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Sentencia A.P. Barcelona 182/2012 de 29 de marzo


 RESUMEN:

Juicio monitorio: Reclamación de cantidad. Saldo adeudado por el uso de una tarjeta. Oposición: Prescripción de la acción, falta de legitimación activa  y pasiva y de forma subsidiaria la pluspetición.

Barcelona, veintinueve de marzo dos mil doce

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Catorce

Magistrados:

Francisco Javier Pereda Gámez

María del Carmen Vidal Martínez (Ponente)

Luis Francisco Carrillo Pozo

Rollo n.:421/2011

Juicio Ordinario n.: 397/2010

Procedencia: Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Vilanova i la Geltrú

Objeto del juicio: ordinario derivado de monitorio en reclamación de cantidad por saldo deudor de contrato de tarjeta de crédito

Motivos del recurso: errónea valoración de la prueba, indefensión por aportación de documentos con infracción del art. 269 de la LEC y nulidad de cláusula abusiva

Apelante: Luis Pablo

Abogado: M. Miró

Procuradora: C. Borrás Mollar

Apelada: Banco Popular Español, S.A.

Abogada: E. Murillo Blasco

Procuradora: M.ª P. Albacar Arazuri


ANTECEDENTES DE HECHO


 
1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

En fecha 1 de septiembre de 2009 el actor presentó demanda de juicio monitorio en la que reclamó el saldo adeudado por el uso de una tarjeta. El demandado presentó escrito de oposición en el que alegó la prescripción de la acción, falta de legitimación activa y pasiva y de forma subsidiaria la de pluspetición.

El día 17 de marzo de 2010 la parte actora presentó demanda de juicio ordinario en la que solicitaba que se dicte sentencia "en la que se condene al demandado al pago a la actora de la cantidad de cinco mil quinientos sesenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos de euro (5.564'92 euros), con más los intereses de demora que se devenguen desde la fecha de 17-01-05, al tipo de 12.01%, hasta el completo pago de la cantidad reclamada".

La parte demandada contesta y alega que existe falta de legitimación activa toda vez que la actora no se encuentra debidamente representada. Sostiene que no se acredita la deuda y denuncia la nulidad de la cláusula octava del contrato.

La sentencia recurrida, de fecha 5 de enero de 2011 contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "estimando la demanda interpuesta por la entidad Banco Popular SA, representado por el procurador de los tribunales Montserrat Carbonell Borrell, contra Luis Pablo, representado por el procurador de los tribunales Daniel Santamaría Ciria, condeno a la parte demandada a abonar a la actora el importe de 5.564'92 euros más los intereses calculados en la forma indicada en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución; y todo ello con imposición de las costas procesales devengadas en esta instancia a la parte demandada".

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

El recurrente argumenta que no existe prueba de la deuda. Defiende que se le ha creado indefensión al admitir prueba documental en la audiencia previa y declarar, al mismo tiempo, que los autos quedaban para dictar sentencia. Reitera que la cláusula octava del contrato es nula.

El apelado se opone y coincide con la argumentación contenida en la sentencia apelada.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de fecha 5 de mayo de 2011. No se ha practicado prueba ni se ha celebrado vista. La deliberación y votación de la Sala se ha llevado a cabo en fecha 22 de marzo de 2012. Esta resolución no se ha dictado en el término previsto en el artículo 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debido a causas estructurales, circunstancia que se hace constar a los efectos del artículo 211.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
1. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Revisadas las actuaciones el tribunal deberá rechazar los argumentos y conclusiones de la sentencia apelada.

A la demanda de juicio monitorio se adjuntó el original del contrato (terminado en 6656), se identifica la tarjeta (terminada en 65610) y se aporta certificado del saldo adeudado el día 2 de junio de 2009.

Puede cuestionarse que se tratara de una documentación suficiente para la admisión del proceso monitorio, pero lo cierto es que se admitió y nadie denuncia la nulidad del procedimiento.

Entre los motivos de oposición opuestos por el demandado estaba la pluspetición, pero limitada a intereses y costas, al afirmarse (folio 317) que se reclamaban unos intereses y costas que no son procedentes.

No es hasta el escrito de contestación a la demanda de juicio ordinario cuando el demandado opone que no se acredita la deuda y por ello resulta procedente la aportación de la prueba documental en la audiencia previa, como decidió el juzgador de instancia, sin que ello implique indefensión alguna. Nótese que el demandado, en el pleito posterior, no está vinculado a la oposición que pudiera haber formulado en el previo juicio monitorio.

Otra cosa será el determinar si la documentación aportada acredita la deuda. En el escrito de oposición al recurso el apelado indica que el número NUM000 no es un número de cuenta sino el número del contrato. No obstante del examen del mismo, que consta como documento número 1 a la demanda de juicio monitorio resulta que como número del contrato se indicó el NUM001 y es sobre este mismo número sobre el que se certifica, en el documento dos, el saldo adeudado a fecha 2 de junio de 2009. El extracto aportado a la audiencia previa (folio 58) recoge otro número de contrato y por su vaguedad tampoco permite discernir los concretos cargos ni la corrección del saldo reclamado. Sólo constan dos extractos de la tarjeta, relativos a los meses de agosto y septiembre de 2008. En dicho mes se recoge un saldo negativo de 4.493,75 euros, pero en los folios 61 a 67 se admiten siete ingresos, efectuados el 7 de septiembre de 2010, que superan los 1.500 euros y que no aparecen descontados en ninguna documentación de las aportadas.

2. LAS NORMAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (sentencia de fecha 12 de septiembre de 2007) que la parte que reclama un derecho basado en un hecho, es decir, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación pretende, sufre la carga de la prueba del mismo. Desde otro punto de vista, la parte demandante sufre la carga de los elementos constitutivos de la relación jurídica y la demandada, la de los impeditivos y extintivos. El artículo 217 LEC se aplica cuando hay hechos que no han sido probados y procede, por ello, imputar las consecuencias de ese defecto a la parte que, según dicha norma, debe soportar la carga de probar.

En el supuesto enjuiciado la aquí apelada no ha cumplido con dicha carga probatoria.

El documento base de su pretensión (certificado unilateral de saldo) se refiere a un contrato, el número NUM001, que no guarda relación con el extracto aportado (folio 58) y el resto de documentos, como ya se razonó, resultan totalmente insuficientes para poder estimar probado que el recurrente adeude la cantidad reclamada.

Procede, en suma, la estimación del recurso y la revocación de la sentencia apelada.

3. LAS COSTAS

Las costas de primera instancia deben imponerse a la actora y la estimación del recurso determina que no se efectúe una especial imposición, conforme a los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


FALLO


 
1. Estimamos el recurso de apelación y revocamos la sentencia apelada.

2. Desestimamos la demanda y absolvemos al demandado de las pretensiones contenidas en la misma.

3. Imponemos a la parte actora las costas de primera instancia y no efectuamos una especial imposición de las del recurso.

Se declara la devolución del depósito constituido para recurrir. Contra esta sentencia cabe recurso de casación siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, mediante escrito presentado ante este tribunal dentro del plazo de veinte días siguientes a su notificación. Una vez se haya notificado esta sentencia, los autos se devolverán al juzgado de instancia, con testimonio de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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