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Sentencia T.S.J. La Rioja 203/2012 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Sucesión empresarial. Derecho a recibir una paga devengada como condición más beneficiosa. Responsabilidad solidaria de las empresas intervinientes en la sucesión en el pago de los salarios adeudados por la empresa cesante a los trabajadores sometidos a la subrogación. Desestimación del recurso.

LOGROÑO

SENTENCIA: 00203/2012

T.S.J.LA RIOJA SALA SOCIALLOGROÑO

C/ BRETON DE LOS HERREROS 5-7 LOGROÑO

Tfno: 941 296 421Fax:941 296 408 NIG: 26089 44 4 2010 0001363 402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000198 /2012

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000734 /2010 JDO. DE LO SOCIAL n.º 002 de LOGROÑO

Recurrente/s: TRATAMIENTO DE RESIDUOS LA RIOJA SL

Abogado/a: JORGE MARTÍN BLANCO Procurador/a: Graduado/a Social:

Recurrido/s: Elisa, Gregoria

Abogado/a: JOSÉ MARÍA HOSPITAL VILLACORTA, Procurador/a:, Graduado/a Social:,

Sent. N.º 203/2012

Rec. 198/2012

Ilmo. Sr. D. Miguel Azagra Solano.:

Presidente.:

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Iribas Genua:

Ilma. Sra. D.ª Mercedes Oliver Albuerne:

En Logroño a diecisiete de mayo de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NO MBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación n.º 198/2012, interpuesto por la empresa TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA RIOJA S.L., asistida por el letrado D. Jorge Martín Blanco contra la sentencia n.º 541/2011 del Juzgado de lo Social n.º 2 de La Rioja de fecha 23 de noviembre de 2011, y siendo recurridas D.ª Elisa y D.ª Gregoria asistidas por el letrado D. José María Hospital Villacorta, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Cristóbal Iribas Genua.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos, por D.ª Elisa Y Gregoria se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social n.º 2 de La Rioja, contra la empresa TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA RIOJA S.L., en reclamación de CANTIDADES.

Segundo.—Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia con fecha 23 de noviembre de 2011, cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:

"HECHOS PROBADOS:

Primero.—- Las actoras, prestaron servicios por cuenta de la empresa Ecoparque de la Rioja SL, desde la fecha y con la categoría profesional que se dirán, habiéndose integrado en la plantilla de la demandada, Tratamiento de Residuos de La Rioja SL el 7 de agosto de 2009, por subrogación de esta última en la posición de su anterior empleadora, como consecuencia de la rescisión de la contrata del servicio de clasificación, reciclaje y valorización de residuos municipales en La Rioja con la primera de ellas y su adjudicación a la segunda:

1) D.ª Elisa, 22/06/06, auxiliar administrativo

2) D.ª Gregoria, 2/11/05, licenciada.

Segundo.—En el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato por el que se adjudicó a Tratamiento de Residuos de La Rioja SL, mediante concesión de la gestión indirecta del servicio de clasificación, reciclaje y valorización de residuos municipales en La Rioja (Ecoparque de La Rioja) se contiene la siguiente cláusula:

-El contratista deberá disponer en todo momento de personal suficiente y capacitado para la adecuada prestación del servicio. El adjudicatario con relación al personal adscrito al contrato, deberá cumplir la normativa en materia laboral y de seguridad social. Respecto a la subrogación del personal que actualmente presta los servicios objeto del contrato se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. Para ello, en el Anejo I a este pliego se recoge la relación nominal del personal que, según la empresa que actualmente presta los servicios, está adscrito al contrato con expresión de la categoría, salario y antigüedad. Los licitadores deberán incluir en sus ofertas todos los costes derivados del cumplimiento de sus obligaciones.

En la relación de personal subrogable que se incorpora al anejo I figuran las demandantes, haciéndose constar los siguientes datos respecto a sus condiciones retributivas:

Sueldo Pactado 08 Paga 15 Total nómina 08

Sra. Gregoria 38.087 2.941 41.028

Sra. Gregoria 16.002 1.434 17.436

En la oferta económica presentada por la demandada los costes salariales de las dos demandantes se fijan en 17.435'58 € para la Sra. Elisa y en 41.027'11 € para la Sra. Gregoria.

Tercero.—El 22/06/10 la Inspección de Trabajo levantó a la empresa demandada acta de infracción por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el Art. 8.1 RD Legislativo 5/00 por incumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 4.2.f y 44 ET, como consecuencia del impago a 10 trabajadores subrogados de la paga 15 correspondiente al ejercicio 09, proponiendo la imposición de una sanción, graduada en su grado mínimo, de 6.251 €.

Cuarto.—Con fecha 19 de julio de 2010 las demandantes presentaron papeleta de conciliación, celebrándose el acto el siguiente día 26 con resultado sin efecto.

FALLO:

Que ESTIMANDO íntegramente la demanda interpuesta por D.ª Elisa y D.ª Gregoria contra Tratamiento de Residuos de La Rioja SL debo condenar y condeno a la empresa demandada a satisfacer a las actoras las siguientes cantidades que se verán incrementadas con el interés moratorio del 10% anual desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación:

- Sra. Elisa - 2.868 €

- Sra. Gregoria - 5.882 €".

Tercero.—Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la empresa TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA RIOJA S.L., siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

Cuarto.—En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la pretensión de la demanda, formulada en reclamación salarial, por considerar que las actoras ostentan el derecho a percibir, en cuanto condición más beneficiosa, la denominada "paga 15" que recibían de su anterior empleadora; y que al haber asumido la empresa demandada, en sucesión empresarial del artículo 44 ET, la relación laboral que mantenían las actoras con la anterior adjudicataria del servicio de tratamiento de residuos, la ahora demandada además de estar obligada a pagar a las demandantes la referida paga devengada tras la sucesión empresarial, tiene también la responsabilidad solidaria con la anterior empresa empleadora, que deriva de la aplicación de dicho precepto legal, de abonar lo devengado por esa paga con anterioridad a la transmisión; determinando esa responsabilidad solidaria que no concurra la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, alegada por la empresa, por no haberse demandado a la anterior empresa adjudicataria del servicio.

Frente a dicha sentencia se interpone por la empresa demandada recurso de suplicación que articula a través de tres motivos con la súplica de que se decrete la nulidad de actuaciones, por admisión de la falta de litisconsorcio pasivo necesario, y la reposición de las mismas al momento de admisión de la demanda para que se amplíe la misma frente a Ecoparque La Rioja, S.A. que es la anterior adjudicataria del servicio en el que prestaban servicios las actoras; o subsidiariamente, que se revoque la sentencia de instancia y se absuelva a la empresa demandada y, en todo caso, se le absuelva del pago de intereses moratorios.

Segundo.—- En el primer motivo del recurso, al amparo del artículo 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente insta la declaración de nulidad de actuaciones por considerar que concurre la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario al no haber sido llamada al procedimiento la anterior empresa adjudicataria del servicio que era titular de la relación laboral con las demandantes, argumentando, en síntesis, que en el presente caso no ha existido una sucesión empresarial del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores porque la actividad transmitida, tratamiento de residuos, requiere el uso de una infraestructura material y equipamiento que en ningún momento ha sido transmitida a la actual adjudicataria que ha tenido que aportar que ha tenido que aportar a las instalaciones y maquinaria existentes, maquinaria o vehículos auxiliares e incluso reparaciones y mantenimiento de las instalaciones, de manera que nos encontramos ante una actividad que requiere algo más que la mera fuerza de trabajo y por tanto, únicamente ha acontecido la finalización de una contrata que se extingue y la entrada de un nuevo empleador no ligado con el anterior por ningún título traslativo respecto de los elementos materiales y organizativos de la misma, y, en consecuencia, la anterior titular es la única responsable del pago de los salarios devengados hasta la fecha en que finalizó su contrata, siendo por ello necesaria su llamada al presente juicio en cuanto responsable del pago de parte de lo reclamado.

El motivo no puede ser objeto de estimación.

Es claro que en el presente caso se ha producido una sucesión empresarial del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y ello no ya solo porque, como bien indica el Letrado impugnante del recurso, la propia empresa recurrente expresamente determinó, en su comunicación de subrogación dirigida a las trabajadoras, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se subrogaba en la relación laboral asumiendo todos los derechos y obligaciones que las trabajadoras disfrutaban, sino también porque concurren en el presente caso los elementos que determinan la existencia de una sucesión empresarial del artículo 44 ET, es decir, a) el elemento subjetivo, en cuanto que la empresa recurrente ha sustituido en la explotación del servicio de tratamiento de residuos a la anterior adjudicataria empleadora de las trabajadoras demandantes, y es sabido que no es necesario para apreciar la concurrencia de ese elemento subjetivo la existencia de relaciones contractuales entre ambas empresas, ya que la cesión puede tener lugar a través de un tercero (TJCE 7-3-96, asuntos C-171/94 y C-172/94; 11-3-97, asunto C-13/95; 24-1-02, asunto C-51/00; 20-11-03, asunto C-340/01); y b) el requisito objetivo, porque se ha puesto a disposición de la recurrente los elementos necesarios para continuar la explotación de la actividad que utilizaba la anterior adjudicataria (instalaciones, maquinaria, etc), sin que, además, haya constancia alguna, a pesar de lo que alega la recurrente, de que la nueva empresa haya aportado elementos relevantes para el ejercicio de la actividad y es constante la jurisprudencia, recogida en por todas, la sentencia del Tribuna Supremo de 7 de diciembre de 2011 (rec. 4665/2010) que "para determinar si ha existido o no sucesión de empresa, no es determinante si el nuevo empresario, continuador de la actividad, es propietario o no de los elementos patrimoniales necesarios para el desarrollo de la misma, ni si ha existido o no un negocio jurídico entre cedente y cesionario, sino si se ha producido un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad", de manera que la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por la nueva empresa adjudicataria no pertenezcan a su antecesora en la contrata, sino que fueron puestos a su disposición por la Administración Pública contratista, no excluye la existencia de una transmisión de empresa en el sentido del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

La obvia conclusión de que se ha producido en el presente caso una sucesión empresarial regulada por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores determina, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de ese artículo, que exista una responsabilidad solidaria de la empresas intervinientes en la sucesión en el pago de los salarios adeudados por la empresa cesante a los trabajadores sometidos a la subrogación, como así viene a señalar la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2012 (917/2011), de manera que la empresa recurrente debe responder solidariamente con la anterior adjudicataria del servicio de las deudas salariales contraídas por ésta con las trabajadoras demandantes, como acertadamente ha entendido la sentencia recurrida.

La expresada responsabilidad solidaria impide que pueda acogerse la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario que formula la parte recurrente pues lo que precisamente caracteriza a las obligaciones solidarias es la facultad del acreedor de exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento integro de la obligación sin necesidad de dirigirse conjunta e individualmente contra todos y cada uno de ellos, como así mantiene la doctrina clásica del orden civil, oportunamente recordada por la sentencia de instancia, cuando establece que en los regímenes de solidaridad no existe la situación de litisconsorcio pasivo necesario, al poder dirigirse la acción contra cualquiera de los deudores solidarios (SSTS de 8 de febrero de 1991 -Ar. 1157 - y de 21 de abril de 1992 -Rec. 569/90 -), lo que, en definitiva, lleva consigo el que deba desestimarse este motivo del recurso.

Tercero.—- El segundo motivo del recurso, con alegación de la infracción por la sentencia de instancia del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, la parte recurrente alega que la sentencia recurrida ha estimado la existencia de una condición más beneficiosa referida a la "paga 15" cuyo abono se reclama en el presente procedimiento, y sin embargo, dicha paga, que no se encuentra recogida ni en el convenio colectivo ni en el contrato de trabajo, solo aparece reflejada en el pliego de condiciones como parte de las retribuciones "que percibieron los trabajadores en el último ejercicio" de 2008, sin que aparezca otorgada como consecuencia de una voluntad de la anterior empresa de atribuir esa paga en los ejercicios posteriores a ese año 2008 y, por tanto, no cabe responsabilidad de la recurrente en el abono de la misma.

El motivo ha de ser desestimado pues la alegación que efectúa la parte recurrente, de que la "paga 15" que ahora se reclama no es una condición más beneficiosa o un derecho adquirido y ya consolidado por la trabajadora, carece de todo dato fáctico en la sentencia de instancia que avale esa afirmación -debiendo recordarse que, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación, la Sala ha de partir inexcusablemente de los hechos declarados probados- y, por el contrario, lo que resulta de lo probado es que las actoras percibieron de la anterior empresa en el año 2008 dicha "paga 15" que quedó reflejada en su importe en la documentación que recoge las condiciones salariales en que se produjo la subrogación, y que el pliego de cláusulas administrativas que regula la concesión del servicio hace concreta expresión, en su cláusula 29.ª, cuando remite al Anejo I, de la "paga 15" que las actoras percibían de la anterior empleadora y de su importe, señalando dicha cláusula que "Los licitadores deberán incluir en sus ofertas todos los costes derivados del cumplimiento de sus obligaciones".

De lo expresado lo que se desprende es que la retribución de las actoras comprendía la "paga 15", y a su percibo tenían un derecho que debe considerarse consolidado y constitutivo de una condición más beneficiosa, como así concluye con amplio y acertado razonamiento, que el motivo no desvirtúa y que aquí se da por reproducido, la sentencia de instancia, pudiendo resaltarse que en el pliego de cláusulas administrativas, como ya se ha dicho, se hace relación de dicha paga y se impone al licitador el deber de incluir en su oferta los costes derivados del cumplimiento de sus obligaciones en materia de personal, con inclusión por tanto en dichos costes del importe de la "paga 15", suponiendo así un claro reconocimiento del derecho al devengo de dicha paga también con posterioridad a la subrogación en cuanto que se trata de un coste que la licitadora -y, por tanto, la final adjudicataria- ha de tener en cuenta para efectuar su oferta ya que habrá de asumir y realizar el pago de ese concepto salarial, pues de tratarse de un derecho no consolidado y, por tanto, no devengable con posterioridad al año 2008, como así sostiene la parte recurrente, no hay razón alguna que justifique la inclusión de dicha paga como coste del servicio a tener en cuenta en la oferta si la adjudicataria no lo va a tener que satisfacer, es decir, que no va a ser un coste del servicio.

En consecuencia, de lo expuesto ha de concluirse que las demandantes tienen derecho al percibo de la "paga 15" correspondiente a los años posteriores a 2008 a los que refieren su reclamación, porque la empresa, en cuanto adjudicataria del servicio, ha tenido en cuenta y asumido como coste a su cargo dicha paga, en conducta que, en definitiva, es un claro reconocimiento por la recurrente del derecho de las actoras a su percibo; y frente a ello, su actual alegación de que no existe una condición más beneficiosa o un derecho adquirido consolidado al devengo de la "paga 15" con posterioridad a la anualidad de 2008 en la que aparece abonada, no puede desvirtuar la realidad del derecho que resulta de los hechos declarados probados y que la sentencia de instancia justifica ampliamente en su fundamentación jurídica poniendo de relieve la realidad de la condición más beneficiosa que implica el derecho de las actoras a percibir la "paga 15" y que, al no aparecer causa alguna que haya determinado su extinción, persiste tras la sucesión empresarial producida, con la consiguiente obligación de la empresa demandada a su pago.

Cuarto.—- En el tercero y último motivo del recurso la parte recurrente atribuye a la sentencia de instancia la infracción del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia que cita, por haber condenado a la empresa al pago del interés por mora previsto en dicho precepto legal cuando el recargo por mora no es procedente si lo reclamado como principal es problemático y objeto de controversia, y, afirma, tal es lo que ocurre en el presente caso en el que la "paga 15" solo aparece referenciada en el pliego de condiciones (y no en el contrato o convenio colectivo) y no se ha aclarado por la parte actora las supuestas condiciones y fecha de devengo de la paga, dando así lugar a la fundada y razonable oposición de la parte recurrente que determina, conforme a la jurisprudencia de aplicación, la improcedencia de la condena sobre los intereses que contiene la sentencia recurrida.

El motivo no puede ser objeto de estimación.

Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2006 (rec. 1990/2005), con cita de otras sentencias del mismo Tribunal "...el recargo por mora sólo será procedente cuando la realidad y cuantía de los salarios dejados de percibir consten de un modo pacífico e incontrovertido, es decir, cuando se trate de una cantidad exigible, vencida y líquida, sin que la procedencia o improcedencia de su abono se discuta por los contratantes" (Sentencias de 14-10-85 y 28-8-89), de modo que "cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido, queda excluida la mora en que podrían encontrar causa dichos intereses" (sentencia de 2-12-94 y 1-4-96). Afirmación esta ultima que, como es lógico, debe entenderse referida a una oposición empresarial razonablemente fundada, no a la mera negativa a abonar unos salarios no discutidos, o controvertidos sin base legal suficiente, a la que se alude en la sentencia recurrida".

A partir de la doctrina expresada el motivo no puede ser objeto de estimación.

El objeto del proceso se ha concretado a determinar si la parte actora tiene o no el derecho a percibir la "paga 15" sin cuestionarse la cuantía de de la misma.

No puede considerarse dotada de la razonabilidad suficiente a la oposición empresarial como para que excluya el devengo del interés por mora que prevé el artículo 29.3 ET porque no puede obviarse que la empresa recurrente ha ignorado lo que resultaba del pliego de cláusulas de la concesión del servicio y de su Anejo I en relación al salario de las demandantes, cuyo importe hubo de incluir como coste en la oferta, de manera que siendo sabedora de la retribución salarial de las actoras en la anterior empresa, que incluía la "paga 15" y cuyo pago expresamente asumió al proceder a la subrogación, sin embargo, ni procedió al abono de dicha paga, ni hay constancia alguna de que al tiempo de efectuar la oferta hubiese puesto alguna objeción a la inclusión de dicho coste, y tampoco hay constancia de actividad alguna por su parte dirigida a clarificar las dudas que le hubieran podido surgir para la retribución de ese concepto salarial cuyo coste, y consecuente pago, había asumido en importe determinado, de modo que ha obviado, en base a consideraciones jurídicas de muy dudosa prosperabilidad, el derecho de las trabajadoras a esa paga, y por ello, como se ha dicho, no cabe entender que la oposición planteada por la empresa esté dotada de razonabilidad suficiente como para que en este caso quede excluido el pago del interés por mora que prevé el artículo 29.3 ET, de manera que, al haber condenado a la empresa a su pago la sentencia recurrida no ha infringido, sino aplicado certeramente, lo establecido por dicho precepto legal, dando ello lugar a la desestimación del motivo.

Quinto.—- En consecuencia el recurso no puede tener favorable acogida, debiendo confirmarse la sentencia de instancia.

Al no disponer la empresa recurrente del beneficio de justicia gratuita, ha de acordarse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar al Letrado impugnante del recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202.1 y 4, y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la empresa TRATAMIENTO DE RESIDUOS LA RIOJA, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja (Autos 734/2010), con fecha 23 de noviembre de 2011, en virtud de demandas formuladas por D.ª Elisa y D.ª Gregoria contra la empresa recurrente, sobre cantidad, y en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Condenamos a la empresa recurrente a abonar al Letrado impugnante del recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios, así como a la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir a los que se dará el destino legal una vez sea firme la sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 220 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Social, quedando en esta Secretaría los autos a su disposición para su examen. Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala tiene abierta con el n.º 2268-0000-66-0198-12 del BANESTO, Código de entidad 0030 y Código de oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, así como el depósito para recurrir de 600 euros que deberá ingresarse ante esta misma Sala, en la cuenta arriba indicada. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y firmamos.

E./


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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