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Sentencia T.S. (Sala 3) de 3 de mayo de 2012


 RESUMEN:

Expropiación forzosa: Impugnación de acuerdo del Jurado de Expropiación en relación al justiprecio. Proyecto de autopista de peaje: Suelo no urbanizable. Fijación del valor del suelo sin aplicar método legalmente previsto: Valoración subjetiva de las características de la finca. Errónea utilización del método comparativo: Falta de identificación de las fincas. Aceptación de justiprecio pericial sin argumentar su credibilidad. Acreditación de que no es posible aplicar el método comparativo: Carga de la prueba a la parte. Desestimado.

En la Villa de Madrid, a tres de Mayo de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 1752/2009 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Procuradora D.ª Pilar Cermeño Roco en nombre y representación de la mercantil Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A., contra la sentencia de 10 de diciembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso n.º 1733/03 y su acumulado n.º 1747/03.

Comparecen como recurridos el Abogado del Estado, en la representación legal que ostenta, y la Procuradora D.ª Paloma Vallés Tormo, en representación de las mercantiles Lo Monte Martín Artigot, S.L., y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—- La sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor literal: "ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso, y su acumulado, interpuesto por LO MONTE MARTÍ ARTIGOT, S.L., y por AUTOPISTA DEL SURESTE, CEASA, representadas por el Procurador D. JAVIER ROLDAN GARCÍA y la Procuradora Dña. FLORENTINA PÉREZ SAMPER, respectivamente, y dirigidas por el Letrado D. MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ LUCAS y por el Letrado D. JOSÉ IGNACIO AZPITARTE CAMY, respectivamente, contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, de fecha 6 de noviembre de 2003, desestimatoria del Recurso de reposición, interpuesto por Autopista del Sureste contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, de fecha 12 de junio de 2003, en el Expediente núm. 249/2002, por el que se fija en 3.147.333,78 € el justiprecio de las parcelas P-002, P-002.1, P-002.2 y P-002.3, propiedad de Lo Monte Martí Artigot, S.L., y ubicadas en el Polígono catastral 4, parcela 21, término municipal de Pilar de la Horadada, afectadas por las expropiaciones de la obra pública, clave 98-A-9901, "Proyecto de Autopista de Peaje Alicante-Cartagena", siendo Administración expropiante el Ministerio de Fomento y beneficiaria Autopista del Sureste. ESTIMACIÓN PARCIAL QUE REALIZAMOS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ANULAMOS LOS ASPECTOS DEL ACUERDO REFERIDOS A CONTINUACIÓN, POR SER CONTRARIOS A DERECHO, FIJÁNDOLOS DEL SIGUIENTE TENOR: A) FIJAR LA INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DEMÉRITO POR LA PARTICIÓN DE LA FINCA EN 40.785.675 ptas (245.126,84 €); B) FIJAR EL IMPORTE DEL JUSTIPRECIO EN CONCEPTO DE SUPERFICIE EXPROPIADA -CONSTITUIDA EN SU TOTALIDAD POR SUELO NO URBANIZABLE- EN 381.249.750 pts. (2.291.357,15 €); C) FIJAR, CONSECUENTEMENTE, EL PREMIO DE AFECCIÓN EN 16.581.289,3 ptas. (99.655,56 €); CONFIRMAMOS EL ACUERDO EN TODO LO DEMÁS, POR SER CONFORME A DERECHO; TODO ELLO SIN EXPRESA CONDENA EN COSTAS.";

Por Auto de 27 de enero de 2009, la Sala de instancia acuerda: "Aclarar la sentencia en el sentido de rectificar el error aritmético producido, tanto en el Fundamento de Derecho Octavo, como en el fallo de la misma en el sentido de fijar el premio de afección conforme a los siguientes parámetros:

-Fundamento de Derecho Octavo:

"-PREMIO DE AFECCIÓN: 5% sobre superficie expropiada + arbolado + afecciones no repuestas (431.625.786 ptas.)...............21. 581.289,3 ptas. (129.706,16 €)."

-Fallo: "C) FIJAR, CONSECUENTEMENTE, EL PREMIO DE AFECCIÓN EN 21.581.289,3 ptas. (129.706,16 €)".";

Segundo.—Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de las mercantiles Lo Monte Martín Artigot, S.L. y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L., así como la de la mercantil Autopista del Sureste, Concesionaria Española de Autopistas, S.A., presentaron sendos escritos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana preparando recurso de casación contra la misma. La Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma los citados recursos, emplazando a las partes para que comparecieran ante esta Sala del Tribunal Supremo.

Tercero.—Recibidas las actuaciones en este Tribunal, por la representación procesal de Lo Monte Martín Artigot, S.L. y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L., se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando en él los motivos en que se funda y suplicando expresamente a la Sala "...dicte otra por la que estimando los motivos alegados en el presente recurso: 1.- Estime el recurso de mi representada, case y anule los pronunciamientos B) y C) de la Sentencia recurrida, declarando que el Acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa impugnado fue ajustado a derecho, en cuanto a la valoración que hace del suelo expropiado en 425.323.314 pesetas (2.556.244,59 euros), al valorar 21.087,83 m2 como suelo urbanizable, y 196.769,17 m2 como suelo no urbanizable, fijándose consecuentemente el Premio de Afección en la cantidad de 23.784.967 pesetas 8142.950,53 euros), y confirmando el pronunciamiento A). 2.- Condene en costas a la parte recurrida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA/1998 ".

Por la representación procesal de Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A. se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando en él los motivos en que se funda y suplicando expresamente a la Sala "...1.1.- Anule y deje sin efecto el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa impugnado en la instancia y declare conforme a derecho el justiprecio de 136.885.125 Ptas. (822.696,17 €) fijado en la hoja de aprecio formulada por el Ministerio de Fomento y la beneficiaria de la expropiación; todo ello sin perjuicio de las cantidades abonadas a cuenta.

1.2.- SUBSIDIARIAMENTE A LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 1.1:

a. Declare contrario a derecho el justiprecio fijado por la sentencia recurrida.

b. Declare que el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación fue ajustado a derecho, salvo en lo relativo al valor del suelo que fijó indebidamente en 1.750 Ptas./m2 (10,51 €/m2).

c. Acuerde fijar el valor del suelo en 553,80 Ptas./m2 (equivalentes a 3,33 €/m2).

d. Acuerde fijar el justiprecio total por todos los conceptos en 192.381.558,40 Ptas. (equivalentes a 1.156.236,45 €), con deducción de las cantidades abonadas a cuenta.

1.3.- SUBSIDIARIAMENTE A LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 1.1 y 1.2:

a. Declare contrario a derecho el justiprecio fijado por la sentencia recurrida.

b. Declare que el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación fue ajustado a derecho, salvo en lo relativo al valor del suelo que fijó indebidamente en 1.750 Ptas./m2 (10,51 €/m2).

c. Acuerde fijar el valor del suelo en 800 Ptas./m2 (equivalentes a 4,80 €/m2).

d. Acuerde fijar el justiprecio total por todos los conceptos en 262.100.202,33 Ptas. (equivalentes a 1.575.253,94 €), con deducción de las cantidades abonadas a cuenta.

2.- Condene en costas a la parte recurrida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA/1998 ".

Cuarto.—Por Auto de la Sala de 15 de octubre de 2009 se acuerda declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las mercantiles Lo Monte Martín Artigot, S.L. y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L.; así como la admisión parcial del recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil Autopista del Sureste, Concesionaria Española de Autopistas, S.A., respecto a los motivos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y la inadmisión respecto al motivo tercero de dicho recurso.

Quinto.—Emplazados los recurridos al objeto de que, en el plazo de treinta días, formalizaran sus respectivos escritos de oposición, lo realizó la representación procesal de las mercantiles Lo Monte Martín Artigot, S.L. y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L. oponiéndose al recurso de Autopistas del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A., y suplicando a la Sala "...dicte sentencia declarando no haber lugar al Recurso, confirmando la Sentencia recurrida, condenando en costas a la parte recurrente". Por su parte, el Abogado del Estado presenta escrito en el que manifiesta abstenerse de formular oposición al recurso.

Sexto.—Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 24 de abril de 2012, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustin Puente Prieto, Magistrado de Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se interpone el presente recurso de casación contra la sentencia de 10 de diciembre de 2008, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que resuelve los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la representación de las mercantiles Lo Monte Martín Artigot, S.L. y Heredad Monte Azahar Agrícola Urbana, S.L., de una parte, y Autopista del Sureste, Concesionaria Española de Autopistas, S.A. (AUSUR), de otra, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, de fecha 6 de noviembre de 2003, que desestima el recurso de reposición interpuesto por Autopista del Sureste contra el acuerdo anterior de fecha 12 de junio de 2003, en el expediente núm. 249/2002, por el que se fija en 3.147.333,78 € el justiprecio de las parcelas P-002, P-002.1, P-002.2 y P-002.3, ubicadas en el Polígono catastral 4, parcela 21, término municipal de Pilar de la Horadada, afectadas por las expropiaciones de la obra pública, clave 98-A-9901, "Proyecto de Autopista de Peaje Alicante-Cartagena".

La sentencia recurrida estima en parte los recursos jurisdiccionales y, respecto a la cuestión que es objeto del presente recurso de casación relativa a la valoración del suelo expropiado, razona lo siguiente en el fundamento de derecho cuarto:

"En cuanto a la procedente valoración del suelo no urbanizable, cuestionado con base tanto en su pretendida infravaloración, por la propiedad, como en su pretendida supravaloración, por la beneficiaria, es doctrina jurisprudencial reiterada que las resoluciones de los Jurados de Expropiación Forzosa gozan de una presunción "iuris tantum" de legalidad y acierto en la cuantificación del justiprecio, dada la posición de imparcialidad y solvencia técnica desde la que realizan la valoración de los bienes expropiados, presunción que puede ser combatida y revisada en vía jurisdiccional en los supuestos de infracción de preceptos legales, o notorio error material, o cuando se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente. En definitiva, dicha presunción es destruible mediante prueba en contrario cuando se demuestra la inadecuación a derecho de la resolución del Jurado de Expropiación (por todas, SSTS, 3.ª, Sección 6.ª, de 18 de septiembre y 13 de noviembre de 2003 -recursos núm. rec. 256/2002 y rec. 634/1999 , respectivamente-).

Tiene asimismo manifestado de forma constante el Tribunal Supremo que la presunción de legalidad, veracidad y acierto de los acuerdos del Jurado puede quedar enervada cuando existe una prueba pericial revestida de suficientes condiciones de objetividad e imparcialidad, practicada con la intervención de las partes procesales( STS, 3.ª, Sección 6.ª, de 18 de marzo de 2003 -recurso núm. 10543/1998 -), si bien ha de ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica, y en relación con todo el conjunto de la prueba practicada, pudiendo el Tribunal apartarse del resultado de la misma siempre que razone debidamente la discrepancia, bien por indebida apreciación de los elementos de hecho o por incoherencia o falta del necesario razonamiento, o por contradicción con otras pruebas, dado el principio de valoración conjunta de la prueba que impera en nuestro sistema procesal ( STS, 3.ª, Sección 6.ª, de 20 de mayo de 2004 -recurso núm. rec. 714/2000 -).

Dicha prueba pericial, como ha venido poniendo de manifiesto reiteradamente esta Sala y Sección, ha de realizarse en el proceso, no bastando con reproducir la practicada en el expediente, pues ésta ya fue tenida en cuenta por el Jurado al decidir el justiprecio de cada uno de los elementos que lo componen, y no cuestiona la valoración contenida en el Acuerdo del Jurado. El indicado informe pericial ha de destruir las tesis del Acuerdo del Jurado para que pueda otorgársele mayor valor probatorio que a éste, pues no basta con que la parte tenga a su favor un dictamen que afirme que el precio de los bienes expropiados es superior al fijado por el Jurado de Expropiación, sino que se requiere que, además, desvirtúe la valoración practicada por el mismo, por ser la función de la jurisdicción contencioso-administrativa no declarativa sino revisora, de manera que lo que se juzga es un acuerdo definitivo en vía administrativa con una presunción de veracidad que es necesario destruir, no unos bienes a los que ha de fijarse una tasación.

Al respecto, debemos descartar el informe de técnico competente, basado en transacciones de fincas similares y limítrofes, incorporado por la propiedad al expediente administrativo, junto a su hoja de aprecio, ya que, como hemos afirmado reiteradamente, el informe técnico de valoración aportado en vía administrativa por la parte expropiada y acompañado a la demanda carece de valor probatorio para tener por acreditado que el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa en su acuerdo sea erróneo o desacertado, puesto que ese informe no es un dictamen que haya sido elaborado para desvirtuar el contenido de aquellos acuerdos, por lo cual ha de ser necesariamente rechazada, sin ulteriores consideraciones, la pretensión del demandante de que se sustituya la valoración practicada por el Jurado por la que se refleja en dicho informe.

Por igual motivo, debe rechazarse el Cuadro de precios medios ponderados del año 2000 en la Comunidad Valenciana, que fija como precio para este tipo de terreno el de 386 ptas/m2, publicado en por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su Boletín Mensual de Estadística, números 7-8, Julio-Agosto de 2001, ya que nos encontramos ante una prueba que reproduce la practicada en el expediente administrativo, por lo que fue ya valorada por el Jurado al determinar el justiprecio de cada uno de los elementos que lo componen.

Por lo que cabe afirmar que no existe en autos una prueba pericial revestida de suficientes condiciones de objetividad e imparcialidad, como exige el Tribunal Supremo, apta para enervar la presunción de legalidad del justiprecio fijado por el Jurado Provincial acerca del valor del suelo no urbanizable. Por lo que procede desestimar este segundo motivo impugnatorio.";

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpone el presente recurso de casación por parte de Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A. en el que se aducen siete motivos de casación.

En el motivo primero, al amparo del artículo 88.1 d) LJCA, se denuncia la infracción del artículo 26.1 de la Ley 6/1998, al fijar el valor del suelo sin aplicar el método de valoración previsto legalmente y limitarse a una valoracion subjetiva de las características de las fincas expropiadas, pero sin realizar una comparación con otras transacciones de fincas análogas.

El motivo segundo, también al amparo del artículo 88.1 d) LJCA, se funda en la infracción del artículo 26.1 de la Ley 6/1998, por cuanto se fija el justiprecio utilizando de forma errónea el método de comparación, al no basarse en transacciones concretas e identificadas y no constar el precio real de mercado de cada una de ellas, ni sus características, ni su condición de fincas análogas a la expropiada. Asimismo, se denuncia falta de identificación de las hipotéticas fincas testigo y total omisión del hipotético proceso de comparación.

En el motivo tercero, al amparo del artículo 88.1 d) LJCA, se denuncia la infracción de los artículos 120.3 CE y 218.2 LEC, toda vez que, en opinión de la parte recurrente, la sentencia recurrida se limita a aceptar el justiprecio fijado por el perito judicial sin pronunciarse sobre las razones para considerar dicha pericial más creíble que la valoración del Jurado de expropiación, produciéndose por ello falta de motivación e indefensión (artículo 24 CE).

En el motivo cuarto, al amparo del artículo 88.1 d) LRJCA, se denuncia la infracción del artículo 26.1 de la Ley 6/1998, al utilizarse el método de comparación a pesar de no existir transacciones de fincas que puedan considerarse análogas y comparables a la expropiada.

El motivo quinto, al amparo del artículo 88.1 d) LRJCA, se funda en la infracción del artículo 26.2 de la Ley 6/1998, ya que no se aplicó el método de actualización de rentas, a pesar de constar en el expediente administrativo la inexistencia de transacciones análogas a las expropiadas.

Formulados expresamente con carácter subsidiario de los anteriores, la recurrente añade otros dos motivos de casación.

El motivo sexto, al amparo del artículo 88.1. c) LJCA, se funda en la vulneración del artículo 33.1 de esta misma Ley por cuanto se fija el valor del suelo en un importe superior al solicitado por el expropiado.

El motivo séptimo, al amparo del artículo 88.1 d) LJCA, denuncia la infracción de la Jurisprudencia sobre la vinculación de las hojas de aprecio (SSTS de 11 de noviembre de 1986 y 19 de febrero de 1994), al entender la recurrente que la sentencia recurrida fijó el valor del suelo a razón de 1.750 pts./m2, cuando el expropiado fijó el valor del suelo en una cantidad inferior, concretamente 800 pts./m2.

Tercero.—El motivo tercero, tal y como se ha expresado anteriormente, ha sido declarado inadmisible por Auto de esta Sala de 15 de octubre de 2009, por lo que el examen del recurso quedaría limitado al resto de los motivos articulados.

Debemos, no obstante, hacer una consideración previa sobre el orden de análisis de los motivos invocados, pues la lógica procesal demanda alterar el orden seguido en el escrito de interposición y analizar, en primer lugar, el motivo sexto que denuncia un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y ello a pesar de haberse formulado con carácter subsidiario.

Cuarto.—Comenzando, por tanto, con el examen del motivo sexto, debemos adelantar que el mismo se encuentra abocado al fracaso, por las razones que seguidamente exponemos.

Se funda dicho motivo en la incongruencia extra petita de la sentencia recurrida, por entender la recurrente que, al confirmar ésta el acuerdo del Jurado que valora el suelo expropiado no urbanizable a razón de 1.750 ptas./m2, está concediendo más de lo solicitado por el expropiado, que según la recurrente propuso como valor alternativo del suelo el de 800 ptas./m2. Para sostener este argumento, la recurrente se remite a un escrito presentado por las expropiadas ante la Demarcación de Carreteras en fecha 26 de junio de 2002 y en el que, a su juicio, éstas habrían mostrado su disconformidad con la valoración fijada por la Administración de 520 ptas./m2 y, en su lugar, habrían propuesto la indicada cantidad de 800 ptas./m2.

No se ha encontrado copia del mentado escrito en las actuaciones y, sin duda, ello explica que sea ahora en casación cuando se plantea por vez primera esta cuestión por la recurrente, posibilidad esta de que en sede de un recurso de casación se introduzcan cuestiones nuevas, no planteadas en la instancia, que es rechazada por la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencias de 16 de enero de 1995, 26 de enero y 12 de mayo de 1999, 30 de enero de 2001 y 9 de junio de 2009).

En cualquier caso, la lectura del pasaje de ese presunto escrito del expropiado que transcribe la recurrente no permite extraer la consecuencia que ésta anuda al mismo. En efecto, en él lo que se pone de manifiesto por el expropiado es que resulta absurdo que la Administración expropiante valore en el año 2000 el suelo plantado de cítricos a razón de 520 ptas./m2, cuando en expedientes expropiatorios referidos al año 1993, la Generalidad Valenciana valoraba esta clase de suelo a razón de 800 ptas./m2. Aparte del dato no estar en presencia de la misma Administración expropiante, pues en el presente caso se trata de la Administración del Estado y en aquellos otros de la Administración autonómica, de lo expresado no cabe inferir que el expropiado se avenga a proponer un valor alternativo del suelo coincidente con la segunda de las cantidades señaladas, como alega la recurrente. La prueba de ello es que, además de no haber sido esta una cuestión sometida a debate en la instancia como se ha dicho, el expropiado claramente señaló para el suelo no urbanizable expropiado una valoración en su hoja de aprecio a razón de 3.500 ptas./m2, de acuerdo con el informe pericial que con ésta se acompaña (folios 193 y siguientes del expediente administrativo), cantidad que reduce a 3.000 ptas./m2 en su escrito de demanda. En consecuencia, la alegada incongruencia extra petita carece de fundamento.

Quinto.—Habida cuenta de la estrecha relación existente entre el motivo examinado y el siguiente articulado, el motivo séptimo, la declarada carencia de fundamento de aquél es también predicable de este último, pues no en vano descansa en análogos argumentos, si bien en este caso con base en la pretendida infracción de la jurisprudencia referida a la vinculación del expropiado con la valoración reclamada en vía administrativa, para afirmar que no se puede pretender en vía judicial un importe mayor que el reclamado en vía administrativa. La falta de consistencia del motivo resulta palmaria pues, como acabamos de decir, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el expropiado lo que ha hecho es incluso reducir el importe inicialmente reclamado en la hoja de aprecio en concepto de suelo no urbanizable -3.500 ptas./m2- por el de 3.000 ptas./m2 que señala en su demanda; posibilidad esta, por lo demás, inobjetable, pues es conocida la jurisprudencia de esta Sala (por todas, Sentencias de 8 de julio de 2008 y 25 de noviembre de 2011) que tiene reiteradamente declarado que las hojas de aprecio formuladas por las partes de la expropiación constituyen respectivamente los límites máximo y mínimo de la definitiva cuantificación del justo precio, vinculando estos límites no solo al Jurado de Expropiación sino también a los Tribunales que juzgan la legalidad y acierto de la valoración efectuada por aquél, lo que obviamente implica que aquéllas pueden separarse de lo solicitado en sus hojas de aprecio siempre que ello sea para minorar lo inicialmente pedido (expropiado) o para elevar lo inicialmente ofrecido (beneficiario).

Sexto.—Los motivos primero, segundo, cuarto y quinto, en cuanto abordan la misma cuestión, e incluso son sustancialmente idénticos en su contenido, pueden ser examinados conjuntamente.

Discrepa en ellos la recurrente del método valorativo utilizado por el Jurado y confirmado por la Sala de instancia para valor el suelo no urbanizable, esto es, el método comparativo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 6/98, al entender que, no siendo posible en el presente caso la aplicación de dicho método valorativo, lo pertinente hubiera sido acudir al método que subsidiariamente contempla el apartado 2 del citado precepto, es decir, el método de capitalización de rentas.

Antes de analizar los motivos es preciso referirnos al escrito de oposición presentado por las expropiadas y en el que se afirma que el contenido de los mismos supone la introducción de una cuestión nueva no suscitada en la instancia a pesar de que los términos del debate lo propiciaban, lo que les hace inviables. Esta causa de oposición ha de rechazarse pues, si bien es cierto que una lectura de la demanda articulada por Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A., permite apreciar que ésta no se oponía al acuerdo del Jurado por haber utilizado éste indebidamente el método comparativo en su valoración del suelo, que es lo que se sostiene en casación, sino que lo que imputaba a dicho acuerdo era un error en la aplicación del método analítico de capitalización de rentas, no es menos cierto que en su escrito de conclusiones la citada mercantil aborda frontalmente la cuestión para, insistiendo en la procedencia de la aplicación del método analítico de capitalización de rentas, reprochar que el Jurado utilice el método comparativo para calcular el valor del suelo cuando realmente no aplica éste conforme establece el artículo 26.1 de la Ley 6/98, reproche que ahora se dirige contra la sentencia recurrida. Por tanto, la ahora recurrente no ha introducido una cuestión nueva en el debate, en todo caso proscrita por el artículo 65.1 de la LJCA, que limita la innovación en el trámite de conclusiones a los argumentos, que es lo que aquí se ha producido. En consecuencia, no cabe hablar tampoco de cuestión nueva en esta sede casacional.

Dicho esto, entrando ya en el examen de los motivos indicados, preciso es recordar cuál es el método de valoración que, según el artículo 26 de la Ley 6/98, resulta aplicable respecto del suelo no urbanizable, cual es el caso. Este precepto, como declaramos en la sentencia de 22 de junio de 2005 y reiteramos en la sentencia de 14 de noviembre de 2011, entre otras, establece dos sistemas de valoración: uno principal, el método de comparación -apartado primero- y otro, subsidiario, el criterio de capitalización de rentas -apartado segundo-.

Señala el apartado primero del precepto de referencia que el valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de valores comprobados de fincas análogas, siempre y cuando esta identidad, que supone obviamente una similitud entre el valor real y de mercado, se presente entre fincas que tengan el mismo régimen urbanístico y concurran determinadas circunstancias acerca de la situación, tamaño, naturaleza, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.

Frente a esta regla general, en defecto del valor de comparación, es decir, cuando es imposible su determinación por falta de actividad en el mercado del suelo o por falta de transparencia de éste, el apartado segundo del citado precepto propone un medio subsidiario de valoración del suelo no urbanizable mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo y conforme a su estado en el momento de la valoración.

Establecidos tales métodos, que no resultan alternativos o electivos sino que el segundo sólo es aplicable con carácter subsidiario cuando resulte de imposible aplicación el primero, nos encontramos en el presente caso que el acuerdo del Jurado de 12 de junio de 2003, en su apartado relativo al valor del suelo no urbanizable, expresa seguir el método de comparación, de acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 6/1998, teniendo en cuenta la ubicación del terreno expropiado y la extensión de éste, llegando a la conclusión, tras analizar todos los factores que inciden en dicho terreno objeto de expropiación, que resulta adecuado tasarlo a razón de 1.750 ptas./m2, cabe reseñar a este respecto que dicha valoración es coincidente con la fijada por el Jurado para otros terrenos afectados por el mismo proyecto expropiatorio y que ha sido confirmada por esta Sala al conocer de recursos de casación anteriores, en los que también ha sido parte recurrente la mercantil Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A. (AUSUR): sentencias de 22 de noviembre de 2010 -recurso 2804/2007 - 21 de diciembre de 2011 -recurso 187/2008 - y 27 de febrero de 2012 -recurso 199/2009 -.

Es cierto, como expresamos en la última de las sentencias citadas, que la motivación del acuerdo del Jurado es escueta, pero también lo es que describe suficientemente los factores utilizados para la valoración (régimen urbanístico, tamaño y situación de la finca, etc...), y fija el valor partiendo de la propia experiencia tasadora como órgano técnico e imparcial, lo que obliga a las partes que pretenden destruir la presunción de acierto de que goza su tasación a demostrar los posibles errores en que haya incurrido, esfuerzo probatorio que aquí no ha tenido lugar, como acertadamente pone de manifiesto la Sala de instancia, pues no es posible acudir directamente al método valorativo de capitalización de rentas, como hace la recurrente, sin acreditar antes y fehacientemente que el método de comparación no es posible o que los resultados obtenidos con dicho método por el Jurado son completamente desacertados, correspondiendo la carga de la prueba de tales hechos a la parte.

Por lo expuesto, estos cuatro motivos han de ser desestimados.

Séptimo.—La desestimación del recurso de casación determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de una condena en costas a los recurrentes, fijándose en tres mil euros (3.000 €) la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto por lo que a honorarios de letrado de las mercantiles recurridas se refiere, dado que el Abogado del Estado no ha formulado oposición.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Autopista del Sureste Concesionaria Española de Autopistas, S.A. (AUSUR), contra la sentencia de 10 de diciembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso n.º 1733/03 y su acumulado n.º 1747/03; con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite establecido en el fundamento de derecho séptimo de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Agustin Puente Prieto, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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