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Sentencia A.P. Sevilla 400/2012, de 14 de junio


 RESUMEN:

Condena por delito de daños: Causados a varios vehículos estacionados en garaje. Valor total del perjuicio para determinar la aplicación de delito y no de falta continuada. Estudio de la compatibilidad de aplicación de delito continuado y de acumulación del total dañado en delitos contra el patrimonio.

SECCIÓN SÉPTIMA

Rollo de Sala n.º 2787/12

Asunto Penal n.º 632/10

Juzgado de Lo Penal n.º 7 de Sevilla

SENTENCIA N.º400/12

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

D. JUAN ROMEO LAGUNA

D.ª ESPERANZA JIMÉNEZ MANTECÓN

D. ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ CORCHADO, Ponente.

En Sevilla, a 14 de junio de 2012.

Vista en grado de apelación ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial la causa referenciada, seguida por delito de DAÑOS contra la acusada Maite, cuyas circunstancias ya constan, este Tribunal ha deliberado y resuelto como a continuación se expone.


ANTECEDENTES PROCESALES


 
Primero.—Con fecha 11 de noviembre de 2011, el Juzgado de Lo Penal n.º 7 de Sevilla dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:

"La acusada Maite, hija de uno de los usuarios de un garaje comunitario ubicada en una calle auxiliar de la CALLE000 de esta Ciudad, y como tiene dificultades para acceder a dicha cochera, como salir de ella con el coche familiar grande como el AUDI A-6, crea malestar en su familia en especial su padre, y en ella.

El día 26 de marzo de 2010 poco antes de las 17 horas, se había producido una discusión entre los vecinos por la presencia de coches estacionados y la dificultad de introducir el padre de la acusada su coche en la cochera, por lo que tuvo que acudir la acusada Maite para meterlo, y cuando ya lo hizo, se marchó entre los coches estacionados en doble fila, y con un objeto no determinado, pero susceptible de arañar, a la vez que iba pasando entre los coches, fue rayando con ese objeto las pinturas metálicas de los laterales de los coches estacionados a su paso, desde una a otra punta de esos laterales en los distintos coches, de forma lineal, y resultaron daños concretos en el:

-Citröen Xantia FU-....-FT propiedad de Aurelio,

-Opel Astra....-RNL propiedad de Daniel,

-Ford Focus....-MBF propiedad de Florencio,

-Skoda Fabia 888FRR propiedad de Mucho Deporte Internet S.L.

-Misubbishi Galant HA-....-HJ propiedad de Julián,

-Renault Clio....-RBL propiedad de Justa, que le ha cubierto el seguro los daños,

-Peugeot Partener....-JTC, propiedad de Raimunda.

Los daños ascienden a 400 euros por cada uno de los vehículos".

La parte dispositiva de dicha resolución resulta del tenor literal siguiente:

"QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Maite como autora responsable de un delito de daños previsto en el art. 263 del CP , sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de OCHO MESES DE MULTA con una cuota diaria de 4 euros abonables en el plazo de quince meses junto con la indemnización en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado bajo la advertencia de cumplir un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa impagadas, y pago de las costas procesales e indemnice a Aurelio, a Daniel, a Florencio, a Mucho Deporte Internet SL, a Julián, a Raimunda en 400 euros a cada uno de ellos".

Segundo.—Contra la citada sentencia se interpuso por la representación procesal de la acusada recurso de apelación fundamentado en los motivos que más adelante serán analizados.

Dado traslado del recurso al Ministerio Fiscal, interesó su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada.

Tercero.—Elevadas las actuaciones a la Audiencia, fueron turnadas a esta Sección, correspondiendo la ponencia al Magistrado suplente D. ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ CORCHADO, quien por enfermedad sustituye a la Magistrada D.ª Eloísa Gutiérrez Ortiz.

Tras la oportuna deliberación, la Sala falló como sigue.


HECHOS PROBADOSSe aceptan los Hechos Probados de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos en esta segunda instancia.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.—Contra la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Penal, que condena a Maite por un delito de daños, su representación procesal interpone recurso de apelación en el que, alegando en primer término infracción del principio de presunción de inocencia, argumenta en síntesis que los testimonios prestados durante el juicio no acreditan que la acusada sea autora de los daños en los vehículos.

La alegación, sin embargo, no puede prosperar. Vaya por delante que, respecto a la prueba testifical, una pacífica jurisprudencia (por multitud de ellas, sentencia del Tribunal Supremo 1107/2011, de 18 de octubre) establece que " su valoración corresponde al tribunal de instancia que, con vigencia de los principios que rigen la realización del juicio y la práctica de la prueba, oye lo que los testigos deponen sobre los hechos percibidos sensorialmente. Elemento esencial para esa valoración es la inmediación, no sólo por lo que el testigo ha dicho, sino también su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite; en definitiva, todo lo que rodea una declaración y que la hace creíble o no, para formar una convicción judicial ".

En tales condiciones, no constatándose que los criterios y razonamientos empleados por la Magistrada a quo sean ilógicos, arbitrarios o infundados, ni que haya prescindido de elementos relevantes de juicio debidamente incorporados a las actuaciones, ni que haya utilizado otros ilícita o irregularmente obtenidos, su valoración probatoria debe prevalecer frente a la necesariamente interesada que sostiene la defensa; máxime cuando el examen del acta del plenario evidencia que la valoración probatoria realizada en la sentencia impugnada resulta correcta.

En efecto, ninguno de los testigos afirmó haber visto como Maite rayaba los vehículos, pero tanto Luis Miguel como Abilio la identificaron como la persona que vieron pasar junto a los automóviles aparcados (ella misma se sitúa en el momento y lugar de los hechos, aun cuando niega haber causado los daños), describiendo una actitud en la acusada de la cual cabe inferir racionalmente que fue ella quien ocasionó los arañazos con un objeto punzante. Así, Luis Miguel la vio " muy pegada a los coches ", en tanto que Abilio la observó " pasando la mano por el vehículo y cuando se ha acercado ve la raya ". Tales testimonios permiten deducir inequívocamente que la acusada fue autora del delito enjuiciado.

Segundo.—Sobre la responsabilidad civil establecida en la sentencia impugnada, la defensa recurrente alega que la prueba practicada no determina qué vehículos sufrieron daños ni su importe, así como que hay perjudicados que ni siquiera estaban aparcados, quien se reserva la acción civil y se le concede indemnización, quien no acredita daños y quien ni siquiera comparece a juicio para reclamar.

Pues bien, por una parte, el hecho de no testificar no significa que no puedan acreditarse los daños por otros medios, ni que se renuncie a la indemnización mientras no se haga " de una manera expresa y terminante " (artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), ejerciendo la acción civil el Ministerio Fiscal (artículo 108 de dicha ley). Por otro lado, todos los propietarios de vehículos que depusieron en el juicio manifestaron que estaban allí aparcados y que sus vehículos sufrieron daños. Asimismo, no consta como se aduce que Julián se haya reservado la acción civil por los perjuicios sufridos; en su única declaración ante la Policía Local (f. 9) nada afirmó al respecto, en tanto que durante el plenario expresamente manifestó que " reclama ". Igualmente, Dionisio aseguró en juicio que el vehículo que conducía estaba rayado como los demás. Por último, la defensa recurrente no especifica siquiera a qué perjudicados se refiere cuando argumenta que no acreditan daños ni comparecen a juicio para reclamar.

En estas condiciones, el informe pericial ratificado y ampliado en juicio resulta prueba suficiente para acreditar el importe de los daños causados por la acusada; tasación que incluso podría considerarse moderada a tenor de los presupuestos presentados (fs. 23 y 31). La perito Fátima explicó en el plenario los criterios y métodos empleados para realizar su valoración, sin que quepa reprochar mayor objeción cuando la defensa ni siquiera presenta una pericial contradictoria.

Tercero.—Cuestiona asimismo la parte recurrente la calificación jurídica de los hechos probados, rechazando que una falta continuada de daños cuya cuantía total supere los 400 euros pueda constituir un delito del artículo 263 del Código Penal.

Dicha tesis, sin embargo, no es compartida por este Tribunal, como tampoco por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no obstante existir sentencias aisladas de otras Audiencias Provinciales en sentido contrario. Bastaría dar por reproducidos los minuciosos y acertados razonamientos desgranados en el auto 802/2010, de fecha 17 de diciembre, dictado por la Sección Cuarta de esta misma Audiencia desestimando el recurso de apelación formulado por la defensa en base a idéntica alegación, al considerar la Sala que, en los delitos patrimoniales, debe atenderse al perjuicio total causado para determinar la entidad de la infracción (como delito o como mera falta), sin perjuicio de no agravar punitivamente la sanción por aplicación de la continuidad delictiva, como acontece en el presente caso.

Sobre esta materia, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 232/2012, de 5 de marzo (que por su interés para el caso reproducimos con amplitud), señala lo siguiente:

"Estima el recurrente que la sentencia de instancia quebranta el principio "ne bis in idem" al utilizar doblemente la suma de lo defraudado a efectos de calificar el comportamiento como delito de estafa -pese a que las cantidades, individualmente consideradas, no superan los 400 euros- y de aplicar además la regla penológica agravada del art. 74.1 CP . [...]

Sobre la primera cuestión planteada, explican las SSTS núm. 226/2007, de 16 de marzo , y núm. 527/2010, de 4 de junio , entre otras muchas, que la figura penal del delito continuado recoge el mayor contenido del injusto derivado de la constatación de una comisión sucesiva y reiterada de conductas que lesionan un mismo bien jurídico, bajo un dolo único y aprovechamiento de idénticas circunstancias. Sus reglas penológicas vienen previstas en el art. 74 CP , de específica aplicación para los supuestos que define. Así, su apartado primero prevé, a modo de regla general, la aplicación en estos casos de la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior. Recoge a continuación como segunda regla, específicamente vinculada a los delitos patrimoniales, la imposición de la pena teniendo en cuenta el "perjuicio total causado". Y concluye el precepto con una tercera regla para los supuestos de notoria importancia y pluralidad de afectados, que se corresponde con lo que la doctrina ha denominado "delito masa".

La aparente contradicción entre estas reglas y la pluralidad de soluciones en la imposición de la pena -pues se llegó a informar que existían dos reglas de determinación de la pena en el delito continuado, la de los delitos patrimoniales y las de los demás delitos- ha motivado que la Sala Segunda se haya reunido en varias ocasiones para definir su contenido. De este modo, mediante Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 27/03/1998 se declaró que "en el caso de varios hurtos, la calificación como delito o falta deberá hacerse por el total sustraído si previamente a esa valoración económica se ha apreciado continuidad en las acciones sucesivas realizadas". Similar criterio cabe aplicar ante infracciones contra el patrimonio constitutivas de estafa, supuesto al que lo extendía la STS núm. 226/2007, de 16 de marzo , antes citada. Por lo tanto, en el caso de delitos continuados contra el patrimonio, la naturaleza de las conductas -plurales pero unificadas- posibilita que el resultado producido sea valorado en su conjunto, y así considerar delito lo que eran resultados típicos de falta, o bien considerar como delito de especial gravedad lo que hasta entonces -teniendo en cuenta el resultado individualizado de cada acción delictiva- no lo era, satisfaciéndose de este modo el reproche derivado de la naturaleza continuada de las conductas.

Siguiendo la línea del anterior, por Acuerdo plenario de 30/10/2007 se clarificaron algunas cuestiones más relacionadas con la concreción de la pena, en los siguientes términos: "El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera del art. 74.1 CP queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración". Como decíamos, con este segundo Acuerdo se pretende unificar la interpretación de las reglas penológicas, de modo que, cuando se trate de delitos patrimoniales, la naturaleza continuada del hecho no debe impedir que se aplique la previsión general de agravación de la consecuencia jurídica que prevé la regla primera, es decir, la imposición de la pena correspondiente al delito más grave en su mitad superior, pues no concurre causa alguna que justifique un mejor tratamiento penológico de los delitos continuados patrimoniales respecto de los no patrimoniales. Pero tal regla se excepciona cuando, teniendo en cuenta el resultado o perjuicio total causado, su consideración implique una alteración de la subsunción (v.gr. cuando nos encontremos ante varias estafas o apropiaciones indebidas con resultados aisladamente considerados inferiores a la cantidad de 400 euros, pero que superen en su conjunto tal cantidad límite entre el delito y la falta; también cuando estemos ante varios hechos, cada uno de ellos constitutivo de delito de estafa, en los que la consideración del resultado en su conjunto determine la concurrencia de las actuales agravaciones 4.ª ó 5.ª del art. 250.1 CP ). En estos supuestos, es doctrina ya consolidada de esta Sala que la determinación de la pena se realizará teniendo en cuenta el perjuicio total causado, de modo que la atención a la totalidad del perjuicio permitirá, en el primer caso, considerar delictivas las diversas acciones en principio constitutivas de simples faltas de estafa y, en el segundo, calificar los hechos conjuntamente como el tipo agravado pertinente. Pero, como lógica conclusión de lo anterior, no será posible valorar doblemente el perjuicio en la determinación de la pena, en casos como el aquí analizado para considerar delito lo que aisladamente eran faltas y para además imponer la pena en su mitad superior. Ello supondría una vulneración del principio "non bis in idem"".

Resulta obvio que tal jurisprudencia deviene perfectamente aplicable al presente caso, por consistir los hechos en diversas infracciones patrimoniales que aisladamente pudieran constituir falta, pero consideradas en conjunto superan los 400 euros, debiendo pues convenirse en que su calificación correcta es como delito, pero sin que proceda apreciar la continuidad delictiva como acertadamente entiende la Magistrada a quo.

CUARTO.- Respecto a la tipificación de los hechos, alega finalmente la defensa apelante que se subsumirían en la falta de deslucimiento de bienes muebles (artículo 626 del Código Penal) porque las rayas sólo afean el vehículo, sin impedir su uso ni su funcionamiento.

El motivo impugnatorio en modo alguno puede prosperar. Por una parte, los daños no implican necesariamente la inutilización de la cosa dañada. Y, por añadidura, en este caso los desperfectos afectaron a la pintura de los vehículos, dañándola materialmente y debiendo ser restaurada para lograr la reposición de los automóviles a su estado anterior.

QUINTO.- Por cuanto antecede, el recurso examinado debe desestimarse, si bien, no apreciándose temeridad ni mala fe en su interposición, y considerando las demás circunstancias concurrentes, conforme a los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Maite contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de Lo Penal n.º 7 de Sevilla en los autos del Asunto Penal n.º 632/10, la confirmamos íntegramente, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, y devuélvanse los autos con testimonio de esta resolución al Juzgado de Lo Penal para su cumplimiento, ejecución y notificación a los perjudicados.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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