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Sentencia T.S.J. Madrid 287/2012 de 4 de mayo


 RESUMEN:

Recargo de prestaciones de la Seguridad Social. Jurisdicción competente. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa: Organismo público investigador de la Administración General del Estado. Accidente de trabajo, enfermedad profesional y contingencias comunes. Se declara la competencia del orden jurisdiccional Social.

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.4

MADRID

SENTENCIA: 00287/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 4.ª- (C/ GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 27)

N.I.G: 28079 4 0050963 /2011, MODELO: 46050

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 6449/2011

Materia: Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N.º 25 de MADRID, DEMANDA 1230/2010

J.S.

Sentencia número: 287/2012

Ilmos. Sres.

D. MIGUEL ÁNGEL LUELMO MILLÁN

D.ª MARÍA LUZ GARCIA PAREDES

D.ª MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ

En MADRID a 4 de Mayo de 2012, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 4.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

en el RECURSO SUPLICACIÓN 6449/2011, formalizado por la Sra. Letrado D.ª Esperanza Fuertes de la Torre en nombre y representación de D. Porfirio y asimismo formalizado por el Letrado en ejercicio de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra el auto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez, dictado por el JDO. DE LO SOCIAL N.º 25 de MADRID, en sus autos número 1230/2010, seguidos a instancia de D. Porfirio frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL e INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, sobre Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, ha sido Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARÍA LUZ GARCIA PAREDES.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación, dictó la resolución referenciada anteriormente.

Segundo.—En dicho auto recurrido en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que estimando, de oficio, la excepción de falta de jurisdicción, por razón de la materia, en los presentes autos n.º 1230/2010, seguidos a instancia de D. Porfirio contra INSS, TGSS, INTA-MINISTERIO DE DEFENSA, en reclamación sobre RECARGO DE PRESTACIONES, y sin entrar en el fondo del asunto, debo declarar y declaro que la Jurisdicción competente para el conocimiento de la pretensión presente es la contencioso administrativa, ante la que se podrá de nuevo ejercitar esta pretensión, con absolución en la instancia del órgano demandado INTA-MINISTERIO DE DEFENSA."

Tercero.—Frente a dicha resolución se anunció recurso de suplicación por la parte demandante y asimismo por la parte codemandada (INSS-TGSS); siendo éste último recurso objeto de impugnación por la contraparte (Abogado del Estado).

Cuarto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha trece de diciembre de dos mil once, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

Quinto.—Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El auto dictado por el Juez de instancia ha declarado la incompetencia del orden social para conocer de la demanda en materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social, planteada por el demandante, funcionario de carrea que presta servicios para el INTA.

Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto por ambas partes recurso de suplicación, dirigiéndose ambos recursos a combatir la citada excepción procesal.

La parte actora denuncia en su recurso la infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el artículo 2, 3.2 y 4.1 de la Ley de Procedimiento Laboral. Considera que la jurisdicción social es competente para conocer de la impugnación de las resoluciones dictadas por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recogiendo el contenido de la sentencia de esta Sala, de 25 de junio de 2010, sin que a ello obste el hecho de que, por las circunstancias especiales del organismo en el que se prestan los servicios, dependiente del Ministerio de Defensa, las actuaciones administrativas previas a la resolución administrativas haya sido diferentes a las ordinarias. Finalmente, cita la sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de enero de 2008.

El recurso de la Entidad Gestora denuncia la infracción de los mismos preceptos legales, con adhesión al recuso de la parte actora.

Ambos recursos, en sus respectivos motivos, deben ser resueltos conjuntamente por cuanto que van dirigidos a reclamar la competencia de esta jurisdicción en el conocimiento de la pretensión que se ha articulado en la demanda.

Los motivos deben ser admitidos porque la resolución judicial de instancia, al negar la competencia del orden social para conocer de la impugnación de la resolución dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en expediente de regulación de empleo, vulnera los preceptos legales denunciados.

Las razones ofrecidas en el auto judicial parten de que el empleador del demandante es un organismo sometido al derecho administrativo y que el demandante es funcionario profesional de carrera, sometido al derecho administrativo, sin que ninguna de ambas partes ostenten la condición de empresario o trabajador en sentido técnico laboral, como tampoco por no existir acta de infracción previa ni de sanción previa que imponga el recargo de prestaciones. Seguidamente, tras declarara acreditadas cuestiones ajenas a la cuestión sobre la que se pronuncia y sin la práctica de prueba alguna, afirma también como acreditado que "la competencia, con carácter general, para revisar todos los actos administrativos de funcionarios con órganos del Estado en este caso el Ministerio de Defensa, incluida la responsabilidad civil por funcionamiento anormal de los servicios públicos, y la negligencia in vigilando, corresponde de modo expreso a la jurisdicción contencioso-administrativa".

Pues bien, lo primero que debe aclararse es la naturaleza de la pretensión que constituye el objeto de la demanda para con ello determinar el ámbito jurídico en el que la misma debe ser trata a los efectos jurisdiccionales que aquí nos ocupa.

El demandante impugna la resolución administrativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que se impone un recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo a la demandada, INTA.

El recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo se impone al empleador como consecuencia de que un empleado a su servicio ha sufrido un accidente de trabajo. En este caso, el régimen jurídico que comprende aquella medida o recargo es el de protección social del personal y no el laboral, aunque uno y otro sean consecuencia directa o mediata de la existencia de una relación jurídica de servicios, siendo la relación jurídica de seguridad social la que determina el ámbito de competencia. Por tanto, si es la condición de beneficiario de la protección social, en todas aquellas decisiones adoptadas en vía administrativa en ese ámbito la competencia vendrá determinada en atención a dicha materia. Y en esta rama del derecho, el de la Seguridad Social, la jurisdicción social tiene atribuida la competencia "En materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo", según disponía el ya derogado artículo 2 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, vigente al momento de plantearse la demanda.

Si el demandante no está integrado en el Régimen de Clases Pasivas o en el Mutualismo Administrativo, sino que, como se desprende del contenido de la demanda, está afiliado a la Seguridad Social, su controversia debe resolverla esta jurisdicción social.

En modo alguno la condición de funcionario de carrera determina la competencia en materia de protección social sino la condición de afiliado al sistema de Seguridad Social, con alta en el Régimen General, al ser la reclama planteada materia de Seguridad Social.

Tampoco la condición de organismo público investigador de la Administración General del Estado del empleador, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) le impide ser parte demandada en el proceso laboral, no solo por su condición de empleador, respecto del personal laboral que en él preste servicios (art. 24 f) del Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas) sino en relación con las responsabilidad que en materia de seguridad social puedan serle exigidas por quienes, prestando servicios en él, se encuentren bajo la cobertura o protección del sistema de Seguridad Social.

Del mismo modo, a lo aquí decidido no se opone el hecho de que la tramitación del expediente administrativo adolezca del acta de infracción ya que eso es una peculiaridad producto, exclusivamente, de la condición de Organismo público, adscrito al Ministerio de Defensa, y que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el artículo 2.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando, además, no es necesario, en ningún caso, que la tramitación de un expediente de recargo por falta de medidas de seguridad social se inicie por medio de acta de infracción ya que, si bien se dispone la legitimación de la Inspección de Trabajo para la incoación de un expediente de tal naturaleza (artículo 27 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social). El citado precepto contempla la posibilidad de que dicha acta no exista lo que, también, se confirma con lo que indica el artículo 4 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, al señalar las vía para la incoación de los expedientes administrativos en materia de prestaciones y recargo.

Por lo expuesto,


FALLAMOS


 
Que estimando los recursos planteados por D. Porfirio y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social n.º 25 de Madrid, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez, debemos revocar y revocamos dicha resolución declarando la competencia de la jurisdicción social para conocer de la pretensión planteada en la demanda, debiendo remitirse las actuaciones al juzgado de lo social para que, siga el proceso los trámites correspondientes.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer, si a su derecho conviene, RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220, 221 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, advirtiéndose en relación con el último precepto citado que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 LRJS así como la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por la entidad de crédito (art. 230/1 LRJS), presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c 2829-0000-00-6449-11 que esta Sección Cuarta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 Calle Miguel Ángel n.º 17, 28010 Madrid.

En materia de Seguridad Social, cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, el condenado al pago de la misma deberá ingresar en la TGSS el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo conforme al art. 230/2 de la LRJS.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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