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Sentencia T.S.J. Galicia 652/2012 de 29 de octubre


 RESUMEN:

IRPF: Rectificación de declaraciones. Acuerdo Hispano Alemán para evitar la Doble imposición. Origen de las pensiones para que puedan quedar exentas de tributación en España. La actora no ha probado que las pensiones percibidas por su trabajo en Alemania provengan de un empleo público anterior. En el presente caso la Administración no ha cuestionado el origen de las pensiones percibidas por la actora. Se estima.

A CORUÑA

SENTENCIA: 00652/2012

- N11600

N.I.G: 15030 33 3 2011 0013735

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015635 /2011 /

Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

De D./ña. Salvadora

LETRADO JUAN PABLO PINTO TASENDE

PROCURADOR D./D.ª MARIA MONTSERRAT SOUTO FERNANDEZ

Contra D./D.ª TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA

LETRADO ABOGADO DEL ESTADO

PROCURADOR D./D.ª

PONENTE: D.ª MARIA DOLORES RIVERA FRADE

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./D.ª

JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE

FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA

MARIA DOLORES RIVERA FRADE

A CORUÑA, a veintinueve de octubre de dos mil doce.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15635/2011, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Salvadora, representada por la procuradora D.ª MARIA MONTSERRAT SOUTO FERNANDEZ, dirigida por el letrado D. JUAN PABLO PINTO TASENDE, contra DESESTIMACION DEL TRIBUNAL ECONOMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA DE LAS RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS N.º NUM000 Y ACUMULADAS NUM001, NUM002 NUM003 CONTRA LOS ACUERDOS DE LA DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DELEGACION DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE A CORUÑA SOBRE RECTIFICACION DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS DE LOS EJERCICIOS 2004,2005,2006 Y 2007. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

Es ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA DOLORES RIVERA FRADE


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.

Segundo.—Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.

Tercero.—No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Cuarto.—En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo determinada de 8.569,11 euros.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—Doña Salvadora interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de fecha 29 de julio de 2011 que desestima la reclamación económico-administrativa promovida contra acuerdos dictados por la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria en A Coruña, por los que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones desestimatorias de las solicitudes de rectificación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

Alega la actora en su demanda que el tenor literal del artículo 19 del Convenio del Instrumento de Ratificación del Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición, es claro y conciso cuando señala que las pensiones y remuneraciones similares pagadas por o con cargo a fondos creados por un Estado contratante, un land, o uno de los organismos autónomos, autoridades o administraciones locales, en consideración a un empleo anterior, están exentas de impuestos en el otro Estado contratante, haciendo referencia a que la pensión o remuneración lo sea en consideraciò0n de un empleo anterior, no estableciendo en ningún punto referencia alguna a que este deba ser un empleo público. Sostiene igualmente, a reglón seguido del planteamiento antes expuesto, que habrá que tener en cuenta lo que para el legislador español constituirá pensión pública, acudiendo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de la Seguridad Social, y por tanto, lo serán según sean las características de la personalidad jurídica de la entidad gestora de la pensión, y si estas son corporaciones de derecho publico con personificación pública, los fondos que gestionan lo serán de régimen público.

En base a ello, y en base a que una de las pensiones percibidas por la actora provenía de la Asociación Comunal de Asistencia de Baden, que es una Corporación de derecho público de ámbito local, y que la otra pensión que percibía lo era como empleada pública al desempeñar sus labores de limpieza directamente contratada por el Teatro municipal de Komnstanz, entiende que ambas pensiones, provenientes de la República Federal Alemana, por razón del empleo desarrollado en dicho país durante su vida laboral, están exentas de tributación en España en aplicación del mencionado Acuerdo Hispano Alemán para la evitación de la Doble imposición.

En el presente supuesto, y al igual que en el caso contemplado en la sentencia dictada por esta Sala y sección de fecha 11 de noviembre de 2010 (Recurso: 16601/2008), la controversia gira en torno a la interpretación que haya de darse a lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo Hispano-Alemán para evitar la doble imposición, y por tanto, en orden a cuál ha de ser el origen de las pensiones para que puedan quedar exentas de tributación en España, pues mientras que la actora sostiene que el origen puede ser doble, publico o privado, la Administración afirma que solo gozarán de exención las pensiones públicas pagadas por el Estado en virtud del desarrollo de un empleo público anterior, y que en el presente caso la actora no ha probado que las pensiones percibidas por su trabajo en Alemania provengan de un empleo público anterior.

Y aquí, como allí, ha de darse la razón a la recurrente, aplicando el criterio de esta Sala, que ya se recogía en sentencias anteriores, como la recaída en el recurso 15271/2008, donde dijimos:

"El demandante planteó la devolución de referencia en aplicación del artículo 19 del Convenio Hispano-Alemán de 5 de diciembre de 1966 para evitar la doble imposición, siendo rechazada tal petición tanto en sede de gestión como de reclamación bajo el argumento de que en virtud de tal Convenio las pensiones públicas tributarán en Alemania, entendiendo por tales las percibidas en razón a un empleo público anterior de suerte que, estimando las percibidas con cargo a la Seguridad Social dentro de las privadas, ello implica la tributación en España, de lo que se sigue el rechazo de la petición del recurrente. Tal planteamiento, la resolución recurrida, aún lo formula de un modo más contundente al significar que sólo gozarán de exención, según el Convenio Hispano-Alemán de referencia las pensiones pagadas por el estado en virtud del desarrollo de un empleo público anterior.

Dispone el art. 19.1 de dicho Convenio que "las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante en consideración a un empleo anterior, sólo pueden someterse a imposición en este Estado". El apartado 2 de dicho precepto a su vez dispone que "no obstante las disposiciones del párrafo 1.º, las pensiones y remuneraciones similares pagadas por o con cargo a fondos creados por un Estado contratante, un land o uno de sus organismos autónomos, autoridades o administraciones locales, en consideración a un empleo anterior, están exentas de impuestos en el otro Estado contratante".

De lo anterior ya se desprende que el matiz diferencial entre uno y otro apartado se refiere, no como pretende la resolución recurrida, a la naturaleza pública o privada del empleo anterior, sino a la procedencia de los fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones similares y, en ambos casos, en consideración, efectivamente, a un empleo anterior, sin distinguir su naturaleza de suerte que están exentas de tributación en el Estado español aquellas cuya procedencia sea pública, tal como se sigue sin dificultad del precitado artículo 19.2 del Convenio.

En el presente caso, el demandante acreditó que la pensión a que se refiere su petición (en consideración a un empleo anterior y siendo indiferente su condición pública o privada), tiene un origen público, según la documentación emitida por el LVA Rhenprovinz, de Düsseldorf, motivo por el cual procede acceder a su solicitud, al ser también ajeno al caso cualquier planteamiento dogmático sobre la naturaleza de las pensiones de Seguridad Social en razón a las aportaciones que las conforman, pues no estamos en el caso ante ninguna de las fórmulas asistenciales privadas que complementan o sustituyen las pensiones de referencia".

Y como quiera que en el presente caso la Administración no ha cuestionado el origen de las pensiones percibidas por la actora, en los términos en los que debe ser interpretado el artículo 19 del Acuerdo Hispano-Alemán, procede estimar el recurso presentado por aquélla.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, las costas causadas en este procedimiento a la parte actora han de imponerse a la Administración demandada, aunque haciendo uso esta Sala de la potestad que le confiere el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional, se fija como cifra máxima que se podrá pasar en concepto de costas la de 1.000 euros por honorarios de Abogado, y 500 euros por gastos de procurador.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS.-


 
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña Salvadora contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de fecha 29 de julio de 2011 que desestima la reclamación económico-administrativa promovida contra acuerdos dictados por la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria en A Coruña, por los que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones desestimatorias de las solicitudes de rectificación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, y en consecuencia se declaran no conformes a derecho los acuerdos impugnados, declarando el derecho de la actora a las rectificaciones de las autoliquidaciones del IRPF de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, con devolución de los importes que indebidamente le fueron cobrados, y que ascienden a la suma total de 8.569,11 €. Todo ello con imposición a la Administración demandada de las costas causadas en este procedimiento a la parte actora, aunque haciendo uso esta Sala de la potestad que le confiere el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional, se fija como cifra máxima que la parte recurrente podrá pasar en concepto de costas la de 1.000 euros por honorarios de Abogado, y 500 euros por gastos de procurador.

Notifíquese a las partes, haciéndole saber que es firme y que, contra ella, sólo se podrá interponer el recurso de casación en interés de Ley establecido en el artículo 100 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, por las personas y entidades a que se refiere dicho precepto, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. Asimismo podrá interponer contra ella cualquier otro recurso que estime adecuado a la defensa de sus intereses, y en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente D.ª MARIA DOLORES RIVERA FRADE al estar celebrando audiencia pública la Sección 004 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, veintinueve de octubre de dos mil doce.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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