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Sentencia A.P. Albacete 9/2012 de 24 de enero


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Estimación del pago por venta de gasóleo como combustible para maquinaria agrícola. Prescripción: Compraventa mercantil de la que deriva la deuda. Distinción entre compraventa civil y mercantil: Jurisprudencia. Destino para el uso o consumo industrial o empresarial.

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil 192/11

Verbal 38/11 del Juzgado de 1.ª Instancia de Casas Ibáñez

Apelante: HERMA NO S CARRIÓN MONEDERO S.L.

Procurador: Jacobo Serra González

Apelado: Juan Manuel

Procurador: Eva M.ª Medina Peñarrubia

SENTENCIA NUM. 9

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMO. SR. MAGISTRADO PONENTE D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ

En Albacete a veinticuatro de enero de dos mil doce.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación por el Iltmo. Sr. D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ designado como Ponente, según el turno establecido para el conocimiento y resolución de los autos n.º 38/11 de juicio verbal, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Casas Ibáñez y promovidos por Hermanos Carrión Monedero, S.L. contra Juan Manuel; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 28 de abril de 2.011 por el Sr. Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida demandante.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1.º- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Que DESESTIMO la demanda interpuesta por HERMANOS CARRIÓN MONEDERO S.L. contra Juan Manuel, y ABSUELVO a éste de las pretensiones frente a él formuladas, haciendo expresa imposición de costas a la parte actora.".

2.º- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la demandante, representada por medio del Procurador D. Juan Carlos Campos Martínez, bajo la dirección del Letrado D. Miguel Andújar Ortuño, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazada la parte demandada, por la misma, representada por la Procuradora D.ª Eva M.ª Medina Peñarrubia, se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de treinta días, compareciendo el Procurador D. Jacobo Serra González en nombre y representación de la apelante Hermanos Carrión Monedero, S.L., y la Procuradora D.ª Eva M.ª Medina Peñarrubia, en nombre y representación del apelado Juan Manuel.

3.º- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia recurrida desestimó por prescripción la reclamación de cantidad articulada en nombre y representación de "Hermanos Carrión Monedero, S.L." contra Juan Manuel. La deuda reclamada derivaba, según la demandante, de dos ventas de gasóleo "B" entregadas los días 2 de marzo y 29 de julio de 2005. La Juez de Primera Instancia consideró aplicable el art. 1967,4 del Código Civil y no los arts. 325 y 943 del C. Com. y 1964 del CC, y por eso declaró prescrita la acción, dado que la primera reclamación la efectuó la demandante el día 12 de noviembre de 2009.

La demandante apela la resolución descrita porque entiende que no es aplicable el plazo de prescripción del art. 1967,4 del CC, sino el del art. 1964 al ser mercantiles las compraventas de las que deriva la deuda.

La demandante sostiene que el gasóleo entregado estaba destinado a los tractores de la explotación agrícola del demandado. Este afirma que la explotación aludida pertenecía a la comunidad hereditaria de su padre, y que no todo el gasóleo se usó como combustible de tractor, pues en parte se usó para alimentar la caldera de la calefacción de la casa de su madre, lo cual excluye, según él, la calificación de las compraventas como mercantiles.

Además, considera el demandado que, en cualquier caso, las compraventas eran civiles aun pensando en que el gasóleo se destinase a combustible para la maquinaria agrícola, pues el combustible no se adquirió para revenderlo con ánimo de lucrarse en la reventa.

A.- Respecto de la afirmación de que el gasóleo se usó, en parte, como combustible de calefacción de un domicilio privado, debe decirse que no está respaldado por prueba suficiente. Únicamente el testigo Juan, empleado del demandado, dijo que del mismo depósito que se surtía a los tractores se servía la calefacción, pero ello resulta poco creíble, pues no puede perderse de vista que el gasóleo "B" solo puede usarse legalmente en maquinaría agrícola. En cualquier caso, ese hipotético uso "clandestino", contrario a la ley, no puede servir de argumento para establecer la naturaleza jurídica del contrato de compraventa del producto, pues el gasóleo B esta destinado, por definición, a su uso en maquinaría agrícola.

B.- Hay que reconocer que no hay una línea clara en la jurisprudencia en relación a la distinción entre la compraventa civil y la mercantil. Así, la STS de 9 de julio de 2008 (n.º 672/2008) consideró civil la compra de muebles para instalarlos en un complejo hotelero; la de 10 de noviembre de 2000 (n.º 1039/2000) calificó de civil la venta de pienso por una cooperativa a uno de sus miembros, que lo destinaba para alimentar a las aves que después vendía; la de 23 de enero de 2009 (n.º 22/2009) entendió que era mercantil la compraventa de cebada para alimentar cerdos; y la de 3 de mayo de 1985 (Ardi RJ 1985\2257) estableció que se puede hoy llegar a la conclusión de negar el calificativo de civiles respecto de aquellas compras que para su consumo (artículo 326.1 del Código de Comercio) se hacen por empresas o particulares -incluso no comerciantes- dedicadas a una explotación industrial, mercantil o agrícola, con o sin transformación de la mercancía o incorporada a ésta al revender, por entender que esas compras no están incluidas en la excepción del número primero del citado artículo 326, en relación con el artículo 325 del Código Mercantil, es decir, por no estar destinadas al consumo particular o familiar, o exceder de éste, sino al fin empresarial o negocial de producción, transformación o inversión productiva, como de esas compras llamadas de empresa o empresariales, cuyo fin propio, aunque sea para su consumo como tal empresa o negocio, sea en definitiva la venta productiva o lucrativa (o la adquisición de bienes para producir), en definitiva la inversión productiva, actividad que evidentemente no puede ser calificada más que con la nota que a su vez califica de mercantil la compra con ánimo de lucro, según el artículo 325 del Código de Comercio, en cuanto la empresa o persona empresaria, no compra para consumir, sino para producir, es decir, obtener un beneficio que le permita continuar en la cadena productiva.

Este Tribunal prefiere la segunda postura, apoyada por la Doctrina más autorizada, que predica la mercantilidad de la compraventa para uso o consumo industrial basándose en que tal carácter se halla aceptado de modo implícito en el artículo 325 del Código de comercio y no puede entenderse incluido en el número 1.º del artículo 326. Esa postura, que apoyan las SSTS de 16 junio 1972 [ RJ 1972\2744 ], 21 diciembre 1981 [ RJ 1981\5280 ], 20 noviembre 1984 [ RJ 1984\5617 ], las citadas más arriba y otras, tilda de mercantiles los contratos de compraventa cuando, aun no existiendo posterior reventa, la mercadería de que se trate es objeto de especulación por parte del comprador, o lo que es lo mismo, es destinada por éste a su propio fin negocial o empresarial, es decir, a obtener un beneficio que le permita continuar en su línea de planteamiento productivo, lo que no significa otra cosa que "uso o consumo industrial empresarial".

Siendo ello así, la aplicación de los arts. 943 del C.Com. y 1964 del CC llevan a entender no prescrita la acción.

La sentencia debe, por ello, revocarse.

Segundo.—Debe entrarse, así, en el estudio de la segunda excepción planteada por el demandado: falta de legitimación pasiva.

Esa excepción se basa en la afirmación del demandado de que no adquirió el gasóleo para sí, sino que lo hizo para la explotación agraria de su padre fallecido, perteneciente a una comunidad hereditaria.

Al respecto basta con recordar que los contratos vinculan a aquellos que los consienten (art. 1257 del CC), y que hay razones para concluir que quien adquirió el gasóleo fue el demandado: firmó uno de los albaranes, mientras que el otro lo suscribió el testigo Juan que en el juicio dijo que "obedecía instrucciones de don Juan Manuel ".

Ese mismo argumento sirve para descartar la falta del debido litisconsorcio pasivo, pues la comunidad hereditaria no era parte en el contrato, aunque fuera beneficiaria del suministro del gasóleo, y por ello pueda el demandado repetir contra los comuneros lo que proceda.

Tercero.—Descartada la viabilidad de las excepciones, y estando razonablemente acreditada la deuda, es procedente la estimación de la demanda, incluidos los intereses a los que se refiere la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Cuarto.—En materia de costas, procede la condena del demandado al abono de las de primera instancia y no hacer pronunciamiento de condena en cuanto a las de la apelación.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.


FALLO


 
Estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Hermanos Carrión Monedero, S.L. contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Casas Ibáñez en fecha 28 de abril de 2.011, debo revocar y revoco la misma y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 1421 € más los intereses de la anterior cantidad según la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y las costas de la primera instancia. No se hace pronunciamiento condenatorio sobre las costas de la apelación.

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4.º de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/85, de 1.º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada, leída, firmada y publicada en el mismo día de su fecha, ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ, estando celebrando audiencia pública y presente yo la Secretario, doy fe.- Albacete, veinticuatro de enero de dos mil doce.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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