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Sentencia T.S.J. Andalucía 847/2012 de 8 de marzo


 RESUMEN:

Descuelgue salarial: Imposibilidad de aplicación con efectos retroactivos. Convenio Colectivo: El descuelgue podrá aplicarse para la anualidad siguiente, con la duración de un año desde la aprobación de la medida, sobre salarios futuros y no sobre los percibidos por los trabajadores en años precedentes.

Excmo. Sr.:

D. Antonio Reinoso y Reino, Presidente de la Sala

Iltmos. Sres.:

D. Luis Lozano Moreno

D.ª Carmen Pérez Sibón

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En Sevilla, a ocho de marzo de dos mil doce.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 847/2.012

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Gruas Gil Cádiz, S.A.U. contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Cádiz, dictada en los autos n.º 288/11; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. Luis Lozano Moreno, Magistrado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos se presentó demanda por la recurrente contra la Comisión Paritaria de I Convenio Colectivo Andaluz de Gruas Móviles Autopropulsadas, Asociación de Empresas de Gruas Autopropulsadas de Andalucía, Federación de Transporte Comunicación y Mar del Sindicado UGT y Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicado CCOO, se celebró el Juicio y se dictó Sentencia el veinte de mayo de 2011, por el Juzgado de referencia, en la que se desestimó la demanda.

Segundo.—En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

Primero.—EMPRESA.-

GRÚAS GIL CÁDIZ S.A.U. se dedica al alquiler de grúas móviles autopropulsadas, mediante su plantilla que presta sus servicios en la Provincia de Cádiz, siendo aplicable el I C.C. Andaluz de Grúas Móviles Autopropulsadas, BOJA 147/2.008 de 24 de julio.

Segundo.—PREVISIONES DEL CONVENIO.-

El citado convenio colectivo contiene, entre otras previsiones:

Artículo 60:

1.- Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán mensualmente, por periodos vencidos y dentro de los cinco días naturales del mes siguiente al de su devengo...

Artículo 44:

Retribuciones salariales.

Las retribuciones salariales base en el año 2008 para las distintas categorías profesionales del Convenio serán las que se detallan en las tablas recogidas en el Anexo II, y que servirá de base para el cálculo del incremento retributivo del siguiente año.

Respecto a las dietas y kilometraje por desplazamiento, se aplicarán las cuantías reflejadas igualmente, en las tablas del Convenio a partir de la firma del mismo.

Para los años 2009, 2010 y 2011 se acuerdan los siguientes incrementos, en todos los conceptos salariales, pluses, complementos e incentivos del Convenio (a excepción de las garantías ad personam cuando se prevea su congelación, como es el caso previsto en el artículo 46 del presente Convenio), en curso aumentado en los porcentajes descritos para cada año, con cláusula de revisión de todos los conceptos al IPC real del año en curso, abonándose la diferencia con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año en curso, haciéndolo efectivo en el transcurso del primer trimestre del año siguiente, consolidándose en la masa salarial:

2009: Incremento del IPC real + 3%.

2010: Incremento del IPC real + 0,5%.

2011: Incremento del IPC real + 1%.

Se entiende por IPC real estatal, el publicado por el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto nacional.

Artículo 67:

Descuelgue salarial.

Podrán solicitar la inaplicación del régimen retributivo previsto en este Convenio, las empresas que acrediten que el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en el mismo, les llevaría inevitablemente al cierre definitivo de la empresa, o aquellas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

Situaciones de déficit o pérdidas objetivas y fehacientemente acreditadas en los dos últimos ejercicios contables. Así mismo, se tendrán en cuenta las previsiones del año en curso.

Sociedades que se encuentran incluidas en las causas de disolución legal siguientes:

Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal cuando la reducción venga impuesta legalmente y que subsanen tal situación.

Empresas que hayan solicitado concurso de acreedores, quiebra o suspensión de pagos.

Empresas a las que sobreviniera alguna causa que afecte notablemente al ejercicio de su actividad.

Podrán quedar exentas del cumplimiento de las mismas, si bien quedarían obligadas a incrementar las retribuciones de su personal al menos en el mismo porcentaje que se determina por el INE para el IPC real del Estado.

Al efecto de poder acogerse a la exención establecida en el presente artículo, será necesario que las empresas lo soliciten y acrediten ante la Comisión Paritaria, de forma fehaciente. Sólo en el caso de que la Comisión Paritaria estimara que el cumplimiento de dichas condiciones económicas fuere la causa directa de tal situación, podrán éstas dejar de aplicarlas.

Al efecto de constatar la imposibilidad de aplicar las condiciones económicas establecidas en el presente Convenio, las empresas que pretendan descolgarse del régimen salarial del Convenio, deberán notificárselo por escrito a la Comisión Paritaria del Convenio y a la representación de los/as trabajadores/as, acompañando al escrito, la documentación precisa (memoria explicativa, balances, cuentas de resultados, o en su caso, informe de auditores o censores de cuentas, u otros documentos), que justifique un régimen salarial diferenciado, y cuanta documentación fuere requerida por ésta para conocer la situación económica real de las mismas. En el caso de no aportar la documentación que se requiriese, la Comisión Paritaria no autorizaría a las empresas solicitantes a quedar exentas del cumplimiento de las condiciones económicas pactadas en el presente convenio. La Comisión Paritaria tomará sus acuerdos, en lo referente a lo regulado en la presente disposición por unanimidad y tendrá la facultad, de estimarlo necesario, de recabar informes periciales al efecto de tomar la decisión que proceda. A partir de la solicitud por parte de las empresas afectadas se establece un período máximo de tres meses para la resolución. Los miembros de la Comisión Paritaria recabarán información durante el período de vigencia del presente convenio.

El descuelgue, de ser aprobado, tendrá efectividad durante un año.

En el caso de que alguna empresa desee mantener por más tiempo el descuelgue del presente Convenio, deberá solicitar una nueva autorización en la forma y con el procedimiento previsto en el presente artículo.

Transcurrido el período de descuelgue, sin haberse instado una prórroga del mismo o denegada ésta, la reincorporación a las condiciones previstas en el Convenio será automática.

Los/as representantes legales de los/as trabajadores/as, o en su caso estos o la Comisión Paritaria están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando respecto de todo ello sigilo profesional.

Tercero.—SITUACIÓN DE LA EMPRESA.

Durante los años 2.009 y 2.010 la citada empresa Grúas Gil Cádiz, S.A.U. ha tenido las pérdidas siguientes:

En el año 2.007 las ganancias fueron de 419.129 euros;

En el año 2.008 las ganancias fueron de 250.468 euros;

En el año 2.009 las pérdidas fueron de 124.820 euros;

En el año 2.010 las pérdidas fueron de 359.740 euros.

Cuarto.—INTENTOS DE ARREGLO EXTRAJUDICIAL.

La citada empresa en fecha de 22-3-10 presentó ante la Comisión Paritaria la autorización para inaplicar el régimen retributivo, sin obtener respuesta, acudiendo al Sercla, acto que se celebró el 7-9-10 sin avenencia.

Tercero.—La demandante recurrió en suplicación contra tal sentencia, impugnándose su recurso por la Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato CC.OO y por la Federación de Transporte y Mar del Sindicato Unión General de Trabajadores.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Único.-La empresa demandante presentó demanda de Conflicto Colectivo en la que solicitaba que se autorizara el descuelgue salarial consistente en la inaplicación del aumento salarial negociado para el año 2009 y del negociado para el año 2010, sin perjuicio de incrementar las tablas salariales acordada en 2008 en el IPC real de los años 2000 y 2010. Ahora recurre en suplicación la sentencia desestimatoria de la demanda formulando un único motivo con amparo en lo dispuesto en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que denuncia que la sentencia ha infringido por interpretación errónea y no aplicación el artículo 67 del Convenio Colectivo Andaluz de Grúas Móviles Autopropulsadas en relación con el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. En el motivo expone en primer lugar que la empresa reúne las condiciones exigidas para poder solicitar la aplicación del descuelgue salarial contemplado la norma convencional, relatando las circunstancias económicas presentes desde el año 2007, y en especial la negativa evolución desde entonces durante los ejercicios de 2008 a 2010, y argumentando sobre la idoneidad de la medida del descuelgue salarial para superar esa situación negativa. En segundo término pone de manifiesto que la afirmación hecha en la sentencia recurrida en cuanto al carácter irretroactivo de la medida de descuelgue salarial supone un claro error en la interpretación del artículo 67 del Convenio Colectivo de aplicación, que no impide esa aplicación retroactiva.

Los términos del debate quedan reducidos a los planteados por el recurrente, pues como se indica por el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de octubre 2009, "de acuerdo con una reiterada doctrina, que sintetiza nuestra sentencia de 10 de abril de 2002, la Sala está vinculada por los motivos legales del recurso y sólo puede conocer de ellos en la medida en que sean propuestos por el recurrente, de forma que, a diferencia de lo que ocurre en la instancia donde rige el principio iura novit curia, no es posible estimar el recurso por infracciones distintas de las invocadas en aquél a través de los correspondientes motivos (sentencias de 17 de mayo de 1995, 26 de diciembre de 1995 y 24 de mayo de 2000)".

En consecuencia, debemos resolver si el precepto convencional citado permite la aplicación del descuelgue que en el mismo se regula con carácter retroactivo, pues una conclusión negativa impediría entrar en si la medida solicitada por la empresa está justificada en los términos económicos a los que se refiere el indicado precepto.

El artículo 67 del I Convenio Colectivo Andaluz de Grúas Móviles Autopropulsadas, cuya vigencia abarca desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 dispone que "Podrán solicitar la inaplicación del régimen retributivo previsto en este Convenio, las empresas que acrediten que el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en el mismo, les llevaría inevitablemente al cierre definitivo de la empresa, o aquellas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 1.º Situaciones de déficit o pérdidas objetivas y fehacientemente acreditadas en los dos últimos ejercicios contables. Así mismo, se tendrán en cuenta las previsiones del año en curso. (...) 4.º Empresas a las que sobreviniera alguna causa que afecte notablemente al ejercicio de su actividad.

Podrán quedar exentas del cumplimiento de las mismas, si bien quedarían obligadas a incrementar las retribuciones de su personal al menos en el mismo porcentaje que se determina por el INE para el IPC real del Estado.

Al efecto de poder acogerse a la exención establecida en el presente artículo, será necesario que las empresas lo soliciten y acrediten ante la Comisión Paritaria, de forma fehaciente. Sólo en el caso de que la Comisión Paritaria estimara que el cumplimiento de dichas condiciones económicas fuere la causa directa de tal situación, podrán éstas dejar de aplicarlas.

Al efecto de constatar la imposibilidad de aplicar las condiciones económicas establecidas en el presente Convenio, las empresas que pretendan descolgarse del régimen salarial del Convenio, deberán notificárselo por escrito a la Comisión Paritaria del Convenio y a la representación de los/as trabajadores/as, acompañando al escrito, la documentación precisa (memoria explicativa, balances, cuentas de resultados, o en su caso, informe de auditores o censores de cuentas, u otros documentos), que justifique un régimen salarial diferenciado, y cuanta documentación fuere requerida por ésta para conocer la situación económica real de las mismas. En el caso de no aportar la documentación que se requiriese, la Comisión Paritaria no autorizaría a las empresas solicitantes a quedar exentas del cumplimiento de las condiciones económicas pactadas en el presente convenio. La Comisión Paritaria tomará sus acuerdos, en lo referente a lo regulado en la presente disposición por unanimidad y tendrá la facultad, de estimarlo necesario, de recabar informes periciales al efecto de tomar la decisión que proceda. A partir de la solicitud por parte de las empresas afectadas se establece un período máximo de tres meses para la resolución. Los miembros de la Comisión Paritaria recabarán información durante el período de vigencia del presente convenio.

El descuelgue, de ser aprobado, tendrá efectividad durante un año.

En el caso de que alguna empresa desee mantener por más tiempo el descuelgue del presente Convenio, deberá solicitar una nueva autorización en la forma y con el procedimiento previsto en el presente artículo.

Transcurrido el período de descuelgue, sin haberse instado una prórroga del mismo o denegada ésta, la reincorporación a las condiciones previstas en el Convenio será automática. (...)"

Dicha regulación encuentra cobertura en lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente hasta el 18 de junio de 2010, fecha en la que el Real Decreto Ley 10/10 de 16 de Junio alteró su redacción, si bien estableciendo en su Disposición Transitoria Cuarta, que "1.Los procedimientos de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, los dirigidos a la inaplicación del régimen salarial establecido en convenio colectivo y los expedientes de regulación de empleo para la extinción de contratos de trabajo que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio." Tal debe ser la regla a aplicar en el caso de autos, dado que la empresa planteó su solicitud inicial ante la Comisión Paritaria en fecha 22 de marzo de 2010, según resulta del indiscutido extremo resaltado en las actuaciones.

Disponía el expresado precepto del Estatuto de los Trabajadores, que "3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial del mismo a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación.

Si dichos convenios colectivos no contienen la citada cláusula de inaplicación, esta última sólo podrá producirse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores cuando así lo requiera la situación económica de la empresa. De no existir acuerdo, la discrepancia será solventada por la Comisión Paritaria del convenio. La determinación de las nuevas condiciones salariales se producirá mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, en su defecto, podrán encomendarla a la Comisión Paritaria del convenio.".

Sobre la concreta cuestión de si lo dispuesto en esa norma puede o no aplicarse con efectos retroactivos, es decir, para un momento anterior a la solicitud de descuelgue, ya se ha pronunciado esta Sala en sendas sentencias, la primera de ellas de 1 de diciembre de 2011, y la segunda de 17 de enero de 2012, dictadas ambas en procedimiento de Única Instancia seguidos por Conflicto Colectivo. Igualmente, se ha pronunciado en idéntico sentido esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, en sentencia de 1 de diciembre de 2011, en la que se citaba otra dictada en el Rollo 2412/11. En todas ellas se niega la posibilidad mantenida ahora por el recurrente, descartándose que lo previsto en ese precepto convencional pueda aplicarse a ejercicios anteriores a la solicitud.

Hay que partir de que, como mantiene nuestra jurisprudencia, "En materia de interpretación de las cláusulas convencionales, se ha mantenido y reiterado la regla general según la cual "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" (STS de 15 septiembre 2009). Y de los términos del precepto no se deduce que la sentencia haya cometido ninguna de esas infracciones sino, por el contrario, que acertó cuando resolvió sobre la imposibilidad de aplicar el descuelgue con efecto retroactivo, ya que, como se indica en alguna de las sentencias antes citadas, las expectativas del mismo son de futuro por cuanto no pueden operar sobre salarios que han sido abonados en los años precedentes, según tablas saláriales del Convenio, y aun admitiéndose la posibilidad de descuelgue -por darse los condicionamientos previstos en la norma- estos serán para la anualidad siguiente y con la duración indicada por ese precepto convencional, es decir, de un año desde la aprobación de la medida, acto que se configura con carácter constitutivo, con independencia de que se contemple la posibilidad de nueva autorización en la forma y procedimiento previsto en la misma norma, sobre la base de su aplicación a salarios "futuros" no pudiéndose acomodar, como es obvio, los percibidos por los trabajadores en años precedentes.

Una vez que se ha resuelto la imposibilidad de que el descuelgue pretendido se pueda aplicar con efectos retroactivos, procede desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el recurrente, sin posibilidad de resolver la otra cuestión que plantea, es decir, si las circunstancias económicas de la empresa justifican o no la adopción de la decisión ya que esa autorización pretendida, por lo ya dicho, no es posible. Y como ya hemos visto que esta Sala no puede sino ceñirse a los estrictos términos del recurso planteado por el recurrente, procede su desestimación, con confirmación de la sentencia recurrida.


FALLAMOS


 
Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Gruas Gil Cádiz S.A.U. contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado de lo Social número Tres de Cádiz, recaída en autos sobre Conflicto Colectivo, promovidos por la recurrente contra la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo Andaluz de Grúas Móviles Autopropulsadas, Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato Comisiones Obreras, la Federación de Transporte, Comunicación y Mar del Sindicato Unión General de Trabajadores, y la Asociación de Empresas de Grúas Autopropulsadas de Andalucía, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia.

Se condena a la recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Asimismo se advierte a la empresa recurrente que, si recurre, deberá acreditar ante esta Sala haber efectuado el depósito de 600 €, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, en la Cuenta -Expediente n.º 4052-0000-35-3996-11, especificando en el campo concepto, del documento resguardo de ingreso, que se trata de un "Recurso".

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Sevilla a

En el día de la fecha se publica la anterior sentencia. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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