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Sentencia A.P. Burgos 414/2012, de 14 de septiembre


 RESUMEN:

Robo con fuerza en interior de local: Determinación de la autoría mediantre pericial dactiloscópica. Validez de la prueba. Inasistencia voluntaria a juicio de imputado para poderse defender.

BURGOS

ROLLO DE APELACION NUM. 150/2012

PROCEDIMIENTO PENAL NUM. 335/2010

JUZGADO DE LO PENAL NUM. 1 DE BURGOS

SENTENCIA NUM. 00414/2012

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Ilmos. Sres. Magistrados:

D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN

D. ROGER REDONDO ARGÜELLES

D.ª MARÍA TERESA MUÑOZ QUINTANA

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BURGOS, a catorce de Septiembre de dos mil doce.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto en segunda instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Burgos, seguida por un delito de robo con fuerza en las cosas, contra Modesto, cuyas circunstancias y datos requeridos constan ya en la sentencia impugnada, en virtud de recurso de apelación interpuesto por el anteriormente citado, bajo la representación y defensa respectiva del Procurador de los Tribunales D. David Nuño Calvo y del Letrado Don Luis Manuel Isasi Corral, y siendo parte apelada, el Ministerio Fiscal, por vía de impugnación del recurso, habiendo sido designado Ponente el Magistrado ilmo. Sr. Don LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En las diligencias del Procedimiento Abreviado de referencia, por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Burgos, se dictó sentencia de fecha 22 de Mayo de 2012, cuya declaración de Hechos Probados es del tenor literal siguiente:

-HECHOS PROBADOS-

Único.-Son hechos probados y así se declaran que Modesto, con N.I.E NUM000, sin antecedentes penales computables a los efectos de reincidencia, entre las 04:00 y 06:00 horas del dia 26 de diciembre de 2008, con el ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se dirigió al bar Robador, propiedad de Carlos María, sito en la Carretera de Bilbao, número 2 de la localidad de Trespaderne, provincia de Burgos, asegurado en la compañía de seguros Reale, donde tras inutilizar el sistema de alarma, intento primeramente entrar por una de las puertas del local, lugar en el que rompió uno de los cristales giratorios que se encuentran en una hilera de siete pequeños cristales a modo de ventilación, tras ello se dirigió hacia otra de las puertas de acceso, donde tras retirar una hilera de ocho cristales que se encuentran encima de una de las puertas del mencionado establecimiento, a modo de ventana destinada a la ventilación del local, accedió a su interior procediendo a forzar la parte superior de una máquina de tabaco, así como desencajar su cerradura, no logrando abrir dicha máquina, forzando y rompiendo también una máquina recreativa logrando a sustraer de su interior 300 euros. Asimismo, tras entrar en la barra del citado bar, procedió a abrir sin forzar las dos cajas registradoras, dañando una de ellas y cogiendo de las mismas el importe de 300 euros.

Tomadas huellas de diversas superficies del local susceptibles de haber podido ser manipuladas por parte del autor de tales hechos, se logró identificar al mismo.

Como consecuencia de tales hechos se produjeron daños en la alarma del Bar Robador, valorados en la cantidad de 425,40 euros, y en la máquina de tabcos, valorados en 1320.21 euros, todos, los cuales fueron abonados por Carlos María.

Asimismo se cusaron daños en las ventanas de ventilación de dicho local, y en una de las cajas registradoras, habiéndose valorado tales daños en el importe de 704,73 euros que fueron satisfechos por la compañía de seguros REALE S.A.

Igualmente se causaron daños en la máquina recreativa, propiedad de "Máquinas Recreativas Quisa", cuyo importe de reparación se desconoce al no comparecer el representante legal ante el órgano judicial pese a su citación.

Segundo.—La parte dispositiva de la referida sentencia recaída en la primera instancia, dice literalmente lo que sigue:

" FALLO:"Que Debo CONDENAR Y CONDENO A Modesto como autor responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas del art 237, 238.2.º y 240 del Código Penal a la pena de 1 AÑO DE PRISIÓN, INHABILITACIOIN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA.

Debiendo indemnizar a Carlos María en la cantidad de 2.222,71euros a razón de 1.320,31 euros por el valor de la reparacion de la máquina de tabacos, 452,40 euros por la reparacion de la alarma, 300 euros por el dinero sustraido de la caja registradora y 150 euros por el valor del dinero sustraido del interior de la máquina recreativa. A la compañía de Seguros Reale, S.A en el importe de 704,73 euros como consecuencia de los daños abonados por la misma y a la entidad "Maquinas Recreativas Quisa" en el importe de 150 euros por el valor del dinero sustraido de la máquina recreativa, asi como por el valor que acredite por los daños causados en la misma en ejecución de sentencia. Cantidades a las que se les aplicará el interés legal (art 576 LECivil).

Con expresa imposición de las costas causadas.

Tercero.—Por el inculpado citado, con la representación y defensa aludidas, frente a dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación en el que se alegaron los fundamentos que se estimaron convenientes, contra lo estimado por la Juzgadora de instancia y, admitido en virtud de providencia en la que se dispuso el traslado del escrito de recurso al Ministerio Fiscal, por término de diez días, para que alegara lo que estimaran oportuno, remitiéndose seguidamente lo actuado a esta Sección Primera; dándose por recibidos, y turnándose al Ilmo. Sr. Ponente, señalándose para Examen los autos, y quedando pendientes para resolución.


II.- HECHOS PROBADOSSe aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida y, en consecuencia, se dan por reproducidos en esta resolución.


IFUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de Instancia.

Primero.—- Por la defensa del referido acusado se impugna la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Burgos, de fecha 22 de Mayo de 2012, que le condenaba como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Alega, en primer lugar, la defensa técnica del recurrente, que se ha producido " error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia", en cuanto que -según se dice-, de las pruebas practicadas en el plenario, concretamente, de la huella dactilar señalada por la Juzgadora de instancia -que se hallaba en el cristal, en el exterior del local-, no se ha probado en ningún momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, ni la participación del acusado en el delito imputado.

Íntimamente relacionado con dicho motivo, invoca el principio de presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución, entendiendo que, atendidas tales circunstancias, dicha conducta, por aplicación también del principio "in dubio pro reo", no sería constitutiva del delito imputado.

Además, invoca error en la apreciación de las pruebas respecto de la indemnización civil, al no estar acreditados los daños en el sistema de alarma, ni que los mismos sean consecuencia de la participación o acción directa del recurrente

En base a ello, solicita que, con revocación de la sentencia recurrida, se absuelva al acusado del delito objeto de condena, con todos los pronunciamientos favorables.

Segundo.—- La sentencia del Tribunal Constitucional 14 de marzo de 2005 indica que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos (entre otras, SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2; y 56/2003, de 24 de marzo, FJ 5).

Bajo el marco de esta primera premisa Constitucional referente a la necesidad de desvirtuar la presunción de inocencia para llegar a un fallo condenatorio, como es el caso que nos ocupa, debe iniciarse la revisión de los motivos de recurso, comenzando por el alegado "error en la valoración de la prueba".

En este sentido, debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional de la que debe partirse para tener en cuenta los límites en que debe desenvolverse la revisión por el Tribunal a quem. Así la STTC de 14 de Marzo de 2005 establece que:

"Por otra parte, con carácter general cuando se imputa al Juzgador de instancia valoración errónea de la prueba, deberán de señalarse aquellos razonamientos, deducciones, e inferencias, que han sido realizadas por aquél, y que le han llevado a obtener las conclusiones que plasma en el "factum" de la sentencia, y que a juicio del apelante carecen de apoyatura fáctica, tanto por la falta de prueba directa, como por la insuficiencia de la prueba indiciaria practicada, así como la posible, vulneración de los derechos constitucionales, reflejados en la Carta Magna.

Así mismo, por parte del órgano "Ad quem "deberá de tenerse presente que la inmediación de la que goza el Juzgador de instancia y de la que se carece en la segunda, coloca a aquél en una posición privilegiada a la hora de apreciar directamente las pruebas, y que rigiendo el principio consagrado en el artículo 741 de la L.E.Criminal (apreciación en conciencia de las pruebas), deberá de respetarse al máximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observación directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, y por ello la cognitio de este órgano de Apelación se encuentra en cierta medida limitada a la revisión de la racionalidad de las conclusiones a las que ha llegado el Juez "a quo", sin que sea posible sustituirlas por otras postuladas por cualquiera de las partes, salvo que se aprecie el denunciado error valorativo.

En definitiva, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el juzgado, haciendo hincapié en si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales".

Tercero.—Desde dicha portada fáctica y jurídica y, teniendo en cuenta los límites jurisprudenciales señalados, debemos entrar en el análisis del sustrato formal y material del recurso, en coherencia intrínseca con los motivos impugnatorios invocados en el escrito de recurso.

En este sentido, alega el recurrente, como primer motivo impugnatorio, que el error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, viene asentado en los siguientes detalles y consideraciones:

1.- Que de las pruebas practicadas en el plenario no se ha probado en ningún momento que concurran los requisitos del delito de robo con fuerza en las cosas objeto de condena, no se ha probado en ningún momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, al no acreditarse la participación del acusado en el delito de robo imputado.

2.- Ello es así -según se dice- porque de las pruebas practicadas en el plenario, concretamente, de la huella dactilar señalada por la Juzgadora de instancia -que se hallaba en el cristal, en el exterior del local-, no se ha probado en ningún momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, ni la participación del acusado en el delito imputado.

Por su parte, la Juez "a quo", llega a la conclusión de que existe prueba suficiente como paras enervar los efectos del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución.

Para llegar a tal conclusión, la juzgadora de instancia, toma en consideración los siguientes elementos de prueba:

1.º/ Especialmente la testifical de los Guardias Civiles con carnés profesionales núms.. NUM001 y NUM002 que ratificaron el atestado y avalaron el contenido de la inspección ocular y de las huellas dactilares recogidas en el lugar del robo

2.º/ La declaración prestada por el titular del negocio y víctima del robo, D. Carlos María que ratificó el empleo de fuerza, así como los daños producidos y el valor de los mismos.

3.º/ La prueba pericial lofoscópica ratificada por los agentes de la Guardia Civil núms. NUM003 y NUM004, al describir el resultado del cotejo efectuado sobre las huellas dactilares recogidas en el lugar de los hechos, adverando que de las 9 huellas halladas 4 corresponden con las del acusado.

4.º/ Además, la juzgadora de instancia, con un evidente sentido de la lógica, argumenta que no puede prevalecer sobre los expresados elementos probatorios la falta de actividad probatoria practicada a instancia del acusado quien no compareció al acto del juicio pese a constar su citación en forma legal.

Por tanto, partiendo del juicio de veracidad que la juez de instancia otorga al testimonio de los citados agentes, en relación con la pericial practicada en el plenario sobre las huellas halladas en el interior del local, siendo indiferente que muchas de ellas se hallaran en los cristales, pues de la conjunción del estudio lofoscópico efectuado se colige la participación del acusado en el delito imputado, al gozar de aptitud intrínseca para el empleo de la fuerza a la que alude el art. 238.2 del CP.

Pese a ello, la parte recurrente en apelación sostiene en su recurso que la juzgadora incurre en error manifiesto al partir de la base de que la autoría del inculpado queda acreditada por la identificación de la huella dactilar de éste en uno de los cristales hallado en el lugar de los hechos.

Entrando en el examen del valor probatorio de la prueba pericial lofoscópica, debemos recordar que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la valoración de las pruebas corresponde al Juzgador de instancia, bastando con que se haya practicado en el juicio una única prueba de cargo, siempre que ésta acredite los distintos elementos del tipo penal, para que la presunción de inocencia agote sus efectos; siendo reiterada la jurisprudencia que admite la suficiencia de la citada prueba para estimar enervada la presunción de inocencia, aún cuando no existan otras pruebas de cargo (sentencias de 5 de Junio de 1.987, 16 de Septiembre de 1.989, 19 de Enero y 4 de Julio de 1.990, entre otras), Igualmente, es constante la jurisprudencia que admite su eficacia identificativa, pues como señala la sentencia Tribunal Supremo de 7 de Septiembre de 1.989 " el ser humano lleva en sus manos el sello indeleble e irrepetible de su identidad y acaso de su personalidad, única e inconfundible". Para acreditar la identidad se exige la existencia de ocho o diez puntos característicos comunes entre la huella encontrada en el lugar del delito y la indubitada del acusado, con igual emplazamiento morfológico y topográfico y sin ninguna desemejanza natural entre ellas (sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de Julio de 2.010).

En la misma línea se manifiesta la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de fecha 11 de Abril de 2.001, al señalar que "el Tribunal Constitucional en sentencia de 21 de Diciembre de 1.989 vino a establecer que la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar a los jueces y Tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución Española, y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origina su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo lo atinente a la participación que en él tuvo el acusado, pues la inocencia de que habla el artículo 24 de la Constitución Española ha de entenderse en el sentido de no autoría, no producción del daño o no participación en él.

La Jurisprudencia ha considerado que es suficiente para estimar enervada la presunción de inocencia la prueba pericial dactiloscópica, aún cuando no existan otras pruebas de cargo, llegando a aceptar sin duda como válida la identificación del acusado hecha mediante el informe pericial dactiloscópico (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Mayo y 4 de Julio de 1.990). Es verdad que esta prueba no tiene carácter directo sino que se trata de una prueba indiciaria. No es efectivamente una prueba directa de la participación en el hecho delictivo, sino un indicio respecto de tal participación, pues lo que directamente acredita es la estancia en el lugar donde se cometió el hecho (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Marzo de 1.990). Por ello como prueba indiciaria, precisa de un argumento lógico inductivo para concluir de él la culpabilidad de la persona a quien corresponden las huellas; entendiéndose cumplida esa exigencia cuando la presencia de las huellas no ha sido contradicha ni explicada por el acusado (sentencias del Tribunal Supremo de 16 de Septiembre y 19 de Diciembre de 1.989). En definitiva, el Tribunal Supremo viene declarando constantemente la suficiencia de esta prueba si no queda enervada por otra de signo contrario, es decir, son necesarios contraindicios para desvirtuarla (sentencias de 5 de Marzo y 7 de Septiembre de 1.998)".

El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al órgano sentenciador para que dicte sentencia apreciando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio. Este precepto viene a establecer como reiteradamente ha indicado esta Sala, una libre valoración de la prueba.

En nuestro caso, las pruebas que la Juzgadora ha valorado en conciencia para considerar probados los hechos han sido las declaraciones prestadas por los funcionarios que practicaron la inspección ocular y la prueba pericial lofoscópica ratificada por los agentes de la Guardia Civil núms. NUM003 y NUM004, al describir el resultado del cotejo efectuado sobre las huellas dactilares recogidas en el lugar de los hechos, adverando que de las 9 huellas halladas 4 corresponden con las del acusado. Ello fue debido a que se contaba en los archivos policiales con las huellas dactilares del acusado, las cuales una vez cotejadas con las halladas en el lugar de los hechos dieron resultado identificativo positivo.

En su recurso de apelación la defensa expone una serie de objeciones a la prueba tenida en cuenta por la Juzgadora a quo para condenar al recurrente, indicando que surgen dudas sobre la participación del acusado en el robo desde el momento mismo que no se encontraron huellas en el interior del local, en concreto en la máquina tragaperras ect.

Frente a ello, debe decirse que, en el presente caso, el dictamen pericial dactiloscópico que contiene su resultado se incorpora a la causa con suficiente antelación para que la defensa pudiera estudiar y analizar su contenido y pudiera solicitar, si le conviniera, la toma de una nueva impresión, esta vez, a presencia Judicial para, como si de la confección de un cuerpo de escritura se tratare, procediendo al cotejo de dicha huella con la encontrada en el objeto en que apareció y la obrante en los archivos de la Guardia Vivil, sin que nada de ello se solicitara por la parte recurrente a fin de contradecir el resultado de la aludida prueba pericial.

Cuando, en realidad, en la práctica de la prueba lofoscópica se han observado escrupulosamente los indicados presupuestos que aseguran su validez y eficacia probatoria, puesto que según resulta de los autos, los informes dactiloscópicos se incorporaron a la causa con tiempo suficiente para que la defensa antes de calificar pudiese conocerlos y estudiarlos, e interesar si le conviniera que se llevase a cabo un nuevo cotejo de las 4 huellas encontradas por la Guardia Civil en el lugar del robo con la perteneciente al supuesto autor de la misma y los agentes que personalmente realizaron el estudio de la huella y toma de vestigios comparecieron al acto del juicio y se ratificaron en las conclusiones de su informe.

A este respecto, la Jurisprudencia tiene declarado con constante reiteración el carácter de auténtica prueba directa y acreditativa de que la huella aparecida en el lugar de los hechos pertenece indiscutiblemente al acusado y es bastante para estimar acreditada su culpabilidad, a menos que aparezcan motivos bastantes para pensar, bien por el lugar en que fue tomada la huella, o bien, por la relación espacio temporal que hay entre su recogida y la causación del hecho delictivo, que la referida impresión ha podido asentarse de manera fortuita, o que la persona a la que pertenece la misma ha podido acudir al lugar de autos en momento distinto al que tuvo lugar el robo (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de Septiembre de 1.998 y 30 de Junio de 1.999).

La Jurisprudencia destaca la suficiencia de la prueba lofoscópica si no queda enervada por otra de signo contrario; es decir, son necesarios contraindicios o, lo que es lo mismo, una coartada sólida y probada para desvirtuarla (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1.987 y 5 de Marzo y 7 de Septiembre de 1.989).

Vistas las anteriores consideraciones, procede estimar la prueba pericial efectuada en el presente procedimiento, como prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia y para acreditar la participación del acusado, en concepto de autor, en los hechos denunciados; ello en atención a su contenido, según el cual, se han acotado suficientes particularidades o puntos característicos comunes, con idéntico emplazamiento morfológico y sin ninguna desemejanza natural entre las huellas objeto del presente y el dactilograma con ellas coincidentes con las del acusado, revelándose 4 del acusado con las 9 encontradas en el lugar de los hechos.

De ello, si se coteja el resultado de la inspección ocular con el referido informe lofoscópico, se llega a la conclusión de la existencia de una pluralidad de huellas, en distintas superficies del local, que gozan de aptitud suficiente como para colegir la participación del acusado en el robo enjuiado, sin que, por su incomparecencia al plenario, el acusado haya aportado prueba alguna de descargo que contradiga la efectividad de dicha prueba pericial.

Desde dicha portada básica, es claro que no estamos ante un error de valoración judicial de la prueba practicada, sino ante un vano intento de sustituir dicha valoración libre, racional, imparcial y motivada por la propia de parte, irracional, parcial; máxime cuando en esta segunda instancia no se ha propuesto ni practicado prueba alguna, con virtualidad eficiente como para enervar la libre valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, en base a la inmediación desgajada de la valoración cognoscitiva emanada de las declaraciones de los intervinientes y testificales y periciales ofrecidas por las personas comparecientes en el acto del juicio oral.

Dos circunstancias deben señalarse al recurrente a este respecto.

En primer lugar, que el Tribunal de apelación no puede entrar en el análisis del juicio de veracidad hecho por la "juez a quo" y que deberá de respetarse al máximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observación directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, limitándose la revisión del juicio lógico desarrollado en la valoración conjunta de la prueba.

De otro lado, en segundo lugar, debe señalar esta Sala que comparte íntegramente la valoración realizada por la juzgadora de instancia, no ya por la apreciación de la veracidad de los testimonios verificada por la misma y que se realizó en base al principio de inmediación del que la Sala carece, sino también por la propia aplicación de la lógica y las normas de la sana crítica y experiencia.

En efecto, tal y como señala el recurrente existe, como medio de prueba hábil para destruir la presunción de inocencia, las declaraciones de los funcionarios de la Guardia Civil que intervinieron como testigos y peritos y del perjudicado, a las que la juez "a quo", contando con el privilegio de la inmediación de que la Sala carece, ha otorgado mayor credibilidad que a la falta de prueba practicada a instancia del recurrente, quien.como se hadicho., no compareció al acto del juicio.

Como se ha dicho, no es facultad de esta Sala revisar la apreciación hecha por la juez "a quo" de la prueba recibida en el acto del juicio oral, en la medida en que aquélla dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que de la misma tuvo con exclusividad la juzgadora de instancia.

La referida declaración de los funcionarios de policía intervinientes (como testigos y peritos) y del perjudicado es sin duda existente, en este supuesto, y plenamente válida para constituir auténtico acervo probatorio objeto de valoración, al haberse obtenido sin tacha alguna de ilicitud y practicado con estricto cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, rectores de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, siendo, así mismo, considerada suficiente en multitud de resoluciones de esta Sala, para enervar, por sí sola, el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

Es, no obstante, respecto de la suficiencia de tal prueba en supuestos como el que aquí nos ocupa, que la doctrina de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo viene insistiendo en una serie de criterios cuya concurrencia determina la credibilidad de la versión de los testigos intervinientes y su suficiencia incriminatoria.

En definitiva, pasando la construcción de la resolución recurrida por el tamiz de los referidos axiomas doctrinales, a fin de comprobar que en la misma se ha otorgado el respeto debido a la presunción de inocencia del recurrente, se advierte que dicha resolución está tan debidamente motivada en la forma de su argumentar, tan prolija y detallada como se aprecia a la vista del contenido del Fundamento Jurídico Segundo, como sólida resulta en los elementos probatorios en los que su convicción se apoya.

En cualquier caso, no resulta censurable la valoración que el Tribunal "a quo" lleva a cabo en su Sentencia, antes al contrario y contra lo alegado en el Recurso, la misma se asienta en una motivación del todo suficiente, lógica y razonable, respecto del material probatorio disponible, para fundamentar la convicción de quien, reiterémoslo por última vez, gozó del privilegio de la inmediación en la percepción directa de la práctica de tales pruebas, entre las que, además, cobra carta de naturaleza coadyuvante la falta de prueba practicada a instancia del acusado.

Así que, en definitiva, la Sala no encuentra fundamento alguno para mantener el motivo de recurso alegado por el recurrente, al no existir falta de coherencia, irracionalidad o arbitrariedad en el esquema y desarrollo lógico seguido por la Juez "a quo", hecho este que debe hacer decaer dicho motivo de recurso.

Cuarto.—- Cuestión diferente, una vez admitida la valoración realizada por la juez a quo, es la de determinar si ha existido prueba de cargo suficiente como para motivar la condena ahora recurrida.

A este respecto, alega el recurrente que no existen elementos de prueba que puedan revestir la suficiente consistencia como para poder apreciar la enervación de la presunción de inocencia, ni como para poder establecer la concurrencia, completa, del ilícito penal que se invoca y los requisitos que le conforman, en cuanto que no se ha probado en ningún momento que el acusado fuera la persona que realizó el robo.

Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Enero de 2006 señala que "en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure" (por todas, STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De tal afirmación se desprende inequívocamente que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por más que la prueba de este último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de prueba indiciaria.

Pues si bien "el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho" (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 9), y la presunción de inocencia "es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba" (SSTC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2.b; 120/1998, de 15 de junio, FJ 6), y no sobre su calificación jurídica (STC 273/1993, de 27 de septiembre, FJ 3), ello no obstante, en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los "elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad" (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 87/2001, de 2 de abril, FJ 8).

De manera que únicamente cabe considerar prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia "aquélla encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, así como las circunstancias concurrentes en el mismo... por una parte, y, por la otra, la participación del acusado, incluso la relación de causalidad, con las demás características subjetivas y la imputabilidad" (SSTC 33/2000, de 14 de febrero, FJ 4; 171/2000, de 26 de junio, FJ 3); características subjetivas que, a su vez, únicamente pueden considerarse suficientemente acreditadas cuando "el engarce entre los hechos directamente probados y la intención que persigue el acusado con esta acción se deduce de una serie de datos objetivos que han posibilitado extraer el elemento subjetivo del delito a través de un razonamiento lógico, no arbitrario y plasmado motivadamente en las resoluciones recurridas" (STC 91/1999, de 26 de mayo, FJ 4).

Aplicando esta Jurisprudencia al caso de autos, la Juzgadora de Instancia en una reflexión coherente, llega a la conclusión de que existe actividad probatoria suficiente como para deducir que el acusado es autor de un delito de los arts. 237, 238.2, 240 y 16 del Código Penal.

Y, en efecto, del análisis de las pruebas valoradas en el acto del plenario con la garantía que supone la inmediación practicada, podemos extraer que la juez "a quo" ha tenido en cuenta tanto las declaraciones de los policías que comparecieron como testigos, en relación con la prueba pericial lofoscópica practicada y la declaración del perjudicado, como la falta de actividad probatoria a instancia del inculpado, al no dar satisfacción suficiente sobre las huelas halladas en el local de autos.

En consecuencia, por muchas divagaciones que pretendan hacerse sobre la existencia de los daños reflejados en las facturas impugnadas por el recurrente y, la vista de las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal a quo que quedan, además, reforzadas por las anteriores consideraciones, debe concluirse que éstas han sido verificadas conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia y, al amparo del art 741 LECr., sin que se evidencie en modo alguno, en la Sentencia Impugnada, razonamiento ilógico, arbitrario o carente de fundamento.

Por ello, teniendo en cuenta que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario que existan pruebas de cargo a través de las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con todos sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, incluida la participación del acusado en los mismos, debe concluirse, en el mismo sentido que lo argumentado por la juez a quo, en la virtualidad acreditada de que, en el presente caso, existe prueba suficiente como para justificar la condena postulada por el Ministerio Fiscal.

Por tanto, habiendo considerado no errónea la valoración realizada por la juez "a quo" quien atribuye valor a tales pruebas practicadas, la conclusión obvia es que existe prueba de cargo suficiente como para colegir la existencia del delito imputado.

En consecuencia, admitida la virtualidad de la valoración de la prueba verificada por la juzgadora de instancia, debe concluirse que existe prueba directa suficiente como para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de nuestra Carta Magna, sin que se pueda alegar infracción de éste principio constitucional.

A las consideraciones hechas en los fundamentos anteriores debe añadirse que, en el presente caso, no resulta de patente aplicación el principio básico del derecho penal "in dubio pro reo".

Al respecto, debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal constitucional que señala que "Hemos mantenido que, a pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, puestas de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio, y 13/1982, de 1 de abril, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio in dubio pro reo sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales. Desde la perspectiva constitucional, mientras que el principio de presunción de inocencia está protegido en la vía de amparo, el principio in dubio pro reo, como perteneciente al convencimiento -que hemos denominado subjetivo- del órgano judicial, además de no estar dotado de la misma protección, no puede en ningún momento ser objeto de valoración por nuestra parte cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas (STC 25/1988, de 23 de febrero, FJ 2; 44/1989, de 20 de febrero; FJ 2, y 63/1993, de 1 de marzo, FJ 4), como ocurre en este caso) STTC 31-01-2000

Por su parte, en la sentencia de 1 de Marzo de 1993, señala que, " a pesar de la íntima relación que guardan el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, puesta de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las SSTC 31/1981 y 13/1982, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos, de modo que su alcance no puede ser confundido. Así, en lo que aquí interesa, el principio in dubio pro reo sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera, la aplicación del referido principio se excluye cuando "el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas"(STC 25/1988, fundamento jurídico 2.).

En el presente caso, resulta evidente que el resultado de las pruebas válidamente practicadas en el acto del juicio no generan la duda de la participación del denunciado en los hechos en relación a los hechos denunciados y su calificación jurídica por el empleo de fuerza en las cosas, lo que debe llevar a desterrar la vigencia del referido principio.

Por tanto, debe ser desestimado el motivo de recurso alegado.

Quinto.—- Finalmente, se invoca error en la apreciación de las pruebas respecto de la indemnización civil -según se dice-, al no estar acreditados los daños en el sistema de alarma, ni que los mismos sean consecuencia de la participación o acción directa del recurrente.

Respecto a la fijación de la indemnización, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2000 declara que la cuantificación concreta de la indemnización es competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad (Sentencias de 23 de marzo de 1987, 27 de mayo de 1994, 28 de noviembre y 20 de diciembre de 1996, 16 de mayo de 1998 y 23 de marzo de 1999, entre otras).

Según la doctrina del Alto Tribunal, aunque el montante de las indemnizaciones es cuestión reservada al prudente arbitrio de los Tribunales sin que su decisión pueda someterse a recurso de casación, sí pueden ser revisadas las bases determinantes de la cuantía, siempre que quede patente una evidente discordancia entre esas bases y la cantidad señalada para la indemnización (STS de 25 de febrero y 5 de marzo de 1992).

En el caso ahora examinado, la juzgadora de instancia fundamenta la indemnización concedida en el concepto ahora impugnado en la virtualidad de la prueba testifical desgajada de la declaración del perjudicado, avalada por la factura acompañada y compresiva de los daños y del importe de la reparación, en la suma de 452,40 €, sin que el recurrente, por su incomparecencia, haya aportado prueba alguna que contradiga la efectividad de la prueba tenida en cuenta por la juzgadora de instancia.

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

En consecuencia, por tales motivos, procede DESESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto y ahora examinado, confirmándose íntegramente la sentencia recurrida.

Sexto.—- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberán resolverse sobre el pago de las costas procesales", procediendo la imposición de costas al recurrente, al haberse desestimado el recurso de apelación formulado, conforme preceptúa el artículo 901 L.E.Criminal, aplicado analógicamente (Art. 4 Código Civil).

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS


 
Debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Procurador de los Tribunales, D. David Nuño Calvo, actuando en nombre y representación de Modesto, contra la Sentencia dictada por la ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Burgos, en la causa num. 335/10, de fecha 22 de Mayo de 2012, CONFIRMÁNDOSE en su integridad la expresada resolución, imponiéndose las costas de esta alzada al recurrente.

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario de revisión.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y partes personadas en el modo y forma previsto en la ley.

Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos.

E./

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital, en el día de su fecha. Doy fé.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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