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Sentencia A.P. Burgos 393/2012, de 6 de septiembre


 RESUMEN:

Falta de lesiones por imprudencia causadas en accidente de tráfico: Cálculo de imdenización a perjudicada: Aplicación de factor de corrección del 10 % en atención a ingresos por trabajo para incapacidad temporal y secuelas fisiológicas. Inaplicación para perjuicio estético.

SENTENCIA

En la ciudad de Burgos, a seis de Septiembre de dos mil doce.

Vista en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por el Magistrado Sr. D. Francisco Manuel Marín Ibáñez, la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº. 4 de Burgos, seguida por falta de imprudencia leve con resultado de lesiones contra Juan Carlos, y como responsable civil directa la compañía aseguradora "GENERALI" (antes denominada La Estrella), defendida por el Letrado D. Alejandro Suárez Angulo, en virtud de recurso de apelación interpuesto en vía principal por la entidad Generali y en vía adhesiva por Susana, asistida de la Letrada Dña. Mercedes Hernández Sáez, figurando como recíprocamente apelados los anteriormente indicado y Juan Carlos.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Se aceptan los antecedentes de hecho de la primera instancia, expuestos en la sentencia recurrida.

El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia, en cuyos antecedentes se declaran probados los siguientes hechos: "sobre las 10:40 horas del día 19 de Enero de 2.011, D, Juan Carlos circulaba por el camino Carraburgos (Los Balbases-Villaquiran de los Infantes) en sentido Los Balbases, conduciendo el vehículo todo terreno, marca Landrover Freelander, matrícula....-HGG. Que, al llegar a la altura del kilómetro 0'600, en un tramo curvo, con pendiente (descendente para el vehículo todo terreno), circulando a una velocidad inadecuada para el trazado de la vía (curva peligrosa hacia la derecha), invade parcialmente el sentido contrario del camino, colisionando de forma frontal excéntrica contra el turismo marca Nissan Primera, matrícula ZO-....-X, conducido por Dª. Susana, que es arrastrado hacia el exterior del camino rural asfaltado por el que circulaba, sobrepasando la cuneta, terminando por caer sobre los terrenos de labor que delimitaban la carretera.

Como consecuencia del accidente de tráfico sufrido, Dª. Susana fue examinada por médico forense que aprecia lesiones consistentes en "fractura de meseta tibial izquierda, sin desplazamiento, fractura de segundo, tercero y cuarto metatarsiano pie izquierdo" que motivan una primera asistencia facultativa seguida de tratamiento médico y quirúrgico, siendo días de curación 239 días, durante los cuales 3 días estuvo hospitalizado, siendo los restantes días de incapacidad para sus ocupaciones habituales. Resultaron secuelas consistentes en "síndrome residual postalgodistrofia de tobillo/pie izquierdo (7 puntos)"; "limitación funcional de las articulaciones metatarso falángicas de 2º, 3º, 4º y 5º dedos pie izquierdo (4 puntos)"; "cicatrices de 3 cms. pie izquierdo; de 2 cms. en región anterior tercio superior pierna izquierda; y de 4 cms. en región lateral interna tercio superior pierna izquierda (perjuicio estético ligero)"; "material de osteosíntesis en pierna izquierda (meseta tibial izquierda) (1 punto)".

Segundo.—La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, de 17 de Marzo de 2.012 dice literalmente: "Que debo condenar y condeno a D. Juan Carlos, como autor penalmente responsable de una falta de lesiones causadas por imprudencia leve, prevista y penada en el artículo 621.3 del Código Penal, sin concurrir en su conducta circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de veinte días de Multa, con una cuota diaria de ocho euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y a que en el orden civil indemnice a Dª. Susana, con la responsabilidad directa de la entidad aseguradora "La Estrella" en la cantidad de 30.256'27,- euros, más los intereses derivados de la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, como se expone al cuerpo jurídico de la presente. Todo ello con la expresa condena al pago de las costas procesales".

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en vía principal por la compañía aseguradora Generali y en vía adhesiva por Susana, alegando los motivos que a sus derechos convino, siendo admitidos a trámite en ambos efectos y, previo traslado de los mismos a las restantes partes personadas, fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, turnándose de ponencia y quedando los autos sobre la mesa del ponente para examen.


HECHOS PROBADOSPrimero.—Se aceptan como hechos probados los recogidos en la sentencia dictada en primera instancia y que en la presente sentencia se reproducen en su integridad.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Emitida sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación en vía principal por parte de la compañía aseguradora Generali fundamentado en la impugnación por excesiva de la cuantía indemnizatoria concedida.

Así señala en su escrito impugnatorio que "....cometiendo errores la Juzgadora en su cálculo, pues indica en la sentencia, en su fundamento de derecho quinto, último párrafo del mismo, que para su cálculo ha tenido en cuenta el informe, valoración, del Médico Forense, tomando el baremo del año 2.011 y lógicamente la Ley 34/2003, por lo que fija una indemnización de 30.256'27,- euros, y dicho cálculo no es ajustado ni al informe de sanidad del médico forense, ni al baremo legal", impugna asimismo la valoración dada a la secuela de perjuicio estético, considerando que "....debe ser 1 punto y no 3, atendiendo a la poca entidad de las mismas y que no están a la vista".

Segundo.—La constante jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido manteniendo que la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal que realice el Tribunal Penal de instancia, fijando el alcance material del "quantum" de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, en daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de una segunda instancia, por actuar como una cuestión totalmente autónoma y de la discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la constante jurisprudencia del T.S. que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero nunca el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza (sentencias del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 1.975; 5 de Noviembre de 1.977; 16 de Mayo de 1.978; 30 de Abril de 1.986; 21 de Mayo de 1.991; 5 de Junio de 1.998; y 1 de Septiembre de 1.999). Es decir, que la cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en segunda o ulteriores instancias cuando: a) exista error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del "quantum indemnizatorio", indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por la correspondiente prueba de parte y b) que se indemnice por cuantía superior a la solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro derecho procesal penal y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de las acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes. Dichas cuantías indemnizatorias serán fijadas sin sujeción a la normas e indemnizaciones que en sentido estricto fijan las normas laborales, civiles o de otra índole no penal, siendo perfectamente compatibles con las concedidas y disfrutadas en dicho ámbito.

Con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado 30/95 de 8 de Noviembre y las modificaciones de los años 2.004 (RDL. 6/04 de 29 de Octubre) y 2.007 (Ley 21/07 de 11 de Julio) el principio de soberanía valorativa indicado sufre una limitación en cuanto la indemnización tenga por causa un accidente de circulación al establecer un tope indemnizatorio máximo y otro mínimo que no puede ser superado por el órgano sentenciados ni por exceso, ni por defecto. Pero ello no excluye la posibilidad del órgano jurisdiccional de fijación libre, racional y motivada de la cantidad indemnizatoria dentro de los límites máximo y mínimo así determinados, fijación que deberá efectuarse en virtud de los pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, bajo los principios de inmediación y contradicción y particularmente la prueba pericial médica.

Con respecto a la vinculación judicial a estas pruebas periciales, el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de Marzo de 2.001, señala que " esta misma Sala ha admitido con reiteración (sentencias 834/96 de 11 de Noviembre y 158 de 20 de Febrero, entre otras muchas), la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando:

a) Existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes, y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario.

b) Cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

En ambos casos cabe estimar acreditado documentalmente el error del Tribunal. En el primero porque, asumiendo el informe, el texto documentado de éste permite demostrar que ha sido apreciado erróneamente al incorporarlo a los hechos probados de un modo que desvirtúa su contenido probatorio. En el segundo porque, al apartarse del resultado único o coincidente de los dictámenes periciales, sin otras pruebas que valorar y sin expresar razones que lo justifiquen, nos encontramos, como dice la sentencia núm. 310/95 de 6 de Marzo, ante un "discurso o razonamiento judicial que es contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia o de los criterios firmes del conocimiento científico".

En nuestra jurisprudencia menor cabe señalar la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 27 de Abril de 2.001 al indicar la misma que "debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema procesal penal los informes periciales no vinculan de modo absoluto al juzgador, porque -como dice el Auto del Tribunal Constitucional núm. 868 de 1.986 - no son en sí mismos manifestaciones de una verdad incontrovertida; la prueba pericial ha de ser valorada por el Juzgador, atendiendo a su convicción y a los criterios de la sana crítica. Por su parte, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo ha venido proclamando que los Tribunales no están vinculados por las conclusiones de los peritos, salvo cuando éstos se basan en leyes o reglas científicas incontrovertibles, por lo que no puede prosperar cualquier alegación que pretenda fundamentar el error del juzgador «a quo» en las conclusiones dispares y contradictorias de las distintas pericias médicas manejadas (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Enero de 1.990). Es decir, que la prueba pericial no es nunca vinculante para el juzgador. Los expertos -utilizada la expresión en sentido general incluyendo los titulados y los no titulados- aprecian, mediante máximas de experiencia especializadas y propias de su preparación, algún hecho o circunstancia que el perito adquirió por el estudio o la práctica o a través de ambos sistemas de obtención de conocimientos y que el Juez puede no tener, en razón a su específica preparación jurídica. Los Jueces no tenemos por qué abarcar en nuestra preparación y conocimientos todas las ramas del saber humano ni, por ello, todas materias que pueden ser sometidas a nuestra valoración; para aclarar el significado o valoración de ciertos hechos, hemos de acudir a los peritos que, con sus conocimientos, nos informan en el marco de sus especialidades; el Juez lo que ha de hacer es recoger los informes periciales y valorarlos, sacando las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan; por ello el perito debe describir la persona o cosa objeto de la pericia, explicar las operaciones o exámenes verificados y fijar sus conclusiones (artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que tiene como destinatario el Juzgador. Por ello, el análisis detallado que se pretende por los apelantes que se haga por el Juzgador de todas y cada una de las secuelas no puede llevarse a cabo. En este sentido el Juez estudia el contenido del o los informes periciales y, en su caso, las explicaciones orales, reflexiona sobre lo que se dice y, finalmente, los hace suyos o no, o los hace parcialmente. No se trata, pues, de un juicio de peritos, sino de una fuente de conocimientos científicos, técnicos o prácticos que ayudan al Juez a descubrir la verdad.

Sólo cuando se trata de un solo perito o de varios que coinciden en sus apreciaciones, si el juzgador hace suyas las premisas y consideraciones periciales y después, sin razonarlo adecuadamente, se separa de las conclusiones, se puede atacar en casación la valoración judicial (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Diciembre de 1.991).

Lo que --es evidente-- no ha ocurrido en el presente caso. Pretender sustituir la valoración que se hace por el Juez "a quo" por la que se realiza por los apelantes (en base a un perito por él presentado que ha de considerarse como parcial, en el sentido de que es perito de parte) es pretensión que este Órgano no puede aceptar, dado que acepta la del perito oficial e imparcial (Médico Forense), cuyo informe se basa en sus propios conocimientos y en los informes que se aportan por los perjudicados".

En el presente caso, la Juzgadora de instancia establece en el fundamento de derecho quinto de su sentencia que "por otra parte, y resulta ser éste uno de los extremos más debatidos, la determinación de las secuelas derivadas de las lesiones padecidas suscita la controversia de las partes. Frente a la enumeración establecida por el médico forense en su informe de sanidad, la representación de la parte denunciante aporta informe pericial a cargo de doctor especialista en Valoración de Daño Corporal, que disiente de aquél en la valoración de las secuelas, pues añade como secuela la que identifica como "material de osteosíntesis rodilla derecha", que valora en dos puntos, y la de "gonalgia inespecífica postraumática" que valora en dos puntos, de tal manera que eleva a quince los puntos por secuelas funcionales y a seis los puntos por el perjuicio estético ligero motivado. Frente a esta valoración, en el informe forense se aportan las siguientes razones: en la exploración destaca una movilidad de rodilla izquierda dentro de los límites de la normalidad y, trasladada la discordancia elevada por el informe pericial de parte, sostiene que "el síndrome postalgodistrofia incluye el dolor de la extremidad inferior referido"; por otra parte, sise modifica el informe forense de sanidad en orden a añadir la secuela funcional de "osteosíntesis en pierna izquierda (meseta tibial rodilla izquierda), que valora en 1 punto. A la vista de la diversa interpretación resultante, ha de considerarse la verosimilitud no dudosa del informe de sanidad forense que objetiva imparcialmente el conjunto de las lesiones examinadas. En el presente caso, el relato de las lesiones es coincidente en la valoración de ambas praxis y, por la razón ya expuesta, se considera acorde y ajustada a derecho la formulada por el médico forense miembro del Instituto de Medicina Legal, adscrito a este partido judicial. Así, atendida su valoración y considerando pertinente la prudente valoración del perjuicio estético ligero apreciado, sobre el que la perjudicada, a su vez, aporta reportaje fotográfico, se eleva a un total de tres puntos la baremación del mismo".

En el presente caso, la Juzgadora de instancia motiva adecuadamente la causa por la que elige la valoración dada por el médico forense en detrimento de la aportada por el perito de parte, debiendo por ello considerarse inmutable la valoración del perjuicio estético como secuela en la baremación de tres puntos, valoración que, por otra parte, este Tribunal de Apelación considera adecuada en atención al sexo y edad de la perjudicada así como el número, extensión y ubicación de las cicatrices que como secuelas concurren.

Sin embargo yerra la Juzgadora de instancia al verificar la aplicación del baremo, pues suma los puntos por secuelas fisiológicas y los puntos por perjuicio estético para hallar el valor del punto. La regla de utilización 3ª sobre el perjuicio estético del RDL 8/04 de 29 de Octubre expresamente señala que "el perjuicio fisiológico y el perjuicio estético se ha de valorar separadamente y adjudicada la puntuación total que corresponda a cada uno, se ha de efectuar la valoración que le corresponda de acuerdo con la Tabla III por separado, sumándose las cantidades obtenidas al objeto de que su resultado integre el importe de la indemnización básica por lesiones permanentes", resulta preferente, por lo que en los casos de concurrencia de secuelas fisiológicas y perjuicio estético deben separarse ambas clases de secuelas para puntuar también separadamente ambos conceptos perjudiciales.

Así las cosas, la cantidad indemnizatoria correspondiente a Susana será la siguiente:

I.- Días de lesión:

a) Hospitalización -------------- 3 x 67'98,- €. = 203'94,- €.

b) Incapacidad -------------- 236 x 55'27,- €. = 13.043'72, - €.

13.247'66,- €.

c) Factor de corrección del 10 % ------------ = 1.324'76, - €.

TOTAL --------------------------------------------- 14.572'42,- €.

II.- Secuelas funcionales:

Han sido fijados doce puntos y se trata de una mujer comprendida en el tramo del baremo entre los 21 y los 40 años, lo cual nos da un valor del punto de 887'37,- €. Por ello la cantidad indemnizatoria será:

a) 887'37,- €. X 12 puntos = 10.648'44,- €.

b) Factor corrector del 10% = 1.064'84, - €.

TOTAL ---------------------------- 11.713'28,- €.

III.- Perjuicio estético:

Han sido fijados tres puntos y se trata de una mujer comprendida en el tramo del baremo entre los 21 y los 40 años, lo cual nos da un valor del punto de 787'10,- €. Por ello la cantidad indemnizatoria será:

a) 778'10,- €. X 3 puntos = 2.334'30,- €.

TOTAL ------------------------------ 2.334'30,- €.

Las cantidades indemnizatorias totales ascienden a un total de:

14.572'42,- €. + 11.713'28,- €. + 2.334'30,- € = 28.620,- €. (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS)

La parte apelante impugna la sentencia dictada en primera instancia, oponiéndose a la aplicación del factor corrector del 10 %. Así sostiene en su escrito impugnatorio que "aplica el 10 % de más sobre indemnización de secuelas y además sobre indemnización sobre incapacidad temporal, cuando no se ha justificado que la denunciante haya sufrido un perjuicio mayor que la indemnización básica, aportando una nómina que por mucho no llega a dicha indemnización básica (nómina de 999'80,- euros, muy por debajo de los 1.658'10,- euros que 55'27,- euros/día impeditivo da por 30 días de un mes, indemnización básica concedida)".

Tras distintas resoluciones de esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos que se mostraban contrarias a la aplicación automática del factor de corrección en un 10 %, se modificó el criterio para adecuarlo a la interpretación mayoritaria realizada por las Audiencias Provinciales (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de 2 de Junio de 2.004; de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 3ª, de 18 de Julio de 2.004; de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 3ª, de 22 de Enero de 2.004, por mencionar algunas del mismo año), modificación realizada en virtud del principio de seguridad jurídica y uniformidad interpretativa que debe presidir las resoluciones judiciales. Por ello, debe entenderse que lo que se pretende es que el perjudicado pueda acreditar unos daños superiores a los previstos legalmente, pero en caso de no efectuarlo, ello no obsta para que discrecionalmente pueda ser aplicado el baremo por el juzgador hasta el límite del 10 %, cuando no aparezca de lo actuado que las pérdidas patrimoniales producidas al perjudicado como consecuencia de la lesión de los daños corporales, sean superiores a las fijadas en el citado Baremo. En este sentido las sentencias del Tribunal Supremo nº. 32/01 de 15 de Febrero y nº. 83/01 de 24 de Enero, no ponen objeción alguna a la aplicación del factor de corrección que supone el 10 % del incremento sin que exista un perjuicio económico acreditado.

Dicha aplicación aparece expresamente recogida en el Baremo de la Resolución de 20 de Enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, tanto para muerte como lesiones permanentes e incapacidad temporal, reconociendo el factor corrector del 10 %, fijado para ingresos hasta 27.211'63,- euros, en favor de aquellas víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

No procederá la aplicación del factor de corrección del 10 % a la indemnización por perjuicio estético, pues el RDL. 8/04 de 29 de Octubre, en la regla 9ª de utilización del capítulo especial del perjuicio estético, nos dice que "la puntuación adjudicada al perjuicio estético no incluye la ponderación de la incidencia que éste tenga sobre las actividades del lesionado (profesionales y extraprofesionales), cuyo específico perjuicio ha de valorarse a través del factor de corrección de la incapacidad permanente". Aplicar el 10 % a la incapacidad permanente y el 10 % al perjuicio estético supondría indemnizar doblemente un perjuicio profesional o extraprofesional ya indemnizado por la aplicación del factor corrector en las incapacidades permanentes.

Por ello, aún cuando no se hubiera aportado por la víctima Susana acreditación de sus ingresos por actividad laboral, debería reconocerse en su favor el índice corrector del 10 %, con más razón procederá dicha aplicación cuando acredita ingresos laborales y éstos no superar los 27.211'63,- euros indicados por la Resolución aplicable.

Por todo lo indicado procede la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por le entidad aseguradora Generali y fijar la cuantía indemnizatoria total y a favor de Susana en la cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (28.620,- €.).

Tercero.—Habiéndose dado traslado del recurso de apelación a la perjudicada, Susana, se presentó por la misma escrito impugnando el recurso de apelación formulado en vía principal por la entidad aseguradora Generali y formulando, a su vez, apelación por vía adhesiva en el que se impugna la cuantía indemnizatoria concedida a su favor por la Jueza "a quo" en sentencia y solicitando la ampliación de la misma hasta los treinta y siete mil trescientos siete euros con ochenta y nueve céntimos (37.307'45,- €.).

El recurso plantea cuestión distinta a la que es objeto del recurso al que se dice adherido, razón por la cual debe ser desestimado.

A este respecto esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, ya tenía declarado, adscribiéndose a la tesis mayoritaria seguida por nuestras Audiencias Provinciales, que debe desestimarse dicho recurso adhesivo cuando formule pretensión contraria o aún distinta a la solicitada en el recurso principal. En la misma línea, y como ejemplo de la doctrina jurisprudencial mayoritaria, podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de fecha 29 de Noviembre de 2.001 al indicar la misma que "en los juicios de faltas si la sentencia es apelada por alguna de las partes, pueden las demás impugnar o adherirse a ese recurso (artículos 795.4 y 976.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El legislador no ha establecido la naturaleza y el alcance de esas posibles adhesiones, no ha determinado si pueden o no contener peticiones de anulación y/o reforma de la sentencia distinta de las formuladas por el apelante; y el Tribunal Supremo y la práctica totalidad de las Audiencias Provinciales se han decantado por la segunda de esas posibilidades. La adhesión es así inseparable del recurso principal, careciendo de autonomía propia: por medio de ella solo es posible apoyar las peticiones de dicho recurso reforzándolo con nuevos argumentos. En otras palabras la parte que no apeló la sentencia en el plazo que tenía para hacerlo, no puede aprovechar el trámite de la adhesión para formular un recurso completamente nuevo, no puede ampliar las cuestiones planteadas por el apelante principal con otras distintas. Ya que, insistimos, pudo plantear esas otras cuestiones apelando a su vez la sentencia dentro del plazo legal (sentencias del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 1.988, 8 de Octubre de 1.993, 30 de Noviembre de 1.994 y 6 de Marzo de 1.995). Por lo demás así se infiere también del tenor literal del artículo 795.4 antes citado al establecer que presentados los escritos de impugnación o adhesión al recurso interpuesto, la causa debe ser remitida a la Audiencia. Ya que si la apelación adherida pudiera versar sobre cuestiones distintas de la principal primeramente formulada, el legislador hubiera dispuesto que de tal adhesión se diera traslado al recurrente principal para que pudiera a su vez impugnarla, por exigencia del derecho fundamental a la defensa (artículo 24.2 de la Constitución Española). Esta posibilidad, ha sido retiradamente expuesta por el Tribunal Constitucional que con la finalidad de evitar indefensiones, ha habilitado plazo análogo para contestar a la impugnación adhesiva. Más ello no significa, como se dice en la sentencia núm. 223/01 de 5 de Noviembre de 2.001, un pronunciamiento expreso sobre un hipotético estatuto constitucional de la apelación adhesiva insiste el Tribunal Constitucional que en el ámbito penal la configuración y alcance de la apelación adhesiva es una cuestión de legalidad ordinaria correspondiendo por tanto a los jueces y Tribunales de modo exclusivo, sentencias del Tribunal Constitucional nº. 162/97, 79/00 y 223/01. También afirma el alto Tribunal que el principio pro actione únicamente despliega su plena potencialidad cuando lo que está en juego es la obtención de una primera respuesta de los órganos judiciales a la pretensión deducida por alguien que acude a ellos en demanda de justicia, pero no cuando lo que se solicita es la revisión de dicha respuesta. Efectivamente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se dibujan diversos efectos del llamado recurso adhesivo (supeditado se dice en la Ley de Enjuiciamiento Criminal) como se desprende del artículo 846, bis, d, lo que no se afirma respecto del juicio de faltas. En consecuencia procede desestimar el recurso formulado por vía de adhesión, al no estar éste supeditado al recurso principal y contener una pretensión autónoma distinta de la formulada principalmente".

La situación procesal es aún más clara tras las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 38/02 de 24 de Octubre y 13/09 de 3 Noviembre 2009, pues la vigente redacción del artículo 790.1 nos dice que "la parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones previsto en el apartado 5, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará supeditado a que el apelante mantenga el suyo. Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos días, una vez conferido el traslado previsto en el apartado 6" y el artículo 790.5 del mismo texto legal habla de los "escritos de alegaciones" y no de recurso de apelación adhesivo e independiente del principal al que se adhiere. Por ello entendemos que el presente recurso deberá ser desestimado por razones procesales y sin entrar en el fondo del asunto por él planteado.

Por todo lo indicado procede la desestimación del recurso adhesivo ahora interpuesto al mantener unas pretensiones, no solo distintas, sino contrarias al recurso de apelación interpuesto en vía principal.

Cuarto.—Estimándose parcialmente como se estima el recurso de apelación interpuesto por la entidad aseguradora Generali procede declarar de oficio las costas procesales causadas por la interposición del citado recurso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a sensu contrario del principio de vencimiento que en este punto rige en la interposición de recursos (artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Desestimándose como se desestima el recurso de apelación formulado por Susana, procede imponer a la recurrente las costas procesales causadas por la interposición de su recurso, dentro de los límites legales establecidos para el Juicio de Faltas y en virtud de lo previsto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del principio de vencimiento que en este punto rige en la interposición de recursos (artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial, decide el siguiente:


FALLO


 
Que DEBEMOS ESTIMAR PARCIALMENTE Y ESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la entidad aseguradora Generali contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº. 4 de Burgos, en su Juicio de Faltas nº. 122/11 y en fecha 17 de Marzo de 2.012, y revocar la referida sentencia en el solo sentido de FIJAR COMO CANTIDAD INDEMNIZATORIA TOTAL POR LESIONES, SECUELAS FISIOLÓGICAS Y PERJUICIO ESTÉTICO Y A FAVOR DE Susana LA DE VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (28.620,- €.), DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS POR LA INTERPOSICIÓN DEL CITADO RECURSO.

DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RCURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR Susana CONTRA LA REFERIDA SENTENCIA, IMPONIENDO A LA RECURRENTE LAS COSTAS PROCESALES PRODUCIDAS POR LA INTERPOSICIÓN DE SU APELACIÓN, SI ALGUNA SE HUBIERE DEVENGADO, Y DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO DE FALTAS.

Así por esta sentencia, que es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, de la que se unirá testimonio literal al rollo de apelación y otro a las Diligencias de origen para su remisión y cumplimiento al Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia, se pronuncia, manda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Francisco Manuel Marín Ibáñez, Ponente que ha sido en esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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