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Sentencia A.P. Valladolid 7/2013 de 21 de enero


 RESUMEN:

Sociedad mercantil irregular: Disolución y liquidación de una farmacia y disolución de comunidad proindiviso sobre el inmueble. Liquidadores: Designación. Actio communi dividundo: Concepto.

VALLADOLID

SENTENCIA: 00007/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID

SECCION TERCERA

ROLLO N.º 309/12

SENTENCIA n.º 7

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JOSE JAIME SANZ CID

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO

En Valladolid, a veintiuno de enero de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000224/2011, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000309/2012, en los que aparece como parte apelante, Ramona, Hipolito, Ángela, representados por el Procurador de los tribunales, Sr. JULIO CESAR SAMANIEGO MOLPECERES, asistidos por el Letrado D. OSCAR PUENTE SANTIAGO, y como parte apelada, Pio, Gema, representados por el Procurador de los tribunales, Sr. ABELARDO MARTIN RUIZ, asistidos por el Letrado D. JOSE ANTONIO PIZARRO GARCIA, sobre disolución y liquidación de la sociedad mercantil irregular -farmacia- y disolución de comunidad pro indiviso sobre inmueble, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. ANGEL MUÑIZ DELGADO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, se dictó sentencia con fecha 30 de abril de 2012, en el procedimiento Ordinario n.º 224/11 del que dimana este recurso. Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución recurrida.

Segundo.—La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por doña Gema y don Pio, representados por el/la procurador/a de los Tribunales D/D.ª Abelardo Martín Ruiz contra doña Ramona, don Hipolito y doña Ángela:

1. DECLARO DISUELTA la sociedad mercantil irregular constituida por doña Gema, doña Ramona y doña Ángela en fecha 24 de marzo de 2000, denominada FARMACIA DE SAN ISIDRO 9, procediéndose en ejecución de sentencia a designar dos liquidadores.

2. DECLARO DISUELTA la comunidad proindiviso sobre el inmueble sito en la CALLE000 n.º NUM000, procediéndose a su liquidación en legal forma, incluso mediante su venta a terceros, en ejecución de sentencia.

Cada parte pagará las costas a su instancia y las comunes por mitad."

Que ha sido recurrido por la parte demandada Ramona, Hipolito, Ángela, habiéndose alegado por la contraria.

Tercero.—Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 14 de enero de 2013, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda que da origen al procedimiento. Declara disuelta la sociedad mercantil irregular que los demandados constituyeron en su día junto a los actores para la explotación de un negocio de farmacia, ordenando se proceda en ejecución de sentencia a designar a dos liquidadores. Así mismo declara disuelta la comunidad proindiviso que los litigantes integraban sobre el inmueble en el que se asentaba el citado negocio, ordenando se proceda a su liquidación en legal forma en ejecución de sentencia, incluso mediante su venta a terceros.

Frente a dicha resolución recurren en apelación los demandados, formulando una serie de motivos de impugnación que seguidamente analizamos.

Segundo.—En la demanda realmente se ejercitan acumuladamente dos acciones distintas, si bien de forma confusa. Una primera de disolución de la sociedad mercantil irregular constituida para explotación del negocio de farmacia integrada por la actora y dos de las demandadas, citada en su encabezamiento y ampliamente fundamentada tanto fáctica como jurídicamente, que es la que finalmente ha determinado la competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil. Otra segunda de disolución del proindiviso o condominio existente sobre el local en que dicho negocio se asienta, integrado por las mismas tres personas antes citadas y los esposos de dos de ellas. En su día y a instancia también de los hoy actores, se siguió frente a los mismos demandados, ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de esta capital con el n.º 384/2010, un procedimiento ejercitando la acción de división de cosa común sobre lo que se decía era una sola comunidad de bienes en la que se integraban el negocio, muebles e instalaciones y local. En el mismo recayó sentencia desestimatoria por entender se trataba de una sociedad mercantil irregular para cuya disolución y subsiguiente liquidación era competente el juzgado de lo mercantil, pronunciamiento este que fue consentido por ambas partes.

A esta segunda acción, la actio communi dividundo, no se hace expresa alusión en el encabezamiento de la demanda, mas en su hecho segundo se describe el título del que nace el condominio, el inmueble que constituye su objeto y las personas que lo integran, mientras que en el hecho cuarto se relata que ya se intentó "disolver la sociedad por el cauce previsto en el Código Civil para la división de la cosa común", citándose el procedimiento judicial antes comentado. En el fundamento jurídico segundo se afirmaba la legitimación activa y pasiva de las partes en tanto integrantes "de la sociedad y comunidad", para en el apartado segundo del suplico interesar se declare disuelta la comunidad proindiviso sobre el inmueble y en el apartado cuarto interesar con carácter subsidiario, para el caso de que no se accediera por el juzgado a conceder al condómino que ofreciera el precio mas elevado prioridad en la opción de adquirir la parte de las otras, que se ofrezca en venta el local y negocio a terceros en legal forma con reparto del precio que se obtenga en proporción a las respectivas participaciones. Evidentemente no se menciona de forma expresa la actio communi dividundo, no se citan los preceptos del Código Civil relativos al condominio y a su disolución ni tampoco se alude a la indivisibilidad material del local, todo lo cual hubiera sido deseable cara a formular en debida y correcta forma dicha pretensión. Ahora bien, lo cierto es que en suplico de la demanda se interesan los efectos que le son propios, de modo que poniéndolo en relación con los extremos relatados en su relato fáctico y fundamentación jurídica que antes se han comentado, así como con las pretensiones ejercitadas en el precedente procedimiento judicial seguido inter partes y el contenido de los requerimientos extrajudiciales que se acompañan, no cabe duda de que además de la disolución de la sociedad irregular constituida para la explotación de la farmacia se ejercita también la acción de división del condominio existente con el local. Constan por tanto en demanda los hechos que constituyen el substrato de la acción ejercitada, es decir el condominio existente sobre el local y la voluntad de la demandante de disolverlo, bien mediante la forma propuesta con carácter principal, a modo de subasta restringida entre los condóminos, bien subsidiariamente mediante la venta en pública subasta con admisión de terceros licitadores extraños, formulas ambas que presuponen la indivisibilidad del inmueble, cuestión por otra parte obvia dado el número de condóminos y las características del mismo. Entendemos por tanto no incurre el juzgador de instancia en incongruencia extra petita con vulneración de lo dispuesto en el art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no se aparta de la causa de pedir ni acude a fundamentos fácticos o jurídicos diferentes a los que la parte actora quiso hacer valer. En virtud del principio iura novit curia se limita a resolver la pretensión ejercitada conforme la normativa aplicable al caso, aunque no haya sido expresa, completa o correctamente citada, sin conceder nada diferente o distinto a lo pedido y sin ocasionar por tanto indefensión alguna la parte demandada. En efecto, esta es perfectamente conocedora ab initio de cual es la pretensión de la actora, es decir poner fin o disolver las relaciones jurídicas de todo tipo que ligan a las partes tanto sobre el negocio de farmacia cuanto sobre el local en que se asienta, sin que la circunstancia de que en demanda no se exprese con la corrección deseable la formulación acumulada de ambas acciones le haya originado confusión alguna al respecto ni impedido articular en debida forma su defensa. Rechazamos en su consecuencia este motivo del recurso.

Tercero.—- En lo que hace referencia a la otra acción acumulada, la disolución y liquidación de la sociedad mercantil irregular constituida en su día inter partes para la explotación del negocio de farmacia, ha de recordarse que la misma se constituyó en marzo de 2000, habiendo funcionado durante unos diez años con normalidad. Surgen a finales de 2009 diferencias inter partes y se plasma por escrito la intención de la demandante de no permanecer mas tiempo formando parte de dicha sociedad, sin que se acceda por las demandadas a disolver ni se le ofrezca otra solución que aquella considere convenga a sus intereses, radicalizándose el conflicto hasta llegar a la vía judicial, con bajas médicas, etc... Ciertamente en la primera demanda formulada no se especificaron o detallaron las causas de las diferencias que se decía motivaban la pérdida de la affectio societatis justificativa de la petición de disolución de la sociedad irregular. Tratándose de una sociedad de tipo personalista y de duración indefinida en realidad es indiferente si las motivaciones que alude la demandante responden o no objetivamente a la realidad, si obedecen a meras percepciones subjetivas o a un mero deseo de no continuar en la actividad negocial junto a unas personas con las que ya no existe la empatía precisa. El art. 224 del Código de Comercio establece para las Compañías colectivas o comanditarias el derecho de cualquiera de los socios a exigir la disolución, sin que puedan oponerse a ello los restantes sino por causa de mala fe en el proponente, entendiéndose concurre esta cuando con ocasión de la disolución pretenda hacer un lucro particular que no hubiere obtenido subsistiendo la Compañía.

En el caso que nos ocupa y tras casi una década de funcionamiento societario, compartimos el criterio del juzgador de instancia en el sentido de que no ha quedado acreditado el que la pretensión disolutoria de la sociedad obedezca a esa mala fe por parte de la demandante. En efecto, aducen los demandados que solo pretende la actora lucrarse con la venta de la farmacia, obteniendo así unos beneficios muy superiores a los que le reportaría la regular explotación del negocio, pues estos se han reducido notablemente hasta un reparto de 2.500 euros mensuales para cada una de las tres socias como consecuencia del descenso de negocio producto de la crisis económica y de la apuesta legislativa por los medicamentos genéricos. Pues bien, ha de significarse que el coste de adquisición del negocio de farmacia, local y existencias a fecha 10 de abril de 2000 fue cuando menos de 990.815,04 euros, según lo que se hizo constar en las correspondientes escrituras públicas incorporadas a las actuaciones junto con la demanda. Al margen de la contabilidad, los propios demandados mantienen que once años después la crisis económica y la política de genéricos en los medicamentos han producido una sensible merma en los beneficios que del negocio se obtienen, de suerte que se reparten mensualmente 2.500 euros para cada una de las tres socias, lo que representa un rendimiento mensual de 7.500 euros y anual de 90.000 euros después de costes. Por tanto tras once años de desenvolvimiento de la sociedad irregular y sin contar los posibles beneficios correspondientes a años de mayor bonanza en el sector, ello representaría una rentabilidad que permite cuando menos considerar amortizada la inversión realizada. No nos encontramos por tanto ante una pretensión disolutoria ejercitada al poco tiempo de constituida la sociedad ni cuando la inversión realizada para poder desarrollar la actividad no hubiere sido siquiera amortizada, por lo que desde tal punto de vista mal puede calificarse como de precipitada, abusiva o de mala fe. Es mas, los propios demandados admiten que el sector atraviesa ya desde hace tiempo una profunda crisis por las circunstancias antes expuestas, lo cual lógicamente provoca que el precio a obtener por el traspaso del negocio en su caso y por la venta del local se vea sensiblemente reducido en comparación con lo que años antes pudiere haberse obtenido. No parece por tanto sea la obtención de un lucro particular desmedido lo que guía la pretensión disolutoria ejercitada en la demanda, debiendo recordarse que el informe pericial emitido el 1 de septiembre de 2010 a instancia de los demandados en un anterior litigio (f 335 y ss), cuando la crisis del sector no había alcanzado la profundidad que ahora se alega padece, valoraba la totalidad del negocio en 1.803.253,16 euros. Ya por entonces atravesaba la farmacia litigiosa una situación de carencia de liquidez que determinó el que las dos socias hoy demandadas requiriesen a la actora para efectuar una aportación extraordinaria de 3.000 euros, ello con el fin de contar con liquidez para atender en 30 días las facturas de un proveedor y así poder obtener mejores condiciones de compra (f.341). La conjunta consideración de tales circunstancias nos lleva a compartir el criterio del juzgador de instancia, no reputando abusivo ni de mala fe el ejercicio de la acción disolutoria de una sociedad personalista constituida por tiempo indefinido, cuando ya ha funcionado durante mas de una década, se ha amortizado la inversión realizada y la marcha del negocio no produce los rendimientos esperados, por lo que rechazamos este motivo del recurso y confirmamos la sentencia apelada.

Cuarto.—- A tenor de lo preceptuado en los arts. 394 y 398 de la LEC, no procede efectuar expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta segunda instancia al desestimarse su recurso.


FALLAMOS


 
LA SALA ACUERDA: Se desestima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Ramona, Doña Ángela y Don Hipolito frente a la sentencia dictada el día 30 de abril de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valladolid, en los autos de juicio ordinario de los que dimana este Rollo de Sala, resolución que confirma con expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, publicada el día 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente, acordamos, también, la pérdida del depósito constituido al recurrente al haberse confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquel el destino previsto en dicha disposición.

Frente a la presente sentencia cabe recurso de casación, a interponer ante esta Sala en el plazo de 20 días para su conocimiento por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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