Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de Jurisprudencia
  
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia A.N. de 17 de julio de 2012


 RESUMEN:

IVA: Prescripción. No se aprecia ya que no es necesario que cada diligencia se refiera a todos y cada uno de los ejercicios a los que se extiende la comprobación. Autoconsumo al no constar el fin empresarial de la prestación de servicios. El ingreso extemporáneo pero voluntario de las deudas tributarias sin hacer constar el período impositivo a que se refieren las bases y cuotas objeto de regularización constituye infracción tributaria. Estimación parcial del recurso.

Madrid, a diecisiete de julio de dos mil doce.

VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso- administrativo número 236/11, promovido por OBCICAT SL representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Naranco Sevilla Iglesias contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de mayo de 2011 (R.G NUM001 y RG NUM002) por la que se desestima la reclamaciones interpuestas contra la liquidación tributaria derivada del acta de disconformidad n.º A02- NUM000 de fecha 2 de marzo de 2009 dictada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña y referida al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2003, 2004 y 2005, por importe de 178.136,72 euros de deuda tributaria y contra el acuerdo de imposición de sanciones derivado del anterior, de fecha 12 de junio de 2009 dictado por mismo órgano por importe de 107.548, 48 euros. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 178.136,7d euros.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Único.-El 25 de mayo de 2011 la representación procesal de la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acto indicado en el encabezamiento de esta sentencia y turnado a la sección sexta de esta Sala, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que así hizo en escrito de 19 de diciembre de 2011 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó solicitando "se anulen las resoluciones del Inspector Regional de Tarragona de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 2 de marzo de 2009, por la que se practicó a cargo de OBCICAT SL una liquidación por el Impuesto sobre el valor añadido años 2003 a 2005 por importe de 178.504,35 euros y de 12 de junio de 2009 por al que se impuso una sanción tributaria por importe de 107.548, 48 euros, por su disconformidad a derecho, pronunciamiento de nulidad que procederá hacer extensivo a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de mayo de 2011"

Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en escrito de 31 de enero de 2012 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto y confirmatoria del acuerdo impugnado.

Solicitado el recibimiento del proceso a prueba, practicadas las declaradas pertinentes y presentadas conclusiones quedó el 2 de abril de 2012 concluso el procedimiento, señalándose para votación y fallo el 10 de julio de 2012 en que así tuvo lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente la Ilma. Sra. LUCIA ACIN AGUADO, Magistrada de la Sección.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—El acto recurrido es la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de mayo de 2011 (R.G NUM001 y RG NUM002) por la que se desestima la reclamaciones interpuestas contra la liquidación tributaria derivada del acta de disconformidad n.º A02- NUM000 de fecha 2 de marzo de 2009 dictada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña y referida al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2003, 2004 y 2005, por importe de 178.136,72 euros de deuda tributaria y contra el acuerdo de imposición de sanciones derivado del anterior, de fecha 12 de junio de 2009 dictado por mismo órgano por importe de 107.548, 48 euros.

La Inspección procede a realizar la siguiente regularización en relación al IVA periodo 2003, 2004 y 2005

1. Se disminuye el IVA soportado que consta en las facturas recibidas de Estudi Catalá de fecha 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2004 al no constar acreditado que dichas facturas correspondan a servicios realmente prestados.

2. Se incrementa el IVA devengado en el importe resultante de aplicar el tipo del 16% a los gastos relativos a las reformas realizadas en el piso de la suegra del administrador.

3. Se regularizan las cuotas de IVA devengadas y soportadas por diferencia entre lo registrado y lo declarado.

4. Las cuotas correspondientes a las facturas recibidas de la empresa ADECONSTOP SL se consideran deducibles en 1t/04.

Segundo.—La primera cuestión que se plantea es determinar si ha prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación referidas al IVA ejercicios 2003, 2004 y 2005.

En este caso el inicio de las actuaciones inspectoras en relación al IVA ejercicios 2003 y 2004 correspondiente a OBCICAT SL se comunica el de 6 de noviembre de 2006 y se amplían al IVA ejercicio 2005 mediante comunicación de 28 de agosto de 2008. Se incoa acta de disconformidad el 29 de enero de 2009 y el acto de liquidación se dicta el 2 de marzo de 2009 que se notifica el 3 de marzo de 2009. No existe una resolución de ampliación de las actuaciones inspectoras. La Administración en el acuerdo de liquidación considera que existe una dilación imputable al recurrente de 490 días por 1) varios retrasos en aportar documentación requerida y 2) solicitudes de aplazamiento por lo que no se ha superado el plazo de 12 meses. Por lo tanto han transcurrido 848 días desde la comunicación de inicio hasta la notificación de la liquidación el procedimiento siendo imputables al recurrente según la Inspección 490 días, por lo que la duración de las actuaciones según la Inspección ha sido de 358 días.

Es aplicable la Ley 58/2003 General Tributaria al iniciarse el procedimiento de inspección mediante comunicación de 6 de noviembre de 2006 una vez que entró en vigor la misma (1 de julio de 2004). Dicha ley ha derogado en su disposición transitoria tercera la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y establece en su artículo 150 que:

"1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas.

2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar: a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo."

Considera el recurrente que ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar ya que 1) ha habido una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras de más de 6 meses y 2) el procedimiento ha durado más de 12 meses.

Tercero.—Alega el recurrente que las actuaciones inspectoras estuvieron paralizadas de forma injustificada más de 6 meses entre el 14 de febrero y 28 de septiembre de 2008, ya que no se le puede reconocer capacidad para hacer cesar la situación de paralización injustificada la diligencia de 6 de agosto de 2008 y que tampoco son susceptibles de causar dilación alguna contra el contribuyente las que llevan fecha de 30 de septiembre de 2008, 13 de octubre de 2008, 28 de octubre de 2008, 14 de noviembre de 2008 y 19 de diciembre de 2008.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 (recurso 4397/2009).

"Según nuestra jurisprudencia más reciente [ sentencias de 13 de febrero de 2007 (casación 8094/02 , FJ 5.º), 17 de marzo de 2008 (casación 5697/03 , FJ 6.º), 28 de abril de 2008 (casación 7719/02 , FJ 3.º), 23 de junio de 2008 (casación 1514/03, FJ 3 .º) y 19 de julio de 2010 (casación 3433/06 , FJ 5.º)], aunque no exista una definición de "diligencia argucia o irrelevante", es posible señalar las características que debe reunir un acto de la Administración para que pueda tener eficacia interruptora. Así, «sólo interrumpe el plazo de prescripción la actividad administrativa en la que concurran las siguientes notas: 1.ª) actividad real dirigida a la finalidad de la liquidación o recaudación de la deuda tributaria; 2.ª) que sea jurídicamente válida; 3.ª) notificada al sujeto pasivo; 4.ª) y precisa en relación con el concepto impositivo de que se trata» [entre otras, sentencias de 11 de febrero de 2002 (casación 7625/96 , FJ 3.º), 17 de marzo de 2008 (casación 5697/03 , FJ 6.º), 13 de noviembre de 2008 (casación 5442/04 , FJ 6.º), 26 de noviembre de 2008 (casación 4079/06 , FJ 3.º), 22 de diciembre de 2008 (casación 4080/06, FJ 3 .º) y 6 de abril de 2009 (casación 5678/03, FJ 4.º)].

Lo anterior significa que sólo son capaces de interrumpir la prescripción los actos tendencialmente ordenados a iniciar o a proseguir los respectivos procedimientos administrativos o que, sin responder a la mera finalidad de interrumpir la prescripción, contribuyan efectivamente a la liquidación, la recaudación o la imposición de sanción en el marco de impuesto de que se trate [ sentencias de 13 de enero de 2011 (casación 164/07, FJ 3.ºA ) y 29 de abril de 2011 (casación 4721/06 , FJ 3.º)]; por el contrario, debe prescindirse de aquellas actuaciones que resulten puramente dilatorias, como las que se limitan a dejar constancia de un hecho evidente, a anunciar la práctica de actuaciones futuras, a recoger la documentación presentada sin efectuar valoración alguna o a reiterar la solicitud de una documentación que ya obra en el expediente [ sentencias de 11 de febrero de 2002 (casación 7625/96 , FJ 3.º), 29 de junio de 2002 (casación 3676/97 , FJ 2.º), 17 de marzo de 2008 (casación 5697/03 , FJ 6.º), 28 de abril de 2008 (casación 7719/02 , FJ 3.º), 23 de junio de 2008 (casación 1514/03, FJ 3 .º) y 13 de noviembre de 2008 (casación 5442/04 , FJ 6.º)].

Teniendo en cuenta estos criterios no pueden prosperar las alegaciones del recurrente por las siguientes razones:

1) En la diligencia de 6 de agosto de 2008 "se solicita justificación documental de los apuntes consignados en la cuenta 629980000, gastos de desplazamiento y comidas, de los ejercicios objeto de comprobación". No se aprecia que la solicitud de esos datos no sea relevante para determinar la base imponible del IVA ya que es relevante para determinar si han sido correctas las deducciones realizadas por el obligado tributario teniendo en cuenta que el artículo 96 de la Ley del IVA 37/1992 establece que " Uno. No podrán ser objeto de deducción, 5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas y 6.º Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. "

2) El hecho de que las diligencias de fecha de 30 de septiembre de 2008, 13 de octubre de 2008, 28 de octubre de 2008, 14 de noviembre de 2008 y 19 de diciembre de 2008 no se refieran según el recurrente al IVA sino al impuesto de sociedades que fue objeto de regularización en el mismo procedimiento inspector no determina que carezcan de relevancia en el seno de la inspección en relación al IVA al no cuestionar el recurrente que fueran relevantes para la liquidación del impuesto de sociedades.El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 12 de junio de 2012 que " la especificidad o estanqueidad tributaria, indispensable para la iniciación de las actuaciones inspectoras, no demanda que cada diligencia se refiera a todos y cada uno de los ejercicios a los que se extiende la comprobación. Las diligencias deben enmarcarse y contemplarse como parte de una actuación global de comprobación definida en la citación inicial, en la que se describen los ejercicios y los tributos que son su objeto, desplegando en principio sus efectos interruptores de la prescripción todas las extendidas en relación con los mismos. El artículo 31.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos se refiere a la interrupción injustificada de las actuaciones o del procedimiento inspector, por causas no imputables al obligado tributario, como un todo, sin que pueda afirmarse que tal situación se produce en casos como el analizado, pues de entenderse con el alcance que defiende la compañía demandante se plantearían graves problemas prácticos en la forma de organizar y planificar el desarrollo de las actuaciones inspectoras, con merma de la eficacia en la actuación inspectora y sin garantía adicional para el contribuyente [véanse las sentencias de 27 de febrero de 2009 (casación 6548/04, FJ 3 .º) y 13 de enero de 2011 (casación 164/07 , FJ 3.ºC)]."

Cuarto.—En cuanto a la prescripción del derecho a liquidar al haber transcurrido el plazo de 12 meses. El hecho de que las actuaciones inspectoras hayan durado dos años y medio, no implica que automáticamente se entienda que se haya superado el plazo de 12 meses previsto en el artículo 150 de la Ley 58/2003 ya que conforme al artículo 104.2 al que se remite expresamente el artículo 150 establece que "Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución". El artículo 31 bis apartado 2 del Reglamento General de la Inspección de Tributos añadido por la Disposición Final Primera del Real Decreto 136/2000 de 4 de febrero establece el concepto de dilaciones imputables y señala que "se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".

Alega el recurrente que no puede admitirse que el procedimiento inspector haya estado en una constante dilación habida cuenta que el actuario computa nada menos que 490 días entre la comunicación de inicio y el acuerdo de liquidación Procede a reproducir párrafos de diversas sentencias referida a las consecuencias de un uso abusivo de la petición de datos y documentos, sobre la continuidad en el ejercicio de la función inspectora pese a los requerimientos de información, sobre lo improcedencia de restar tiempo de duración máxima de las actuaciones inspectoras, el tiempo invertido en recibir información.

El recurrente se limita a hacer referencia a la larga duración del procedimiento inspector y a reproducir párrafos de sentencias pero no aplica esas consideraciones al caso concreto y analiza los períodos de dilación que la Inspección le ha imputado ni siquiera los enumera, centrando su escrito en el hecho de que hay diligencias que no se refieren al IVA sino al impuesto de sociedades por lo que la falta de alegaciones concretas del recurrente en relación a las dilaciones que le imputan la Administración impiden realizar un examen mas detallado en orden a examinar su pretensión de que se declare prescrito el derecho de la Administración a liquidar.

Quinto.—En cuanto a la regularización realizada muestra su disconformidad en primer lugar con la minoración de las cuotas de IVA soportado deducible correspondiente a las facturas emitidas por Estudi Catalá SL el 31-12-2004 y 31-12-2005 al considerar la Inspección que no constan acreditados los servicios prestados por Estudi Catala SL en relación a las mismas.

La Inspección en el informe ampliatorio pone de relieve que las empresas Estudi Catala (cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la gestión y desarrollo de proyectos relacionados con tecnología, información) y Obcicat (que figura de alta en epígrafes correspondientes a la construcción y albañilería) tienen como socio en un 90 y en un 50% respectivamente a Blas. Asimismo señala que los administradores son hermanos siendo administrador de Obcicat Emiliano apoderado de ESTUDI Catala y constando Blas en la base de datos de la Inspección como autorizado en cuentas bancarias de OBICICAT. Además comparten trabajadores, no de forma simultánea sino de forma solapada en el tiempo e incluso comparten clientes. Las empresas tienen una relación comercial todos los años que se resume en el cuadro que consta en la página 12 del informe ampliatorio:

EJERCICIO VENTAS DE ESTUDI A OBCICAT COMPRAS DE ESTUDI A OBCICAT

2002 1.079.589.78 27.129,72

2003 154.403,19 395.009,15

2004 428.040,00 1.704.283,25

2005 494.774,97 245.430,85

2006 81.437,22 0,00

Son datos del modelo 347, es decir, IVA incluido.

Dada la vinculación entre las mismas se solicitó por la Inspección una aclaración de las operaciones realizadas con Estudi Catala (aportación de facturas, medios de pago, anotaciones contables).

La Inspección analiza las facturas emitidas por Estudi Catala en el año 2003, 2004 y 2005. Respecto las facturas recibidas en el ejercicio 2003 admite todas ellas (4 en total por importe de 154.403,19 euros) pero en cambio no admite la única del año 2004 de 31 de diciembre de 2004 por importe de 428.040 euros en la que se recoge exclusivamente como concepto "prestación de servicios ejercicio 2004" y en relación al año 2005 admite en concepto de prestación de servicios sólo una de ellas por importe de 1.273,68 euros pero no la de 31 de diciembre de 2004 por importe de 470.901,33 euros en la que se recoge como concepto " prestación de servicios ejercicio 2005 (se adjunta relación de obras)". Junto a ambas facturas se aporto una relación de las obras referidas al cliente OBCICAT con un desglose mensual del importe indicando que la prestación de servicios se refiere a "dirección de obras, control, contratación, gestión económica".

La Inspección señala que la factura recibida de Estudi Catala el 31/12/04 es distinta de la emitida bajo ese mismo concepto genérico en el año 2003 porque constando en la de 2004 como motivo de emisión un concepto genérico, no figuran en la factura las obras en las que se realizaron los trabajos y según la hoja adjunta a la misma, son servicios realizados durante todos los meses del año, de enero a diciembre aunque su fecha de emisión sea el 31/12/2004. Pero además no se relacionan los gastos en que se incurre para la realización de dichos ingresos, ni tampoco las cuentas en que se contabilizaron los mismos, sino que solamente se hace una mención de la localización supuesta de dichos servicios, sin especificar cuentas contables ni cualquier tipo de justificación de la cifra por la que se valoran los mismos. Lo mismo aprecia en la factura emitida de 31 /12/ 2005.

El hecho de que en las anualidades 2004 y 2005 se emitiera una sola factura comprensiva de todos los servicios prestados durante el año (salvo otra del año 2005 por importe de 1.273 euros) no puede conducir por si solo efectivamente como señala el recurrente a negar el derecho a la deducción del tributo soportado ni tampoco por el hecho de que los servicios facturados por una sociedad profesional hayan sido realizados por el socio de la misma. Ahora bien lo cierto es que no explica el recurrente las diferencias existentes entre el modo de facturar en el año 2003 con el año 2004 y 2005. En el año 2003 en el que realizó varios prestaciones de servicios a OBCICAT no emitió sólo una factura por servicios prestados sino cuatro en total. En una de ellas correspondiente a 31 de diciembre de 2003 también se hacia referencia al concepto genérico de "trabajos realizados por su cuenta en las obras" pero en ellas se adjunta con dicha factura un detalle de los gastos soportados por ESTUDI como consecuencia de efectuar esos trabajos para OBCICAT. La relación comprende tanto los gastos de personal como subcontratas debidamente contabilizados en OBCICAT. Por tanto aprecia la Inspección que existe en relación a esa factura del año 2003 en la contabilidad un reflejo fiel de los gastos en los que se incurre que luego son trasladados de manera exacta. Añade que no es concebible que una empresa como ESTUDI tenga unos ingresos de 369.000 euros en el año 2004 y de 405.949,42 en el año 2005 y que no haya unos gastos correlacionados con dichos ingresos cuando en las facturas de prestación de servicios del año 2003 si se detallan los gastos en que se ha incurrido.

El informe pericial no modifica estos razonamientos ya que no se discute que las facturas fueron emitidas, que se pagaron, y que se contabilizaron las mismas pero lo que pone de relieve la Inspección es que no se especifican cuales fueron los concretos servicios prestados y tampoco se aporta una justificación de la cifra por la que se valoran los mismos sino sólo que se refiere a una prestación de servicios de OBCICAT en determinadas obras que se detallan en hoja adjunta sin concretar en que consistió esa asistencia técnica y no se relacionan los gastos en los que incurre ESTUDI para la facturación de dichos ingresos resaltando la Inspección que en todas las demás facturas existen gastos que dan lugar a unos ingresos exactamente por el mismo importe (se factura a precio de coste los gastos ya que son empresas vinculadas, hecho que la Inspección considera normal) y ello tiene un reflejo contable (reproduce la contabilización de los servicios prestados recogidos en la factura de 31 de octubre de 2005), añadiendo que la contabilidad de estas empresas es muy gráfica ya que la explicación de los conceptos en el Libro diario, tanto de OBCICAT como de ESTUDI pone claramente cuando unos gastos son relativos a la otra empresa. Afirma el perito que ha examinado contratos de prestación de servicios profesionales y albaranes mensuales de servicios prestados, pero el hecho es que los mismos no han sido aportados y por otra parte los mismos en su caso han sido elaborados por las propias empresas vinculadas sin que conste ningún dato externo que permita adverar la realidad de los servicios como serían los gastos en que se ha incurrido por la prestación de servicios (como ocurre en el año 2003) o escrito que documente el resultado de los servicios prestados consistente según se afirma en dirección técnica como informes, planos realizados por Estudi Catala. En este sentido en el acuerdo de liquidación se indica que OBCICAT SL no es promotor de las obras que efectúa, sino que es el constructor. En las obras que participa, tanto el estudio básico como el estudio ejecutivo serán efectuados por un profesional, normalmente arquitecto dada la naturaleza de las obras a efectuar (se trata de la construcción de un apartahotel, obras de reforma de institutos de enseñanza) cuya contratación es a cargo de promotor de la obra, que es el que firma la hoja de encargo tanto para el proyecto básico como para la dirección de obra, no habiendo ningún indicio de la existencia de alguna hoja de encargo profesional para la dirección de obras a nombre de Blas.

A ello hay que añadir como señala el informe ampliatorio que los importes en cuestión que se documentan en esas facturas representan una facturación muy superior a la que OBCICAT venía pagando a Blas por sus servicios profesionales. Señala la Inspección que haciendo una media por mes resultaría que los ingresos por esos servicios del año 2004 y 2005 serían de unos 30.000 euros al mes. La Inspección no entra a valorar si ese es o no un precio normal de mercado pero pone de relieve que los trabajos realizados para OBCICAT en la obra YKK enero de 2003 es de 2.972, 16 euros mensuales, por lo que existe una diferencia considerable. Ciertamente en el detalle de las obras que se adjuntan correspondientes al ejercicio 2004 y 2005 en cada mes se interviene en más de una obra pero lo cierto es el importe de los servicios facturados por cada obra es muy superior a 3.000 euros mensuales sin que el recurrente haya acreditado que los servicios prestados fueran más complejos que los realizados en enero de 2003.

Alega el recurrente que los 369.000 euros del año 2004 y los 405.949,42 del año 2005 figuraron en la declaración tributaria de Estudi Catalá SL y dichas cantidades comportaron la repercusión por el IVA y su correspondiente ingreso, por lo que no puede desconocerse ese hecho en esta regularización. Si efectivamente así ha sucedido podrá solicitar la devolución de esas cantidades, pero no vincula a la Administración las declaraciones tributarias realizadas por el interesado y consiguientes ingresos y que no han sido comprobadas por la misma.

Sexto.—En cuanto al incremento del IVA devengado correspondiente a las operaciones de autoconsumo derivadas de las obras de reparación realizadas en el piso de Doña Elvira que es la suegra del administrador de OBCICAT sin contraprestación.

La Inspección considera que se tratan de servicios gratuitos y que no se realizan para fines de la empresa por lo que se produce el hecho imponible autoconsumo de servicios de conformidad con el artículo 12.3 de la LIVA. La recurrente considera en cambio que ha de considerarse no sujeta al impuesto por haberse realizado para fines propios de la actividad empresarial de OBCICAT SL.

No se discute por las partes que para que exista un autoconsumo de bienes es necesario que la prestación de servicios a titulo gratuito se realice para fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional. No lo decía expresamente el artículo 12. 3 de la Ley 37/1992 en la redacción vigente en los ejercicios regularizados pero si que lo establecía el artículo 6 de la sexta Directiva siendo corregida la discordancia entre la normativa española y la sexta Directiva por la Ley 36/2006 de 29 de noviembre que dio nueva redacción al artículo 12, apartado tercero que quedó redactada como sigue "a efectos de este Impuesto, serán autoconsumos de servicios las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación. 3.º las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto pasivo no mencionadas en los números anteriores de este artículo, siempre que se realicen para fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional."

El recurrente alega en relación al caso concreto que "que el fin ajeno a la actividad empresarial no es algo que pueda ponerse en conexión con el destinatario de la obra ejecutada sino con la operativa de la propia empresa" pero entiende esta Sala que ambos elementos son relevantes ya que como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la CE de 16 de octubre de 1997, asunto C-258/95, Julius Fillibech Söhne GMBH& Co. KG citada por el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de octubre de 2009 "procede recordar que el objetivo del apartado 2 del artículo 6 consiste en garantizar la igualdad de trato entre el sujeto pasivo y el consumidor final (véase la sentencia de 26 de septiembre de 1996, Enkler, C-230/94 , Rec. p. I-4517, apartado 35). Esta disposición pretende evitar la no sujeción al impuesto de un bien afectado a una empresa y utilizado con fines de carácter privado y de una prestación de servicios gratuita efectuada por el sujeto pasivo con fines privados (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 1989, Kühne, 50/88 , Rec. p. 1925, apartado 8 , y de 25 de mayo de 1993 , Mohsche, C-193/91 , Rec. p. I-2615, apartado 8)". Por ello, carece de sentido gravar el autoconsumo cuando se realiza en el marco de la actividad empresarial realizada por el sujeto pasivo y para los fines propios de aquélla."

En este caso no se aprecia que la realización de esa actividad gratuita sea para los propios fines de la actividad empresarial: que es la realización de obras mediante la correspondiente contraprestación, no constando acreditado que la destinataria del servicio (suegra del administrador) sea un cliente o persona que puede propiciar el incremento de las ventas o propiciar alguna ventaja para la actividad empresarial desarrollada por la empresa al contrario del caso examinado por ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo citada de 19 de octubre de 2009 en la que no se consideró autoconsumo la cesión de los barriles y otros elementos necesarios para la venta de cerveza por una empresa cervecera a los establecimientos expendedores de cerveza ya que se consideró que tenía el objetivo de "propiciar la venta del producto en mejores condiciones de calidad, sabor y presión, produciendo la fidelización del cliente, lo que revierte en el fomento del consumo de dicho producto, y, por tanto, en beneficio del fabricante que de esta forma verá aumentada las demanda de su marca."

Séptimo.—En cuanto a la sanción alega en primer lugar en cuanto al ingreso tardío de cuotas soportadas correspondientes a las facturas recibidas de la empresa ADECONSTOP SL por importe de 3.922,46 euros en las que no se hacía constar que las cantidades consignadas en exceso se ingresaban fuera de los plazos no discute la regularización pero sí la imposición de sanción ya que considera que la declaración e ingreso de cuotas se realizó si bien en un trimestre posterior al procedente antes de que se iniciaran las actuaciones inspectoras.

Esta alegación no puede prosperar por cuanto la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2012 en unificación de doctrina ha establecido que el ingreso extemporáneo pero voluntario de las deudas tributarias sin hacer constar el período impositivo a que se refieren las bases y cuotas objeto de regularización no permite la aplicación del recargo por ingreso extemporáneo previsto en el artículo 61.3 de la LGT 1963, aunque el mismo no exigiera expresamente que en la autoliquidación extemporánea el sujeto pasivo identificara el período impositivo de liquidación al que se refiera que sí se exige ahora en el artículo 27.4 de la vigente Ley General Tributaria. Considera por ello correcta la doctrina contenida en la sentencia que declara que ese ingreso extemporáneo sin requerimiento de la Administración constituye una infracción tributaria.

En cuanto a la regularización referida al incremento del IVA devengado correspondiente a las operaciones de autoconsumo derivadas de las obras de reparación realizadas en el piso de la suegra del administrador no procede la imposición de sanción ya que no se aprecia la existencia de culpabilidad ya que el propio TEAC en sus razonamientos señala que el artículo 12.3 de la Ley 37/1992 de la Ley del IVA en la redacción dada en la fecha a que se refiere la regularización no establecía expresamente que las prestaciones de servicios a título gratuito para considerase operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios debían ser para fines ajenos a la actividad empresarial, siendo ello introducido expresamente por la Ley 36/2006 de 29 de noviembre que dio nueva redacción a ese precepto para adaptarlo al artículo 6 de la sexta Directiva que sí lo establecía expresamente. Ello podía originar confusión en los sujetos pasivos.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009 señala en relación a esta modificación que "El legislador ha aclarado expresamente que los servicios prestados a título gratuito únicamente dan lugar a un autoconsumo gravado si se realizan para fines ajenos a los de la actividad empresarial. Y, sin duda, se trata de una medida adecuada, toda vez que la técnica legislativa empleada dificultaba la interpretación del precepto, pudiéndose entender, equivocadamente, que dicho número se encontraba desconectado de los anteriores y, en particular, del ordinal 2.º". A ello se une que como señala el TEAC el fin ajeno a la empresa es un concepto jurídico indeterminado cuya interpretación puede resultar ardua en ocasiones y debe ser abordada en cada caso concreto.

En cuanto a la regularización derivada de la deducción del IVA soportado en las facturas emitidas por la empresa vinculada y que no se corresponden con servicios reales el acuerdo de imposición de sanción no tiene incidencia en la sanción ya que las cuotas del acta del 4Y/04 y 4T /05 que es cuando se deducen las facturas son negativas.

Octavo.—De cuanto antecede se deduce la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto sin que, por lo que se refiere a las costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se estimen méritos para hacer expresa imposición a alguna de las partes procesales.

POR TODO LO EXPUESTO


FALLAMOS


 
ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de OBCICAT SL contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de mayo de 2011 (R.G NUM001 y RG NUM002) y en consecuencia se declara conforme a derecho el acuerdo de liquidación 2 de marzo de 2009 dictada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña referida al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2003, 2004 y 2005 y en cuanto al acuerdo de imposición del sanción de 12 de junio de 2009 se anula exclusivamente en la parte que acuerda imponer una sanción por la regularización referida al incremento del IVA devengado correspondiente a las operaciones de autoconsumo derivadas de las obras de reparación realizadas en el piso de la suegra del administrador. No se hace condena en costas.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada en la forma acostumbrada por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose constituido en audiencia pública, de lo que yo el Secretario, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
Checkpoint Connect
Aranzadi Insignis
 
Acceso a través de Internet a información jurídica relacionada con el Derecho