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Sentencia T.S.J. Cataluña 100/2012 de 10 de febrero


 RESUMEN:

Licencias municipales: Licencia de legalización de obras construidas en exceso sobre suelo no urbanizable; disconformidad a derecho por incumplimiento del régimen dispuesto para el suelo no urbanizable deltaico. Revisión de oficio: Rechazo de la revisión de oficio por motivos de nulidad de pleno derecho; la eficacia de los Planes de Urbanismo está condicionada a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y sus normas urbanísticas. Prueba: Los informes aportados sólo pueden verse desvirtuados con la práctica de una prueba pericial forense.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación sentencia n.º 369/2010

SENTENCIA N.º 100/2012

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DON JOSÉ JUANOLA SOLER

MAGISTRADOS:

DON MANUEL TÁBOAS BENTANACHS

DOÑA ANA RUBIRA MORENO

En la ciudad de Barcelona, a diez de febrero de dos mil doce.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelación de sentencia número 369/2010, interpuesto por la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y dirigida por el Señor LETRADO DE LA GENERALITAT, contra el AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE, representado por el Procurador DON IVO RANERA CAHIS y dirigido por el Letrado DON JAUME BORJA CARLES y contra DON Ambrosio, representado por el Procurador DON JAUME LLUCH ROCA, con asistencia letrada y contra DON Ambrosio. Es Ponente Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En el recurso contencioso-administrativo número 244/2008 tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, el 8 de julio de 2010 se dictó sentencia desestimando el recurso formulado contra las siguientes resoluciones dictadas por el Alcalde de Deltebre: decreto 488/08, de fecha 6 de marzo de 2008; decreto 732/03, de fecha 17 de abril; decreto 1929/2005, de 17 de noviembre de 2005.

Segundo.—Contra la referida sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación, elevándose las actuaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Tercero.—Turnado a la Sección tercera de dicho Tribunal, se acordó formar el oportuno rollo, designar Magistrado Ponente y, no habiéndose recibido el proceso a prueba ni dado trámite de vista o conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo el día 8 de febrero de 2012.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el recurso de apelación tiene por objeto la sentencia dictada el 8 de julio de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, que desestima el recurso formulado contra las siguientes resoluciones dictadas por el Alcalde de Deltebre: decreto 488/08, de fecha 6 de marzo de 2008; decreto 732/03, de fecha 17 de abril; decreto 1929/2005, de 17 de noviembre de 2005.

El recurso de apelación se sustenta en las siguientes consideraciones jurídicas: 1. Alcance de la sentencia; 2. Falta de motivación de la sentencia: falta de valoración de la prueba; 3. La correcta valoración de la prueba ha de comportar que se ha demostrado la existencia de los incumplimientos alegados. Improcedencia de la inversión de la carga de la prueba.

Segundo.—Obran en el expediente administrativo los siguientes datos de interés para la resolución del presente recurso: decreto 732/2002 dictado el 17 de abril de 2003 por el Alcalde de Deltebre, por el que se concede licencia de obras para la construcción de un almacén de 69,96 m2 en el polígono 40, parcela 43; decreto 1929/2005 dictado el 17 de noviembre de 2005 por el Alcalde de Deltebre, por el que se concede licencia para la legalización de las obras de un almacén en el polígono 40, parcela 43; resolución dictada el 23 de septiembre de 2004 por el Director General d`Urbanisme, por la que se dispone solicitar al Ayuntamiento de Deltebre la revisión de oficio de la licencia de obras otorgada mediante el decreto 732/2002 conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LPAC y, subsidiariamente, según lo dispuesto en el artículo 103 de la citada Ley y para que una vez revisada la licencia proceda a la restauración de la legalidad urbanística y la incoación de procedimiento sancionador; resolución dictada el 10 de enero de 2008 por Director General d`Urbanisme, por la que se dispone solicitar al Ayuntamiento de Deltebre la revisión de oficio conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LPAC, de la licencia de obras otorgada mediante el decreto 732/2002, así como de la licencia de legalización de las obras realizadas con exceso de la citada licencia, otorgada mediante el decreto 1929/2005 y, subsidiariamente, en atención a lo establecido en el artículo 103 de la citada Ley; el decreto 488/08 dictado el 6 de marzo de 2008 por el Alcalde de Deltebre, que declara la caducidad del procedimiento de revisión de oficio incoado el 7 de julio de 2005 e incoar procedimiento de revisión de la licencia otorgada con el decreto 732/03, al amparo de los dispuesto en el artículo 103 de la LPAC.

En el súplico de la demanda la parte actora solicitaba que se dictara sentencia estimando el recurso y declarando la nulidad de pleno derecho del decreto 488/08 y de las dos licencias de obras recurridas, acordando el derribo de la vivienda construida.

Tercero.—Sobre las cuestiones litigiosas plateadas en el recurso en el que se dicta la sentencia apelada se resuelve en su fundamento de derecho séptimo, pero algunas de las alegaciones contenidas en la demanda no son objeto de tratamiento, como es la referida a la desconformidad a derecho del decreto 488/08, no en cuanto a la declaración de caducidad del procedimiento de revisión de oficio incoado con anterioridad, sino respecto del acuerdo de incoar procedimiento de revisión de oficio solo conforme a lo establecido en el artículo 103 de la LPAC y respecto de la licencia otorgada mediante el decreto 732/03, omitiendo toda referencia a la licencia de legalización de las obras realizadas en exceso de la citada licencia, concedida mediante el decreto 1929/2005 y la revisión de ambas licencia conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LPAC.

Del contenido del citado decreto 488/08 se puede deducir que se está desestimando la pretensión ejercitada de forma principal por la Comunidad Autónoma, de revisión de oficio de las dos licencias de obras, en los términos establecidos en el artículo 102 de la LPAC y, de forma subsidiaria, por el procedimiento previsto en el artículo 103 de la citada Ley, respecto de la licencia sobre la que versa el decreto 1929/05.

En estos términos, no se presenta obstáculo en entrar a resolver sobre si las licencias de obras respecto de las que se pidió su revisión de oficio incurren en un supuesto de nulidad de pleno derecho, que faculte su revisión de oficio en los términos del artículo 102 de la LPAC, o, de no ser así, si procede que sean declaradas lesivas para el interés público por ser anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la citada Ley, en los términos previstos en el artículo 103.

Cuarto.—Es un hecho no discutido por las partes que el suelo sobre el que versan las licencias de obras cuya revisión se pretende es suelo no urbanizable deltaico.

El 17 de abril de 2003, fecha en la que se otorga la licencia de obras obtenida mediante el decreto 723/2003 y el 23 de septiembre de 2004, fecha en la que el Director General d`Urbanisme resuelve solicitar al Ayuntamiento de Deltebre la revisión de oficio de la licencia de obras otorgada mediante el decreto 732/2002 conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LPAC y, subsidiariamente, según lo dispuesto en el artículo 103 de la citada Ley, en materia de urbanismo la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo (LU), en su artículo 11, preveía la nulidad de pleno derecho para los supuestos de reservas de dispensación, y en el artículo 202.1 para: a) Los actos de parcelación, urbanización, edificación y uso del suelo y subsuelo que se lleven a cabo sin licencia u orden de ejecución en terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes públicas o espacios libres de edificación de carácter público, así como los que se lleven a cabo en terrenos clasificados como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1.a) primero. El 18 de noviembre de 2005, fecha en la que se otorga la segunda licencia de obras mediante el decreto 1929/2005 y el 10 de enero de 2008, fecha en la que el Director General d`Urbanisme dispone solicitar al Ayuntamiento de Deltebre la revisión de oficio conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LPAC, de la licencia de obras otorgada mediante el decreto 732/2003, así como de la licencia de legalización de las obras realizadas con exceso de la citada licencia, otorgada mediante el decreto 1929/2005 y, subsidiariamente, en atención a lo establecido en el artículo 103 de la citada Ley, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo (TRLU), regulaba la nulidad de pleno derecho en parecidos términos que la anterior, si bien la remisión que su artículo 202.1.a) efectúa a favor de su artículo 32.1.a) lo es en toda su extensión, al desaparecer la mención de su apartado primero.

Según el citado artículo 32.1.a) del TRLU constituyen el suelo no urbanizable: Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal debe clasificar como no urbanizables por razón de los factores siguientes, entre otros: Primero. Un régimen especial de protección aplicado por la legislación sectorial y por el planeamiento territorial que exija esta clasificación como consecuencia de la necesidad o la conveniencia de evitar la transformación de los terrenos para proteger el interés conector, natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo. Segundo. Las determinaciones de los planes directores, de acuerdo con lo establecido por el art. 56. Tercero. La sujeción de los terrenos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público".

Como planeamiento territorial tenemos el Pla Territorial de les Terres de l `Ebre, aprobado definitivamente 15 de mayo de 2001, que tras definir en su artículo 80 los espacios incluidos dentro de la plana deltáica, en el 81 recoge como objetivo de la ordenación territorial dispuesta el " mantenir la superfície agrícola existent que alhora té alt valor mediambiental des del punt de vista de la sostenibilitat", añadiendo que , "per tal de protegir i mantenir l`actual destinació es prohibeix tot ús contradictori amb la seva finalitat", en especial , " s`exigeix preservar-la del procés d`urbanització ". Como se de ver, este Plan Territorial no dota al suelo no urbanizable deltaico de una especial protección.

Como Plan Director se cuenta con el Pla de Coordinació del Delte de l` Ebre, aprobado definitivamente el 5 de marzo de 1996. En esa fecha el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo de Cataluña TRLUC), en su artículo 17 recogía la previsión de que el planeamiento urbanístico del territorio se podía desarrollar a través de, entre otros planes, de los Planes Directores Territoriales de Coordinación. Según su artículo 19, "los Planes Directores de Coordinación establecerán de conformidad con los principios del Plan Territorial

General y las exigencias del desarrollo regional, las directrices para la coordinación de la ordenación urbanística del territorio" y "contendrán las siguientes determinaciones: a) (...). b) (...). c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los otros recursos naturales y la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio histórico-artístico. d) (...)". Como es de ver, ese precepto, en parecidos términos a los recogidos en el artículo 56.1.c) del TRLU, al que remite su artículo 202.1, atribuye a los Planes Directores Territoriales de Coordinación la ordenación de medidas de protección del suelo no urbanizable. Luego, no se presenta obstáculo en atender a las determinaciones del Plan de Coordinació del Delte de l` Ebre.

El artículo 20 del citado Plan contiene la definición del suelo no urbanizable deltaico, expresándose en los siguientes términos: " Dintre del sòl no urbanitzable, es diferència com a sòl deltaic pròpiament dit o en sentit estricte el constituït per les terres més baixes, guanyades al mar amb les sedimentacions més modernes de la desembocadura del riu, la seva delimitació es formula a la col·lecció 4.ª dels plànols del Pla director. 2. Pels seus especials valors paisatgístics, ecològics i agrícoles, aquest àmbit ha de ser objecte d`una especial protecció. En congruència amb això, la regulació que es conté als articles següents s`ha d`interpretar de forma restrictiva ".

La especial protección de que dota ese Plan al suelo no urbanizable deltaico determinaría la nulidad de pleno derecho de cualquier acto que vulnere el régimen dispuesto a favor del mismo, pero siendo doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que la eficacia de los Planes de Urbanismo está condicionada a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y la de sus normas urbanísticas (STS de 21 de diciembre de 2004) y también constante la que afirma que la falta de publicación de las normas urbanísticas de un plan determina su ineficacia, y consecuentemente, la nulidad de los actos probados en ejecución del mismo (sentencia de 28 de abril de 2004, con remisión a las de 20 de mayo, 8 de julio, 25 de septiembre y 9 de octubre, todas ellas de 1999), es de ver que en el DOGC de fecha 15 de mayo de 1996 solo se publicó el acuerdo de 5 de marzo de 1996 del Govern que aprobaba definitivamente el Pla de Coordinació del Delte de l` Ebre, sin que se incluyera su normativa, que no consta publicada posteriormente.

Procede pues rechazar la pretensión de revisión de oficio por motivos de nulidad de pleno derecho en los términos establecidos en el artículo 102 de la LPAC.

Quinto.—Las licencias de obras cuya revisión de oficio se pretende autorizan la construcción de un almacén agrícola.

Según dispone el artículo 47.6 del TRLU, "en suelo no urbanizable, además de las actuaciones de interés público a que se refiere el apartado 4, sólo se pueden admitir como nuevas construcciones, respetando siempre las incompatibilidades y las determinaciones de la normativa urbanística y sectorial aplicable: a) Las construcciones y las dependencias propias de una actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en general, rústica". Luego, para que fuera admisible una nueva construcción destinada a explotación agrícola se hace necesario respetar el régimen de incompatibilidades y las determinaciones del Pla Territorial de les Terres de l`Ebre y de las Normas Subsidiarias de Deltebre.

El Pla Territorial de les Terres de l`Ebre, aprobado definitivamente 15 de mayo de 2001, al regular en su artículo 82 los usos compatibles en suelo no urbanizable de las " planes fluvials i plana deltaica " dispone que " la utilització dels los terrenys compresos en aquest sòl ha de obeir a una finalitat agrícola, forestal, ramadera o, en general, vinculada a l` explotació racional de recursos naturals, conforme al que estableix la legislació sectorial que els reguli " añadiendo que " s`admeten els usos rurals vinculats a l` explotació dels recursos naturals, a la generació dels conreus abandonats i a la promoció i al desenvolupament de l` activitat agrícola i ramadera, i es podrà admetre, excepcionalment, l`ús residencial com a ús complementari i accessori.". Su artículo 83 referido a " edificacions agropecuàries ", en su apartado 2 dispone que " les edificacions emparades en aquest article han de guardar una relació funcional directa amb l` explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori respecte de l` explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de la finca on s`ubiquen. Així, es poden considerar explotacions agropecuàries les dedicades a magatzems per a eines, maquinària i productes utilitzat en l` explotació de la finca on estiguin ubicats, com també a magatzem dels productes naturals obtinguts de l` explotació de la mateixa finca.". En su apartado se recoge indicación expresa de que " les construccions no tindran aspecte d` edificis propis de zones urbanes ni d' habitatges "

En parecidos términos se expresa el Pla Director de Coordinació del Delta de l` Ebre en su artículo 23, pero como se ha visto, sus normas urbanísticas no han sido publicadas, por lo que no cabe estar a su contenido.

En el Capítulo V de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Deltebre, aprobadas definitivamente el 24 de mayo 1995, se contiene el régimen jurídico aplicable al suelo no urbanizable. Entre sus Disposiciones generales se encuentra el artículo 153, que regula los usos permitidos y prohibidos, en el que se dispone: (...) Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. Amb caràcter general queden prohibits els següents usos: (...) magatzems i dipòsits de material no relacionats amb usos agrícoles, ramaders (...)" Según el artículo 154, párrafo segundo, " En sòl no urbanitzable només es podran realitzar les construccions destinades a explotacions agrícoles que estiguin íntimament relacionades amb els conreus de la finca; així com les instal·lacions vinculades al manteniment i servei de les obres públiques ". Respecto del suelo no urbanizable, suelo agrícola deltaico, el artículo 160 dispone: " En aquesta zona s`admeten els usos: agrícola: granges, hivernacles, sitges i sequers (...)", para en el artículo 162, relativo a " Construcció pecuàries i magatzems agrícoles "; establecer que " Les condicions d` edificació de l` ús agrícola en la modalitat de granges són les següents: · Només es permeten quan sigui d` explotació familiar o dels propietaris del terreny".

Además de que de la interpretación sistemática de los dos últimos preceptos se extrae que en suelo no urbanizable deltaico se admite el uso agrícola con la instalación de no solo de granjas, propiamente dichas, sino también de otras construcciones como serían los almacenes agrícolas, es de ver que el artículo 47.6.a) de la LU, vigente cuando se otorga la primera licencia de obras cuya revisión se solicita, y el mismo precepto del TRLU, vigente cuando se otorga la segunda licencia de obras cuya revisión de oficio también se pide, admiten en suelo no urbanizable construcciones propias de una actividad agrícola o ganadera.

En defensa del cumplimiento de lo preceptuado en esos artículos en la contestación a la demanda el Ayuntamiento de Deltebre refiere que es una obviedad para la Administración municipal que en la finca sobre la que versan las licencias de obras existe una explotación agrícola y los técnicos municipales que informan hacen un control previo, remitiendo a la documentación aportada al solicitar la legalización de las obras no cubiertas con la licencia de obras otorgada mediante el decreto 732/03 y al informe del Arquitecto municipal de 16 de noviembre de 2005.

La citada Corporación no ha tenido en cuenta que esa documentación no obra en el expediente administrativo remitido. Es la Administración demandada la que con la demanda aporta copia del escrito presentado por el interesado ante el Ayuntamiento de Deltebre el 20 de julio de 2005, con el que se adjuntan dos informes. El primero termina con la indicación de que el edificio situado en la parcela 43 del polígono 40 de Deltebre, cuya función es el almacenamiento de herramientas y maquinaria agrícola, así como el almacenamiento de productos agrícolas procedentes de la explotación de la finca, cumple con los requisitos del Pla Territorial de les Terres de l `Ebre, del Pla Director de Coordinació del Delta del Ebre y de las Normas Subsidiarias de Deltebre. El segundo concluye con la indicación de que de la información facilitada se deduce que por las características de la explotación agrícola el almacén construido es idóneo para atender las necesidades derivadas de la misma.

El informe del Arquitecto municipal al que remite el Ayuntamiento de Deltebre obra en el folio 86 y siguientes del expediente administrativo. En el mismo se refiere el cumplimiento de los preceptos antes citados pero en cuanto a la vinculación de la edificación a una explotación agraria y su proporcionalidad no aporta razón sobre ello sino que remite al informe aportado con la solicitud de legalización de las obras, antes referido.

También aporta el Ayuntamiento de Deltebre con la contestación a la demanda un informe en el que, tras relacionar las diversas fincas propiedad del titular de las licencias de obras sobre las que versa la revisión de oficio, e indicar la superficie construida, que es de 79,96 m2 más 31,80 m2 de porche, y su distribución, relaciona la superficie cultivable y la producción de arroz, así como las necesidades de semillas, adobes, sal y productos fitosanitarios, para terminar con un cuadro de superficies que justifica la ocupación del almacén por productos obtenidos con la cosecha y los necesarios para realizar la misma, que fija en 117,64 m2, más 12,99 m2 como superficie no ocupada para poder acceder a los productos almacenados.

En el ramo de prueba de la parte actora obra el informe elaborado el 4 de diciembre de 2008 por los Servies Territorials de les Terres de l`Ebre del Departament d` Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en el que se informa que según los datos catastrales la finca tiene una superficie de 7.556 m2 y en la misma se cultiva el arroz, con la indicación de que ese hecho no justifica la necesidad de tener un almacén agrícola, así como que en la inspección se observa una edificación de dos plantas que en ningún caso es asimilable a un almacén agrícola, tanto por su tipología, disposición interna y volumen edificado. Sus aberturas y su morfología hacen que la edificación presente elevadas dificultadse para dar el servicio de guarda del material de trabajo agrícola de la finca de arroz a la que se asocia, incluyendo unas fotografías. Seguidamente entra en el examen del estudio justificativo de las necesidades de almacén realizado por el ingeniero técnico agrícola, que es el aportado por el Ayuntamiento del Deltebre con la contestación a la demanda, refiriendo que no existe evidencia de que la edificación dé o pueda dar uso a las actividades descritas en ese estudio, sin que en el mismo se dé explicación de las tres chimeneas de que dispone la edificación, una de ellas perteneciente a una cocina exterior que ocupa la zona del porche, sin que la funcionalidad de las otras dos salidas de humos quede reflejada en el plano aportado. La edificación construida presenta ciertos condicionantes en contra de poder hacer el movimiento de los productos agrícolas y posibilitar su almacenamiento. Uno de los principales usos para justificar la necesidad de un almacén es el de guarda del material agrícola, maquinaria y elementos asociados, que no es posible dada la situación actual de la edificación y sus características. Los almacenes agrícolas en suelo no urbanizable es un uso admitido siempre que esté justificado en relación con la explotación agrícola con la que se relaciona.

Para desvirtuar los datos objetivos contenidos en este informe no resulta suficiente el contenido del informe de parte aportado con la contestación a la demanda ni tampoco la información contenida en los informes aportados con el fin de obtener la licencia de legalización de las obras que no se ajustaban a la primera licencia de obras otorgada, sin que el informe del Arquitecto municipal aporte dato relevante alguno, sino que se hacía necesaria la práctica de una prueba pericial forense, que no ha sido propuesta por ninguna de las partes demandadas.

Luego, el incumplimiento del régimen dispuesto para el suelo no urbanizable deltaico tanto en el Pla Territorial de les Terres de l `Ebre como en las Normas Subsidiarias de Deltebre, determina la disconformidad a derecho de las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Deltebre, cuya revisión de oficio pretende la Administración apelante.

Sexto.—En el escrito de demanda también se defiende el carácter ilegalizable de la vivienda construida con las citadas licencias de obras.

La sentencia apelada, tras transcribir el contenido de otra sentencia dictada en el recurso 476/07, resuelve sobre esta cuestión litigiosa refiriendo que la distribución interior de la construcción representada en los planos (almacén con altillo destinado a despacho), no permite configurar la construcción como vivienda, añadiendo que la Administración debe procurar que no se destine a ese uso.

Con el escrito de demanda la parte actora adjuntaban hasta cuatro informes elaborados por el Servei d` Inspecció de la Direcció General d`Urbanisme, sobre la construcción levantada con soporte en las dos licencias de obras cuya revisión se solicita. En el primero, de fecha 2 de agosto de 2004, se detallan los resultados obtenidos en la inspección efectuada el 15 de julio de 2004, en el que tras referir que las obras estaban en ejecución y que el volumen de la edificación y la cubierta ya estaba realizado, se indica que se trata de una vivienda con planta baja y piso, con un porche en la fachada principal de 10,6 por 3,75 m y una pared en forma de L de unos 2 m de alto, con una barbacoa de obra y una construcción anexa en el lateral oeste de 2x8 m2. En la fachada sur hay dos ventanas en planta baja y una puerta peatonal de acceso y en la planta piso una ventana, en la fachada este una puerta y una ventana, en la oeste una pequeña abertura y en la norte una ventana, adjuntándose la planta y el alzado del proyecto en la que se grafían las obras, con la indicación de que según los datos catastrales la parcela tiene 0,7567 Ha destinadas a regadío. El último informe, de fecha 13 de julio de 2007, recoge los resultados habidos en la inspección de 10 de julio de 2007, en el que se indica que las obras están terminadas y que la edificación construida obedece a la tipología de vivienda ya que tiene tres chimeneas, antena de televisión, aberturas peatonales con rejas decorativas, alumbrado exterior con farolas y conexión de agua potable, así como un cierre perimetral que abarca parte de la parcela, con una puerta corrediza automática, encontrándose delante de la construcción una zona ajardinada con gravas de distintos colores, árboles y farolas, con la indicación de que en la zona no ajardinada se encuentra maquinaria para el cultivo del arroz, que no puede entrar en la edificación porque las puertas son pequeñas.

Como se ha visto, en el ramo de prueba de la parte actora obra el informe elaborado el 4 de diciembre de 2008 por los Servies Territorials de les Terres de l`Ebre del Departament d` Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en el que se informa que en la inspección se observa una edificación de dos plantas que en ningún caso es asimilable a un almacén agrícola, tanto por su tipología, disposición interna y volumen edificado. Sus aberturas y su morfología hacen que la edificación presente elevadas dificultadse para dar el servicio de guarda del material de trabajo agrícola de la finca de arroz a la que se asocia, incluyendo unas fotografías.

En el escrito presentado por el interesado ante el Ayuntamiento de Deltebre el 29 de julio de 2005, con el fin de obtener la legalización de las obras no amparadas en la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Deltebre el 17 de abril de 2003, con el que se adjuntan los dos informes antes estudiados, se viene a reconocer que lo construido no ese un almacén sino una vivienda al indica que las obras ejecutadas no se ajustan a la misma pues se ha construido una barbacoa en el exterior de la vivienda y tres chimeneas.

La parte codemanda propuso como prueba la declaración de testigos de los técnicos que elaboraron esos informes.

Los resultados obtenidos con las pruebas practicadas no resultan suficientes para desvirtuar el contenido y las conclusiones que se alcanzan con el examen de los informes aportados con la demanda y con el informe obrante en el ramo de prueba de la parte actora, en cuanto al destino a vivienda de la edificación sobre la que versan las licencias de obras cuya revisión de oficio se pretende. La precisión y detalle de esos informes hace que solo pudiera verse desvirtuado su contenido con la práctica de una prueba pericial forense, que no ha sido propuesta por las partes demandadas.

Esa conclusión determina que se haga necesario ver las condiciones en las que, en atención a lo dispuesto en el TRLU, en el Pla Territorial de les Terres de l `Ebre y en las Normas Subsidiarias de Deltebre, se admite el uso de vivienda.

Séptimo.—Según dispone el artículo 47.6 del TRLU, "en suelo no urbanizable, además de las actuaciones de interés público a que se refiere el apartado 4, sólo se pueden admitir como nuevas construcciones, respetando siempre las incompatibilidades y las determinaciones de la normativa urbanística y sectorial aplicable: a) Las construcciones y las dependencias propias de una actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en general, rústica.

(...); b) Las construcciones destinadas a vivienda familiar o al alojamiento de personas trabajadoras temporeras que estén directamente y justificadamente asociadas a una de las actividades de explotación a que hace referencia la letra a". Luego, para que fuera admisible una nueva construcción destinada a vivienda familiar o alojamiento de personas trabajadoras se hace necesario respetar el régimen de incompatibilidades y las determinaciones del Pla Territorial de les Terres de l `Ebre y de las Normas Subsidiarias de Deltebre.

El Pla Territorial de les Terres de l `Ebre, aprobado definitivamente 15 de mayo de 2001, cuyo artículo 82 admite, excepcionalmente, el uso residencial como complementario y accesorio, al regular en su artículo 83 las condiciones de edificación, dispone: "b) Edificacions residencials. 1. Sobre terrenys qualificats com a zona deltaica es podran construir edificis aïllats destinats a habitatge unifamiliar només com a ús complementari o secundari de l` activitat agropecuària principal de la finca sempre que no originin la possibilitat de formació de nucli de població. Per tant, l` habitatge haurà de destinar-se a residència habitual del titular de l` explotació agrícola o d`algun dels seus encarregats i s` haurà de justificar documentalment la condició d`agricultor resident a qualsevol municipi de la plana deltaica".

Como se ha visto, en el Capítulo V de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Deltebre, aprobadas definitivamente el 24 de mayo 1995, se contiene el régimen jurídico aplicable al suelo no urbanizable. Entre sus Disposiciones generales se encuentra el artículo 153, que regula los usos permitidos y prohibidos, en el que se dispone: (...) Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable". Su artículo 159 versa sobre el suelo agrícola deltaico, indicando que las normas que se fijan a continuación para esta zona son sin perjuicio de aquello que se pueda regular en el Plan Director de desarrollo integral de las tierras del Ebro, para en su artículo 160 admitir el uso de vivienda agrícola aislada, si bien el artículo 161 remitir a las condiciones de edificación y uso de la vivienda agrícola definidas en su artículo 155, en el que se dispone como condición la acreditación de una propiedad de 0,75 Ha de tierras de cultivo.

Respecto de la superficie de la finca propiedad del titular de las licencias de obras cuya revisión de oficio se interesa, tenemos que mientras que en el informe elaborado el 4 de diciembre de 2008 por los Serveis Territorials de les Terres de l` Ebre del Departament d` Agricultura, Alimentació i Acció Rural, se indica que según los datos catastrales la finca tiene una superficie de 7.556 m2, en uno de los informes aportados con la solicitud de la licencia de legalización de las obras se fija la superficie de la misma en 6,57 ha, para en el informe acompañado con la contestación a la demanda del Ayuntamiento indicar que la superficie de todas las fincas propiedad del solicitante es de 6.086 m2. De esta información no cabe deducir con certeza el incumplimiento de lo establecido en el artículo 155 de las Normas Subsidiarias de Deltebre.

Para acreditar el cumplimiento de los preceptuado en el Pla Territorial de Les Terres de l` Ebre, en cuando dispone que la vivienda ha destinarse a residencia del titular de la explotación o de alguno de los encargados, se hace necesario probar esa circunstancia, pero ninguna de las pruebas practicas a propuesta de las partes demandadas ha ido dirigida a ese fin. Ello determina el carácter ilegalizable de las obras ejecutadas.

Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar la sentencia apelada y estimar el recurso formulado contra los decretos dictados por el Alcalde de Deltebre números 488/08, de fecha 6 de marzo de 2008, 732/03, de fecha 17 de abril y 1929/2005, de 17 de noviembre de 2005, declarando su disconformidad a derecho, y ordenar el derribo de las obras realizadas al amparo de los dos primeros dado su carácter ilegalizable, fijando un plazo de dos meses a contar desde la notificación de la presente sentencia para que el Ayuntamiento de Deltebre acredite ante el Juzgado la ejecución de la sentencia, con la demolición de las obras, con apercibimiento a la autoridad o funcionario responsable de la imposición de multas coercitivas para el caso de incumplimiento.

Octavo.—De conformidad con lo recogido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, estimado el recurso no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:

Primero.—Estimar el recurso de apelación formulado por la Generalitat de Catalunya contra la sentencia dictada el 8 de julio de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, que se revoca.

Segundo.—Estimar el recurso formulado contra los decretos dictados por el Alcalde de Deltebre números 488/08, de fecha 6 de marzo de 2008, 732/03, de fecha 17 de abril y 1929/2005, de 17 de noviembre de 2005, que se anulan, y ordenar el derribo de las obras realizadas al amparo de los dos primeros.

Tercero.—Se fija un plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente sentencia al Ayuntamiento de Deltebre, para que el mismo acredite ante el Juzgado la ejecución de la sentencia, con la demolición de las obras, con apercibimiento a la autoridad o funcionario responsable de la imposición de multas coercitivas para el caso de incumplimiento.

Cuarto.—Sin expresa condena en costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno por lo que es firme.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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