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Sentencia T.S.J. Cataluña 35/2012 de 4 de junio


 RESUMEN:

Arbitraje: Anulación de laudo arbitral. Desestimación. Conocimiento de la acción de anulación del laudo a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado. Caducidad: Transcurso del plazo de dos meses para el ejercicio de la acción.

Sala Civil y Penal

Arbitraje núm. 177/2011

(Anulación laudo arbitral)

SENTENCIA Núm. 35

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors

Magistrados

Ilma. Sra. D.ª M.ª Eugenia Alegret Burgués

Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio

Barcelona, 4 de junio de 2012.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el procedimiento de arbitraje núm. 177/11 para la anulación del laudo arbitral dictado en el procedimiento 1/10, seguido ante el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers y dictado por el árbitro Sr. Blas. El demandante, Sr. Esteban, ha sido representado por la Procuradora Sra. Mónica Ratia Martínez y defendido por el Letrado Sr. Pere Monteagudo Lahuerta. El demandado Sr. Hugo ha sido representado por el Procurador Sr. Gonzalo de Arquer en sustitución del Sr. Antonio Maria de Anzizu Furest y defendido por los Letrados Sra. Anna Torra Riera y Sr. Joan Marc Tramuns Camps.


HECHOS


 
Primero.—En fecha 28 de octubre de 2011 tiene entrada en esta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya demanda presentada por la procuradora de los Tribunales Sra. Mónica Ratia Martínez, quien en nombre y representación Don. Esteban y bajo la dirección letrada del Sr. Pere Monteagudo Lahuerta, solicita la anulación del laudo arbitral dictado por el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers por el árbitro Don. Blas.

Segundo.—En fecha 9 de noviembre de 2011 el Secretario de la Sala dicta Decreto admitiendo a trámite dicha demanda, siendo dicho Decreto objeto de recurso de reposición por la parte demandada y desestimado por Decreto de 13 de diciembre de 2011.

Tercero.—En fecha 16 de diciembre de 2011 la parte demandada procede a contestar la demanda dentro del plazo legalmente determinado en el Decreto de admisión dando traslado de la misma a la parte demandante para la presentación de documentos adicionales, haciéndolo por escrito de fecha 11 de enero de 2012.

Cuarto.—Por auto de 6 de febrero de 2012 se determinan los medios de prueba y se señala el 31 de mayo de 2012, a las 10:00 horas de la mañana, para la celebración del acto de juicio.

Ha sido ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Competencia y procedimiento para la anulación del laudo.

El artículo 8.5 de la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, tras la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, establece una reasignación de las funciones judiciales en relación con el arbitraje, correspondiendo el conocimiento de la acción de anulación del laudo a la Sala Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado.

El artículo 40 de la mentada Ley de Arbitraje, dispone que: "Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos previstos en este título" y el artículo 42.1 de la misma Ley, al regular el procedimiento, establece que la acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal, con una serie de especialidades procedimentales que se reseñan en el mismo precepto.

Segundo.—La acción de anulación de laudo arbitral interpuesta.

La representación procesal Don. Esteban presentó en la oficina de reparto de la Audiencia Provincial de Barcelona el 27 de octubre de 2011 -remitida a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el siguiente día 28 de octubre de 2011- demanda de juicio verbal, frente Don. Hugo, en ejercicio de la acción de anulación del laudo arbitral dictado en fecha 23 de septiembre de 2010, en el procedimiento de arbitraje n.º 1/2010, seguido por ambas partes ante el Iltre. Colegio de Abogados de Granollers, el cual fue notificado al hoy demandante el día 12 de noviembre de 2010, solicitándose por la propia actora aclaración al referido laudo, que fue resuelta en fecha 17 de febrero de 2011 y notificada la no aclaración del laudo al demandante el día 3 de marzo de 2011.

A la demanda, entre otra documentación relativa al fondo de la cuestión litigiosa, se adjuntó fotocopia del laudo arbitral de fecha 23 de septiembre de 2010 (folios 46 al 52), escrito del propio actor solicitando aclaración de dicho laudo arbitral, fechado -curiosamente- en 26 de abril de 2010 -aunque en el cajetín del Colegio de Abogados de Granollers, parece observarse (todo y ser borroso, tanto en la fotocopia aportada, como en la copia certificada del expediente de arbitraje remitido por el susodicho Colegio) que la fecha de presentación del referido escrito es de 25 de noviembre de 2010 (folios 54 y 55 -y folios 175 y 176-) y fotocopia del Auto dictado por la Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. 2 de Granollers, dictado en fecha 19 de octubre de 2011, por virtud del cual se acordaba declarar la falta de competencia objetiva del Juzgado para conocer de la demanda de anulación del laudo arbitral (folios 56 y 57).

Tercero.—Excepción de extemporaneidad de la demanda formulada. La sujeción de la acción de anulación a plazo de caducidad y sus consecuencias.

Frente a la demanda interpuesta por el actor, en solicitud de anulación de laudo arbitral dictado, la parte demandada aduce en primer término que la pretensión rectora de este juicio verbal ha sido presentada de forma extemporánea.

Al respecto es de reseñar que el artículo 41.4 de la Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje, establece que "la acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificacióno, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla".

Se trata -como los establecidos para el ejercicio de las acciones de revisión, error judicial o retracto- de un plazo de naturaleza civil o sustantiva y no procesal, que es de caducidad y no de prescripción. En su condición de tal, al hallarse fijado por meses, el plazo se computa de fecha a fecha, según lo prevenido en el artículo 5 del Código civil, iniciándose dicho cómputo el día siguiente al de la recepción de la notificación o comunicación del laudo, o, en su caso, el día siguiente del de notificación de la resolución de la solicitud de aclaración (vide. Art. 5.b) de la Ley 60/2003).

Como plazo de caducidad, su transcurso y eventual vencimiento es apreciable de oficio por los tribunales (SS. TS., Sala 1.ª, de 26 de marzo de 2002 y 9 de octubre de 2007), incluso -como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2011 - in limine litis; incumbiendo a la parte que demanda la anulación del laudo la alegación y acreditación de la observancia del plazo en el ejercicio de dicha acción, como también explicita esta última resolución de nuestro más Alto Tribunal.

Finalmente es de significar que, igualmente por ser de caducidad, el plazo no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente, tal como el Tribunal Supremo ha declarado con reiteración en relación con otras pretensiones judiciales también sujetas a plazo de caducidad, como las acciones de revisión de sentencias firmes (SS. TS, Sala 1.ª, de 23 de septiembre de 2004, 11 de abril de 2005, 30 de abril de 2007, 20 de diciembre de 2010 y 14 de febrero y 21 de septiembre de 2011) o por error judicial (SS. TS, Sala 1.ª, entre otras, de 11 de mayo 2001, 4 de noviembre de 2002, 11 de abril de 2005, 12 de noviembre de 2009 y 7 y 9 de diciembre de 2010, así como AA. TS, Sala 1.ª, de 12 y 26 de enero, 23 de febrero, 7 y 14 de septiembre de 2010, 1 y 15 de febrero, 11 de julio de 2011 y 13 de marzo de 2012).

Pues bien, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en la Ley alcanza a la acción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella, según se desprende asimismo de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sentencia 288/1993, de 4 de octubre, aunque en relación a la hoy derogada Ley 36/1988 de arbitraje.

Cuarto.—La caducidad de la acción de anulación del laudo ejercitada en estos autos.

La demanda de juicio verbal interpuesta en ejercicio de la acción de anulación del laudo arbitral -dictado el día 23 de septiembre de 2010 (folios 159 al 165) y notificado al demandante el 12 de noviembre de 2010 (folio 169), recayendo resolución desestimatoria de la aclaración por él interesada en fecha 17 de febrero de 2011 (folios 182 al 184), notificada al hoy actor en fecha 3 de marzo de 2011 (folios 185 y 186)-, fue presentada ante la Audiencia Provincial de Barcelona en 27 de octubre de 2011 y remitida a esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el día 28 de octubre de 2011 (folios 1 al 8, con mención especial al folio 1).

Dicho esto, es de puntualizar que el propio actor manifiesta en su demanda, en el Hecho Séptimo, "que en fecha 14 de febrero de 2011 esta parte interpuso la misma acción que se deduce en el presente escrito, si bien por error se planteó ante el Juzgado de Primera Instancia de Granollers" (folio 5 "in fine"). Como antes se ha indicado, la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera núm. 2 de Granollers dictó Auto, tras estimar la declinatoria interpuesta por la contraparte, de fecha 19 de octubre de 2011, acordando "declarar la falta de competencia objetiva de este Juzgado para conocer de la presente demanda, previniendo a las partes para que usen de su derecho ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona" (folios 56 y 57) -aunque en realidad ya correspondiera en tal fecha a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y ello desde la entrada en vigor de la Ley 11/2011 y de la Ley Orgánica 5/2011, que respectivamente reformaron la Ley 60/2003, de Arbitraje y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial-.

Pues bien, como expone la mejor doctrina científica y la jurisprudencia antes citada, al tratarse de un plazo de caducidad el previsto en el artículo 41.4 de la Ley de Arbitraje, aunque la demanda fuese presentada dentro del plazo previsto en la norma, su inadmisión no comportaría una suspensión o interrupción del plazo, que sigue computándose, por lo cual, si fuese nuevamente deducida fuera de los lapsos temporales de caducidad, habrá de desestimarse al no haberse ejercitado dentro de plazo, como se colige también de la normativa procesal, que no permite remitir -solamente debe indicarse- las actuaciones al órgano jurisdiccional competente, y así resulta en concreto de lo estatuido en los artículos 48.4 y 65.3 de la LEC, que rezan, respectivamente: "El auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto" y "... en el auto en que se abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho". Por ello, el referido plazo, al ser indudablemente de caducidad, no pudo quedar interrumpido por la errónea interposición de la demanda ante un órgano manifiestamente incompetente (por todas, STS, Sala 1.ª, de 20 de diciembre de 2010).

Quinto.—La desestimación de la demanda de juicio verbal por caducidad de la acción ejercitada.

Así las cosas, siendo el ejercicio en el plazo de dos meses un presupuesto legal de la acción de anulación instada (Art. 41.4 de la Ley 60/2003), que ha de sustanciarse por los cauces del juicio verbal, como al principio se ha apuntado (Art. 42.1 de la mentada Ley de Arbitraje), la inobservancia de dicho presupuesto y la consiguiente caducidad de la acción, dado que desde el día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria de la aclaración solicitada -4 de marzo de 2011- hasta la presentación de la demanda que nos ocupa -27 de octubre de 2011- ha transcurrido con creces el término de dos meses legalmente establecido para el ejercicio de tal acción, debe conducir inexorablemente a la desestimación de la pretensión actora, sin necesidad, ni oportunidad de analizar el fondo del asunto, como expresa la reciente sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2011.

Corolario de lo hasta aquí expuesto, es la desestimación de la demanda entablada por caducidad de la acción ejercitada.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno - Art. 42.2 de la Ley de Arbitraje -

Sexto.—Costas.

Han de imponerse las costas del presente procedimiento a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo lo expuesto


PARTE DISPOSITIVA


 
LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:

DESESTIMAR la demanda de anulación de laudo arbitral formulada por la representación procesal de D. Esteban contra el Laudo dictado el día 23 de septiembre de 2010, en el procedimiento n.º 1/2010, seguido ante el Iltre. Colegio de Abogados de Granollers; ello, con imposición de las costas de este proceso al nombrado demandante.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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