Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de jurisprudencia
          
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia T.S.J. Valencia 15/2012 de 8 de mayo


 RESUMEN:

Laudo arbitral: Anulación. Desestimación. Incumplimiento de contrato de compraventa de participaciones sociales y acciones. Indemnización por daños previstos en la escritura de compraventa.

DE LACOMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

VALENCIA

NIG 46250-31-2-2011-0000040

Anulación Laudos arbitrales 31/2011

SENTENCIA N.º 15/2012

Ilmo. Sr. Presidente

D. Juan Climent Barberá

Iltmos. Sres. Magistrados

D. José Francisco Ceres Montés

D.ª María Pía Calderón Cuadrado

En la ciudad de Valencia, a ocho de mayo de dos mil doce.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los Magistrados del margen, ha visto el juicio de anulación de laudo arbitral de fecha 6 de octubre de 2011 recaído en el expediente número 14/11 de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Han sido partes demandante la mercantil CATLEIVA S.L. representada por la procuradora de los tribunales D.ª Amparo Torres Candel y defendida por el letrado D. Enrique Alabadi Toledo y parte demandada la mercantil HERSECA INMOBILIARIA SL, representada por el procurador de los tribunales D. Raúl Martínez Gimenez y defendida por la letrada Dña. Ana Añón Larrey. Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Francisco Ceres Montés..


ANTECEDENTES DE HECHO


 
A) Relativos al procedimiento arbitral

Primero.—La mercantil HERSECA Inmobiliaria SL, el 27 de abril de 2011 por medio de la Letrada Dña Ana Añón Larrea, instó demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia contra la mercantil CATLEIVA para que se declare el incumplimiento del contrato de compraventa de participaciones sociales y acciones suscrito entre ambas partes mediante escritura pública suscrita en Valencia el 7 de octubre de 2002, solicitando que se condenara a la demandada al abono al actora de la cantidad de 150.815,22 euros en concepto de indemnización por daños previstos en la escritura de compraventa referida.

Segundo.—La parte demandada, por medio de su Letrado D. Enrique Alabadi Toledo procedió a contestar a la demanda mediante escrito de 28 de junio de 2011, instando con carácter previo la declaración de nulidad del arbitraje por vía de excepción y para su resolución con carácter previo (art. 22 Ley de Arbitraje).

Tercero.—En fecha 30 de mayo de 2011 el Árbitro, a instancia de la demandada CATLEIVA SL, dictó resolución ampliando el plazo para contestar a la demanda por veinte días, al que se opuso la dirección letrada de HERSECA INMOBILIARIA SL. Por resolución de 3 de junio de 2011 desestimó las alegaciones realizadas por HERSECA INMOBILIARIA SL en cuanto a la improcedencia de la ampliación del plazo de veinte días para contestación.

Ante el planteamiento por la parte demandada de la mencionada cuestión previa, el Sr. arbitro D. Salvador Alborch Domínguez, designado por la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia, emplazó a las partes para la comparecencia el 5 de octubre de 2011, y tras sustanciarse la misma, dictó laudo con fecha 12 de mayo de 2011 cuya parte dispositiva dice así:

"1.º) No procede declarar la nulidad del presente arbitraje, por incumplimiento de los requisitos pactados por las partes para la reclamación de indemnización en vía arbitral en el pacto tercero de la escritura de compraventa de participaciones sociales y acciones otorgada el 7 de octubre de 2002 entre el Notario de Valencia D. José Manuel García de la Cuadra, bajo el número 4505 de Protocolo, por lo siguiente:

Existe notificación fehaciente de las cantidades reclamadas por la demandante a la entidad demandada, en las fechas siguientes: 19 diciembre de 2009, 19 de julio 2010, 29 de noviembre de 2010-

Existe discrepancia en cuanto a la cantidad reclamada en cada una de las diferentes notificaciones y faltan documentos que amparan la cantidad reclamada.

El procedimiento arbitral sería anulable, no nulo, puesto que sí que existe reclamación y por escrito. En cuanto a la documentación aportada, si no está completa, puede ser completada con posterioridad, convalidando aquella.

Posteriormente exhortaba a demandante y demandado para llegar a un acuerdo sobre la cantidad reclamada y documentación justificativa de la misma poniendo fin a este procedimiento. Se fijaba una comparecencia el jueves 27 de octubre de 2011, a las 10,00 horas, para que las partes comuniquen si ha habido acuerdo en cuanto a la cantidad reclamada y al soporte documental que lo justifique o para que lleguen a un acuerdo con esa comparecencia y para que, en caso de no ser así, propongan las pruebas a practicar en ulterior comparecencia.

Esta resolución deberá notificarse a demandante y demandada.

Valencia, 6 de octubre de 2011".

B) Relativos a la acción de impugnación del laudo

Cuarto.—Por la Procuradora de los Tribunales Dña. Amparo Torres Candel en representación de la mercantil CATLEIVA SL en fecha 7-12-11 presentó ante esta Sala escrito ejercitando, al amparo del art. 22 de la Ley de Arbitraje, acción de nulidad de laudo arbitral dictado el 6 de octubre de 2011 en el expediente de arbitraje 14/01 seguido en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia, contra la mercantil HERSECA INMOBILIARIA SL al considerarlo nulo por infringir lo dispuesto en la letra d) del artículo 41.1 en relación con el 22 de la Ley de Arbitraje, al entender que la nulidad se produce por no haberse ajustado el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes, y en concreto, por no haberse cumplido los requisitos pactados por las partes para acudir al arbitraje, especificados con precisión en la estipulación tercera de la escritura de compraventa de participaciones sociales y acciones de 7-10-2002 del que trae causa el procedimiento arbitral. En el otrosí segundo del escrito solicitaba prueba documental (por unida a las actuaciones los documentos acompañados al escrito de demanda designando a efectos probatorios los archivos y registros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia en el expediente de arbitraje 14/11).

El incumplimiento por parte de la demandada de tales requisitos, se concretaba en la demanda de anulación en los siguientes:

1) Falta de notificación de los perjuicios resarcibles, su justificación documental e importe (tal y como se desprendía de la documentación aportada por la demandante del arbitraje HERSECA, CATLEIVA nunca había recibido información detallada de la pretendida deuda objeto de reclamación en la demanda arbitral, con los correspondientes documentos que acrediten el pago de los mismos por parte de dicha demandante arbitral y sus importes).

2) El requerimiento previo a la interposición de la demanda arbitral (mediante carta de fecha 26 de abril de 2011 acompañado como documento n.º 7) no cumplió con los requisitos exigidos en el procedimiento de reclamación establecido por las partes en la escritura de 7 de octubre de 2002 en el que se estableció la sumisión a arbitraje (no se aportaba informe del auditor pese a expresarse que la cantidad reclamada había sido auditada por experto contable y dicho informe fue conocido por CATLEIVA SL en el seno del procedimiento arbitral incluyendo partidas desconocidas hasta entonces para dicha mercantil; se incumplió lo pactado en la estipulación tercera de la escritura de compraventa en cuanto al plazo para hacer efectiva la reclamación al concedérsele únicamente 24 horas cuando se prevé un plazo mínimo de treinta días naturales para entender que la reclamación hubiera sido rechazada).

Conocido el laudo respecto de la resolución de la excepción previa, discrepaba del mismo porque:

Aunque existió notificación de las cantidades reclamadas, el requerimiento no se realizó con traslado de la documentación acreditativa de los gastos e indicando con precisión y detalle las distintas partidas que componían la cantidad objeto de reclamación.

Además, aunque exista discrepancia entre las cantidades reclamadas, en cada una de las notificaciones realizadas se reconoce la falta de documentación que amparen la cantidad reclamada, lo que pone de manifiesto el incumplimiento de los requisitos previos necesarios para poder acudir a la vía arbitral.

El procedimiento arbitral es nulo por falta de cumplimiento de los requisitos objetivos pactados y que deben cumplirse con carácter previo (aportación de tales documentos y la precisión de las causas e importes reclamados).

Quinto.—Por Diligencia de Ordenación del Sr. Secretario Judicial de este Tribunal se turnó la ponencia, y al entender que la pretensión de la parte demandante fuera la anulación de un inexistente laudo que no aparece contemplada en el art. 8.5 de la Ley de Arbitraje, pasó las actuaciones al Ilmo. Magistrado ponente.

En fecha 11 de enero de 2012 se dictó Providencia por la que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.3 de la Ley de Arbitraje que contempla la posibilidad de impugnar de forma independiente una decisión arbitral dictada con carácter previo al fondo, procedía la admisión procediéndose por el Sr. Secretario a dar curso y continuación al procedimiento.

Mediante Decreto del Sr. Secretario Judicial de 16 de enero de 2012, se admitió a trámite la demanda de anulación mencionada, se turnó la ponencia, y se acordó dar traslado de la demanda a la mercantil HERSECA INMOBILIARIA SL.

Sexto.—Por el Procurador de los Tribunales D. Raul Martínez Jiménez, en representación de la entidad mercantil HERSECA INMOBILIARIA SL se procedió a contestar la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando que se dictara sentencia desestimándola con imposición de las costas a la parte actora, sin solicitar la celebración de vista, habida cuenta de que la única prueba propuesta es la documental obrante en el proceso arbitral que no ha sido impugnada por las partes aportó hasta once documentos).

La referida oposición la fundamentó en los siguientes razonamientos:

1) Inexistencia de laudo arbitral que legitime el ejercicio de la acción de nulidad al no haberse dictado laudo definitivo contra el cuál dirigir la anulación, careciendo de sentido interponer dicha nulidad cuando ni existe laudo arbitral ni el procedimiento de arbitraje ha finalizado, tratándose la resolución dictada de 6 de octubre de 2011 de una simple "resolución interlocutoria". Ello determina el rechazo de plano de la demanda interpuesta por la falta de presupuesto habilitante para el ejercicio de la acción de nulidad.

2) Inexistencia de motivo de nulidad invocado por el cauce del art. 41.1.d) Ley de Arbitraje pues no se discute que la designación de los árbitros sea nula ni tampoco que el proceso arbitral haya vulnerado o sea contrario a una norma imperativa (cláusula novena de la escritura que contiene el pacto de sumisión a arbitraje) sino que simplemente alude a un punto de la escritura sobre procedimiento de reclamación entre las partes que, en cualquier caso, no ha sido incumplido.

3) Cumplimiento de los presupuestos para la reclamación conforme a la escritura (estipulación tercera que no constituiría en ningún caso motivo de nulidad).

En este sentido indicaba, que se han notificado los perjuicios resarcibles (en el domicilio del letrado D. José Quero Sancho que fue el designado existiendo además cuatro comunicaciones por carta certificada desde junio de 2004 hasta diciembre de 2009 estableciéndose en esta última que el débito reclamado era de 116.678,83 euros; existió otro intento de solución extrajudicial el 19 de julio de 2010 poniendo a su disposición en el despacho profesional de la hoy actora toda la documentación necesaria sin que haya contestado a ninguna de las cargas o solicitado documentación complementaria; fue entregada toda la documentación al letrado de la demandada en fecha 29 de noviembre de 2010; tras diversas reuniones se redujo el importe de la deuda a los 147.832,94 euros reclamados en el procedimiento arbitral remitiéndose el 26-4-11 nuevo burofax con la deuda certificada por informe de auditor.) y la escritura habla de notificar por escrito, no de remisión de la documentación siendo imposible remitir el grueso de la misma informándole que se encontraba a su disposición.

Por todo ello, ha existido requerimiento previo a la interposición de demanda arbitral siendo múltiples los requerimientos previos, y respecto del incumplimiento del plazo de treinta días invocado, manifestó que aunque en el burofax se le concede el plazo de 24 horas para pago, la deuda es la misma que se le había notificado anteriormente desde 2004 sin respuesta alguna por su parte (y cuya documentación había recibido en el despacho profesional del letrado seis meses antes). La reclamación y documentación fue entregada en noviembre de 2010 y la demanda arbitral en abril de 2011. Además desde que se le notifica la demanda arbitral hasta que la contesta se le concede un plazo de 40 días hábiles (al haberse ampliado en 20 días más el plazo para contestar).

Séptimo.—Por Diligencia de Ordenación de 16 de febrero de 2012 se dio traslado al demandante del escrito de contestación y documentos acompañados solicitando esta parte la prueba testifical del letrado D. Juan Sendra De Bona, que fue admitida por Auto de esta Sala de 8 de marzo de 2012.

Por Diligencia de Ordenación de 9 de marzo de 2012 se señaló para deliberación, votación y fallo el siguiente día veintisiete de marzo a las 10,30 horas, cuya vista fue suspendida a instancia de la actora por enfermedad del letrado de la actora, señalándose por Providencia de 26-3-12 el día 3 de mayo a las 11,30 horas.

Mediante escrito de 20 de abril de 2012 presentado por la representación procesal de la mercantil HERSECA INMOBILIARIA SL, se aportó copia como documento n.º 1 del laudo arbitral dictado en el procedimiento que viene a acreditar, a juicio de dicha parte, la improsperabilidad de lo pretendido de adverso al pretenderse la nulidad de una resolución que no constituye laudo arbitral. El referido Laudo de fecha 26 de marzo de 2012 condena a la demandada al pago de la cantidad de 148.640,65 euros (folio 43), reiterando su pronunciamiento desestimatorio sobre la nulidad del arbitraje invocada y acordado en resolución de 6 de octubre de 2011 por las razones manifestadas en dicha resolución y añadiendo además las siguientes:

- La demandada equipara recibir información a tener conocimiento de la misma (no tuvo conocimiento porque rechazó la documentación recibida).

- No se puede tener información detallada si no se conoce la información remitida.

- En el contrato de compraventa de 7-10-12 no se exige ninguna acreditación fehaciente de la deuda bastando una acreditación suficiente lo que debe valorar el Árbitro.

- Que una cosa es el plazo para entender rechazado el requerimiento de pago (30 días) y otra el plazo para interponer la correspondiente demanda.

- La demandada confunde impedimento con renuncia (ha sido la demandada la que ha renunciado a contradecir a la actora).

- No se trata de un arbitraje condicionado, confundiendo la demandada condición con requisito pues en el contrato no se fijaba una condición sino unos meros requisitos de notificación entre las partes y que la actora cumplió siendo la demandada la que se negó unilateral e injustificadamente a recibir.

- No parece responder a las exigencias de la buena fe el que una parte se niegue a recibir una documentación repetidas veces remitida y, posteriormente, alegar defectos en dicha documentación sin previamente haber solicitado su corrección o ampliación.

Octavo.—En el día señalado para la vista de juicio verbal las partes ratificaron sus anteriores escritos tendentes a la anulación del mencionado laudo y a la confirmación del mismo, solicitando ambas la imposición de costas a la contraparte.


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Primero.—A tenor de lo dispuesto en los artículos 73.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8.5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Comunidad Valenciana, como Sala de lo Civil, es en la actualidad el órgano objetiva y territorialmente competente para el conocimiento de la acción de anulación establecida en los artículos 40 y siguientes de la citada Ley de Arbitraje.

Segundo.—Concurren en la parte demandante y demandada los presupuestos de capacidad y legitimación que prevén los artículos 6 y siguientes de la LEC. Asimismo se cumplen las exigencias de postulación procesal ordenadas en los artículos 23.1 y 31.1 de la referida Ley.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en los artículos 41.4 y 42 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la demanda se ha presentado dentro del plazo fijado al efecto y su tramitación se ha realizado por el cauce del juicio verbal con las especialidades previstas en la propia Ley de Arbitraje.

Cuarto.—En dicha demanda se ejercita, como se ha relatado ampliamente en los antecedentes de hecho de la presente, la acción tendente a la anulación del laudo arbitral dictado el 6 de octubre de 2011, con fundamento en el artículo 41.1, apartado d) de la Ley 60/2003, de Arbitraje, por estimar que el procedimiento arbitral no se ajustó a al acuerdo existente entre las partes, y en concreto por no haberse cumplido los requisitos pactados especificados en la estipulación tercera de la escritura de compraventa de participaciones sociales y acciones de fecha 7 de octubre de 2002 del que trae causa el procedimiento arbitral, en la cuál se viene a establecer el procedimiento para poder acudir a la vía arbitral en orden a la reclamación de las indemnizaciones pretendidas en virtud de la referida escritura.

Los referidos requisitos que se manifiestan en la demanda como incumplidos, vienen a centrarse en la necesaria notificación previa por escrito a la parte contraria de la indemnización pretendida, indicando con precisión y oportunamente documentadas sus causas e importes así como que si dicha reclamación no fuera expresamente aceptada por la contraria en treinta días naturales siguientes se entendería rechazada. Igualmente se añadía que, en el supuesto de existir oposición, la parte reclamante tendría derecho a acudir al procedimiento establecido en la cláusula novena, es decir, al procedimiento de arbitraje (dicha cláusula novena prevé el sometimiento a arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia).

Antes de entrar a analizar el motivo de anulación invocado, no puede dejarse de reflejar la existencia en el presente procedimiento de dos singularidades:

1.º) La primera, porque la decisión cuya nulidad se demanda, y dictada el 6 de octubre de 2011, no constituye el laudo definitivo sino la decisión dictada por el árbitro en el seno del procedimiento arbitral existente entre las partes, al resolver con carácter previo, como solicitó la aquí parte actora CATLEIVA, sobre la declaración de nulidad del arbitraje.

2.ª) Que el procedimiento arbitral fue sustanciándose, y al momento de dictarse la presente y de la misma vista del juicio verbal celebrado, ya se ha dictado el laudo arbitral definitivo el pasado 26 de marzo de 2012, en el cuál, además de condenar a la demandada, reitera su pronunciamiento desestimatorio previo de 6 de octubre de 2011 respecto de la nulidad del arbitraje planteada (pronunciamiento tercero, folios 46 a 50) y que constituye el exclusivo objeto de la presente demanda de anulación.

Quinto.—En primer lugar, y dado el planteamiento previo realizado al respecto por la parte demandada HERSECA INMOBILIARIA SL, debe indicarse que no cabe cuestionar la posibilidad de demandarse la nulidad de una decisión arbitral que tenga carácter previo, y por tanto producida en el devenir del procedimiento arbitral, con independencia al laudo definitivo que deba pronunciarse, contra el que, en su caso, podría caber, si concurren los presupuestos necesarios, nueva impugnación.

Y así, claramente se establece en el art. 22 de la Ley de Arbitraje, que las excepciones que se planteen sobre la propia competencia de los árbitros, o las relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral así como cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia, podrán ser decididas por los árbitros con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. Y únicamente en el caso de ser la decisión del árbitro desestimatoria de tales excepciones y haya sido adoptada con carácter previo, no suspenderá el procedimiento arbitral. Es decir, que únicamente en estos casos cabría una impugnación autónoma respecto del fondo, y en dicho supuesto, no se paralizaría el procedimiento arbitral, supuesto que concurre en el presente. Por tanto, por más que el genuino laudo sea el que resuelve el fondo del objeto del procedimiento arbitral y que en ocasiones resolverá conjuntamente las distintas cuestiones previas que se planteen, ello no conlleva legalmente un impedimento para impugnar cualquier decisión, que pudiera denominarse interlocutoria, dictada por el árbitro con carácter previo al mismo, y siempre que sea desestimatoria.

Sexto.—La demanda de anulación mencionada debe ser desestimada porque el sustrato fáctico de la misma (supuesto incumplimiento de la contraparte del procedimiento previo de reclamación indemnizatoria pactado interpartes contenido en la cláusula tercera de la escritura pública de compraventa de participaciones sociales de 7 de octubre de 2002) no afecta ni incide en modo alguno en el procedimiento arbitral y, por ello, en el motivo invocado del art. 41.d) de la Ley de Arbitraje, como lo demuestra que al argumentar la parte actora la procedencia de la nulidad postulada no se invoque o cuestione la cláusula novena que es donde se recoge la sumisión al arbitraje sin que se condicione en la misma el acudir al mismo, siendo los invocados incumplimientos meros pactos interpartes de la forma de canalizar más eficazmente sus reclamaciones indemnizatorias previas a tener expedita la vía de reclamación arbitral pero, es de insistir, en modo alguno inciden en la existencia de pacto arbitral ni en el procedimiento mismo.

A mayor abundamiento, lo que se pone de manifiesto de la prueba documental acompañada es la existencia de múltiples comunicaciones de la demandada a la aquí actora en el domicilio pactado, y que son reconocidas e incluso aportadas de adverso, en las que se le indica, ya desde el año 2004, la existencia de débitos y la actualización y evolución de los mismos en los años siguientes 2005 a 2009 (evolución lógica ante el transcurso del tiempo y la naturaleza del mismo, puesto que se devengaba en parte como consecuencia de actuaciones inspectoras de naturaleza tributaria -contingencias fiscales- que producen además intereses), e inclusive el 19 de julio de 2010 le comunica la existencia del concreto débito existente en ese momento (166.884,54 euros) y aportando anexo detallado y poniendo a su disposición de toda la documentación necesaria para su debida comprobación, habiendo reconocido también el testigo, letrado, que en noviembre de 2010 en el curso de las negociaciones existentes, aunque abarcaran aspectos más amplios, existió al menos una cierta negociación y que se le remitió por la demandada una documentación a su despacho sobre el particular (con independencia que manifestara que no la comprobó, y que se la diera al letrado de la actora cuando se presentó la reclamación arbitral).

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada al no concurrir el motivo de nulidad invocado y fundamento de la misma.

Séptimo.—El pronunciamiento sobre costas ha de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto aplicable ante la falta de disposición expresa en la normativa de arbitraje y la remisión procedimental que allí se efectúa al juicio verbal. En consecuencia, la desestimación de la demanda de anulación ha de llevar aparejada la condena en costas por ser preceptiva atendida la mencionada disposición legal.

En consideración a lo expuesto,


FALLAMOS


 
1.º) Declarar que no ha lugar a la estimación de la demanda de anulación de laudo interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª Amparo Torres Candel en representación de CATLEIVA SL frente a la decisión arbitral de 6 de octubre de 2011 a que se contrae el objeto del presente procedimiento.

2.º) Imponer a la parte demandante el pago de las costas causadas en el mismo.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que la misma es firme y que contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
Checkpoint Connect
 
Acceso a través de Internet a información jurídica relacionada con el Derecho