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Sentencia A.P. Bilbao 175/2012, de 1 de marzo


 RESUMEN:

Quebrantamiento de condena: Incumplimiento de orden de alejamiento. Alegaciones de error invencible, estado de necesidad y drogodependencia. Desestimación de excusas y mantenimiento de la pena.

SENTENCIA

En BILBAO (BIZKAIA), a 1 de Marzo de 2012.

VISTOS en segunda instancia, por la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de BIZKAIA, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, seguidos con el número 240/11 ante el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Bilbao por hechos constitutivos, aparentemente, de un delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA contra Carmelo con DNI NUM000, nacido en Bilbao (Bizkaia) el NUM001 de 1973, hijo de Ángel y de María Soledad, representado por la Procuradora Sra. ANA ROSA ÁLVAREZ SÁNCHEZ y defendido por el Letrado Sr. IÑIGO BENGOA LEGORBURU, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución dicto la siguiente Sentencia.

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrada Ponente, al Iltma., Sra. Dña. NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE.


ANTECEDENTES


 
Primero.—Por el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Bilbao, de los de dicha clase, se dictó con fecha 10 de noviembre de 2011 sentencia en la que se declaran probados los siguientes hechos:"ÚNICO.- Que Carmelo, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia al haber sido ejecutoriamente condenado por sentencia de fecha 19 de octubre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Bilbao en la causa 289/2009 seguida por un delito de amenazas en el ámbito familiar a la pena de 8 meses de prisión, pena cuya ejecución fue suspendida por resolución notificada el 3 de junio de 2010 por un período de 2 años, privación del derecho a la tenencia y porte de ramas por un período de 2 años y accesoria de prohibición de acercarse a su madre Nieves y al lugar donde esta resida a una distancia inferior a 250 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por un período de 2 años , sobre las 09:40 horas del día 8 de febrero de 2011 se encontraba a la altura del n.º 26 de la CALLE000 de Bilbao a menos de la distancia de 250 metros referida al residir su madre en el n.º NUM002 de dicha calle, pese a la indicada pena de alejamiento que, conforme a la liquidación practicada en la ejecutoria 3688/09 del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Bilbao tenía como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2009 y como fecha de extinción el 28 de diciembre de 2011, liquidación que fue debidamente notificada a Carmelo con los requerimientos "pertinentes el señalado día 29 de diciembre de 2009."

La parte dispositiva o Fallo de la indicada sentencia dice textualmente: "Que DEBO CONDENAR y CONDENO a Carmelo como autor responsable de UN DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas causadas."

Segundo.—Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Carmelo en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.

Tercero.—Elevados los Autos a esta Audiencia, se dió traslado de los mismos al/a la Magistrado/a Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

Cuarto.—No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la sentencia apelada.


HECHOS PROBADOSMantenemos los así declarados en la sentencia de instancia


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Dos son los aspectos de la sentencia de instancia que llevan a la defensa del condenado por el Juzgado de lo Penal a mostrar su discrepancia con la condena emitida: Por un lado, considera que no existe ánimo de vulnerar la orden judicial; por otro, que no se ha valorado adecuadamente la circunstancia de la drogadicción del acusado como elemento determinante de la conducta probada.

Primero.—A la vista del tenor de las alegaciones realizadas, y de que, en el punto de la conducta declarada probada no se combate el hecho que se declara probado, habremos de recordar, en primer lugar, que el bien jurídico protegido por el art. 468 del vigente CP es la efectividad y el obligado acatamiento de las resoluciones judiciales, concretamente y por lo que se refiere al caso de autos, de la prohibición de acercamiento y comunicación, según pena impuesta en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal, determinada en los hechos probados y que, como se dice, no es objeto de cuestionamiento en el presente recurso.

Como se dice en el recurso, a la hora de emitir sentencia ha de examinarse si concurren, o no, todos y cada uno de los elementos del tipo del delito de quebrantamiento de pena y/o medida cautelar, previsto y penado en el art. 468 del vigente CP, que, someramente expuestos, son: a)el normativo consistente en la previa existencia de una pena o medida cautelar acordada judicialmente; b) el segundo elemento, objetivo o material, consiste en la acción natural descrita por el verbo quebrantar, en el sentido de incumplir, infringir, desobedecer o desatender la precitada pena o medida cautelar; y c) un tercero, subjetivo, consistente en el dolo típico, entendido éste como conocimiento de la vigencia de la medida que pesa sobre el sujeto y consciencia de su vulneración, sin que para el quebrantamiento punible sea necesario que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna.

También como alega el apelante, no cabe ninguna duda del carácter eminentemente doloso del delito de quebrantamiento de condena previsto y penado en el art. 468 del CP, siendo dicho elemento subjetivo del injusto uno de los que esencialmente componen el tipo delictivo y sobre los que ha de recaer la prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. La razón estriba en que la propia acción típica de quebrantar supone el necesario conocimiento de la existencia de una privación de derechos que constituye el contenido de la pena impuesta y la voluntad de vulnerar tal privación durante el período en que la misma se ha establecido.

Continuando con consideraciones generales en torno a la estructura típica de la figura delictiva que se examina, especialmente referidas a las exigencias legales necesarias para que pueda surgir el delito, volvemos a recordar que la acción típica descrita en el art. 468 del CP representa la vulneración del deber de respeto y acatamiento de la resolución judicial que incorpora cualquiera de los mandatos reflejados en el citado precepto. Cuando de penas o medidas se trata, como acontece en el supuesto de autos, la acción típica consiste en incumplir la ejecución de la pena o medida impuesta, haciendo ineficaz la misma. Premisa necesaria, por tanto, para que pueda formularse un juicio de antijuridicidad de la acción es que, no solo el interesado tenga conocimiento, mediante su notificación fehaciente, de la sentencia o resolución firme en cuya virtud se le impone una pena o medida, sino también que exista constancia en las actuaciones de que dicho destinatario conoce el tiempo y modo en que debe cumplir tales penas o medidas, y únicamente a partir de la previa comprobación de que se cumplen tales exigencias legales el quebrantamiento es posible, pues sólo así puede considerarse que el interesado ha podido representarse los elementos objetivos del tipo, de modo tal que, adquirido dicho conocimiento fehaciente, la consumación de la conducta típica se produciría cuando se realice la actividad prohibida por la sentencia o resolución judicial. Para ello ha de constar el expreso requerimiento al obligado a respetar la orden de alejamiento derivada de la (medida cautelar/pena) para que cumpla con ellas a partir de una fecha determinada, por el plazo señalado en aquélla y hasta el cumplimiento o extinción de la condena (o alzamiento de la medida) intimándole, incluso, a que se abstenga de desobedecerlas bajo los apercibimientos legales oportunos.

Todos estos extremos constan debidamente en los autos que nos ocupan; sin embargo, la defensa plantea el error, básicamente desde la percepción, por el acusado, de que estimaba, por un lado, que su madre no se encontraba en el domicilio al que le está prohibido acercarse; por otro, una especie de estado de necesidad exculpante, puesto que su finalidad era la de suministrarse metadona, y no quebrantar la orden.

El error ha sido definido como un conocimiento deformado de la realidad o de su significación social o jurídica, consistiendo el error de tipo la referencia a los elementos que forman parte del mismo, en tanto el de prohibición atañe a la valoración de la conducta frente al ordenamiento jurídico en su totalidad, comprendiendo tanto el error sobre la significación antijurídica general del hecho, como el error sobre la personal legitimación del autor para llevarlo a cabo

El error absoluto supone el que cualquier persona en la situación del autor hubiera padecido, en tanto el relativo supone la evitabilidad, informándose adecuadamente de las circunstancias concurrentes o de la significación del hecho.

El contenido del art. 14 del C. Penal vigente describe, en sus dos primeros números, el error de tipo, que supone un conocimiento equivocado o juicio falso sobre todos o alguno e los elementos descritos por el tipo delictivo, con distinta relevancia, según sea sobre los elementos esenciales del tipo (núm. 1.-) y a su vez vencible o invencible, o sobre circusntancias del tipo, que lo cualifiquen o agraven. El núm. 3 del citado artículo se refiere al error de prohibición arriba reseñado.

La jurisprudencia ha venido destacando la dificultad para determinar la existencia del error, pero mantiene, obviamente, que ha de probarse, tanto en su existencia como en su carácter de invencible.

No es posible estimar error alguno en la percepción del acusado sobre los términos de la prohibición, sin que la creencia errónea de si su madre estaba o no en el domicilio tenga relevancia alguna, habida cuenta de que, según se recoge en la sentencia, el conocimiento de los términos de la prohibición es preciso por el acusado. Así se infiere, por un lado, del contenido de la diligencia obrante al folio 5 de las diligencias de instrucción, en la que se dice, expresamente que no ha de acudir al lugar donde ésta resida, y la distancia de seguridad que se establece es de 250 metros, habiendo sido hallado el acusado en la misma calle en que reside su madre. Por otro lado, ya en su primera declaración (inicial.- folio 44) asume que ha incumplido la pena impuesta, y que, además, es consciente de las distancias que existen entre la casa de su madre y el centro al que acude. No hay error de ninguna clase en la percepción, por el Sr. Nieves, del contenido de la obligación que ha de cumplir, existiendo en el requerimiento que se le efectúa, la concreta advertencia y apercibimiento de las consecuencias del incumplimiento.

Segundo.—Alude el apelante a una especie de conflicto entre el deber de cumplir la orden impuesta, y la necesidad del penado de acudir al lugar en que fué localizado, planteando, de ese modo, una especie de estado de necesidad exculpante (art. 20-5 del C. penal): Como ha de acudir a recibir la metadona, esta necesidad es superior a su deber de cumplir la resolución judicial en que se impone que no se acerque a ese lugar, que, como se dice y sabe el Sr. Nieves, está a menor distancia de la que se establece en la orden judicial como medida de seguridad del cumplimiento de la orden judicial.

El concepto al que se refiere el núm. 5 del art. 20 del C.Penal parte de un conflicto entre bienes jurídicos, cuya solución únicamente puede alcanzarse mediante el sacrificio o menoscabo de uno de ellos. La doctrina considera que esta eximente se fundamenta en una situación de peligro objetivo, real y actual para un bien jurídico propio o ajeno. La jurisprudencia, por otra parte, únicamente en contadísimas ocasiones ha admitido la exención total de responsabilidad penal en base a esta circunstancia, porque ha otorgado un valor preeminente al requisito de la inminencia en la producción del mal que se trata de evitar. Subyace en esa interpretación jurisprudencial la finalidad de preservar intereses preventivos generales.

Según la alegación del apelante, y como se ha indicado en el párrafo anterior, el conflicto que se plantea en relación con esta circunstancia atinente a la responsabilidad en el asunto objeto de la presente resolución, pasa por enfrentar la obligación del cumplimiento de una resolución judicial, por un lado con la necesidad del apelante de recibir su dosis de metadona.

El art. 20-5.ºdel C.Penal establece como una de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, aquella que constata el proceder de quien, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.

2.- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

3.- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Pues bien, ninguna de los requisitos se dan en el presente supuesto, ya que, como dice la sentencia, ni se trata de inminencia del mal, ni se produce situación sin alternativa. Al contrario, la orden le fué notificada al penado el 12 de enero de 2010, y el quebrantamiento se da el 8 de febrero de 2011. Es sabido que el Centro de la calle Hernani no es el único en esta villa en que se suministra la droga (metadona) paliativa de otros suministros, y que ha habido tiempo suficiente para que el Sr. Nieves hubiera puesto en conocimiento de los Servicios correspondientes, la realidad de la prohibición para haber podido ser derivado a cualquier otro centro.

Por ello no puede estimarse que, ni por una vía ni por la otra de las sugeridas en el recurso, se pueda estimar inexistente el elemento subjetivo aludido por el apelante.

Tercero.—Alude igualmente a la situación de drogodependencia, y en el punto de la afectación de esta enfermedad en las conductas humanas, se han apreciado diversos grados, pidiendo el recurrente que le sea de aplicación la atenuante.

La doctrina y la jurisprudencia han exigido una condición indispensable para que la afectación que se alude (y que no se discute) tenga efecto en la retribución penal: siendo que la toxicomanía alegada es condición necesaria, no es suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental, o la drogodependencia y el acto delictivo" (STS núm. 51/2003, de 20 de enero y STS 251/2004, de 26 de febrero). Ha de acreditarse que el hecho ha estado motivado o guarda relación, bien por la dificultad de percibir la entidad del mismo, bien por un estado de pulsión no querido ni buscado por el acusado, o bien cuando, en los hechos derivados o relacionados con al drogodependica, aparezca lo que se denomina actuaciòn funcional (vender droga para procurársela; sustraer objetos o dinero para adquirirla, etc..). En el presente supuesto, como se dice, la situación está directamente relacionada con el resto de posibilidades que se han examinado en el párrafo anterior. Cierta la finalidad para la que acude al lugar, cierto el conocimiento de que está incumpliendo la orden, cierta la condición de toxicómano, pero ni la intensidad y entidad de la enfermedad impide o dificulta la comprensión, ni el hecho es determinante, precisamente porque existen otras alternativas, posibles, necesarias y fáciles de obtener, como se ha indicado.

Por todo ello no queda sino desestimar igualmente esta pretensión

Cuarto.—Pena impuesta.- Nada alega, de modo específico el apelante en el punto de la pena establecida en la sentencia, que se encuentra motivada, por otro lado, por lo que no queda sino confirmarla.

Declaramos de oficio las costas causadas (art. 240 de la L.E.Cr.) en la alzada.

Vistos los preceptos de pertinente y legal aplicación,


FALLAMOS


 
Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación y defensa de D. Carmelo contra la sentencia que, el 10 de noviembre de 2011 emitió el Juzgado de lo Penal núm Cinco de los de Bilbao, en su causa núm 240/11, confirmamos la sentencia apelada, declarando de oficio las costas causadas en la alzada.

Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia acompañadas de certificación literal de la presente resolución a los efectos oportunos de ejecución y cumplimiento, de lo que se acusará recibo para constancia en el Rollo de Sala.

Así por esta nuestra Sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Ilma Sra. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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