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Sentencia A.P. Murcia 67/2012 de 7 de marzo


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: El empresario no llevó a cabo con la diligencia debida las actuaciones en materia preventiva. Lesiones causadas por la caída del portón del camión que transportaba caballos. Responsabilidad civil: El accidente no se produjo como consecuencia de las labores de carga o descarga, sino como consecuencia del anormal funcionamiento del vehículo.

CARTAGENA

SENTENCIA: 00067/2012

ROLLO N.º 11/2012

SENTENCIA N.º 67

Iltmos. Sres.

D. José Manuel Nicolás Manzanares

Presidente

D. Miguel Ángel Larrosa Amante

D. José Joaquín Hervás Ortiz

Magistrados

En la ciudad de Cartagena, a siete de Marzo de dos mil doce.

Vista, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, la causa procedente del Juzgado de lo Penal número Tres de Cartagena, seguida en el mismo como Juicio Oral número 135/2010, antes Procedimiento Abreviado número 86/2009 del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Cartagena -Rollo número 11/2012-, por los delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones, contra Geronimo y Ovidio, representados por el Procurador Don Agustín Rodríguez Monje y defendidos por el Letrado Don Francisco Valdés Albistur; y, como responsables civiles, contra SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB HÍPICO MEDITERRÁNEO, con aquella misma representación y defensa; y las compañías aseguradoras ALLIANZ, representada por la Procuradora Doña Soledad Para Conesa y defendida por la Letrada Doña María Fernanda Vidal; CASER, S.A., representada por el Procurador Don Diego Frías Costa y defendida por el Letrado Don Pedro Campos Gil; y ZURICH INSURANCE, representada por la Procuradora Sra. Para Conesa y defendida por el Letrado Don José Luis Conesa Martínez, siendo partes en esta alzada como apelantes dichos acusados y como apelados Doña Sagrario, acusación particular, representada por la Procuradora Doña María del Mar Posadas Molina y dirigida por el Letrado Don Luis Miguel García-Marquina Cascallana, y el Ministerio Fiscal, actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Presidente Don José Manuel Nicolás Manzanares, que expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juzgado de lo Penal Número Tres de Cartagena, con fecha 25 de octubre de 2011, dictó sentencia en los autos de que este Rollo dimana declarando probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- Resulta probado y así se declara que D. Ambrosio, conductor de camión, y Dña. Sagrario, mozo de cuada de 28 años (nacida el 22 de abril de 1979) y contratada laboralmente desde el 28 de septiembre de 2005 por la empresa SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB HÍPICO MEDITERRÁNEO, realizaron el transporte desde Cartagena hasta Málaga de los caballos que fueron utilizados por el acusado Ovidio, mayor de edad, sin antecedentes penales, rejoneador de profesión, en la corrida de toros del 26 de mayo de 2007 celebrada en Málaga, utilizando para ello el remolque Lecitrailer matrícula HI.....H propiedad del propio Ovidio y asegurado por ZURICH ESPAÑA, S.A. en virtud de la póliza NUM000 con un límite de responsabilidad civil de 50.000 euros.

Finalizada la corrida de caballos se introdujeron en el remolque por distintos operarios, entre los que se encontraba Sagrario, pero, al accionar el mecanismo hidráulico de cierre del portón trasero, se comprobó que el mismo no funcionaba y el portón (cuyo peso ronda los 500 kg.) hubo de ser elevado con gran esfuerzo por un grupo de unas 10 personas, entre las que se encontraba el conductor del camión, Ambrosio, encontrándose Sagrario en el lugar observando la maniobra. Durante la maniobra se encontraba presente igualmente el acusado Geronimo, mayor de edad, sin antecedentes penales, administrador de la SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB HÍPICO MEDITERRÁNEO y padre de Ovidio, quien al observar lo que pasaba, dio indicaciones a Ambrosio y Sagrario para que tuviesen especial cuidado a la llegada del camión a su destino para la apertura de la puerta. Finalmente, el camión emprendió la marcha de regreso a Cartagena, conducido por Ambrosio y con Sagrario como pasajera.

Sobre las 05,30 horas del día 27 de mayo de 2007, llegaron a las instalaciones del referido Club Hípico en la Hacienda La Carrasca de la Guía, Cartagena, bajándose Sagrario del camión quién soltó los pestillos que aseguraban el portón, el cual, al no funcionar el mecanismo hidráulico de retención, se desplomó sobre la misma, causándole lesiones consistentes en fractura-luxación de L4 y L5, síndrome de cola de caballo y amputación de falange distan del 2.º dedo medio de la mano izquierda, que requirieron para su sanidad de una primera asistencia así como de tratamiento médico, quirúrgico y rehabilitador, restándole como secuelas síndrome completo de cola de caballo (pendiente de valoración a resultas de los nuevos informes aportados a la causa), fractura luxación de L4 y L5 (10 puntos), material de osteosíntesis (15 puntos), amputación de falange distal del 2.º dedo medio de la mano izquierda (5 puntos) y perjuicio estético importante (24 puntos), y alcanzándose la sanidad tras 285 días (262 de ellos de hospitalización y el resto de incapacidad para sus ocupaciones habituales).

El acusado, Geronimo, no empleó la diligencia debida para evitar las lesiones que sufrió Sagrario en la medida en que encomendó la tarea descrita a Sagrario sin haber evaluado los riesgos a los que la sometía, y no llevó a cabo con la diligencia debida las actuaciones correspondientes a su empresa en materia preventiva ni adoptó las decisiones necesarias para evitar los riesgos que la apertura de portón en esas circunstancias conllevaba, en la creencia equivocada de que las actuaciones y decisiones que había tomado garantizaban la seguridad de la trabajadora por su empresa contratada y demás trabajadores que pudieran participar en la bajada de los caballos del camión, actuaciones, que de haberse efectuado correctamente, hubieran evitado parcialmente el resultado que se produjo.

La perjudicada, Sagrario, cuando apertura el portón, actuó sin las debidas cautelas, a sabiendas de que se había producido la referida avería y habiendo sido prevenida por Geronimo para que actuara con cuidado.

La mercantil SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB HÍPICO MEDITERRÁNEO había contratado un seguro Multirriesgo Centro Ecuestre con la entidad CASER, S.A., n.º de póliza 803.356, en vigor desde el 27 de mayo de 2007, que cubre la responsabilidad civil hasta un límite de 90.152,82.-€. Esta sociedad no tenía contratado a fecha de los hechos ningún plan de prevención de riesgos ni asesoramiento en la materia, si bien se encontraba en trámite su contratación, no habiéndose asegurado el acusado Geronimo de que la prevención laboral de la empresa aún no había sido formalizada y contratada.

El acusado, Ovidio tenía concertado con la compañía de seguros ALLIANZ un contrato de seguro multirriesgo de responsabilidad civil, con u límite de 300.000 euros por siniestro y 90.000 euros por víctima.

Segundo.—No ha quedado acreditado que el acusado Ovidio, tuviese conocimiento del estado del portón trasero del remolque del que era titular, o que no hubiese adoptado las medidas correctoras necesarias para evitar la avería que hizo que no funcionase correctamente por faltar el sistema hidráulico".

Segundo.—En el fallo de dicha resolución expresamente disponía: "Que debo absolver y absuelvo a D. Geronimo de los delitos contra los derechos de los trabajadores en su modalidad dolosa y del delito de lesiones imprudentes, por el que venía siendo acusado por la acusación particular.

Que debo condenar y condeno a D. Geronimo, como autor penalmente responsable de un delito imprudente contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con una falta de lesiones imprudentes, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, por el delito, de tres meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de tres meses a razón de una cuota diaria de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y, por la falta, a la pena de multa de diez días a razón de una cuota diaria de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como al pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Que debo absolver y absuelvo a D. Ovidio del delito contra los derechos de los trabajadores y del delito de lesiones imprudentes por el que venía siendo acusado, con toda clase de pronunciamientos favorables.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado Geronimo indemnizará a Sagrario en la cantidad de 323.120.-€, más un 10 % de factor de corrección sobre la cantidad final que se establezca por secuelas, más la cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por la secuela de "síndrome de cola de caballo" y por los gastos de adecuación de vivienda, A la cantidad final resultante se le aplicará un coeficiente reductor de un 20 % atendiendo a la culpa concurrente de la víctima antes expuesta, con la responsabilidad civil directa y solidaria de las entidades ALLIANZ, CASER, S.A., Y ZURICH ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS con los límites señalados en el fundamento jurídico séptimo apartado primero de la presente resolución y con el devengo de los intereses del art. 576 LEC y, los previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro en la forma señalada en el fundamento jurídico séptimo apartado segundo de la presente resolución, y con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad "SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB HÍPICO MEDITERRÁNEO" y de D. Ovidio.

Determínese en fase de ejecución de sentencia las cantidades que la perjudicada haya percibido o tenga reconocido percibir por los conceptos que en la presente resolución se le indemnizan al objeto de evitar duplicidades indemnizatorias".

Tercero.—Dicha resolución fue aclarada por auto de fecha 4 de noviembre de 2011 en el sentido expuesto en su fundamento jurídico segundo.

Cuarto.—Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpusieron, para ante esta Audiencia Provincial, Sección Quinta, RECURSOS DE APELACION por el Procurador Don Agustín Rodríguez Monje, en nombre y representación de Don Geronimo y Don Ovidio, por la Procuradora Doña María Soledad Para Conesa, en nombre y representación de la entidades ZURICH INSURANCE y ALLIANZ, y por el Procurador Don Diego Frías Costa, en nombre y representación de la entidad CASER, S.A., admitidos en ambos efectos, y en los que expusieron por escrito y dentro del plazo que al efecto les fue conferido, la argumentación que les sirve de sustento, dándose seguidamente a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con traslado de los escritos de recurso a las demás partes personadas para alegaciones y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente Rollo, con el número 11/2012, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para su votación y fallo el día 28 de febrero de 2012.

Quinto.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


HECHOS PROBADOSÚnico.-Se aceptan los hechos declarados probados por la sentencia apelada, debiendo tenerse por reproducidos, pero excluyendo la referencia a la amputación de falange distan del 2.º dedo medio de la mano izquierda.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Antes de entrar a conocer el fondo de los recursos de apelación es preciso analizar la cuestión de índole procesal planteada por la acusación particular en sus escritos de impugnación de dichos recuso, pues alega que los recursos infringen lo que dispone el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la medida que, según entiende, en los recursos no se alega quebrantamiento de normas o garantías procesales, error en la valoración de la prueba o infracciones normativas, tal y como impone dicho artículo; cuyo alegato, cabe entender, se hace como motivo de inadmisión de los recursos, que ahora se convertiría en causa de desestimación. En efecto, tal precepto deja claro el carácter impugnatorio de este recurso de apelación, al exigir que en el escrito de su formalización se exponga, ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación; pero en este caso, sin perjuicio de lo que se irá indicando al analizar cada uno de los recursos, éstos expresan los motivos y fundamentos de su impugnación.

Segundo.—Resuelto lo anterior, comenzando por el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Geronimo y Don Ovidio, cuando, bajo la única alegación de error en la apreciación de la prueba, se sostiene en el mismo que "D. Geronimo actuó con toda la diligencia exigible ante una situación totalmente inesperada e imprevisible. No encomendó a D.ª Sagrario la tara de abrir el portón y descargar los caballos"; que "En ningún caso se puede descargar la responsabilidad sobre el Sr. Geronimo ante un hecho que resultó imprevisible, como fue la rotura de un relé que además se produjo en un momento concreto..." ("imprevisibilidad del resultado dañoso); que "Con anterioridad al accidente se había solicitado a PREVISEM la realización de la evaluación inicial de riesgos laborales así como el concierto de la actividad preventiva en la especialidad vigilancia de la Salud"; y que "D.ª Sagrario no viajó a la corrida de toros celebrada en Alhaurín el Grande como empleada", se está haciendo supuesto de la cuestión, al ofrecerse una versión interesada de los hechos probados que no es la que resulta de la prueba practicada en el juicio oral.

No cabe sino remitirse este tribunal a la minuciosa y exhaustiva valoración que de la prueba practicada hace el Juzgador de instancia en su sentencia, valorada en conciencia según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le llevan a establecer los hechos probados y a concluir en su fundamentos jurídicos, con unos razonamientos coherentes y lógicos, que " Sagrario acudió a la corrida de toros celebrada en Málaga como trabajadora del S.D. HIPICO MEDITERRÁNEO"; que " Geronimo se encontraba presente cuando se puso de manifiesto la avería del portón..."; que " Geronimo sabía del peligro que suponía operar con el portón en las condiciones en las que había sido cerrado y la posibilidad de que el sistema hidráulico de retención estuviese averiado, y pese a eso sólo dio instrucciones genéricas pero no dispuso lo necesario para evitar la manipulación manual del sistema de retención sin las debidas condiciones de seguridad o con mecanismos suficientes de control del riesgo que concurría, y ello en la creencia de que el sistema de retención funcionaría, una vez subido el portón"; que " Sagrario no recibió formación alguna en relación con la actividad de carga y descarga de los caballos, y consecuentemente en relación con la apertura del portón del remolque transportador de los caballos"; y que "El acusado, Geronimo no verificó que se había cumplimentado el encargo efectuado al asesor para establecer un plan de prevención de riesgos laborales".

Y al hilo del alegato de que "Fue la conducta imprudente de D.ª Sagrario la que influyó directamente en el resultado dañoso", resulta que, fruto de esa correcta valoración de la prueba, ya en los hechos probados de la sentencia apelada se afirma que "La perjudicada, Sagrario, cuando apertura el portón, actuó sin las debidas cautelas, a sabiendas de que se había producido la referida avería y habiendo sido prevenida por Geronimo para que actuara con cuidado", precisando, asimismo, en sus fundamentos jurídicos que " Sagrario se encontraba presente cuando falló el portón tras la corrida de toros de Málaga y sabía que no había funcionado el sistema de elevación del mismo", y que "El camión, cuando se apertura el portón, estaba parado, y Sagrario en lugar de pedir colaboración o de ser más cautelosa en la apertura del portón, lo abrió de forma habitual, coadyuvando con su conducta a la producción del resultado". La misma resolución aprecia la "culpa concurrente de la víctima" y, precisando también que "no contribuyó sustancialmente a la producción del resultado", pues "no recibió formación específica en relación con el manipulación del portón..." y "Apertura el portón como lo hacía habitualmente, probablemente en la misma creencia de que operaría el sistema hidráulico", considera que a los sumo se puede "calificar su conducta poco prudente conforme a las reglas de la sana crítica, pero no causalmente significativa sino meramente coadyuvante, de una autopuesta en peligro residual relevante en materia de compensación civil pero irrelevante penalmente", y, con criterio que este tribunal comparte, a "valorar la importancia de la contribución causal de la víctima en la producción del resultado en un 20 % y en un 80 % la importancia de la contribución causal del acusado, Geronimo ", reduciendo, en consecuencia, en aquel porcentaje del 20 % las indemnizaciones correspondientes.

También, bajo el alegado error en la apreciación de la prueba, se impugna en el recurso el pronunciamiento de la sentencia de instancia relativo a la incapacidad permanente, pues, mientras que la resolución apelada considera que es absoluta, en el recurso, con base a una Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, que es total para su profesión habitual. Pues bien, respecto a esta cuestión se ha de recordar que, como en otras ocasiones ya ha dicho este tribunal, la incapacidad permanente de que se habla no responde a los criterios de la jurisprudencia social sobre incapacidad, ya que el punto de partida es distinto: estamos ante un concepto civil, que sirve a la responsabilidad civil como instituto estrictamente civil y no de un concepto laboral, que es más restringido. Para poder apreciar una incapacidad permanente la parte que la alega debe probar tanto que existen las secuelas, como que, además, limitan la capacidad de la persona afectada y el alcance de la limitación; y no sólo eso, sino que tiene que probarse que su alcance tiene el grado de permanente y, sobre todo, que tiene un contenido limitativo de la actividad habitual (no necesariamente ocupación laboral, al ser aquél un concepto más amplio que éste), con determinación del grado de limitación, o inhabilitante para la realización de cualquier ocupación o actividad. La resolución administrativa reconociendo algún tipo de incapacidad en modo alguno puede ser vinculante para el órgano judicial, aunque sí constituya un referente valorativo en cuanto a la convicción que se pueda alcanzar sobre la presencia del menoscabo y su alcance. Se comprende, pues, que el Juzgador de instancia, al que no le pasa desapercibida aquella resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, no le atribuya la misma relevancia decisoria, destacando que "no surte efectos probatorios suficientes para descartar la posible calificación de Gran Invalidez derivada de las secuelas objetivas"; pero la tome en consideración para, relacionándola con el informe del detective privado y lo declarado por éste (" Sagrario, tenía cierta movilidad, que le permitía andar distancias cortas ayudada de muletas y estar de pie durante un cierto tiempo", destaca la resolución apelada) y con las secuelas objetivadas (también la sentencia recoge lo declarado por el Médico Forense y las peritos Sra. Luz y Valentina, explicativas de la trascendencia de las secuelas, especialmente del síndrome de cola caballo, reseñando pérdida de sensibilidad y afectación de los esfínteres y en funciones sexuales, afectación importante de la movilidad de los miembros inferiores, pérdida de fuerza, lesión neurológica irreversible y degenerativa...) se decante por descartar la Gran Invalidez y estimar, frente a la total, la incapacidad absoluta.

Por último, sí asiste la razón a los recurrentes en su impugnación del pronunciamiento que concede indemnización por la amputación de la falange distal del 2.º dedo medio de la mano izquierda. Efectivamente, como se aduce en el recurso, el testimonio de la madre de la denunciante, Doña Inocencia, avala que esa pérdida no se debió al accidente enjuiciado, sino a otro anterior (recordaba que esa pérdida se había producido hacía mucho tiempo) y, además, nos encontramos con que en el parte al Juzgado de Guardia del Hospital Santa María del Rosell, en el que inicialmente fue atendida la víctima, se recoge como diagnóstico o lesiones observadas la de "Fractura estallido L4, afectación neurológica" (no incluye aquella pérdida); con que, aunque en el segundo informe de sanidad forense sí se recoge la "amputación falange distal 2 dedo", sin embargo no se recoge en el primero; con que, en el informe del Hospital Nacional de Parapléjicos, con motivo de su ingreso en el mismo de la víctima para "Tratamiento de la lesión de la médula espinal", se recoge la "amputación falange distal segundo dado mano izquierda", pero haciéndose constar manuscrito "otro accidente" y, antes, que "según el informe de su hospital de origen, sufre traumatismo sobre región lumbar por caída de portón del vehículo de transporte de caballos el 27/05/07"; y con que, la misma víctima, constituida en acusación particular, en su escrito de acusación, a diferencia del Ministerio Fiscal, no incluyó entre las lesiones derivadas del accidente que nos ocupa esa pérdida de la falange. Por consiguiente, se ha de excluir la indemnización reconocida por la sentencia apelada por este concepto.

Tercero.—Pasando a analizar el recurso interpuesto por la entidad ZURICH INSURANCE, en aras a lo resuelto al examinar el anterior recurso de apelación sobre la responsabilidad penal y la concurrencia de culpas, procede desestimar el primero de sus motivos, por cuanto que, alegando error en la valoración de la prueba, se trae nuevamente a colación el tema de esa concurrencia de culpas, aduciendo, en definitiva, que el grado de participación de la víctima en el presente caso debe ser muy superior al 20 %.

Cuarto.—Como segundo motivo de su recurso, alega ZURICH INSURANCE la aplicación indebida del artículo 120.5.º del Código Penal e infracción de los artículos 109 y 116 del mismo texto legal, que basa en que, comoquiera que la sentencia apelada absuelve al tomador del seguro con ella concertado, Don Ovidio, que no existe condena penal de éste, tampoco procede su condena como responsable civil directa; motivo que carece de verdadero fundamento, pues olvida la recurrente que, aunque no del Sr. Ovidio, sí existe condena penal y que, en los términos más precisos del "factum" de la resolución apelada, la víctima sufrió las graves lesiones al caer sobre ella el portón del remolque Lecitrailer matrícula HI.....H, precisamente asegurado por ZURICH, siendo este aseguramiento el que, en definitiva, justifica la declaración de su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal.

Quinto.—La misma suerte ha de correr el tercer motivo del recurso, pues, insistiéndose en el mismo en que el accidente tiene lugar cuando ya se habían iniciado las operaciones de descarga de los caballos y que, por tanto, conforme a las condiciones generales de la póliza, el siniestro no estaría cubierto por ésta, frente a la apreciación subjetiva de la recurrente, no podemos sino coincidir con el Juzgador de instancia en que "el accidente no se produjo como consecuencia de las labores de carga o descarga, sino como consecuencia del anormal funcionamiento del vehículo cuando ni siquiera se había procedido a comenzar a bajar los caballos".

Sexto.—También han de ser desestimados los motivos sexto y séptimo del recurso de ZURICH, pues en ellos, incluso denunciando una posible estafa procesal por ocultación por la acusación particular de la ya referida resolución del Equipo de Valoraciones de Incapacidades, también se impugna, con base a ésta, el alcance de las secuelas que le han quedado a la víctima. Concretamente, se discute la existencia de una invalidez permanente absoluta (cuestión ésta ya resuelta en esta resolución); la indemnización por daños morales a familiares (sobre los que luego, no obstante, se volverá), alegando que se basa en las meras declaraciones de la madre de la perjudicada, cuando resulta que esas declaraciones, por supuesto susceptibles de ser valoradas, se corresponden con el dato objetivo de las graves secuelas de la víctima; la indemnización por gastos de adecuación de vivienda (cuya concreción la resolución apelada difiere al periodo de ejecución de sentencia) basándose en esa resolución, cuando, una vez más, dicha adecuación guarda relación con las secuelas que se estiman probadas; y la indemnización por gastos de adecuación de vehículo, cuando no sólo guardan relación con dichas secuelas, sino que además, ascendiendo a tan sólo 575,42 euros, es un gasto ya soportado por la perjudicada y debidamente acreditado.

Séptimo.—El último motivo del recurso de la compañía ZURICH se centra en el pronunciamiento relativo a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Se sostiene, en primer lugar, la improcedencia de esos intereses, aduciendo que, ocurrido el siniestro el 29 de mayo de 2007, tuvo conocimiento del mismo en mayo de 2009, por lo que no pudo consignar dentro de los tres meses siguientes a la producción del siniestro; que concurre culpa de la víctima; que han sido ocultados datos de especial relevancia (cabe entender que guarda relación con el tema de resolución del Equipo de Valoraciones de Incapacidades); y que no hay fijación de indemnización definitiva, pues se deja a ejecución de sentencia la determinación de las secuelas.

Pues bien, para desestimar la impugnación de la imposición de esos intereses, bastaría con remitirnos a lo razonado al respecto por la sentencia de instancia. No obstante, abundando sobre el particular, se ha de destacar que dicha aseguradora no consignó para pago cantidad alguna ni en los tres meses siguientes a la producción del siniestro ni a los tres meses después de que, según la misma tuviera conocimiento del mismo (recuerda la resolución apelada que "Consta en la pieza de responsabilidad civil que con fecha 13 de mayo de 2009 la compañía aseguradora Zurich afianzó la cantidad de 300.000 euros, pero "a los solos efectos de afianzar las responsabilidades solicitadas", pero no para pago, tal y como exige el citado artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro "); y que, sin olvidar que el asegurador ha de prestar la debida diligencia en cumplir la obligación de indemnizar, el Tribunal Supremo ha considerado que por el simple hecho de que exista una controversia no devienen inaplicables los controvertidos intereses porque esto comportaría que se vaciaría de contenido el precepto (el citado artículo 20), y se llegaría al absurdo de que la mera oposición procesal de la aseguradora demandada, en cuanto generadora por sí sola de controversia, la eximiría de esos intereses (v. SS de la Sala 1.ª del TS de 7 de octubre de 2003 y 7 de junio de 2004), razonando, asimismo, la sentencia de la Sala 1.ª del Alto Tribunal de 14 de noviembre de 2002, con un amplio estudio de antecedentes "...la jurisprudencia de esta Sala evolucionó desde una línea inicialmente menos favorable al asegurado, descartando tales intereses si para determinar la suma indemnizatoria hubiera sido necesario el proceso, hacia una línea mas rigurosa para con las compañías de seguros, según la cual para eliminar la condena de intereses no bastaba con la mera incertidumbre de la cantidad a pagar por la aseguradora sino que era preciso valorar, fundamentalmente, si la resistencia de la aseguradora a abonar lo que, al menos con toda certeza le incumbía, estaba o no justificada o el retraso en el pago le era o no imputable"; resulta que en este caso no cabe apreciar esa justificación, pues la causa del siniestro aparece clara y fácil de constatar y, se insiste, con aquella precisión, la aseguradora ahora apelante no ha consignado cantidad alguna, incurriendo en mora.

Siendo procedente, pues, la imposición de esos intereses, sin embargo no cabe compartir que, como resuelve la resolución apelada, "conforme al mencionado precepto, al haber transcurrido más de dos años desde el siniestro, no podrá devengarse a un tipo inferior al 20 % respecto de todas las aseguradoras". Siendo también criterio de esta Audiencia Provincial que, una vez transcurridos dos años desde la fecha del siniestro, los intereses del controvertido artículo 20.4 deben de ser los del 20 % desde esa fecha, tal criterio, que también lo era de esta Sección, fue cambiado en ésta en la sentencia de 19 de abril de 2007 (Rollo civil número 122/2007), en la que se dice: "...en el momento actual en el que se resuelve este recurso se ha producido un cambio trascendente por haberse dictado con fecha 1 de marzo de 2007 una sentencia por el Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo, en el que unifica la interpretación jurisprudencial sobre la aplicación de los intereses del artículo 20 LCS en un solo tramo o en dos tramos diferentes en función del tiempo transcurrido, optando el Alto Tribunal decididamente por esta segunda opción. En tal sentido señala la citada sentencia de 1 de marzo de 2007 que: " Estas contradicciones, y la falta de jurisprudencia sobre el devengo y cuantía de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 LCS , exige que se fije definitivamente la doctrina de esta Sala, que, se adelanta, no es otra que la siguiente: Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50 %. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento". La fijación por parte del Tribunal Supremo de este criterio interpretativo, debe considerarse como jurisprudencia a los efectos del artículo 1. 6 del Código Civil, dado que es una sentencia que emana del Pleno de la Sala de lo Civil y se dicta expresamente por dicho Pleno en funciones de fijación de doctrina, clarificando de esta manera el régimen de los intereses en sede de tráfico, en especial, y en general en relación con la aplicación del artículo 20 LCS. En consecuencia procede modificar los intereses de la sentencia apelada y adaptarlos al nuevo criterio jurisprudencial, lo que justifica por sí solo y sin necesidad de mayores argumentos el cambio de criterio de esta sección en relación a la cuestión planteada";. En este punto, por tanto, ha de ser estimado el recurso en cuanto que pretende se establezcan dos tramos; el primero, desde la fecha del siniestro hasta los dos años, siendo el interés aplicable el interés legal más el 50 %, y el segundo, a partir de los dos años, siendo el interés aplicable del 20 % si aquél, con dicho incremento, no lo supera.

Octavo.—Procede ahora analizar el recurso interpuesto por la entidad aseguradora CASER, en el que se sostiene la improcedencia de su declaración como responsable civil, defendiendo, por un lado, la ausencia de responsabilidad de Don Geronimo, y, por otro, que la póliza concertada con éste y en virtud de la cual se le declara responsable civil no da cobertura al siniestro enjuiciado.

Procediendo el rechazo del primer argumento relativo a la esa ausencia de responsabilidad por las razones ya expuestas al analizar el primero de los recursos, por lo que se refiere al otro, razona la sentencia apelada que: "Consta en las actuaciones que esta entidad aseguradora tenía concertado con la mercantil Sociedad Deportiva Club Hípico Mediterráneo un seguro Multirriesgo Centro Ecuestre con número de póliza 803.356, que cubría la responsabilidad civil hasta un límite de 90.152,82.-€ por víctima. Es responsable esta aseguradora hasta dicho límite por haberse producido el siniestro en el propio Centro Ecuestre cuando una trabajadora se disponía a realizar una labor propia del centro (bajar caballos residentes en el Centro de un camión que los transportaba)".

Pues bien, siendo ciertos esos datos, a los que se suma que la víctima era empleada de dicha mercantil, resulta que, como viene a aducirse en el presente recurso, la contratada en dicha póliza, tal y como figura en las condiciones particulares, es la "responsabilidad civil de explotación", que, como se define en las condiciones generales, garantiza las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil en que el asegurado pueda incurrir legalmente por los daños, personales o materiales, así como los perjuicios consecutivos a tales daños, causados involuntariamente a terceros; y no la "responsabilidad civil patronal", que es la que cubriría la que ahora nos ocupa, en cuanto que es la que garantiza el pago de las indemnizaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 97.º de la Ley General de la Seguridad Social, que pudiera ser exigidas al asegurado por los trabajadores o sus derechohabientes como civilmente responsables por los daños corporales que, a causa de accidentes de trabajo, sufra el personal incluido en nómina.

Por consiguiente, el presente recurso ha de ser estimado, excluyendo la declaración de CASER como responsable civil.

NO VENO.- Resta por analizar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora ALLIANZ en el que, en primer lugar, se defiende que la póliza de seguro contratada con el Sr. Ovidio no cubre el siniestro que nos ocupa porque, según entiende, sólo cubre la responsabilidad civil derivada de la actividad en una plaza de toros fija y concreta.

Al respecto, en efecto, en la póliza en cuestión, en el apartado de "DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ASEGURADA" se dice, sin más comentarios o explicaciones, "Plazas de toros fijas", añadiendo a continuación una concreta dirección. Sin embargo, por lo que se refiere a la responsabilidad civil objeto del seguro se incluye la "Responsabilidad Civil de explotación, entendiéndose por tal, la que el Asegurado deba afrontar como consecuencia directa del desarrollo de su actividad empresarial", y, en particular, incluye, entre otras cosas, "El tratamiento, almacenaje, carga, descarga y transporte de mercancías objeto de proceso industrial o comercial"; lo que difícilmente encaja con la interpretación, restrictiva y favorable a sus intereses, que hace la aseguradora.

Una vez más, se comprende que el Juzgador de instancia señale en su sentencia que "Aunque por la aseguradora se alega que existe una cláusula limitativa que ciñe la responsabilidad a lo sucedido en una plaza de toros fija como consecuencia de la actividad profesional del Sr. Ovidio, dicha cláusula ha de interpretarse en el sentido de responder la aseguradora de la actividad del asegurado cuando exista conexión causal con su actividad. En este caso se transportaban caballos que habían sido utilizados por el asegurado en una plaza de toros, y por tanto, la actividad es derivada y finaliza una vez los caballos son retornados a su lugar. Una interpretación distinta ha de ser calificada como "cláusula limitativa de derechos" por cuanto acota la responsabilidad no a una actividad sino al lugar donde se realiza, lo que es contrario a la finalidad del contrato suscrito (de aseguramiento de las consecuencias de una actividad profesional)".

Y aun cabe añadir que una jurisprudencia progresiva y en la línea del entorno social presente que preconiza el artículo 3 del Código Civil impone la necesidad de que la interpretación de esta clase de contratos de seguro se marque en la decidida dirección de evitar abusos, provengan de donde provengan, y en todo caso evitar que las cláusulas o condiciones no muy concretas puedan perjudicar al asegurado, interpretándose como cláusulas limitativas de los derechos de dicha parte contractual (STS de 13 de junio de 1998), no siendo admisibles interpretaciones que pugnen con el sentido favorable y proteccionista del asegurado (entre otras, SSTS de 22 de febrero de 1989, 31 de enero de 1990, 20 de marzo y 27 de noviembre de 1991); y, como recuerda la sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1997, con relación a los contratos de adhesión -siendo el contrato de seguro uno de los más típicos-, la jurisprudencia de este Tribunal tiene establecido que las dudas que puedan surgir sobre la significación de sus cláusulas deberán ser interpretadas, de acuerdo con el art. 1288 CC, en el sentido más favorable para el asegurado (Ss. 31 de marzo de 1973 y 3 de febrero de 1989 o, si se quieren más antiguas, las de 18 de febrero y 16 de junio de 1966), pues, redactadas las cláusulas por uno de los contratantes, su oscuridad no puede favorecer al que la ocasionó, sino al no causante de la indeterminación o ambigüedad (Ss. 18 de mayo de 1954, 23 de febrero de 1970, 12 de abril de 1984 y 7 de octubre de 1985).

Así, pues, este motivo del recurso ha de ser desestimado.

Décimo.—- También, para impugnar su condición de responsable civil, vuelve a traerse a colación por ALLIANZ el argumento de que, no habiendo sido condenado penalmente su asegurado, el Sr. Ovidio, tampoco ella puede ser condenada; olvidando, como ZURICH, que su responsabilidad se le impone en virtud de dicha póliza y lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal y también que, aunque las concretas lesiones sufridas por la víctima fueron causadas al caer sobre ella el portón del remolque Lecitrailer, propiedad de su asegurado, los acontecimientos guardan directa relación con su actividad empresarial o profesional, tal y claramente se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia apelada y se insiste en sus fundamentos señalando lo antes expuesto de que "En este caso se transportaban caballos que habían sido utilizados por el asegurado en una plaza de toros, y por tanto, la actividad es derivada y finaliza una vez los caballos son retornados a su lugar". La misma suerte desestimatoria, pues, ha de correr este motivo del recurso.

Undécimo.—En el siguiente motivo, bajo el epígrafe de "Improcedencia de los criterios seguidos y la forma en que se cuantifica la indemnización, y, en cualquier caso, culpa exclusiva o asunción del riesgo o, alternativamente, en concurrencia mayor de la que fija la sentencia por el comportamiento seguido por la víctima. Ocultación de datos por la lesionada a la que la invalidez ha sido revisada por la Seguridad Social y fijada en incapacidad permanente total", se traen nuevamente a colación las cuestiones ya resueltas relativas a la concurrencia de culpas, alcance de las secuelas de la víctima y sus consecuencias.

No obstante, ante el alegato de que la sentencia apelada no razona la concreción de las cuantías indemnizatorias, se ha de señalar, por un lado, que en ella se advierte que no resulta de aplicación el baremo anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, aunque sí lo tome (concretamente el de 2008) con carácter orientativo o como referencia cuantitativa; y, por otro, que en el recurso tampoco se explica porqué no tienen que ser las cantidades fijadas por dicha resolución y sí cualquier otra. Por tanto, este alegato ha de ser rechazado.

Sin embargo sí ha de tener favorable acogida el alegato relativo a la improcedencia del reconocimiento a favor de la lesionada, Doña Sagrario, de la cantidad de 80.000 euros en concepto de daños morales a familiares, pues reclamada también para sí por la Sra. Sagrario la indemnización por dicho concepto, es clara su falta de legitimación para efectuar tal reclamación, ya que se trata de una indemnización que va destinada a los familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, por lo que la reclamación la tienen que efectuar esos familiares. Por consiguiente, esa indemnización, insistimos que reconocida a favor de la Sra. Sagrario, ha de ser excluida.

Duodécimo.—Finalmente, por lo ya razonado al analizar el recurso de apelación de la compañía ZURICH, parcial acogida ha de tener el último motivo del recurso de ALLIANZ, relativo a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, pues, ante la ausencia de toda consignación, así como, para su no imposición, no podemos asumir la existencia de causa justificada por que ALLIANZ tuviera conocimiento del siniestro el 9 de diciembre de 2009, exista discusión jurídica del comportamiento de la víctima y sobre la justificación de los conceptos por los que se reclama y la motivación y justificación del importe indemnizatorio, sí que esos intereses han de ser los legales incrementados en un 50 % los dos primeros años a contar desde el siniestro y del 20 % una vez transcurridos esos dos años, si aquél, con ese incremento, no lo supera.

Decimotercero.—De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey


FALLAMOS


 
Que estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por el Procurador Don Agustín Rodríguez Monje, en nombre y representación de Don Geronimo y Don Ovidio, por la Procuradora Doña María Soledad Para Conesa, en nombre y representación de la entidades ZURICH INSURANCE y ALLIANZ, y por el Procurador Don Diego Frías Costa, en nombre y representación de la entidad CASER, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número Tres de Cartagena en el Juicio Oral número 135/2010, antes Procedimiento Abreviado número 86/2009 del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Cartagena, de que dimana el presente Rollo, la que es de fecha 25 de octubre de 2011, aclarada por auto de fecha 4 de noviembre de 2011, debemos REVOCAR y REVOCAMOS en parte dicha sentencia, en el sentido de excluir las indemnizaciones fijadas por amputación de la falange distal del 2.º dedo medio de la mano izquierda y por daños morales a familiares; de dejar sin efecto la declaración de responsable civil directa de la compañía de seguros CASER, S.A., y de que la indemnización por mora, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, consistirá, durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50 %; y a partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20 %, si no lo supera, CONFIRMANDO el resto de los pronunciamientos que no se opongan a éste, y declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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