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Sentencia T.S. (Sala 3) de 31 de mayo de 2012


 RESUMEN:

Construcción de carreteras: Recurso contra la Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que se aprueba proyecto de construcción de nueva carretera. Desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada y de la solicitud de revisión de oficio. Recurso de alzada: Extemporaneidad. Cómputo del plazo a partir de la fecha de la Sentencia en el procedimiento contra la aprobación de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el trazado de la nueva variante. Alegación extemporánea de irregularidades en el proyecto. Jurisprudencia sobre notificaciones defectuosas. Desestimación del recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 2296/2011, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Moreno Rodríguez, en nombre y representación de Don Mauricio, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8.ª) de 24 de febrero de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 902/08, sobre el proyecto de construcción de nueva carretera. Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8.ª) se ha seguido el recurso número 902/2008, interpuesto por Don Mauricio, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado frente a la resolución dictada por el Director General de Carreteras, el día 30 de junio de 2003, que acuerda aprobar de manera definitiva el proyecto de construcción de nueva carretera, nuevo vial de conexión entre la Avenida de Lugo (carretera N-550) y Pontepedriña (carretera N-550), Tramo Santiago de Compostela, así como contra la desestimación por silencio administrativo de la subsidiaria solicitud de revisión de oficio, siendo posteriormente ampliado a la resolución del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, por delegación del Ministro, de 3 de noviembre de 2009, mediante la que se inadmite, por extemporáneo, el recurso de alzada y la solicitud de revisión de oficio.

Segundo.—La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8.ª) dicta Sentencia el 24 de febrero de 2011, cuyo fallo es el siguiente:

"DESESTIMAMOS EL RECURSO INTERPUESTO POR el Procurador Don Pedro Moreno Rodríguez, en nombre y representación de Don Mauricio, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado frente a la resolución dictada por el Director General de Carreteras, el día 30/06/2003 y en la que acuerda aprobar de manera definitiva el proyecto de construcción de nueva carretera, nuevo vial de conexión entre la Avenida de Lugo (carretera N- 550) y Pontepedriña (carretera N-550), Tramo Santiago de Compostela, así como contra la desestimación por silencio administrativo de la subsidiaria solicitud de revisión de oficio, siendo posteriormente ampliado a la resolución del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, por delegación del Ministro, de 3/11/2009, mediante la que se inadmite, por extemporáneo, el recurso de alzada y la solicitud de revisión de oficio, resolución esta última que confirmamos porque es ajustada a Derecho, exclusivamente en cuanto inadmite el recurso de alzada, quedando la inadmisión de la revisión de oficio a lo expuesto en el fundamento de Derecho segundo de esta sentencia. Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia en la tramitación de este recurso.";

Tercero.—Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Don Mauricio presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió ordenando emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Cuarto.—Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente Don Mauricio, al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 16 de mayo de 2011, haciendo valer un único motivo de impugnación al amparo del artículo 88.1 d) LJCA, por infracción de los artículos 48.2, 58, 59.1.5 y 6, 60, 114 y 115 de la Ley 30/92 en relación con la falta de notificación de la resolución, que ni le fue notificada como afectado ni se publicó en Boletín Oficial alguno, así como de la jurisprudencia que cita al efecto. Argumenta la recurrente que no han sido tomados en consideración por la Sala de instancia ni aplicados debidamente los artículos citados de la Ley 30/92, que regulan la obligación de notificar o, en su caso, publicar los actos administrativos y el cómputo de los plazos desde la fecha de la notificación o publicación, al apreciar la inadmisibilidad del recurso de alzada por extemporaneidad en base a un supuesto conocimiento por parte de mi representado del acto recurrido, que es la aprobación definitiva de un proyecto de carreteras, cuando se trata de una resolución que no ha sido notificada al mismo, a pesar de tener un interés directo y haber efectuado alegaciones en el expediente, ni tampoco haber sido publicada en boletín alguno, como está reconocido, a pesar de afectar a una pluralidad indeterminada de personas.

Terminando por suplicar, dictge sentencia que case y anule la recurrida y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos en el original escrito de demanda.

Quinto.—Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, formula la Abogacía del Estado escrito de oposición al recurso de casación con fecha 26 de septiembre de 2011, en el que suplica dicte sentencia desestimatoria del recurso.

Sexto.—Se señaló para votación y fallo el 29 de mayo de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) de 24 de febrero de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 902/2008, interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado frente a la Resolución dictada por el Director General de Carreteras, el día 30 de junio de 2003 y en la que acuerda aprobar de manera definitiva el proyecto de construcción de nueva carretera, nuevo vial de conexión entre la Avenida de Lugo (carretera N-550) y Pontepedriña (carretera N-550), tramo Santiago de Compostela, así como contra la desestimación por silencio administrativo de la subsidiaria solicitud de revisión de oficio, recurso contencioso que es posteriormente ampliado a la Resolución del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, por delegación del Ministro, de 3 de noviembre de 2009, mediante la que se inadmite, por extemporáneo, el recurso de alzada y la solicitud de revisión de oficio.

La Sentencia de instancia, desestima el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte actora, y confirma la resolución impugnada que declara la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto en razón a su extemporaneidad.

Así, la Sala de instancia se expresa en los siguientes términos:

"[...] Entrando en la cuestión que constituye el objeto de este recurso debemos tener en cuenta que el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, establece en su artículo 34 dedicado a la "Tramitación de la información pública", lo siguiente:"Con independencia de la información oficial a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Carreteras , se llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un trámite de información pública durante un período de treinta días hábiles. Las observaciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado(artículo 10.4, párrafo primero)... 4. En municipios con instrumento de planeamiento urbanístico aprobado no será preceptiva la información pública para las actuaciones incluidas en el mismo...", Dejando al margen la cuestión de fondo que se plantea en la solicitud del recurrente, la cuestión a dilucidar aquí estriba en concluir si tuvo o no conocimiento cabal de la existencia del acuerdo de aprobación del proyecto y por lo tanto pudo interponer contra él los recursos pertinentes con anterioridad a la fecha en que lo hizo, puesto que la Administración sostiene que como consecuencia de la modificación puntual del PGOU, realizada precisamente como consecuencia del proyecto aprobado provisionalmente, que sí fue sometida a información pública y en concreto a través del recurso contencioso administrativo seguido contra ella sí que tuvo tal conocimiento y pudo entonces interponer el recurso de alzada en lugar de hacerlo el 11/04/08, es decir casi cinco años después de su aprobación.

En los fundamentos de Derecho de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia leemos:"...Pues bien, la observación del expediente revela que el procedimiento seguido en el caso de autos es el segundo. Aunque el Ayuntamiento de Santiago tiene en consideración para la modificación puntual del planeamiento los trabajos realizados para la redacción del proyecto del nuevo trazado de la variante Sar-Pontepedriña, lo cierto es, y así resulta de la lectura del folio 14 del expediente, que es el indicado Ayuntamiento quien, en cumplimiento del artículo 10.2 de la Ley citada de Carreteras, solicita informe del Ministerio de Fomento. Tiene relevancia el resaltarlo para concluir con base en lo expuesto que el ámbito de conocimiento de este recurso se contrae a las cuestiones urbanísticas propias de la aprobación de la modificación puntual del Plan General, debiendo quedar al margen aquellas otras que, por referirse a la aprobación del proyecto de carreteras y aunque relacionadas con la resolución recurrida, exceden del ámbito de mención. Si la aprobación del proyecto de carreteras requiere, de conformidad con el art. 10.4 de la Ley de Carreteras , el trámite de información pública o si el trazado es o no adecuado, son cuestiones a plantear en su caso en un recurso interpuesto contra el acto de aprobación, para cuyo conocimiento no sería competente esta Sala al corresponder la aprobación de mención al Ministro...", de donde se infiere que quienes actuaron como demandantes en dicho recurso conocían la existencia del proyecto. Pero con mayor evidencia se llega a esta conclusión si examinamos el informe pericial elaborado a instancia de los recurrentes en aquel recurso y que ha sido igualmente aportado en éste - documento 5 de la demanda-, pues fue elaborado en diciembre de 2004 y entre otras cosas se le solicitaba que informase si "...el trazado de la variante incorporado a la modificación puntual del PGOU incumple la normativa técnica aplicable...", cuestión que según se desprende de los puntos E y F del informe ya había sido objeto de estudio y pronunciamiento por parte del Ingeniero de Caminos Don Evaristo a instancia de los recurrentes. En los folios 17 a27 del informe se valora con detalle el proyecto aprobado y se afirma la existencia de incumplimientos de la normativa vigente en relación con su trazado puntual, que son justamente los que imputa la parte a la resolución de aprobación definitiva que aquí impugna, de donde se ha de concluir que no sólo tuvo un conocimiento global del trazado de la carretera, a los efectos previstos en el artículo 10.4 de la Ley y 34de su Reglamento, sino que a lo largo del recurso judicial tuvo un conocimiento preciso de dicho trazado y a partir de la sentencia que lo culmina, donde se recoge expresamente que todas las cuestiones referentes al proyecto de la carretera han de ventilarse ante el Ministerio de Fomento, ya pudo interponer los recursos y acciones que hubiera estimado oportunas por lo que al esperar hasta el año 2008 para formular el recurso de alzada dio lugar a su inadmisibilidad por extemporaneidad al haber trascurrido en exceso el plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la LRJAP y PAC.

El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7.ª, en la sentencia de 6 Jun. 2007 , al tratar la cuestión que resolvemos en relación con quienes ostentan un interés indirecto en la actuación administrativa afirma:"...por lo que supeditar la firmeza del acto de homologación a la perfecta constitución de una especie de litis consorcio pasivo necesario en el procedimiento administrativo de todos los hipotéticos interesados, impediría de hecho la actividad administrativa, vulnerando el principio de eficacia, consagrado en el artículo 103.1 de nuestra norma constitucional, y desde luego vulneraría el principio de seguridad jurídica, pues el ciudadano no sólo tiene el derecho a la actividad administrativa, previa a la judicial en su caso, sino a que ésta, dentro de unos plazos razonables, sea ya firme e irrevocable. Y por eso en muchos procedimientos se determina expresamente a quien hay que notificar los actos administrativos, porque ya de entrada se puede adivinar que pudiera afectar a personas concretas; en otros, se excluye, en virtud del principio de eficacia, la notificación personal a los interesados sustituyéndola por la publicación, como en materia de planificación urbanística...No es compatible con el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3de la Constitución el hecho de que, como en el presente caso, transcurran un gran número de años entre la fecha del acto administrativo y la de su impugnación. No digamos, si se admite la impugnación, "sine die", sin límite alguno. Por ello, es preciso compaginar este principio de seguridad jurídica con el de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos...El artículo 58 de la Ley 30/1992 ya citada, dispone que se notificarán a los interesados, las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. Hay que determinar si ello se refiere a todos los posibles interesados, o sólo a los que reúnen los requisitos del artículo 31antes citado, que los define, y hay que concluir que no son interesados a los efectos de esta ley todos los que tengan un interés legítimo, aunque puedan resultar afectados, sino, sólo aquellos que promuevan el expediente( artículo 31.1.a) de dicha Ley ), o se personen en el mismo ( artículo 31.1.c) de la misma norma ). Naturalmente también, los que por ley tienen esta condición, en cuanto titulares de derechos que puedan resultar afectados ( letra b) del artículo 31.1)... no existía respecto a él la obligación de notificarle el acto finalizador del procedimiento, y por lo mismo, no puede acogerse al supuesto previsto en el artículo 58.3 de la tan reiterada Ley 30/1992 , que dispone que cuando "las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier otro recurso que proceda", pues esta norma parte del presupuesto de que la notificación al interesado era preceptiva...", doctrina que es aplicable al supuesto de autos en cuanto la resolución de aprobación del proyecto, que constituye el objeto de la impugnación del actor, no tenía que serle notificada personalmente. No se discute que no existe obligación de notificación de este carácter. Por lo que si no existe tal obligación, si consta de forma fehaciente que el actor conoció ya antes de septiembre de 2006 el proyecto que se había aprobado y si el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se pronunció, resolviendo su reclamación, respecto del interés directo que ostenta, que se centra en las fincas afectadas por el trazado de la carretera, y le manifestó que las cuestiones estrictamente referentes a éste último debían ventilarse ante el Ministerio de Fomento, hemos de concluir que la demora en casi dos años, contados desde la sentencia, para interponer el recurso de alzada es absolutamente injustificada y que sólo a su actuación ha de imputarse la inadmisibilidad correctamente acordada por la Administración.";

Segundo.—Contra esa sentencia ha interpuesto el recurrente el recurso de casación que nos ocupa, en el cual se esgrime un único motivo de impugnación al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en consideración a que la sentencia ha vulnerado por inaplicación o indebida aplicación los artículos 48.2, 58, 59.1, 5 y 6, 60, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 24.1 de la Constitución.

Argumenta la parte recurrente que no han sido tomados en consideración por la Sala de instancia ni aplicados debidamente los artículos citados de la Ley 30/92, que regulan la obligación de notificar o, en su caso, publicar los actos administrativos y el cómputo de los plazos desde la fecha de la notificación o publicación, al apreciar que el recurso de alzada era inadmisible por extemporaneidad con base en un supuesto conocimiento por su parte del acto recurrido, que es la aprobación definitiva de un proyecto de carreteras, cuando realmente, dice, dicha resolución no le ha sido notificada, a pesar de tener un interés directo y haber efectuado alegaciones en el expediente, ni tampoco haber sido publicada en boletín alguno, como está reconocido, a pesar de afectar a una pluralidad indeterminada de personas.

Tercero.—A efectos de resolver el motivo impugnatorio planteado debemos partir de una serie de hechos relevantes, que la Sentencia de instancia considera probados, a la vista del expediente administrativo y del resultado de la prueba practicada, y que reproduce dicha Sentencia en el Fundamento de Derecho Primero en los siguientes términos:

" el 24/05/1995 el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela firmaron un convenio para la realización de obras de infraestructuras viarias y ferroviarias, en cuya cláusula cuarta se preveía la ejecución a cargo del Ministerio de la siguiente:" La Conexión de la Glorieta bajo la Avenida de Lugo con la carretera de Orense, desde el Barrio de Pontepedriña (Calle Ulla) por el Margen Sureste de la Estación de Ferrocarril", mientras que en la cláusula sexta se preveía que sería el Ayuntamiento quien procediera a la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las obras; el 27/03/1998 el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes aprueba provisionalmente el Proyecto de Construcción " Nueva Carretera. Nuevo vial de conexión entre la Avenida de Lugo (carretera N-550) y Pontepedriña (carretera N- 525). Tramo: Santiago de Compostela", Clave 49-000LC-3010; el 18/09/98 la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia solicita al Ayuntamiento de Santiago de Compostela que certifique si el vial está incluido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana _PGOU- del municipio; el 30/10/98 el Ayuntamiento certifica que el vial de conexión estaba contemplado en el PGOU; el 3/05/00 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela redacta una modificación puntual del Plan para adaptarlo al trazado de la vía resultante del proyecto aprobado provisionalmente; el 22/06/01 el Ayuntamiento informa al Ministerio de que la modificación puntual ha sido sometida a información pública y se había aprobado definitivamente en la reunión del Pleno del Concello celebrada el 30/03/00; en el plazo de información pública Don Gregorio había efectuado alegaciones y propuesto alternativas al trazado; una vez aprobada la modificación puntual el aquí recurrente, y otros afectados, interpusieron recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de aprobación, que dio lugar al recurso contencioso administrativo 4637/2000, seguido ante la Sección 002 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que recayó sentencia, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil seis, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:" Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Pedro y otros contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de 30 de marzo de 2000, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el trazado de la nueva variante Sar- Pontepedriña. Anulamos dicha resolución por ser contraria a derecho, sin hacer especial condena en costas..."; el Ministerio consideró que no era necesario el trámite de información pública de proyecto de carretera toda vez que se había incluido en el PGOU a través de la modificación puntual, donde se preveía la reserva de suelo para su ejecución; el Director General de Carretera, mediante la resolución adoptada el día 30/06/2003, acuerda aprobar de manera definitiva el proyecto de construcción de nueva carretera, nuevo vial de conexión entre la Avenida de Lugo (carretera N-550) y Pontepedriña (carretera N-550), Tramo Santiago de Compostela; el 11/04/2008 Don Gregorio presenta ante el Ministerio de Fomento un escrito mediante el que interpone recurso de alzada contra la resolución de 30/06/2003 mediante la que se aprueba de forma definitiva el proyecto de carretera y subsidiariamente, para el caso de que no se considerase admisible el recurso de alzada, solicita que se tenga por formulada la revisión de oficio de la resolución; al no recibir respuesta a su escrito el primero de diciembre de 2008 interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de sus solicitudes; el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, por delegación del Ministro, por resolución de 3/11/2009, inadmite, por extemporáneo, el recurso de alzada y la solicitud de revisión de oficio.";

Cuarto.—- El motivo impugnatorio formulado ha de ser rechazado pues entendemos que el Tribunal de instancia no erró al apreciar conforme a Derecho la extemporaneidad de la interposición del recurso de alzada el 11 de abril de 2008 frente a la Resolución de 30 de junio de 2003 por la que se aprueba de forma definitiva el proyecto de construcción de nueva carretera.

La Sentencia de instancia no desestima el recurso deducido por el ahora recurrente pronunciándose sobre la cuestión referente a la publicación del acto impugnado en el Boletín Oficial del Estado, sino que resuelve la pretensión deducida en atención a la determinación del momento en que puede considerarse que la aprobación definitiva del proyecto pudo ser conocida por la parte hoy recurrente.

Efectivamente, la Sala considera que él cómputo del plazo para impugnar en alzada habría de computarse desde el momento en que el recurrente exterioriza dicho conocimiento, lo que se hizo patente en el recurso contencioso administrativo 4637/2000, seguido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que recayó Sentencia de fecha veintiocho de septiembre de 2006, por la que se estima dicho recurso interpuesto contra la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de 30 de marzo de 2000, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el trazado de la nueva variante Sar-Pontepedriña. La Sala indicó expresamente que su resolución se ceñía a las cuestiones urbanísticas propias de la aprobación de la modificación puntual del Plan General, quedando extramuros de ese proceso aquellas otras referentes a la aprobación del proyecto de carreteras. También el informe pericial aportado junto a la demanda, elaborado a instancia, entre otros, del aquí recurrente, evidencia el conocimiento por éste del proyecto de carreteras aprobado, y pone de manifiesto supuestas infracciones a la normativa aplicable en la materia. Todo ello revela el cabal conocimiento por el Sr. Mauricio del trazado de la variante de referencia, así como la posibilidad que tuvo de argüir las irregularidades en que entendía que incurría dicho proyecto, que posteriormente denunciaría en el recurso de alzada presentado, lo que desvirtúa cualquier consideración acerca del desconocimiento de la resolución de 30 de junio de 2003, pues razones basadas en un principio de buena fe procesal así lo imponen.

En fin, debemos reiterar una vez más que la jurisprudencia sobre notificaciones defectuosas, conforme a la cual el plazo para que los interesados impugnen un acto administrativo no comienza a correr sino hasta que ha sido notificado, resulta aplicable únicamente en el tráfico administrativo ordinario, no pudiendo amparar impugnaciones manifiestamente extemporáneas como la que tratamos, por ende hemos de concluir necesariamente que la sentencia impugnada realiza una interpretación razonable que en nada infringe el citado precepto legal.

Quinto.—En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede imponer el pago de las costas ni en la instancia ni en la casación.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.


FALLAMOS


 
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación número 2296/2011, interpuesto por Don Mauricio, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8.ª) de 24 de febrero de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 902/08.

Imponiendo las costas procesales a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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