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Sentencia T.S.J. Valencia 8/2012 de 29 de marzo


 RESUMEN:

Omisión del deber de socorro. Persona indispuesta «abandonada» en un portal. Valoración de la prueba. Principio «in dubio pro reo». Recurso de apelación ante resolución del Tribunal del Jurado. Desestimación del recurso

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

NIG 46250-31-1-2012-0000005

Rollo de Apelación 1/2012

Procedente de la Causa del Tribunal del Jurado 1/2011

de la Audiencia Provincial de Alicante

SENTENCIA N.º 8/2012

Excma. Sra. Presidenta

D.ª Pilar de la Oliva Marrades

Iltmos. Sres. Magistrados

D. José Francisco Ceres Montés

D.ª M.ª Pía Calderón Cuadrado

En la ciudad de Valencia, a veintinueve de marzo de dos mil doce.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los Magistrados que al margen se expresan, ha visto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 3 de 2011, de fecha nueve de septiembre, pronunciada por el Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante y presidido por la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Margarita Esquiva Bartolomé, en la causa seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado, número de rollo 1 de 2011, instruida por el Juzgado de Instrucción número 8 de los de Alicante con el número 3/2010, en cuya sentencia se condenó a Avelino y a Eutimio como autoras responsables de un delito de omisión del deber de socorro.

Han sido partes apelantes en el recurso las acusadas y condenadas en la sentencia de instancia Avelino y Eutimio, representadas inicialmente por el procurador de los tribunales D. José Luis Córdoba Almela y ante esta Sala por D. Rafael Francisco Alario Mont. Como partes apeladas intervienen el Ministerio Fiscal, en cuya representación ha actuado el Ilmo. Sr. D. Javier Arias Ochoa, así como la parte acusadora D. Severiano, representada inicialmente por la Procuradora de los Tribunales Dña. Gloria García Campos y ante esta Sala por Dña. Begoña Cabrera Sebastián.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Dña. M.ª Pía Calderón Cuadrado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La sentencia recurrida contiene la siguiente declaración de hechos probados:

"Primero.- Que, desde fecha no determinada pero anterior al día 18 de octubre de 2009, Eutimio y Avelino, de nacionalidad china, en compañía de una tercera mujer de la misma nacionalidad, no enjuiciada en la presente vista, se hallaban en un centro de masajes, sito en la vivienda del entresuelo NUM000 del edificio de la CALLE000 n.º NUM001 de Alicante, en la que también se mantenían relaciones sexuales con los clientes.

Segundo.—Que en la tarde del 18 de octubre de 2009, Celso acudió al indicado domicilio, centro de masajes, y poco después empezó a encontrarse mal con evidentes síntomas tales como notorias y graves dificultades respiratorias.

Tercero.—Que Eutimio y Avelino se apercibieron de la gravedad de la indisposición física de Celso y la urgente asistencia médica que precisaba.

Cuarto.—Que, durante un periodo de tiempo no determinado tras haberse apercibido de lo anterior, ni Eutimio ni Avelino, ni ninguna otra persona, hicieron llamada alguna a ningún servicio de asistencia médica, ni a la policía, ni al servicio telefónico del 112.

Quinto.—Que, hallado el cuerpo de Celso en el portal del edificio, una pareja de vecinos del inmueble llamaron a la policía y los dueños de un bar colindante, a requerimiento de Martin, avisaron al servicio 112, sin que pudiera hacerse nada por intentar salvar la vida de Celso que, cuando llegan los servicios médicos está en parada cardio-respiratoria con asistolia, por el excesivo tiempo transcurrido.

Sexto.—No consta probado que Eutimio y Avelino sujetaran por los brazos a Celso para que no cayera y ayudarlo a caminar, lo metieron en el ascensor aun con vida, lo bajaran a la planta baja y lo dejaran tumbado en el suelo en el portal del edificio a la salida del ascensor, volviéndose ambas a su domicilio."

Segundo.—En su parte dispositiva la expresada sentencia señala lo siguiente: "Que de conformidad, en todo con el veredicto del Jurado, debo condenar y condeno a Avelino y Eutimio, como autoras responsables de un delito de omisión del deber de socorro, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, totalizando la cantidad de 720 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago o insolvencia de dos meses de arresto, debiendo indemnizar, conjunta y solidariamente a Severiano, en concepto de daño moral en la cantidad de 30.000 euros, intereses y con condena en costas proporcionalmente."

Por auto del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado de fecha 29 de septiembre de 2011 se aclaró, a petición de la Procuradora de los Tribunales Dña. Gloria García Campos, el fallo de la anterior sentencia en el sentido de añadir en el pronunciamiento referente a "la condena en costas proporcionalmente" lo siguiente: "incluidas las de la acusación particular".

Tercero.—Notificada dicha sentencia a las partes, por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Córdoba Almela, y en nombre y representación de Dña. Avelino y Dña. Eutimio, se interpuso contra la misma recurso de apelación al amparo de lo dispuesto en el artículo 790 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como justificación se formularon las siguientes alegaciones:

La primera, "sobre la prueba practicada" y en relación con "el deber del Juez de apreciar en su conjunto las pruebas practicadas, valorándolas según su relevancia; y en base a ellas fundamentar la resolución que luego emita, circunstancias que no se han dado en el presente supuesto, puesto que el juzgador otorga, sin que quede claro por qué, mayor valor probatorio a lo declarado en sede de Instrucción que a lo manifestado en el acto del Juicio Oral".

La segunda, "sobre la omisión del deber de socorro" y para defender que "mis representadas" no conocían la gravedad y alcance de la situación de emergencia y que "si mis mandantes permanecieron en la vivienda fue porque entendieron que la acción salvadora ya había sido iniciada y ejecutada por terceras personas".

La tercera, "sobre la responsabilidad civil" y respecto, de un lado, a su no procedencia sobre la base del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, y, de otro y en caso de proceder, a la limitación de la cuantía fijada teniendo en cuenta la capacidad económica de "mis representadas" y una intervención "carente de culpabilidad y elemento objetivo alguno".

Y todo ello para concluir solicitando que "se dicte nueva resolución por la que, anulando la Sentencia impugnada, dictamine la inocencia de las aquí recurrentes y el archivo de las actuaciones".

Asimismo y por medio de Otrosí se pidió "que en lo que a la responsabilidad civil se refiere, la sentencia que se dicte debe contener un pronunciamiento expreso respecto a ella, debiéndose pronunciar sobre si concurre responsabilidad civil al tratarse de un delito de omisión pura, y de concurrir, se solicita se aminore su cuantía teniendo en consideración las circunstancias personales de mis mandantes y su intervención en los hechos en cuestión".

Cuarto.—Por el Ministerio Fiscal se presentó escrito, fechado el 4 de noviembre de 2011, impugnando el recurso. En dicho escrito se contestó a cada una de las alegaciones realizadas entendiendo que en la primera se articulaba un error en la valoración de la prueba vinculado a la falta de motivación y a la vulneración de la presunción de inocencia; que en la segunda se afirmaba la infracción de precepto legal, si bien una vez más en conexión con equivocaciones en el juicio fáctico; y que en la tercera, partiendo de planteamientos erróneos y nuevamente asociados a temas probatorios, se defendía la no procedencia de la indemnización o, en último término, la minoración de la cuantía.

Igualmente y por la representación procesal de la acusación particular se presentó escrito de impugnación, el día 10 de noviembre de 2011, solicitando la desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia recurrida y la condena a la contraparte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular. Su alegación única comenzaba señalando que "la contraparte efectúa una nueva e interesada valoración de la prueba practicada en la instancia, sustituyendo la valoración objetiva, imparcial y totalmente desinteresada realizada por el Jurado, alegando además una, por supuesto inexistente vulneración del principio de tutela judicial efectiva".

Quinto.—Una vez sustanciados dichos recursos se remitieron las actuaciones a este Tribunal, señalándose para la celebración de la vista el día 22 de marzo de 2012, en el que tuvo lugar y en cuyo acto expusieron las partes, en cuanto apelantes y apeladas, cuanto tuvieron por conveniente en defensa de sus respectivas posturas procesales. Básicamente, los recurrentes reiteraron sus alegaciones y la petición consiguiente, el Ministerio Fiscal interesó la confirmación de la sentencia recurrida y lo mismo la acusación particular en cuanto apelada e incidiendo en la condena en costas de los apelantes.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Atendidos los términos en que se han formulado, primero, y mantenido, después, ante este tribunal los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de instancia, la Sala se ve en la necesidad de precisar lo siguiente:

a) El denominado recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado se regula en los artículos 846 bis a) a 846 bis f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En dichos preceptos se configura un recurso devolutivo de índole extraordinaria que, por su propia esencia, implica tanto un conocimiento por órgano distinto y, en principio, superior como una limitación legal de las facultades de impugnación de los recurrentes y, en consecuencia, de los poderes del juzgador ad quem.

b) La apelación dispuesta contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado no es, por tanto, un recurso ordinario que permita a las partes introducir una segunda instancia en el proceso. Con motivos legalmente tasados que prescinden de la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, "el cometido jurisdiccional de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia al conocer de este recurso es estrictamente jurídico y se limita a resolver sobre aquellos concretos motivos que delimitan su objeto, quedando fuera de su competencia el examen de cualesquiera otras cuestiones".

c) El acceso al recurso de apelación establecido en el proceso ante el Tribunal del Jurado, y en este extremo no hay diferencia con los recursos ordinarios, únicamente se prevé previa petición de sujeto legitimado. Por consiguiente, ha de excluirse ese carácter automático que en algún otro tiempo y en algún otro supuesto se predicó de los recursos devolutivos y que admitía la revisión de oficio por el tribunal ad quem. La apertura de esta fase procesal precisa así y en todo caso de instancia de parte, más concretamente, de parte legitimada y gravada, que será quien ostente la titularidad del derecho a recurrir.

d) Este derecho al recurso, una vez establecido por el legislador y se integre o no en el ámbito de los fundamentales, tiene carácter disponible. Normativamente se configura como poder procesal de parte vinculado a la existencia de gravamen y ello a pesar de situarse en un instrumento procesal como el penal necesario por naturaleza e inspirado, según criterio mayoritario, en el principio de oficialidad. Que el titular de este derecho a la impugnación puede disponer total o parcialmente del mismo se manifiesta tanto en la posibilidad de no interponer el recurso en plazo, como en la facultad de desistir o incluso en la opción de formular una pretensión impugnatoria reducida bien en cuanto al petitum, bien respecto a la causa de pedir, bien en lo relativo a ambos extremos.

Dicho esto y muy brevemente interesa destacar:

De un lado, que cualquier alegación de parte que implique una reconsideración de los elementos fácticos de la sentencia de instancia ha de ser rechazada al estar vedado a este Tribunal actuar como órgano de doble grado. Por ello, la decisión del recurso ha de partir necesariamente de la relación de hechos probados que se contiene en la resolución impugnada, sin que pueda esta Sala realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas al objeto de entender que no concurren los elementos del tipo de omisión del deber de socorro. Límites, desde luego, que no han sido observados por los recurrentes desde el momento en que las alegaciones realizadas, en la primera de forma expresa y en la segunda y tercera de manera implícita, se dirigen a atacar el juicio fáctico contenido en la sentencia y que, de modo equivocado, se atribuye al Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado y no a éste último, dueño único del veredicto.

De otra parte, que el tribunal ad quem no solo carece de poder alguno para abrir ex officio esta nueva etapa del proceso, sino que una vez iniciada su tramitación a instancia de sujeto legitimado está obligado a actuar siempre como tercero imparcial en un ámbito de conocimiento sujeto al deber de congruencia, lo que implica la vigencia de la máxima latina " tantum devolutum quantum apellatum " y la interdicción de la reforma peyorativa. Y a semejantes confines necesariamente ha de atenerse esta Sala tanto en lo que respecta a la premisa mayor, mucho más evidente, como a la menor hoy sin duda exigencia de inexcusable cumplimiento.

Segundo.—El recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado está sometido en su regulación legal a un cierto rigor formal que afecta al propio escrito de interposición. No podía ser de otra manera si se tiene en cuenta:

a) Que la actividad jurisdiccional que se desarrolla en los medios impugnación en general y en esta apelación en particular se dirige sobre un concreto objeto.

b) Que éste, afín y diferente al mismo tiempo del deducido inicialmente en el proceso penal y resuelto en la sentencia impugnada, se identifica con la pretensión impugnatoria que ha de formularse al interponer el recurso y que se individualiza a través de un concreto petitum y una determinada causa de pedir, configurada en este caso por los específicos motivos aducidos para su fundamentación (arts. 846 bis c) y f) LECrim).

c) Y que los poderes del órgano jurisdiccional conocedor de la apelación, su esfera de actuación en definitiva, vienen delimitados por la misma pretensión impugnatoria. Como se acaba de indicar, también en el ámbito penal se le va a exigir ser congruente con lo pedido por los recurrentes y también aquí especial manifestación de este requisito interno de las resoluciones judiciales resulta ser la imposibilidad de agravar mediante la decisión del recurso la situación que tenía el apelante en el fallo atacado.

Por ello esta Sala, en Sentencia n.º 16/2003, advierte que "dada la existencia de motivos tasados, el escrito de interposición debe estar redactado con una técnica jurídica precisa y rigurosa, asimilable a la exigida por el artículo 874 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el escrito de interposición del recurso de casación, de modo que la inobservancia de la precisión requerida en la formulación y en la determinación del motivo, o de cada uno de los motivos en que el recurso se funde (lo que deberá hacerse, en este último caso, con la debida separación), podrá ser determinante de su desestimación por causa de inadmisión".

Tercero.—En consonancia con lo anterior, este Tribunal ha venido especificando con reiteración cuáles son los requisitos que el escrito de interposición del recurso debe cumplir, y entre ellos se encuentran los imperativos formales a que se ha hecho referencia, y cuáles las consecuencias de su inobservancia (véase, por ejemplo, la Sentencia de 19 de septiembre de 2002). Pero también ha declarado, y así lo sigue indicando aquella Sentencia, "que, aunque no se especifique correctamente en el enunciado el motivo o submotivo, o aunque no se observe en su posterior exposición la exactitud, precisión y separación debidas, en la medida en que del desarrollo argumental contenido en el escrito de interposición resulte posible conocer cuál es el concreto motivo legal en que el recurso se fundamenta, de modo que las demás partes puedan impugnarlo primero y debatir después sobre él, el tribunal podrá estar en disposición de resolver sobre la cuestión planteada como objeto del recurso".

Con todo, este último criterio de la Sala no puede ser objeto de aplicación en el presente caso.

En primer lugar, las partes recurrentes no enuncian, ni siquiera confusamente, motivos, no citan en ningún momento el concreto apartado del artículo 846 bis c) en que el recurso se basa, ni mucho menos mencionan el precepto legal o constitucional que consideran infringido. Formulan, sí, alegaciones y acuden, sí, al artículo 24 de la CE, pero lo hacen al amparo del artículo 790 de la LECrim, recurso de apelación en el ámbito del procedimiento abreviado, y para justificar los yerros en la valoración de la prueba -aduciendo falta de motivación- o las equivocaciones en cuanto a la responsabilidad civil -acudiendo, sorprendente e incorrectamente, al derecho a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo -. Además, y posiblemente partiendo del carácter de ordinario que se asigna al recurso allí regulado, se realiza una petición genérica que olvida las posibilidades que abre el artículo 846 bis f) de la LECrim y que consiste en que "se dicte nueva resolución por la que, anulando la Sentencia impugnada, dictamine la inocencia de las aquí recurrentes y el archivo de las actuaciones". Ello sin perjuicio de la utilización errónea de la técnica del Otrosí para formular el suplico relativo al objeto del proceso civil acumulado y del evidente extravío a la hora de justificar la improcedencia de los daños morales sobre la base de criterios exclusivamente penales como la presunción de inocencia o el in dubio pro reo.

En segundo lugar, es cierto que las partes apeladas impugnaron primero y debatieron luego sobre el recurso planteado con lo que su derecho de defensa no se habría conculcado. Incluso el Ministerio Fiscal fue transformando las alegaciones efectuadas por el recurrente en concretos motivos de la apelación ex artículo 846 bis c) de la LECrim. Menciona así tanto el apartado a) por falta de motivación, como el apartado c) por indebida aplicación del artículo 195.1 del CP e incluso el apartado b) en orden a la responsabilidad civil. Sin embargo y con independencia de las dudas que genera semejante articulación, debe hacerse notar que una actuación similar por parte de este Tribunal comprometería su condición de tercero imparcial, pondría en peligro la necesaria presencia del principio de contradicción e infringiría el ineludible deber de congruencia al que está sujeto con riesgo, incluso, de originar o permitir una ulterior reforma peyorativa. Baste pensar en la situación que se produciría si, estimando la alegación primera del recurrente en cuanto a la eventual falta de motivación, se ordenara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 846 bis f) de la LECrim, la devolución de la causa a la Audiencia para la celebración de nuevo juicio y en éste recayera sentencia condenatoria de mayor gravedad.

Así las cosas, el recurso ha de ser desestimado por causa de inadmisión. La inexistencia en el recurso de trámite similar obliga a efectuar este pronunciamiento, que lo es procesal y no de fondo.

Cuarto.—Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso, lo que ha de comportar la imposición a la parte recurrente de las costas causadas en el mismo (arts. 239 y 240 LECrim).


FALLO


 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Avelino y Eutimio contra la sentencia pronunciada por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante en la causa a que el presente rollo se contrae, cuya resolución confirmamos, con imposición a los recurrentes de las costas causadas por dicho recurso.

Notifíquese la presente sentencia a las partes con expresión de que contra la misma cabe preparar ante esta Sala, en el plazo de cinco días, recurso de casación para ante el Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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