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Sentencia T.S.J. Extremadura 41/2012 de 20 de enero


 RESUMEN:

Expropiación forzosa. Vía de hecho: No se incurre en nulidad en la ocupación de los terrenos pues existe un procedimiento administrativo. Declaración de impacto ambiental: Consta en autos la certificación de los Estudios de Impacto Ambiental autonómicos. Declaración interés general: Determinadas obras con destino a riego, saneamiento y depuración suponen implícita la utilidad pública. Declaración de urgencia: Se declara por un precepto legal.

CACERES

SENTENCIA: 00041/2012

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA N.º 41

PRESIDENTE:

DON WENCESLAO OLEA GODOY

MAGISTRADOS:

DOÑA ELENA MENDEZ CANSECO

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS

DON JOSE MARIA SEGURA GRAU

En Cáceres a veinte de Enero dos mil doce.

Visto el recurso contencioso administrativo n.º 412/10, promovido por el Procurador Sra. Collado Díaz nombre y representación de DON Teodulfo siendo parte demandada ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada por el SR. ABOGADO DEL ESTADO; recurso que versa sobre EXPROPIACION FORZOSA por vía urgente terreno " La Vega de los Malagotes" término municipal de Madrigal de la Vera por la Confederación Hidrográfica del Tajo:

Cuantía: 333.902,46 EUROS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

Segundo.—Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entrego el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada; dado traslado de la demanda a la parte demandada para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.

Tercero.—Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las admitidas por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarando concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.

Cuarto.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales;

Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado DON. WENCESLAO OLEA GODOY, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.-


 
Primero.—Se interpone recurso contencioso-administrativo por Don Teodulfo contra la actuación constitutiva de vía de hecho por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la ocupación de los terrenos de su propiedad; se suplica en la demanda que se declare la nulidad del procedimiento de expropiación iniciado por el Organismo de Cuenca para la construcción de una Depuradora de Aguas Residuales en término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres); de forma subsidiaria se pretende que se proceda a la valoración de los bienes afectados por dichas obras conforme a lo solicitado por el recurrente. Se opone a tales pretensiones la Abogacía del Estado que considera que debe desestimarse la demanda por no concurrir la situación constitutiva de vía de hecho en la actuación administrativa objeto del recurso.

Segundo.—Le asiste la razón a la defensa de la Administración cuando pone de manifiesto la incongruencia que se aprecia en la delimitación objetiva del proceso, como se consta de la mera referencia que se ha hecho en el anterior fundamento. En efecto, teniendo como punto de partida que la delimitación objetiva de nuestro proceso se configura gradualmente en cuanto ha de impugnarse una concreta actividad administrativa, que ha de concretarse en el escrito de interposición del recurso, al menos en el procedimiento ordinario, como se concluye de lo establecido en el artículo 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y unas concretas pretensiones, que han de estar vinculadas a aquella actividad y han de concretarse en la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la mencionada Ley Procesal. Pues bien, dando un paso más, es necesario recordar que el Legislador de 1998, incorporó al objeto del proceso contencioso, además de la tradicional actividad administrativa reflejada en los actos administrativos, expresos o tácitos; la mera inactividad y, en lo que ahora interesa, las denominadas vía de hecho, que la Ley no define pero que se descubre su contenido en la Exposición de Motivos cuando se declara que son " aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase... " Pues bien, en el presente supuestos, se dice por la asistencia jurídica del recurrente impugnar una actuación material constitutiva de vía de hecho para, no sin cierta contradicción, suplicar en la demanda la declaración de nulidad de concretos actos administrativos -ya se mencionaron antes- o incluso que se proceda por la Sala a anticiparnos a esos concretos actos y proceder directamente a fijar el justiprecio. En todo caso, lo que se pone de manifiesto en la misma argumentación de la demanda es que existe un procedimiento administrativo específico que, en si mismo considerado, excluye la actuación constitutiva de vía de hecho.

Tercero.—Pese a lo expuesto en el anterior fundamento y como complemento de lo razonado, cabría suscitarse, aunque nada se aduzca al respecto en las conclusiones del recurrente ante las objeciones formales que al proceso se oponen por la defensa de la Administración, si es admisible que procedamos al examen de las cuestiones que se suscitan en la demanda, en cuanto se vendría a sostener que el procedimiento expropiatorio que se sigue por el Organismo de Cuenca adolece de vicios que lo hacen nulo de pleno derecho a los efectos de, como ya se dijo, contemplar la posibilidad de la vía de hecho precisamente por la vinculación entre esta y el acto inexistente, como ha venido a considerar la doctrina y Jurisprudencia o, en palabras del Legislador de 1998, que las actuaciones careciesen de la "cobertura jurídica" necesaria. Es decir, si las vías de hecho, siguiendo la acuñación del concepto establecida por la Jurisprudencia, ha de asimilarse a la ausencia de acto o a la ausencia de procedimiento, deberemos examinar si en el caso presente, a la vista de los graves reproches que se hacen en la demanda, cabe asimilar los actos dictados en el procedimiento a su nulidad radical, habida cuenta de que, como se dijo, el suplico de la demanda parece pretender esa declaración. Se sumaría a ello una mera cuestión pragmática, dado que los defectos que se aducen en la demanda al procedimiento tramitado siempre serían invocables con ocasión del la impugnación de la resolución en que se fijase de manera definitiva el justiprecio de los bienes y derechos del recurrente que se han declarado de necesaria ocupación y han sido ya objeto de ocupación. Y todo ello porque se hacen en la demanda reproches a la tramitación del procedimiento que, de concurrir, ocasionaría la nulidad de pleno derecho. En efecto, esas objeciones que ocasionarían la declaración de nulidad del procedimiento serían, de las alegadas en la demanda, la pretendida ausencia de la declaración de impacto ambiental y la falta de motivación de la declaración de urgencia de las obras, a los efectos de seguir el procedimiento de urgencia. Todos los demás reproches que se hacen en la demanda a la actuación seguida por el Organismo de Cuenca no tendrían entidad suficiente para provocar la nulidad de pleno derecho, que tiene un carácter restringido, conforme se establece en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en su caso, sólo darían lugar a la anulabilidad, por la vía del artículo 63 de la mencionada Ley de Procedimiento que, sabido es, exige para esa ineficacia de los actos, que se hubiera ocasionado indefensión, en el sentido de constituir una privación real y efectiva de haber podido hacer alegaciones y aportar prueba al procedimiento en defensa de los derechos del recurrente que, como puede constatarse por este proceso, no es apreciable en el caso de autos.

Cuarto.—Delimitado el contenido de esta sentencia en la forma expuesta, es necesario dejar constancia de las actuaciones administrativas que constan en el expediente y se han acreditado a lo largo del proceso, teniendo en cuenta que ante las alegaciones que hemos mencionado no consta la integridad de esa actuaciones ni la defensa de la Administración ha procedido a contestar a las deficiencias procedimentales que hemos determinado antes, lo que no hace fácil el examen de esas cuestiones. No obstante, debemos comenzar por señalar que la concreta construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que se pretende construir por el Organismo de Cuenca en los terrenos propiedad del recurrente -y constituyen la motivación del recurso-, se integra dentro de un Proyecto de Obras más genérico referido a las de "saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria de la Vera (Cáceres)", a desarrollar en los diversos municipios integrados en dicha Comarca, entre ellos, el de Madrigal de la Vera a que se refiere la demanda. Pues bien, esa concreta obra y aquel Proyecto general, aparecía ya recogido en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que en su artículos 36 declaraba que " todas y cada una de las obras incluidas en el anexo II se declaran de interés general con los efectos previstos en el artículo 44.2 y 119 de la Ley de Aguas y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de

la utilidad pública implícita en los planes de obras del

Estado ", recogiéndose en el mencionado Anexo como una de tales obras la de " saneamiento y depuración de la Vera, comarca de Las Hurdes y la Vera. " Por otra parte, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estableció en su artículo 111 la " declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego y otras infraestructuras "; con expresa referencia a las obras -apartado A- a las de " saneamiento y depuración de la Vera ", declaración que aquel precepto declaraba -párrafo segundo - que suponía que llevaban implícita de: " a) la de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9 , 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa . b) La de urgencia. " Es decir, ha sido un precepto con rango legal la que ha declarado la urgencia en la ocupación, por lo que no es posible examinar esa decisión en esta vía Jurisdiccional que tiene vedado el contaste de legalidad de una norma con tal rango; lo que obliga a rechazar la objeción formal que se hace en la demanda. Y a la misma conclusión ha de llevar el reproche sobre la ausencia de declaración de impacto ambiental porque consta en autos la certificación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental, con intervención de la Administración Autonómica, lo cual es suficiente a los efectos del examen de legalidad que ahora nos corresponde, sin que en los límites de este proceso, como ya se dijo, proceda un examen exhaustivo de la legalidad aplicable que no generaría, como antes se expuso, la nulidad de pleno derecho, todo lo cual obliga a la desestimación del recurso.

Quinto.—No se aprecian temeridad o mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas a ninguna de las partes, de conformidad con lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española.


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Ana Collado Díaz, en nombre y representación de Don Teodulfo contra la actuación de la Confederación Hidrográfica del Tajo a que se hace referencia en el primer fundamento; que, en lo aquí cuestionado ha de estimarse ajustada al Ordenamiento Jurídico, sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; haciendo constar que no es firme y procede interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de treinta días, conforme a los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; previa prestación de caución por importe de 50 €.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.- Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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