuya omisión no hay razón alguna, dado que la aseguradora demandada no ha indemnizado por razón de este siniestro.

Quinto.—Ya se ha expuesto que no puede excluirse el presente proceso por razón de cosa juzgada. Ello no significa que deba prescindirse de la existencia del proceso marroquí. Se han aportado traducciones de dos sentencias dictadas en Tánger y no tenemos dudas de que el proceso es real, aunque la parte actora se haya cuidado de aportar los datos que indudablemente posee respecto a dicho proceso. Pues bien, siendo ello así y dado que las sentencias dictadas, de acuerdo con las copias de que disponemos, han ordenado el pago de determinadas indemnizaciones a cargo de la aseguradora del vehículo, indirectamente a través del organismo que asume en Marruecos su responsabilidad, procede disponer que la cantidad que se pague o se haya pagado en razón de dicho proceso a los aquí demandantes sea descontada de las indemnizaciones establecidas en la presente sentencia.

Lo contrario constituiría un enriquecimiento injusto de los demandantes completamente inadmisible. Se trata, además, de algo que sería contrario a la forma de actuar procedente incluso sin consideración a ese otro proceso. Si la demandada hubiese pagado o pagase alguna cantidad, al margen del proceso judicial pero por los hechos a que el mismo se refiere, debería descontarse de la indemnización fijada en el proceso. Cuando una aseguradora paga extrajudicialmente una suma, que cubre parcialmente lo que luego se fija en el litigio, aquellos pagos extraprocesales deben descontarse de la indemnización que se establezca en definitiva. Lo contrario comportaría regalar el dinero, a lo que obviamente no tienen derecho los perjudicados.

Sexto.—No obstante la decisión que se adopta, la estimación de la demanda es parcial, porque pese al cambio respecto a la ley aplicable que hizo la parte actora en la audiencia previa, la demanda ha sido estimada parcialmente. De inicio la cantidad pretendida fue bastante superior a la que finalmente se establece.

En cuanto a las costas de la apelación formulada por Mapfre, se le impondrán dado que se desestima, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto a la formulada por los demandantes no se hará pronunciamiento porque se estima, en aplicación del artículo 398 de dicha ley.

Vistos los preceptos citados


FALLAMOS


 
Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por los demandantes y desestimando el formulado por MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona en el asunto mencionado en el encabezamiento, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, salvo en lo que se dirá, y, en su lugar, condenamos a la citada aseguradora a pagar, A) D. Segundo y Dña. Lourdes la suma de ocho mil cincuenta y un euros con dieciocho céntimos a cada uno de ellos; B) A Dña. Susana noventa y siete mil trescientos cuarenta y nueve con cuarenta y un euros, y C) A Juan Ramón la de cuarenta mil doscientos cincuenta y cinco con ochenta y nueve euros; en todos los casos con el interés del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Al pago de dichas cantidades, incluidos los intereses, se imputarán, para disminuir dichos conceptos, las cantidades que, por principal o intereses, haya pagado o pague la mencionada compañía de seguros por razón de los hechos a que se refiere el presente proceso y, en particular, las que haya pagado o pague en virtud del proceso que, por tales hechos, se ha seguido en Marruecos. Confirmamos la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a las costas, imponemos a MAPFRE las ocasionadas por su recurso y no hacemos especial pronunciamiento respecto a las ocasionadas por el de los demandantes. Acordamos la pérdida del depósito constituido para recurrir por la repetida aseguradora y la devolución del que constituyeron los demandantes.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta sentencia, para su cumplimiento.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación por interés casacional (si el recurso presenta tal interés conforme a la ley) y recurso extraordinario por infracción procesal, éste último si se presentare conjuntamente con el primero. Deberán ser interpuestos, en su caso, ante esta Sección, en el plazo de veinte días, constituyendo el depósito correspondiente.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las leyes. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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