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Sentencia T.S.J. Galicia 198/2012, de 8 de febrero


 RESUMEN:

Función publica: Daños y perjuicios sufridos como consecuencia del estrés ocasionado al verse frustrada la reclamación judicial por la existencia de una Incapacidad temporal laboral. Alegación de defectuosa información sobre los recursos que cabían en la resolución administrativa. Indemnización improcedente.

(ILJ 821/2012)

A CORUÑA

SENTENCIA: 00198/2012

PONENTE: D./D.ª MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ

RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000481 /2009

RECURRENTE: María Consuelo

ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA

EN NO MBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./D.ª

FERNANDO SEOANE PESQUEIRA

MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ

MARIA DOLORES GALINDO GIL

A CORUÑA, ocho de Febrero de 2012.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 0000481 /2009, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por D./D.ª María Consuelo, representado/a por el/la procurador/a D./D.ª JORGE BEJERANO PEREZ, dirigido/a por el/la letrado/a D./D.ª ANA PEREZ FERNANDEZ, contra RESOLUCIÓN 11/5/09 CONSELLERÍA PRESIDENCIA,ADMÓN.PÚBLICA E XUSTIZA, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Es parte la Administración demandada el/la CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA, representado/a por el/la LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.

Es ponente el/la Ilmo./a. Sr./a. D./D.ª MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se estimase la demanda en todos sus términos conforme a lo interesado en el suplico de la misma.

Segundo.—Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la/s contestación/ones de la demanda.

Tercero.—Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada ésta según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Cuarto.—En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo 460 euros.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—La representación de D.ª María Consuelo interpone recurso Contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Secretaria general, por delegación del Conselleiro de la Presidencia, Administraciones públicas y Justicia, de 11 de mayo de 2009, que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por no existir relación de causalidad entre el daño alegado, incapacidad permanente total para el desarrollo de su profesión habitual, y la actuación de la Administración.

Y refiere en su demanda que fue integrada con la condición de personal laboral fijo a extinguir, en virtud del Decreto 289/01, de 15 de noviembre. Por resolución de la Consellería de Presidencia de 30 de mayo de 2002, se le adjudica con carácter definitivo, como personal laboral fijo a extinguir, el puesto NUM000, dependiente de la Secretaría general de la Presidencia en Santiago de Compostela. Que al no estar conforme con esta adjudicación, formula reclamación contra la misma, pese a lo cual sigue prestando sus servicios desde el 5 de septiembre de 1989, siguiendo instrucciones de sus superiores, como auxiliar administrativo en Ourense, primero como interina, después como personal interino, y desde 2003 como personal laboral fijo a extinguir en la Delegación provincial de la Presidencia. Que se le comunica el 6 de junio de 2006 que se incorpore a su destino en Santiago de Compostela en el plazo de 3 días. Reclama contra esta resolución, y le es desestimada su reclamación por medio de resolución de 30 de junio de 2006. Contra ella presenta demanda ante la Jurisdicción Social en Ourense, impugnando el traslado y solicitando se le reconozca su derecho a que el lugar de prestación de servicios sea en Ourense, siendo desestimada su demanda en autos n.º 624/06, por Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de dicha localidad de 19 de septiembre de 2006, declarando la caducidad de la acción, al considerar aplicable el plazo del artículo 138.1 de la Ley de Procedimiento laboral, y no el artículo 69.3, como fijaba la resolución de la Consellería. Contra dicha sentencia no cabía recurso alguno.

De ello deduce que se trata de una resolución que incurre en causa de nulidad de pleno Derecho del artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, por vulnerar el derecho del artículo 24 de la CE, porque conforme señala el artículo 58 de la misma ley, toda resolución ha de contener la información de los recursos que caben contra la misma, así como del plazo para interponerlos. De forma que al indicarle que era el plazo de 2 meses, se limitaron sus derechos, puesto que se declaró caducada la acción para interponer el recurso por el Juzgado de lo Social, consecuencia de la defectuosa información sobre los recursos que cabían, efectuada por la resolución administrativa.

Además, y en segundo lugar, alega a su favor la aplicación de la doctrina de los actos propios, puesto que es la defensa de la parte demandada la que en el acto de juicio sostiene la aplicación de la institución de la caducidad, por aplicación del artículo 138.1 de la Ley de Procedimiento laboral; ello puesto en relación con lo que considera una actuación de mala fe por parte de la Administración demandada.

Narra igualmente en la demanda que consecuencia de lo expuesto es que se le ocasiona una depresión, que provoca varios episodios de baja, siendo finalmente declarada en situación de incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual por Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense de 26 de noviembre de 2007, confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencia de 1 de julio de 2008. Y sostiene que las lesiones que padece son consecuencia del estrés ocasionado al verse frustrada su reclamación judicial contra el traslado por haberse presentado la demanda fuera de plazo, pese a haberse presentado dentro del plazo indicado por la resolución de la consellería.

Segundo.—Comenzando por el análisis de la causa de inadmisibilidad planteada por la defensa de la parte demandada, lo que ésta última sostiene es que la demandante, tal y como ella misma reconoce en la propia demanda, presentó varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que fueron desestimadas, lo cual transforma el acto aquí recurrido en un acto consentido y firme.

Al respecto, la demandante reconoce que presentó el 20 de septiembre de 2007, antes de su declaración de incapacidad permanente por sentencia firme de 1 de julio de 2008, pretensión de reclamación patrimonial por responsabilidad de la Administración, prácticamente por los mismos hechos, expediente NUM001, que fue desestimada por resolución de 12 de agosto de 2007. Ésta última figura en los folios 26 a 37 del expediente administrativo, y desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, pero es por los daños ocasionados al tener que desplazarse diariamente de Ourense a Santiago de Compostela para acudir a su puesto de trabajo. Por consecuencia, se trata de una reclamación distinta, puesto que en este caso se está reclamando por lesiones y daños, no se refiere a los gastos de traslado. Ello es lo que excluye la posibilidad de apreciar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad alegada por la defensa de la parte demandada.

Y aun cuando es cierto que presenta una segunda reclamación, folios 38 y siguientes, en los folios 41 y siguientes consta la resolución por la que se acuerda la devolución del escrito a la reclamante porque, se dice, hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sea firme, no se puede determinar el alcance de las secuelas. Y contra esta resolución presenta recurso de alzada, que es desestimado, folios 45-47.

Por consecuencia, y dado que existe una primera reclamación por un concepto diferente -gastos de traslado-, y una segunda en que se le devuelve el escrito en espera de que se dicte sentencia firme; es por lo que procede la desestimación de la presente causa de inadmisibilidad.

Tercero.—Y entrando en el análisis del fondo del recurso, ha de partirse de que la acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aparece regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Una nutrida jurisprudencia ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración en torno a las siguientes proposiciones:

a) La acreditación de la realidad del resultado dañoso -"en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas"-;

b) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido;

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, entendiéndose la referencia al "funcionamiento de los servicios públicos" como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa;

d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; y

e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad -"en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas"-.

Y con respecto a los criterios de distribución de la carga de la prueba, cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación de la remisión normativa establecida en los artículos 74.4 y Disposición Adicional Sexta de la Ley Jurisdiccional de 1956 (artículo 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general, inferido del artículo 1.214 de Código Civil, que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho ("semper necesitas probandi incumbit illi qui agit") así como los principios consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega ("ei incumbit probatio qui dicit non qui negat") y que excluye de la necesidad de probar los hechos notorios ("notoria non egent probatione") y los hechos negativos ("negativa no sunt probanda").

De forma que ha de partirse del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. de 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998).

Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra (sentencias TS (3.ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras).

En aplicación de la doctrina expuesta es necesario analizar los hechos en virtud de los cuales se solicita la indemnización de los daños producidos como consecuencia de la actuación administrativa local. Para ello ha de partirse de que el artículo 142 de la Ley 30/1992 dispone que s4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelass.

Por otra parte, y siguiendo la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, sec. 6.ª, S 15-9-2010, recurso 1947/2006; en que se afirma que la declaración del Tribunal de instancia de que lo dispuesto en el art.142, 4 Ley 30/1992, acerca de que la anulación vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, no es sino una confirmación de un principio general consagrado en nuestra legislación en virtud del cual, si bien no toda resolución judicial anulatoria comporta, "per se", la obligación de indemnizar, tampoco ha de entenderse que se excluya la posibilidad de dicha reparación cuando concurran el resto de los requisitos exigibles de conformidad con las disposiciones que regulan la materia contenida en los arts. 139 y siguientes Ley 30/1992.

Y se añade en aquella sentencia, por remisión a la doctrina de la misma Sala, que recoge la sentencia de 4 de mayo de 2006 y que se contiene, entre otras muchas, en sentencia de 21 de marzo, 2 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 29 y 12 de julio de 1999 y 20 de julio de 2000, según la cual procede la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o de un tercero la determinante del daño producido.

La ilegalidad del perjuicio, por otra parte, viene establecida en la Jurisprudencia entendiendo que se da en aquellos supuestos en que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, puesto que en este caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión.

Aplicando la doctrina expuesta al supuesto litigioso, resulta acreditada la producción de un daño en la demandante, que concreta en su depresión y consecuente declaración de incapacidad, recogiendo la hoja de solicitud de informe de la unidad de salud laboral del Sergas, en el folio 19 del expediente administrativo, que presenta, a fecha 2 de febrero de 2007, clínica compatible con trastorno de angustia reactiva a situación laboral. Lo valora económicamente, si bien cosa distinta es que le sea imputable a la Administración. Esta lesión considera la demandante que es antijurídica -no tener el deber de soportarlo-, y se la imputa a la Administración. No existe fuerza mayor. Y no se suscita la cuestión referente al plazo de prescripción para reclamar, de un año, puesto que esperó a que se determinase el alcance de sus secuelas.

Además de lo anteriormente expuesto, ha de tenerse en cuenta que, para aquellos casos en que la Administración haya tenido que atender a conceptos jurídicos indeterminados para llegar a la resolución, es decir, en aquellos supuestos en que la norma atribuya a la Administración un cierto margen de discrecionalidad -dentro de parámetros razonables y con respeto a los principios reglados-, de ello derivaría el carácter no antijurídico de la lesión, así como en aquellos supuestos en que la norma legal o reglamentaria aplicable remita a criterios valorativos, dejando a la Administración cierto margen de apreciación, en cuyo caso la conclusión lógica a que se llega es a la de que el administrado tendrá el deber de soportar las consecuencias de ese margen de apreciación por la Administración.

La Jurisprudencia viene considerando que un primer criterio de antijuridicidad lo constituye, como resulta evidente, que la lesión se haya causado con contravención de cualquier norma aplicable al supuesto de que se trate, lo cual, a sensu contrario define como "no antijurídica" esa lesión sufrida por el particular cuando existe algún precepto legal que le impone el deber de sacrificarse por la sociedad (STS de 27 septiembre 1979 y de 10 de octubre de 1997). Otro criterio que ayuda a valorar la antijuridicidad de una lesión es que ésta venga derivada de la situación de riesgo en que se colocó el propio perjudicado (STS 18 de octubre de 1999). También desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración (STS de 5 de febrero de 1996). Como es lógico, la lesión no será antijurídica si la ley faculta a la Administración para actuar de la manera en que lo ha hecho, o lo que es lo mismo cuando "concurre una causa que la excluye y un derecho que ampara el actuar administrativo, generando la obligación jurídica de soportar el daño" (STS de 16 de diciembre de 1997). Finalmente, la lesión no será antijurídica si existe "un título que imponga al administrado la obligación de soportar la carga" (STS de 3 enero 1979) o bien una causa justificativa que legitime el perjuicio, sin perjuicio de la aplicación a estos casos del principio jurisprudencial firmemente asentado en cuya virtud se excluye la responsabilidad patrimonial de las organizaciones públicas cuando el daño sea imputable a la conducta del propio perjudicado, señalando la STS de 16 de junio de 2008 que "la citada normativa sectorial (también el artículo 39 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio) niega el derecho a ser indemnizado al administrado que, con su conducta dolosa, gravemente culposa o negligente, contribuye al resultado lesivo".

A fin de aplicar la doctrina expuesta, procede examinar la comunicación efectuada a la demandante con relación a los recursos que cabían contra la resolución, impuesto por el artículo 58 de la Ley 30/1992. Y así, resulta que la resolución que figura en los folios 12 a 15 del expediente administrativo, de la Secretaría general de Presidencia, de 30 de junio de 2006, desestima la reclamación de la aquí recurrente, previa a la vía judicial laboral, al considerar que tiene adjudicado destino en el puesto que ocupa con carácter definitivo, que corresponde a la Secretaría general de la Presidencia en Santiago de Compostela. Y al informarle de los recursos que caben, puesto que dice que agota la vía administrativa, y que cabe demanda ante el juzgado de lo social competente en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación del presente escrito, en los términos fijados en los artículos 10 y 69.3 de la Ley de Procedimiento laboral.

Mientras que la sentencia del juzgado de lo social de 19 de septiembre de 2006, y partiendo de que es la defensa de la demandada la que plantea la caducidad de la acción, al amparo del artículo 138 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (vigente hasta el 11 de diciembre de 2011, por consecuencia, en la fecha en que se dicta la resolución y la sentencia), y al entender que se trata de un traslado, por lo que el plazo es de 20 días para presentar la demanda, estima la caducidad de la acción ejercitada.

Con relación a la doctrina de los actos propios, que también se sostiene en la demanda, resulta oportuno recordar que, en relación con este principio, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1999, se dice lo siguiente: "(...) En la S.T.C. de 21 de abril de 1988, num. 73/1988, se afirma que la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra "factum" propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos. El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990 (f.ºj.º 1.º y 2.º), 13 de febrero de 1992 (f.ºj.º 4.º), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997. Un día antes de la fecha de esta sentencia se ha publicado en el BOE la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Uno de los artículos modificados es el 3.º, cuyo num. 1, párrafo 2.º, pasa a tener la siguiente redacción: "Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima ", expresándose en el Apartado II de la Exposición de Motivos de la citada Ley lo siguiente: "En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente".

Y en la sentencia de esta Sala de 16 de septiembre de 2002, se afirma:

"Además, la doctrina invocada de los "actos propios" sin la limitación que acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como método ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que prevalece el interés público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de ésta. Una cosa es la irrevocabilidad de los propios actos que sean realmente declarativos de derechos fuera de los cauces de revisión establecidos en la Ley (arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, art.109, art.110, 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999), y otra el respeto a la confianza legítima generada por actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discrecionalidad o de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente a las que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en precedente que fuera contrario a aquéllos".

Y acogiendo el contenido del Dictamen del Consello Consultivo de Galicia 601/08, de 16 de julio de 2008, en la comunicación impugnada no alegaba ninguna de las causas del artículo 40 ET, ni cumplía con sus requisitos formales y temporales, remitiéndose así a la doctrina del Tribunal Supremo - STS 18.12.07, entre otras-, conforme a la cual la decisión patronal se puede considerar como modificación sustancial de las condiciones de trabajo sólo cuando se puede identificar como tal, porque cumpla los requisitos formales del artículo 41 ET, que es cuando será obligada su impugnación por la modalidad del artículo 138 de la LPL. En caso contrario, el cauce será el del procedimiento ordinario o el de conflicto, no sometida a plazo de caducidad, doctrina aplicable a la movilidad geográfica. De ello deriva que no hubo error en la identificación del plazo para el ejercicio de la acción efectuada por la Administración, sino que, simplemente, contestó a la que consideró un escrito ambivalente, en la confianza de que se seguía el procedimiento adecuado, por la modalidad procesal ordinaria. De ello se deriva, en primer lugar, la ausencia de funcionamiento anormal de la Administración pública. En segundo lugar, no se aprecia ningún indicio de que la actuación de la Administración fuera llevada a cabo de mala fe, con una intención de perjudicar a la demandante, cuando lo que se presume es la buena fe en el actuar, y lo contrario ha de ser probado. Y, finalmente, y como indica el Consello Consultivo, la elección errónea por la modalidad del artículo 138 de la LPL, que es lo que conlleva a la estimación judicial de la caducidad de la acción, tan sólo a la reclamante es imputable. Por consecuencia, no se puede considerar vulnerada la doctrina de los actos propios, ni tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva, del artículo 24 CE, porque en ningún caso se le privó del acceso a la jurisdicción, siendo muestra de ello los procesos judiciales iniciados por la demandante y a que se ha hecho referencia, siendo cosa distinta su resultado, que no supone vulneración de tal derecho, por sí solo, y que se encuentra en relación con la propia actuación de la demandante.

Por otra parte, la demandante dice que, de haberse entrado en el fondo del recurso, se le habría dado la razón. Pero ésta no puede ser la causa de la indemnización. Es una mera expectativa, y no procede entrar a analizar, en el presente procedimiento, el fondo de aquella reclamación, de exclusiva competencia de la jurisdicción social, cuando no resulta evidente que su acción hubiera prosperado. El que acudiese a trabajar a Ourense, es decir, la situación del desempeño del trabajo por parte de la demandante y su escrito para regularizar su situación laboral, no pueden ser objeto de este recurso. Esto es lo que se habría analizado en la Jurisdicción Social caso de que le hubieran entrado en el fondo del recurso, pero en el presente nos hallamos ante una pretensión de reclamación patrimonial contra la Administración demandada consecuencia de que no se entrara en el fondo del asunto por la jurisdicción social.

A ello ha de añadirse, con relación ya a la relación de causalidad, que siendo la Sentencia Social que declara la caducidad de la acción de 19 de septiembre de 2006, y puesto que el parte de baja por IT es de 19 de junio de 2006, como se refiere en el informe de los folios 53 y siguientes del expediente administrativo, la lógica conclusión es que esta baja y el cuadro clínico que la ocasiona, no es debido a la declaración de caducidad de su acción, puesto que es anterior a ésta última. Ello es lo que excluye la posibilidad de apreciar la existencia de relación de causalidad precisa para que pudiera prosperar la presente demanda.

Consecuencia de todo lo expuesto es que procede la desestimación de la demanda.

Cuarto.—Al no apreciarse temeridad o mala fe en la interposición del recurso, no procede hacer expresa condena en las costas del mismo, de conformidad a las previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso Contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Jorge Berejano Pérez, en nombre y representación de D.ª María Consuelo, contra la resolución dictada por la Secretaria general, por delegación del Conselleiro de la Presidencia, Administraciones públicas y Justicia, de 11 de mayo de 2009, que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por no existir relación de causalidad entre el daño alegado, incapacidad permanente total para el desarrollo de su profesión habitual, y la actuación de la Administración.

Sin expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes y entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y que contra ella las personas y entidades a que se refiere el art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, podrán interponer el recurso de casación en interés de Ley del artículo citado, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0481-09-24), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente D./D.ª MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, ocho de Febrero de 2012.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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