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Sentencia A.P. Gerona 137/2012 de 27 de marzo


 RESUMEN:

Concurso de acreedores: Contrato de arrendamiento. Desahucio por falta de pago contra la sociedad concursada. Usufructuaria de un tercio de la nuda propiedad. Legitimación por parte del dueño, usufructuario, o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca. Mientras existan bienes y derechos sobre los que hacer efectivo los créditos contra la masa, podrá mantenerse la enervación de la resolución. Desestimación del recurso.

SECCION PRIMERA

GIRONA

APELACION CIVIL

Rollo n.º: 727/2011

Autos: incidentes n.º: 823/2010

Juzgado Mercantil 1 Girona

SENTENCIA N.º 137/12

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Fernando Lacaba Sánchez

MAGISTRADOS

Doña Maria Isabel Soler Navarro

Don Fernando Ferrero Hidalgo

En Girona, veintisiete de marzo de dos mil doce

VISTO, ante esta Sala el Rollo de apelación n.º 727/2011, en el que ha sido parte apelante Dña. Modesta, representada esta por el Procurador D. CARLOS JAVIER SOBRINO CORTÉS, y dirigida por el Letrado D. XAVIER GENOVER HUGUET; y como parte apelada la entidad INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL, S.A., representada por la Procuradora Dña. ROSA BOADAS VILLORIA, y dirigida por el Letrado D. ENRIC AMETLLER ABELLA; y siendo parte apelada no comparecida en esta alzada el ADMINISTRADOR CONCURSAL DE INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL, S.A.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado Mercantil 1 Girona, en los autos n.º 823/2010, seguidos a instancias de Dña. Modesta, representada por el Procurador D. CARLOS JAVIER SOBRINO CORTÉS y bajo la dirección del Letrado D. XAVIER GENOVER HUGUET, contra la entidad INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL, S.A., representada por la Procuradora Dña. ROSA BOADAS VILLORIA, bajo la dirección del Letrado D. ENRIC AMETLLER ABELLA; y contra el ADMINISTRADOR CONCURSAL DE INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL, S.A.; se dictó sentencia cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: " DISPONGO: Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por D.ª Modesta representada por el/la Procurador/a de los Tribunales Carlos J. Sobrino Cortés y defendido por el letrado Xavier Genover Huguet contra Industrias Joaquim Ripoll S.A. y la administración concursal, absolviendo a los demandados de la pretensión ejercitada con todos los pronunciamientos favorables y con expresa imposición de costas a la parte actora".

Segundo.—La relacionada sentencia de fecha 25/1/11, se recurrió en apelación por la parte demandante, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia y se han seguido los demás trámites establecidos en la LEC.

Tercero.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. Maria Isabel Soler Navarro.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El recurso de apelación se interpone contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil n.º 1 en incidente concursal sobre resolución de contrato de arrendamiento, desahucio por falta de pago contra la sociedad concursada. Concretamente la parte ahora apelante presentó demanda incidental por la que interesa la resolución del contrato de arrendamiento sobre las fincas registrales NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners y pertenecientes en proindivisión a Nicolas y Urbano (una tercera parte indivisa a cada uno de ellos) y a las hermanas Enma y Marisa (la nuda propiedad de una tercera parte indivisa) como sucesoras de su padre D.º Cirilo. La actora es usufructuaria de la parte indivisa perteneciente en nuda propiedad a las hermanas Enma y Marisa.

La sentencia de Instancia desestima la demanda primero por falta de legitimación activa de la actora D.ª Modesta por ser usufructuaria únicamente sobre una tercera parte indivisa de las fincas, y por la aplicación de lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Concursal por estimarlo necesario para el interés del concurso.

La parte apelante disconforme con dicha sentencia la apela alegando como primer motivo error de derecho y en la aplicación de la jurisprudencia al respecto, alegando que contrariamente a lo sostenido en la sentencia no se ha demostrado que la actora no actúe en interés de la comunidad, y que no se ha tenido en cuanta que los demandados le han reconocido dicha legitimación en otro procedimiento, en concreto en la demanda por la misma interpuesta ante el Juzgado de Santa Coloma de Farners n.º 4 en reclamación de rentas que le correspondían en virtud del contrato de arrendamiento objeto de este incidente concursal, dicha demanda interpuesta antes de la declaración del concurso pero tramitada una vez declarado el concurso, la arrendataria -concursada INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL SA se allano a la demanda, invocando que si le ha reconocido legitimación en otro proceso no puede desconocérsela en este en cuanto a la apreciación de la falta de legitimación activa.

Segundo.—A los efectos de clarificar la cuestión sometida a examen en esta alzada, señalar que en concreto, para el ejercicio de la acción de desahucio, según el artículo 250, 1, 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se encuentran legitimados el dueño, usufructuario, o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca.

Y, en este caso, resulta de las alegaciones conformes de las partes, la prueba documental, y la ausencia de prueba en contrario, que la actora es usufructuaria de un tercio de la nuda propiedad que corresponde a las hermanas Enma y Marisa.

Es cierto que aunque es doctrina constante, uniforme, y reiterada(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1999, que cita las Sentencias de 17 de abril de 1990, 8 de abril de 1992, y 6 de junio de 1997; RJA 9194/1999, y Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2004, que cita las Sentencias de 9 de febrero de 1991 y 15 de julio de 1992; RJA 6569/2004), que cualquiera de los comuneros está legitimado procesalmente para ejercitar acciones en beneficio de la comunidad, de modo que, en legítima defensa de sus intereses, puede cualquiera de los comuneros promover acciones o excepcionar cuantos medios jurídicos a su alcance puedan asistirle, sin que los resultados perjudiciales vinculen a los demás comuneros.

Ahora bien, la extinción del contrato de arrendamiento por falta de pago debe considerarse como un acto de administración ordinaria para el que, según el artículo 552.7.2 del Código Civil de Cataluña, aprobado por Llei 5/2006, de 10 de mayo, requiere el acuerdo de la mayoría de los cotitulares, según el valor de su cuota, que obliga a la minoría disidente., como así ya lo resuelve el Juez " a quo ".

Si bien ello no es objeto de la apelación, señalar que en Cataluña, no es acto de administración extraordinaria, por no estar legal ni doctrinalmente previsto como tal, no ya el otorgamiento, sino la extinción, de un contrato de arrendamiento, por cuanto la extinción del arrendamiento no supone el compromiso, sino la liberación del patrimonio de la comunidad, perteneciendo al ámbito de la administración ordinaria para la que, según el artículo 552.7.2 del Código Civil de Cataluña, como hemos referido, basta el acuerdo de la mayoría de los cotitulares, según el valor de su cuota, que obliga a la minoría disidente.

Y, en este caso, la actora es usufructuaria de un tercio de la comunidad, por lo que no ostenta la representación de la mayoría de los cotitulares suficiente para el ejercicio de la acción de desahucio, cuestión esta que la parte obvia en su recurso.

En cuanto al previo reconocimiento de la legitimación de la que la parte apelante pretende extraer del allanamiento de la concursada en el procedimiento seguido a instancias de la apelante, antes referido, de lo que concluye que los actos propios de la demandada le han reconocido legitimación en otro procedimiento. Señalar que no cabe confundir la reclamación de la parte de las rentas que como usufructuaria le corresponde en que solo reclamaba la parte que le correspondía por su cuota, y en consecuencia en su único interés, con la acción que ahora entabla, que dice lo hace en interés de la comunidad, para lo cual además de no estar legitimada ha quedado evidenciado no lo hace en dicho interés a la vista de la contestación de la entidad concursada y de que los Sres. Nicolas y Urbano y D.ª Enma y D.ª Marisa, hijas de la parte apelante, son al mismo tiempo accionistas de la entidad concursada INDUSTRIAS JOAQUÍN RIPOLL, S.A.

En definitiva, por lo anteriormente dicho debe desestimarse dicho motivo el recurso de apelación.

Tercero.—La desestimación del primer motivo de oposición hace innecesario entrar en el examen del segundo motivo, no sin antes señalar que contrariamente a lo mantenido por la parte apelante, la sentencia razona y fundamenta los motivos que de no haber estimado la falta de legitimación le llevarían a la aplicación de lo dispuesto en el Art 62 de la LC., fundamentación que no es compartida por la parte apelante, al estimar que no existen pruebas sobre el interés que aprecia la sentencia apelada y sin el simultaneo pago de la renta.

En el supuesto que se somete a consideración se trata, como indica la Exposición de Motivos de la Ley Concursal (Capítulo III), de la posibilidad de enervar la resolución del contrato en caso de que exista causa para la resolución por incumplimiento. De este modo, para el legislador, el cumplimiento forzoso, determinado por el interés del concurso, es un medio no ya de llevar a efecto lo pactado en caso de incumplimiento, sino una forma de enervación, es decir, de evitar la efectividad de la resolución contractual por causa de incumplimiento.

Pero, sigue indicando la Exposición de Motivos, ésa facultad de enervación en interés del concurso tiene efectividad con garantías para el derecho de la contraparte. Dice literalmente la EM que "no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento.

En conclusión, la finalidad de la norma que comentamos es el sacrificio del derecho a la resolución del contrato en interés del concurso, pero garantizando, en contrapartida y en interés del acreedor que se ve forzado a la continuidad negocial, el pago de la deuda pendiente, cuyo impago precisamente justificaría la resolución, y la futura, con cargo a la masa. Por lo tanto, debe deducirse que mientras que existan bienes y derechos sobre los que hacer efectivo los créditos contra la masa, podrá mantenerse la enervación de la resolución.

En consecuencia, estimando el Juez "a quo" que debe mantenerse el cumplimiento del concurso en interés del concurso, deviniendo forzosa la prestación de la parte actora, y debiendo pagarse su crédito con cargo a la masa, tal y como ya razona la sentencia de instancia, que ya prevé que la fase de liquidación puede durar unos 7 u 8 meses tiempo necesario para poder vender adecuadamente todos los enseres, mobiliario e instalaciones, maquinaria ubicados dentro de la nave arrendada y perteneciente a la concursada, pudiendo obtenerse recursos suficientes con la enajenación para pagar incluso las rentas impagadas.

La parte apelante, no esta conforme con el fundamento de derecho de la sentencia en cuanto a que el Juez " a quo " recoge que serán a cargo de la masa las rentas que se devenguen manifestando que deben serlo también las rentas debidas y no solo las que se devenguen en lo sucesivo. Dejando al margen que solo puede ser objeto de apelación el pronunciamiento del Fallo de la sentencia y la misma ningún pronunciamiento hace al respecto, nada deberá resolverse al respecto en esta alzada, sin perjuicio de las acciones que al respecto la arrendadora como usufructuaria de 13 de la comunidad pueda efectuar.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de Instancia.

Cuarto.—De acuerdo con el artículo 398,1, en relación con el artículo 394,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo la resolución desestimatoria del recurso de apelación, procede imponer las costas del recurso a la parte apelante.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS:


 
QUE DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por La representación procesal de D.ª Modesta contra la sentencia de fecha 25 de enero de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Girona en el incidente concursal n.º 823/2010, del que dimana el presente Rollo de apelación, CONFIRMAMOS el Fallo de la sentencia, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación.

Contra dicha sentencia no cabe recurso alguno.

Líbrense testimonios de la presente resolución para su unión al Rollo de su razón y remisión al Juzgado de procedencia, junto con las actuaciones originales.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada - Ponente Dña. Maria Isabel Soler Navarro, celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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