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Sentencia A.N. de 17 de mayo de 2012


 RESUMEN:

Función pública: Fuerzas y cuerpos de seguridad. Policía nacional: No procede la jubilación por incapacidad permanente, dado que la prueba determina que no está incapacitado para todos los puestos y cometidos del Cuerpo. Incongruencia omisiva: Las manifestaciones de la sentencia sobre la segunda actividad no incurren en ello, ya que solo no alteran la conclusión de dar preeminencia valorativa al dictamen del órgano técnico de la Administración sobre el dictamen pericial de parte.

Madrid, a diecisiete de mayo de dos mil doce.

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso de apelación número 11/2012, interpuesto por Don Alberto, asistido del Letrado don Manuel Espino Heredia, contra la Sentencia de 18 de octubre de 2011, dictada por la Juez Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 en el procedimiento abreviado número 47/2010, siendo parte apelada la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada y

Primero.—El recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la Resolución del Jefe de la División de Personal de la Dirección General de la Policía, dictada por delegación del Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 22 de enero de 2010, por la que se acuerda que no procede el pase del Policía del Cuerpo Nacional de Policía Don Alberto a la situación de jubilado por incapacidad permanente.

Turnado al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9, fue admitido a trámite, siguiéndose por los trámites del procedimiento abreviado.

Celebrado el juicio oral, el procedimiento terminó por Sentencia de 18 de octubre de 2011, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que desestimando el Recurso Contencioso Administrativo planteado por D. Alberto, contra la resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad, de 22 de enero de 2010, debo declarar y declaro conforme a derecho la resolución que se impugna y, todo ello sin costas".

Notificada dicha sentencia a las partes, por el demandante se ha interpuesto recurso de apelación, al que se ha opuesto la Administración demandada.

Segundo.—Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y turnadas a esta Sección, se señaló para votación y fallo del recurso de apelación el día nueve de junio del presente año, en que así ha tenido lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA GIL SAEZ, Magistrado de la Sección.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de derecho de la Sentencia apelada y

Primero.—El acto impugnado es la Resolución del Jefe de la División de Personal de la Dirección General de la Policía, dictada por delegación del Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 22 de enero de 2010, por la que se acuerda que no procede el pase del Policía del Cuerpo Nacional de Policía Don Alberto a la situación de jubilado por incapacidad permanente.

Por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo numero 9 de esta Audiencia Nacional se dicta sentencia por la que se desestima la pretensión procesal, que instaba la anulación de la resolución impugnada y se declarara el derecho del recurrente a ser pasado a la situación jubilado por las lesiones que padece sufridas en acto de servicio y que incapacitan de forma permanente y absoluta, con los efectos económicos y administrativos inherentes, formulando el presente recurso de apelación, que residenciado, básicamente, en los mismos datos fácticos alegados en la primera instancia, pretende la revocación de la sentencia recurrida y se estime la pretensión procesal, bajo la misma argumentación expuesta en la demanda, al entender que dadas las secuelas que presenta no puede desempeñar su función tal y como se desprende del dictamen pericial practicado en el proceso, haciendo referencia a la modificación legislativa en las normas estatutarias del Cuerpo Nacional de Policía, alegando una incongruencia omisiva de a sentencia apelada.

Segundo.—El artículo 63.c) del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la condición de funcionario se pierde por la jubilación, que puede tener lugar, conforme al articulo 67.1.c), mediante la "declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala".

En similares términos se expresa el artículo 135.3 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, que dispone que la jubilación forzosa se declarará cuando el funcionario padezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones por inutilidad física o debilitación apreciable de facultades. También en el mismo sentido se dispone en el artículo 28.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado que, procede el retiro por incapacidad permanente para el servicio, "cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibilidad totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera".

En el supuesto de autos, el Tribunal Medico de la Dirección General de la Policía, en sesión de 29 de julio de 2009, estableció que el recurrente padecía: " Tendinitis supraespinoso hombro derecho. Artrosis acromioclavicular derecha. Antecedente fractura falange distal 5.º dedo de mano izquierda en el año 2004 consolidada y sin limitación funcional derivada " ", añade que su carácter es estacionaria, y concluye: "Que no procede el pase del citado a la situación de jubilado por incapacidad psicofísica ".

La Juzgadora de instancia, a la luz de este dictamen oficial y a tenor de la doctrina constitucional, que predica la preeminencia valorativa de los órganos técnicos de la Administración, en cuanto constituye una premisa que ha de guiar la actuación del interprete de la norma jurídica, en orden a la presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación, presunción que es "iuris tantum" susceptible de quebrarse mediante prueba en contrario, concluye, después de valorar la prueba pericial practicada en el proceso, en la corrección jurídica de la resolución impugnada.

Conclusión que es aceptada por este Tribunal, por cuanto bajo el prisma en el ámbito de la segunda instancia, en cuanto que la misma implica la revisión de la fundamentación fáctica y jurídica efectuada por un órgano jurisdiccional de la pretensión procesal deducida por una parte, es preciso dejar sentado, como premisa rectora de reexamen de la cuestión debatida, que en la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de Instancia, sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial, de la parte apelante, de modo que es necesario acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo de apelación, sin que sea suficiente una mera discordancia del juicio valorativo de la prueba practicada determinante de la decisión recurrida. Y ello aparece reforzado en base a que la precitada actividad de valoración de la prueba practicada en la primera instancia, viene avalada por el principio de inmediación a la presencia del propio juzgador sentenciador, que permite apreciar y valorar elementos, indicios y circunstancias que escapan a la mera lectura de la documentación procesal de la actividad probatoria.

En el supuesto de autos, el dictamen pericial relata las mismas lesiones que el dictamen oficial y entre sus conclusiones, después de indicar el carácter crónico e irreversible y sin posibilidad terapéutica resolutiva de las lesiones que presenta, establece: " Que el paciente se encuentra incapacitado totalmente para el desempeño fiable y con la mínima seguridad exigible de actividad laboral física de su hombro derecho, con datos objetivables clínicos y por las pruebas complementarias y medicas aportadas, que justifican mi valoración funcional y que le incapacita para realizar su trabajo habitual incluido actividad de tipo administrativo o de oficinas, no puede utilizar arma con este miembro superior derecho, ni hacer detenciones o inmovilizaciones, fundamental para hacer de policía nacional ".

Como decíamos la Juzgadora a quo ha valorado este dictamen, y ha concluido que estas secuelas únicamente, en su caso, podrían merman su actividad profesional pero no le incapacitan para la totalidad de puestos y cometidos de la Policía Nacional que pueden ser servidos con las limitaciones que presenta; sin que de las alegaciones que constituyen el fundamento del recurso de apelación se aprecie error alguno en el criterio hermenéutico que la sentencia apelada establece, por lo que ha de primar su juicio valorativo sobre el pretendido por la parte apelante.

Tercero.—En orden a las alegaciones efectuadas por el apelante sobre la modificación legislativa efectuada sobre la situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, y lo expresado en la sentencia apelada.

Su desestimación deviene, por cuanto, aun cuando la previsión legislativa vigente establece la segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, como una situación administrativa a la que se accede por decisión voluntaria del funcionario afectado, el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha establecido en su Disposición Transitoria Primera, sobre el " Régimen transitorio de supuestos de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía ", que: " De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre , por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, los funcionarios que ingresaron antes del 31 de diciembre de 2001, mantendrán el derecho a pasar a segunda actividad a partir del cumplimiento de la edad que, para cada Escala, venía establecida en la normativa vigente a esa fecha ".

En el supuesto de autos, por propia declaración de la parte apelante, el funcionario afectado se encuentra en segunda actividad sin destino alguno, y las manifestaciones de la sentencia apelada sobre la cuestión carecen de virtualidad jurídica alguna, para su calificación como incongruencia omisiva, al ser argumentaciones en orden a desvirtuar la valoración de la conclusiones adoptadas en el dictamen pericial aportado por el actor, pero que no alteran la conclusión esencial a la que llega la Juzgadora de instancia de dar preeminencia valorativa al dictamen del órgano técnico de la Administración, -el Tribunal Medico de la Dirección General de la Policía-, sobre el dictamen pericial aportado por la parte actora, actuación judicial que dimana del principio general de la valoración de la prueba pericial ha de ser, conforme al articulo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "según las reglas de la sana crítica".

Cuarto.—Por las razones expuestas procede desestimar el recurso de apelación formulado y por imperativo del artículo 139.2 de la LJCA, imponer las costas de la apelación a la parte apelante.

POR TODO LO EXPUESTO


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación formulado por Don Alberto, asistido del Letrado don Manuel Espino Heredia, contra la sentencia dictada, en fecha 18 de octubre de 2011, por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Central de lo Contencioso Administrativo n.º 9 de esta Audiencia Nacional, en procedimiento Abreviado n.º 47/2010, promovido por la precitada persona, contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 22 de enero de 2010, por la que se deniega su jubilación por incapacidad permanente; y en el que ha sido parte demandada-apelada la Administración, representada por el Abogado del Estado; debemos confirmar y confirmamos la precitada sentencia; con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para apelar.

Así por esta nuestra sentencia, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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