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Sentencia T.S.J. Andalucía 837/2012 de 27 de febrero


 RESUMEN:

Dominio público: Camino rural; recuperación de oficio de la posesión; requisitos para la recuperación de oficio. Trámite de audiencia: Incumplimiento; no genera indefensión ya que se opusieron alegaciones al interponer el recurso de reposición. Competencia: La resolución debió dictarse por el pleno de la corporación local y no por el alcalde; nulidad de pleno derecho. Carácter demanial del bien: No se ha investigado; contrato de compraventa en el que consta que los únicos caminos públicos son los existentes como lindes de la finca.

SEDE EN GRANADA

SECCION PRIMERA

P.O. 2658/03

SENTENCIA N.º 837 DE 20012

Ilmo Sr. Presidente:

D. Rafael Toledano Cantero

Ilmos Srs. Magistrados:

Dña. M.ª Luisa Martín Morales

D. Antonio Cecilio Videras Noguera

Granada, a veintisiete de febrero de dos mil doce.

La referida Sala de lo contencioso administrativo conoce del recurso n.º 2658/03 f ormulado por el recurrente D. Amadeo, en cuya representación interviene el procurador D. Fernando Aguilar Ros, siendo parte demandada el Ayuntamiento de Morelabor, en cuya defensa y representación interviene el Letrado de la Diputación Provincial.

La cuantía del recurso es indeterminada.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Se ha formulado recurso contencioso administrativo contra la resolución de 19-12-2001 del Alcalde de Morelabor por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto frente a anterior resolución de 23-10-01 por la que se acordó ordenar la retirada de las cadenas colocadas por el recurrente en el camino rural del "Cerro a Fonseca".

Segundo.—Admitido el recurso, se ha requerido a la Administración demandada para la remisión del expediente administrativo; confiriendo un plazo de 20 días a la parte demandante para la presentación del escrito de demanda, lo que ha verificado mediante escrito de fecha de 25-5-02, en el que se han manifestado los hechos y fundamentos de derecho que sostienen su pretensión.

Tercero.—La Administración demandada ha presentado escrito de contestación a la demanda, en la que ha esgrimido los hechos y fundamentos jurídicos que avalan sus pretensiones.

Cuarto.—Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se confirió un plazo de quince días para proposición, y un plazo de treinta para práctica de las declaradas admitidas.

Quinto.—Finalizado el trámite de prueba, la Sala no estimó necesaria ni la celebración de vista pública, ni la presentación de conclusiones escritas; señalándose para deliberación la fecha referida en las actuaciones, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. M.ª Luisa Martín Morales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El objeto del presente recurso contencioso administrativo es la resolución de 19-12-2001 del Alcalde de Morelabor por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto frente a anterior resolución de 23-10-01 por la que se acordó ordenar la retirada de las cadenas colocadas por el recurrente en el camino rural del "Cerro a Fonseca".

Segundo.—La parte demandada, en su escrito de demanda, solicita la estimación del recurso, con nulidad del acto administrativo recurrido, justificándolo en las siguientes argumentaciones:

1.- No se ha cumplido el trámite de audiencia para el dictado de la resolución administrativa impugnada.

2.- No se ha cumplido con las exigencias de investigación sobre el carácter de dominio público del camino, objeto de protección por la resolución administrativa dictada.

3.- Se ha dictado la resolución por el Alcalde, cuando el competente era el Pleno de la Corporación local.

4.- Se justifica que el camino referido no existe, habiendo sido tan sólo una vía de servicio cuando las fincas afectadas por el mismo eran propiedad del ministerio de defensa, como infraestructuras militares, vía cuyo uso no estaba permitido el público. Y además, el camino público de Moreda es el existente en el lindero sur de la finca del recurrente.

Tercero.—La Administración demandada instó la desestimación del recurso presentado, fundamentado en que la resolución recurrida es ajustada a derecho.

Cuarto.—Para resolver el presente recurso contencioso administrativo ha de analizarse no solamente la regulación legal aplicable, que se precisará en el fundamento jurídico siguiente, sino también los antecedentes fácticos, derivados del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales. Así, han de destacarse los siguientes hitos fácticos:

Se presentó denuncia por varios vecinos del Ayuntamiento de Morelabor, precisando que sobre un camino público, Don Amadeo había colocado unas cadenas que impedían el acceso al mismo.

El ayuntamiento solicitó informe a la asistencia jurídica de la Diputación provincial correspondiente, la cual emite informe en el que se precisa que, en el trámite para proceder a la recuperación de oficio de bienes de dominio público, debía constatarse, tras audiencia del interesado, el carácter demanial del bien cuya recuperación se pretende ejercitar, a través de los mecanismos de investigación pertinentes; debiendo resolverse por el Pleno del ente local.

Sin otro trámite, se procede a dictar resolución de 23 de octubre del 2001 por el Alcalde del referido ayuntamiento en virtud del cual se ordena a Don Amadeo la retirada de las cadenas del camino rural en cuestión. Frente a dicha resolución se interpone recurso de reposición alegando que el único camino existente es el de Moreda y se sitúa en el lindero sur de la finca del recurrente, sin que existiera camino rural alguno que atravesase la finca en cuestión. Mediante resolución de 19 de diciembre del 2001 se desestima el referido recurso de reposición, entendiendo que no se han desvirtuado los criterios establecidos en la anterior resolución de 23 de octubre, objeto de la impugnación.

Quinto.—Ha de indicarse que en la resolución de este recurso es preciso separar dos cuestiones.

Una la relativa a la propiedad, cuestión sobre la que el actor basa parte de sus argumentaciones para combatir los acuerdos recurridos al afirmar que los terrenos discutidos son de su propiedad lo cual es un tema en todo punto ajeno a este ámbito jurisdiccional, puesto que las cuestiones de propiedad deben discutirse ante los órganos de la jurisdicción civil, para lo que esta Sala no sería competente, salvo si, existiendo documentación suficiente en las actuaciones se resolviere como una cuestión prejudicial civil en aplicación del art. 4 LJCA de 13 de julio de 1998.

Otra cuestión es la referente al enjuiciamiento del modo de proceder por parte del Ayuntamiento demandado en los expedientes de recuperación de oficio de bienes de su titularidad y en concreto, si los acuerdos impugnados se ajustan a la citada prerrogativa de recuperación de oficio de la posesión de sus bienes (en cualquier momento cuando se trate de los dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales) prevista en el art. 82.a. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y arts 44 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Ha de tenerse en cuenta que respecto a estas potestades (establecidas con la finalidad de mantener a los entes locales en el uso y goce pacífico de sus bienes, evitando en lo posible usurpaciones de quien no es su poseedor, aún cuando no sirva de cauce para reivindicar el dominio, si son cauce adecuado y legítimo para evitar usurpaciones en la posesión de los bienes de las entidades locales), sí es competente este orden jurisdiccional contencioso administrativo.

El art. 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, prevé que: "Las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas:

a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales.

b) La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.".

El art. 44 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, establece que corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, y demás entidades locales de carácter territorial, las siguientes potestades en relación a sus bienes:

a) potestad de investigación

b) potestad de deslinde

c) potestad de recuperación de oficio

d) potestad de desahucio administrativo.

La Administración en el ejercicio de la primera de las potestades mencionadas, tiene la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos. El ejercicio de la acción investigadora podrá acordarse de oficio o por denuncia de los particulares. Recibida la denuncia o comunicación, y antes de acordar la apertura del expediente, se procederá a un estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de tal acción investigadora. El acuerdo de iniciación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el del municipio, si existiera, con expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho investigado. Un ejemplar de dicho Boletín se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación donde radiquen los bienes, durante quince días. Del acuerdo de iniciación se dará traslado a la Administración estatal y autonómica, para que éstas, puedan alegar lo procedente y hacer valer sus derechos. En el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón del Ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el expediente de investigación alegar por escrito lo que en su derecho conviniere; pero si existen afectados que resulten conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente. A continuación, se abrirá periodo de prueba, que una vez efectuadas y valoradas por los servicios de la Corporación, dará lugar a la exposición del expediente por término de diez días a las personas a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él.

La resolución del expediente corresponde al órgano competente de la Corporación, previo informe del Secretario.

El art. 71 del RBCL delimita que el procedimiento para la recuperación de la posesión podrá iniciarse a través de las formas previstas en el art. 46 del mismo: de oficio o mediante denuncia. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones recientes. Esta facultad de recuperación de oficio constituye un privilegio a favor de las Administraciones Públicas, que podrán recuperar la posesión de sus bienes por sí mismas sin necesidad de instarlo de la autoridad judicial a través del interdicto de retener o recobrar, en cualquier momento si se trata de bienes demaniales, y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la usurpación si se trata de bienes patrimoniales.

Estas potestades son reguladas en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las entidades locales de Andalucía.

El T.S. se ha pronunciado con reiteración sobre el citado procedimiento a seguir para la recuperación de oficio de bienes por parte de las entidades locales, así la STS de 23.3.99 (rec. 6771/1991) señala que "De lo antes expuesto se desprende que el presente recurso nos enfrenta con un acto en el que la Administración Pública ha hecho ejercicio de la potestad de autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico le confiere para proteger la situación de los bienes de dominio público, protección que tiene su expresión máxima en la potestad para recuperar por sí misma, sin necesidad de acudir a la tutela judicial, la posesión de tales bienes si tal posesión ha sido objeto de perturbación o despojo, potestad que ha sido calificada de interdicto administrativo (interdictum propium), y que como tal potestad y no simple facultad, no es de índole discrecional sino de obligado ejercicio, ejercicio además que carece de límite temporal pues puede efectuarse en cualquier momento -dada la imprescriptibilidad del dominio público- (en el mismo sentido STS 22.12.00, a diferencia de la recuperación administrativa de la posesión de los bienes patrimoniales o privados, que sólo puede ejercerse en el plazo de un año desde la ocupación (art. 8 de la Ley de Patrimonio del Estado). Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que el ejercicio de esta potestad recuperatoria de los bienes demaniales está sujeto a dos requisitos fundamentales:

1) Demostrar que los bienes usurpados son del dominio de la Administración que ejerce esta facultad, y

2) El uso público debe haber sido obstaculizado por la persona contra la que se dirige la potestad recuperatoria (SS. TS. 2 de junio y 17 de julio de 1987, 2 de junio y 30 de diciembre de 1986; 2 de febrero de 1982, 3 de octubre de 1981)". Del mismo tenor es la STS de 19.6.98 (rec. 9660/1990).

En esta misma línea de interpretación insiste la STS de 14.5.2002 (rec. 5886/1995) cuando nos recuerda las condiciones exigidas para ejercer esa facultad recuperatoria por parte de la Administración Local:

"La primera de dichas condiciones es, justamente, que el bien objeto de la recuperación no sólo esté previamente identificado sino que haya venido siendo poseído, de hecho, por la Administración municipal en circunstancias tales que resulte acreditado su previo uso público, esto es, su afectación real al concreto destino que justifica la inclusión de dicho bien en el dominio público (en este mismo extremo insiste la STS de 14.10.98, rec. 9300/1992).

La segunda, que es propia de cualquier interdicto, consiste en la existencia de una perturbación de la posesión por parte de terceras personas. Esta circunstancia concurre en el presente supuesto, al haberse variado el uso común previsto para el bien, y destinarse al uso exclusivo del recurrente. No varía esta circunstancia por el hecho de que los vecinos pudieran destinar el inmueble a "lo que tuvieran por conveniente", pues la propia naturaleza del bien, como de dominio público, obliga a entender esta cláusula en el sentido que es propio del aprovechamiento general de los bienes demaniales, que en cualquier caso no se compadece con la utilización privativa por un particular en su solo provecho, que requeriría, cuando menos, el otorgamiento de concesión administrativa por quien ostenta su titularidad.

La tercera condición es seguir el procedimiento previsto en el artículo 71.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, sin que la remisión que en él se hace al artículo 46 pueda ir más allá de las formas de iniciación. En lo demás, los trámites quedan cubiertos por el acuerdo previo de la Corporación y la audiencia de los interesados...".

Y aún más preciso es el T.S. en su sentencia de fecha 3.3.2004 (rec. 6751/2001) cuando señala: "En efecto, conforme el art. 82.a) LRBRL y 44 y 70 RBEL las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de la prerrogativa de recuperar su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público. Y para el ejercicio legitimo de tal prerrogativa, que se traduce, es vedad, en una medida provisoria orientada a la defensa de la posesión de tales bienes con reserva, en todo caso, a la jurisdicción civil de la determinación definitiva de los derechos de propiedad, basta con la constancia de la condición de demanial del bien que la Administración local trata de recuperar de oficio, sin necesidad de que aquélla tenga que acreditar además la efectividad de una posesión pública del bien que, por lo demás, es inherente al carácter y régimen jurídico del bien que constituye un camino público y que se entiende destinado al uso público (art. 339.1.º Código Civil).

Solo cuando no hay reconocimiento o constancia de la demanialidad del bien, resulta aplicable la jurisprudencia, a la que parece aludir la sentencia de instancia, según la cual, basta con la acreditación de una posesión pública anterior y la existencia de una usurpación reciente de tales bienes (art. 71.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locale), sin que la Administración local deba acreditar en sede jurisdiccional contencioso- administrativa la plena titularidad demanial de aquéllos; y ello, naturalmente, sin perjuicio de la acción de quien se crea titular dominical de los bienes sobre los que se ejercita el interdictum propium para reivindicarles ante la Jurisdicción civil, ya que ni la Administración por sí, primero, ni esta Jurisdicción, después, pueden determinar las titularidades dominicales o resolver las cuestiones de propiedad (arts. 2.a) y 4 LJCA)."

Y si relevante es la Jurisprudencia que reseña los requisitos exigidos para poder ejercitar la citada prerrogativa de recuperación de oficio, no lo es menos la Jurisprudencia que se pronuncia sobre la competencia de la Jurisdicción contencioso- administrativa al examinar los actos administrativos que ejercitan esa facultad recuperatoria. A este respecto nos recuerda el T.S. en su sentencia de 14.10.98 (rec. 9300/1992) que: "Es doctrina reiterada de la Sala (sentencias, entre otras, de 23 de enero de 1990, 15 de octubre de 1997 y 1 de abril de 1998) que la competencia de esta Jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar el correcto ejercicio por parte de los Entes Locales de las facultades recuperatorias que se les atribuye por el artículo 82.a) de la Ley 7/85 y los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986, quedando reservada la decisión sobre la propiedad o posesión definitiva de los mismos a los Tribunales de la Jurisdicción civil, por lo que ni la confirmación ni la revocación del acto impugnado han de prejuzgar estas cuestiones, siquiera para dilucidar tanto el carácter presuntivamente público o privado de tales bienes sea preciso analizar en vía contencioso administrativa los elementos probatorios que "prima facie" pudieran configurarlos como de una u otra clase". En esta misma línea interpretativa insiste la STS de 9.5.97 (rec. 5354/1991) cuando reseña lo siguiente: "Corresponde a esta jurisdicción el pleno control de legalidad del referido acto administrativo que acuerda la demolición del cerramiento que, para ajustarse a Derecho, debe encontrar su justificación en el adecuado ejercicio de la potestad administrativa de recuperación de oficio de los bienes demaniales de las Entidades Locales. En efecto, conforme al artículo 82.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril y 44 y 70 del Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dichas Entidades gozan, respecto de sus bienes, de la prerrogativa de recuperar su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público. Ahora bien, tal prerrogativa se traduce en una medida provisoria orientada a la defensa de la posesión de tales bienes con reserva, en todo caso, a la jurisdicción civil de la determinación definitiva de los derechos de propiedad. Consecuentemente, no ejercita la Administración, en este caso, municipal una acción reivindicatoria sino que utiliza una potestad enmarcada dentro del régimen exorbitante de los bienes de dominio público para su defensa posesoria y siempre a reserva de la eventual decisión sobre la propiedad, la titularidad y extensión del dominio público en relación con las propiedades colindantes".

Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto sobre el citado procedimiento a seguir para la recuperación de bienes por parte de las entidades locales, señalando que la recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañaran los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes, y así, cuando se recibe la denuncia debe de practicarse prueba que acredite indiciariamente la posesión pública, oír a los interesados y después en su caso dictar el acuerdo recuperatorio, sin que proceda acordar directamente la recuperación y requerir que se deje expedito el uso del bien de dominio público, ya que ha de tramitarse el referido procedimiento. En este sentido, señala el T.S. en la sentencia de 11 febrero 1998: "el artículo 70 del Reglamento de 13 de junio de 1986 se ha ejercitado de plano y sin seguir el procedimiento administrativo señalado al efecto, puesto que no existe expediente, como no existe la más mínima acreditación de la posesión pública previa, basándose el acuerdo adoptado únicamente en el fragmento de documento tantas veces mencionado, y que no puede formar parte de un Inventario de Bienes, tal como se opone por el Ayuntamiento y se recoge en la sentencia apelada, porque ha quedado demostrado que ese Inventario no existe. Adolece pues el llamado expediente recuperatorio del mínimo elemento de apoyo exigible para acreditar esa previa posesión pública que podría justificar la decisión adoptada según el artículo 70". Sigue añadiendo dicha sentencia que "la exactitud comprobada de los argumentos anteriores relevan a esta Sala de ulteriores motivaciones, y obligan a la revocación de la sentencia apelada, con la íntegra estimación del recurso contencioso, sin excluir la indemnización solicitada que se determine en ejecución de sentencia, puesto que habiéndose acreditado que el Ayuntamiento de Neila llevó a cabo la ejecución de su acuerdo de recuperación posesoria, procediéndose a la demolición y retirada de la valla instalada por D. julio, no puede dudarse de la existencia de perjuicios materiales inferidos al mismo en cuanto la estimación del recurso ha de comportar la restitución de la posesión de la finca en el estado que mantenía cuando fue despojado de la misma"

Sexto.—En relación a la alegación efectuada por el recurrente, sobre la falta de cumplimentación del trámite de audiencia en el expediente administrativo para la recuperación de oficio de lo que se ha calificado camino rural, efectivamente, dicho trámite en ha sido emitido. Sin embargo, no puede determinarse que tal omisión conlleva la indefensión, que determinaría la anulabilidad del acto administrativo recurrido, ex art. 63 Ley 30/92, porque al haber interpuesto recurso de reposición en vía administrativa, el recurrente pudo efectuar las alegaciones pertinentes en relación a su derecho y a sus pretensiones, determinando la inexistencia de la referida indefensión.

En relación al alegado defecto formal sobre el órgano del cual emana la resolución administrativa impugnada, ha de constatarse, que de la legislación referida en el anterior fundamento jurídico, la resolución definitiva de un expediente de recuperación de oficio de bienes demaniales locales debe dictarse por el pleno de la corporación local, y no por el alcalde. Por ello, la resolución administrativa impugnada debe entenderse nula de pleno derecho por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente, de conformidad con lo establecido en el art. 62.1 a) de la Ley 30/92.

No obstante, la consideración anterior, entiende la sala que es procedente también hace referencia a las cuestiones de fondo sometidas a debate en el presente recurso contencioso administrativo, cuales son las referentes a si ha existido una previa actuación investigadora por la corporación local, de la cual derivar el carácter demanial o no del camino en cuestión, para ejercitar o no la potestad de recuperación de oficio del mismo; y si la actuación investigadora, de haber existido, justifica el dictado de la resolución objeto impugnación.

En el expediente administrativo se constata, que el dictado de la resolución inicial de 23 de octubre del 2001 se dicta sin la previa realización de estas actividades de investigación sobre el carácter demanial del camino. Es posteriormente al dictar esta resolución, en noviembre del 2001, cuando se presenta manifestación testifical escrita de diversos vecinos del ente local, manifestando el carácter público del camino y su uso inmemorial.

Si bien es cierto que estas pruebas testificales no constan con anterioridad al dictado de la resolución inicial, podrían justificar la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra esta, y resuelto con posterioridad a la constatación de dicha prueba testifical, aunque en la resolución de este recurso el 19 de diciembre no se hace referencia expresa a la realización de dicha investigación. Pero, aún considerando, de forma tan forzada, que existió investigación en el expediente administrativo; ha de entenderse que esta prueba testifical queda desvirtuada por la prueba desplegada en las actuaciones judiciales, donde se acredita que la finca del recurrente fue adquirida por contrato de compraventa el 24 de enero de 1992, habiendo pertenecido con anterioridad al Estado, y destinada a infraestructuras defensivas, por lo que no podía existir con anterioridad camino alguno que atravesara la finca y que fuera utilizado por los vecinos. Precisamente, consta al folio 295 de las actuaciones judiciales, certificado emitido el 15 de septiembre del 2003 por el director gerente del organismo autónomo "gerencia de infraestructuras y equipamientos la defensa" en que se expresaba que no constaba que la finca vendida estuviera atravesará por camino público alguno, máxime cuando el acceso a dichos terrenos destinados a la defensa estaba restringido. Y de igual forma, esta consideración es respaldada por la manifestación escrita de varios vecinos (Don Jose Francisco, Don Ángel, Don Eloy, Don Javier, Don Rogelio, Don Luis Miguel, Doña Eloisa, Don Cayetano, Don Gregorio y Don Norberto) que determinan la inexistencia del camino "del Cerro a Fonseca", dado que desde 1940 existía un polvorín del Ministerio del aire, no siendo posible atravesar las propiedades por ser terreno militar de acceso restringido.

Junto a lo anterior, ha de destacarse que, de las escrituras públicas de compraventa se constata que la finca del recurrente linda al norte con el camino de Laborcillas a Moreda y al sur con el camino de Moreda; razón por la cual, los únicos caminos públicos son los existentes como linde de la finca, sin que exista alguno que atraviese la misma.

Séptimo.—No procede la condena en costas, de conformidad con el art. 139.1 LJCA de 13 de julio de 1998, al no mediar mala fe o temeridad en la parte recurrente.


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo formulado por la representación procesal de Don Amadeo contra la resolución de 19-12-2001 del Alcalde de Morelabor por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto frente a anterior resolución de 23-10-01 por la que se acordó ordenar la retirada de las cadenas colocadas por el recurrente en el camino rural del "Cerro a Fonseca"; y consecuentemente, se revoca el acto administrativo impugnado por no ser ajustado a derecho.

Sin especial pronunciamiento sobre condena en costas.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de procedencia de éste.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del art. 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma no cabe recurso de casación, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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