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Sentencia T.S. 744/2012 (Sala 2) de 3 de octubre


 RESUMEN:

Delito de agresión sexual en grado de tentativa: Diferencia entre el delito de agresión sexual y el abuso sexual. Suficiencia del "factum" para afirmar la existencia de violencia. Resistencia de la víctima. Ejercicio de violencia que va más allá de la ausencia de consentimiento válido que justificaría la calificación como abuso sexual. Especial vulnerabilidad de la víctima por su evidente discapacidad psíquica. Estimación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil doce.

En los recursos de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma que ante Nos pende, interpuestos por Adolfo y por el MINISTERIO FISCAL contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1.ª) que le condenó por delito de abusos sexuales en su modalidad de acceso carnal sobre persona especialmente vulnerable, en grado de tentativa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Pérez Medina.


ANTECEDENTES


 
Primero.—El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrijos instruyó Sumario con el número 1/2010 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Provincial de Toledo que, con fecha 28 de Noviembre de 2011 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: " Se declara probado que el acusado Adolfo mayor de edad y sin antecedentes penales se encontró sobre las 22.10 horas del día 26 de junio de 2009 en la localidad de Burujon (Toledo) con Gema, de 14 años de edad y disminuida psíquica, en la calle y junto al Bar Pico de la Barca, citándola para que le esperase en la Casa de Cultura a donde fue la menor, esperándole esta cierto tiempo hasta que apareció el acusado quien, con animo de atentar contra su integridad sexual, condujo a la menor a un corral situado en el Camino de las Trampas s/n de la localidad y propiedad de su padre, y ya en el interior intento penetrar a la menor vaginalmente lo que no pudo conseguir por la resistencia y movimientos impeditivos de la misma, a continuación intento penetrar a la menor por vía bucal, lo que no consiguió por mover esta la cabeza, y por ultimo intento introducirle el pene por vía anal, causándole lesiones en la zona perianal, sin llegar conseguir penetrarla. Todo ello lo hizo obligando a la menor y sin mediar consentimiento de la misma. "[sic]

Segundo.—- La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: " FALLAMOS: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Adolfo, como autor criminalmente responsable de un delito de abusos sexuales en su modalidad de acceso carnal sobre persona especialmente vulnerable, en grado de tentativa, ya definido, sin la concurrencia de otras circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS Y ONCE MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial de sufragio durante todo el tiempo de la condena, así como al pago de las costas causadas en el procedimiento, y a que en orden a la responsabilidad civil, indemnice a Gema, menor de edad y representada por sus padres Aurelio Y Covadonga, en la cantidad de SEIS MIL EUROS con los intereses legales imperativos de la LEC.

Para el cumplimiento de la pena de prisión que se le impone, se abonar al acusado todo el tiempo que ha estado privado de libertad pro esta causa.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma, para ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta Audiencia a medio de escrito autorizado con firmas de Letrado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. "[sic]

Tercero.—- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y formalizándose los recursos.

Cuarto.—- El recurso interpuesto por Adolfo se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Primero.—Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art.º 5.4.º de la L.O.P.J., en relación al art.º 24 de la Constitución española que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

Segundo.—Por infracción de ley, al amparo del art.º 849. 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por considerar infringido precepto penal sustantivo y normas jurídicas de igual carácter, concretamente del art. 181.2.º y art.º 182.1.º y 2.º del Código Penal.

Tercero.—Por infracción de ley, al amparo del art.º 849. 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que existe error de hecho en la valoración de la prueba basada en los documentos que obran en autos.

Cuarto.—Por quebrantamiento de forma, al amparo del art.º 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto que en la sentencia objeto de recurso se consignan como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican predeterminación del fallo.

Quinto.—- El recurso interpuesto por el MINISTERIO FISCAL se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Único.-Al amparo del art.º 849. 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley por inaplicación de los arts. 178, 179, 180. 1.º 3 del Código Penal.

Sexto.—Instruidas las partes de los recursos interpuestos, el Procurador Sr. Pérez Medina y el Ministerio Fiscal, en sus respectivos escritos de fecha 27 y 9 de junio de 2012 respectivamente, los impugnaron; la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 25 de Septiembre de 2012.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
A) RECURSO DE Adolfo:

Primero.—El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia, como autor de un delito de abusos sexuales, a la pena de tres años y once meses de prisión, fundamenta su Recurso de Casación en cuatro diferentes motivos que, de los que el correcto orden lógico procesal nos lleva a comenzar por el examen del ordinal Cuarto, relativo a un quebrantamiento de forma, en concreto la inclusión en el relato de hechos de la recurrida de frases predeterminantes del Fallo ulterior (art. 851.1 LECr).

En relación con el quebrantamiento de forma alegado, consistente en la incorporación a los hechos declarados como probados conceptos jurídicos que predeterminen el Fallo, una reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS de 23 de Octubre de 2001, 14 de Junio de 2002, 28 de Mayo de 2003, 18 de Junio de 2004, 11 de Enero de 2005, 11 de Diciembre de 2006, 26 de Marzo de 2007 o 26 de Abril de 2010, entre tantas otras), ha reconocido que este vicio procedimental exige para su estimación: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que tales expresiones sean tan sólo asequibles por regla general para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto al fallo; d) que suprimidos tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna.

Por tanto, el vicio sentencial denunciado no es viable, según dice la STS de 10 de Abril, cuando el Juzgador emplea expresiones en el relato fáctico que están en el lenguaje común, que no son sino meramente descriptivas, no técnicas en sentido jurídico, de modo que es válido que se utilicen en la redacción de las sentencias, al conformar su relato histórico, y que desde luego, aunque las emplee el legislador también al describir los tipos penales, no por ello puede decirse que predeterminan el resultado correspondiente a la subsunción judicial sino que, antes al contrario, en ocasiones se convierten en imprescindibles, arrojando más claridad semántica que si, por un purismo mal entendido, se quisiera construir la descripción de los hechos a base de sinónimos o locuciones equivalentes, muchas veces con aportaciones de frases retorcidas, fruto de un incorrecto léxico, en todo caso poco comprensible para los propios destinatarios de la Resolución.

Pues bien, la aplicación de la doctrina expuesta conduce a la desestimación del motivo alegado, sin duda alguna, ya que el Recurso en este punto no cita aquellas expresiones que condicionarían la parte dispositiva de la Sentencia, limitándose a afirmar que el Tribunal de instancia sólo valoró parcialmente la prueba disponible en las actuaciones, lo que obviamente se aleja, conforme a lo que acabamos de decir, de las previsiones de un cauce casacional como el presente.

Razones por las que, en definitiva, debe desestimarse este primer motivo de carácter formal.

Segundo.—En el motivo Primero del Recurso se denuncia, a través del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 24.2 de la Constitución Española, la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que al recurrente amparaba, al haber sido condenado, a su juicio, sin prueba bastante de la responsabilidad criminal y sin atender a las razones exculpatorias expuestas por la Defensa para desautorizar y negar crédito a las testificales en las que se apoya la convicción fáctica de los Jueces "a quibus", toda vez que no fueron localizados restos biológicos del recurrente en los órganos sexuales o el cuerpo de la denunciante.

Baste, para dar respuesta a tal alegación, recordar cómo la función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la Sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba.

En consecuencia, si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra bastante para alcanzar la conclusión condenatoria, en la valoración que, de la misma, lleva a cabo el Tribunal "a quo", no le es posible a esta Sala entrar en censura del criterio de dicho Tribunal, sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles.

Y, en este caso, nos encontramos con una argumentación, contenida esencialmente en el Fundamento Jurídico Segundo de la Resolución de instancia, en el que se analiza esencialmente la declaración incriminatoria de la víctima y la credibilidad que la misma, avalada por el dato objetivo de la erosión anal descrita en el informe pericial, les merece a los Jueces "a quibus".

En tanto que el principal argumento del Recurso utilizado en este motivo y consistente, como ya dijimos, en la ausencia de restos biológicos de Adolfo en el cuerpo de la denunciante, carece de entidad exculpatoria suficiente si tenemos en cuenta que ni se afirma que llegase a existir penetración ni que el recurrente en algún momento eyaculase sobre el cuerpo de su víctima.

En consecuencia, y por las razones expuestas, este motivo ha de desestimarse, al igual que el anterior.

Tercero.—A su vez, el motivo Tercero del Recurso, versa, con cita del artículo 849.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre un error de hecho en el que habrían incurrido los Jueces "a quibus" a la hora de valorar la prueba documental obrante en las actuaciones, en concreto los informes periciales del médico forense, del análisis de ADN y el psicosocial referido a las características mentales de la denunciante.

Es cierto que el apartado 2.º del artículo 849 de la Ley de ritos penal califica como infracción de Ley, susceptible de abrir la vía casacional, a aquel supuesto en el que el Juzgador incurra en un evidente error de hecho, al no incorporar a su relato fáctico datos incontestablemente acreditados por documentos obrantes en las actuaciones y no contradichos por otros medios de prueba, lo que revelaría, sin lugar a dudas, la equivocación del Tribunal en la confección de esa narración.

Tal infracción, en ese caso, sin duda sería grave y evidente. Y, por ello, se contempla en la Ley, a pesar de constituir una verdadera excepción en un régimen, como el de la Casación, en el que se parte de que, en principio, todo lo relativo a la concreta función de valorar el diferente peso acreditativo del material probatorio disponible corresponde, en exclusiva, al Juzgador de instancia.

Pero precisamente por esa excepcionalidad del motivo, la doctrina jurisprudencial es significadamente exigente con el necesario cumplimiento de los requisitos que pueden conferirle prosperabilidad (SsTS de 23 de Junio y 3 de Octubre de 1997, por citar sólo dos).

Y así, no cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base al Recurso, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente", es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior (1 y 18 de Julio de 1997, por ejemplo).

Igualmente, en este sentido, la prueba personal obrante en los Autos, declaración de acusados y testigos e incluso los informes periciales en la mayor parte de los casos, por muy "documentada" que se encuentre en ellos, no alcanza el valor de verdadero "documento" a estos efectos casacionales (SsTS de 23 de Diciembre de 1992 y 24 de Enero de 1997, entre muchas otras).

Por otra parte, la contradicción ha de referirse a un extremo esencial, de verdadera trascendencia en el enjuiciamiento, de forma que, sustituido el contenido de la narración por el del documento o completada aquella con éste, el pronunciamiento alcanzado, total o parcialmente quede carente de sustento fáctico. Y además no ha de venir, a su vez, enfrentada al resultando de otros medios de prueba también disponibles por el Juzgador, que justificarían la decisión de éste, en el ejercicio de la tarea valorativa que le es propia, de atribuir, sin equivocación al menos evidente, mayor crédito a aquella prueba que al contenido del documento (SsTS de 12 de Junio y 24 de Septiembre de 2001).

En definitiva, no se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pié, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad, se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquellos, de carácter fehaciente e inevitable, y las afirmaciones fácticas a las que llega la Sentencia recurrida, de modo tal que se haga evidente el error de éstas, que no pueden apoyarse en otras pruebas, de la misma fuerza acreditativa, que desvirtúen válidamente la eficacia de aquellos documentos.

A partir de estas premisas, el motivo mencionado, en el presente supuesto, claramente aparece como infundado, ya que, no sólo es altamente discutible el carácter de literosuficiencia de un informe pericial que tan sólo supone la formulación de una determinada opinión subjetiva del informante, sino que dicho carácter abocado a una certidumbre incuestionable se ve definitivamente desautorizado cuando se comprueba que las pericias que aquí se designan no eran pruebas únicas determinantes del significado del objeto que se realizaban pues, como ya vimos, ni la inexistencia de restos de ADN coincidentes con el del recurrente, ni las otras, distintas a lesiones, la erosión perianal descrita por el Forense ni, en definitiva, las manifestaciones acerca de ciertos aspectos del carácter de la denunciante, pueden ser consideradas como pruebas incontrovertibles que desautoricen plenamente, y sin posibilidad de discusión, las conclusiones fácticas alcanzadas por la Audiencia y sostenidas en la presencia de otro material probatorio como el que se menciona en el Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia recurrida.

Por lo que, en modo alguno, puede afirmarse la existencia de un error evidente, obvio e indudable en el criterio seguido por el órgano de instancia que, mereciendo aquí su corrección, pudiera modificar la conclusión condenatoria.

Argumentos por los que, de nuevo, este motivo también se desestima.

Cuarto.—Finalmente, el motivo Tercero del Recurso hace referencia a una supuesta infracción legal por indebida aplicación de las normas sustantivas a los Hechos declarados como probados por la Resolución de instancia (art. 849.1.º LECr), en concreto de los artículos 181.2 y 182.1 y 2 del Código Penal, que describen el delito de abuso sexual sobre víctima especialmente vulnerable que es objeto de condena.

El cauce casacional ahora utilizado, de acuerdo con numerosísimos pronunciamientos de esta Sala en ese sentido, supone la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los Hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal.

Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, sobre la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia inicialmente.

En este sentido, es clara la improcedencia también de este motivo puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, tal y como se recoge en la Sentencia recurrida, toda vez que el relato fáctico describe expresamente la conducta tipificada en la norma penal aplicada.

Y todo ello máxime cuando el recurrente, en realidad, lo que hace en esta ocasión es limitarse a cuestionar, de nuevo, la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal de instancia y la decisión alcanzada en su Resolución, lo que obviamente se aleja del contenido propio de un motivo como el presente.

Por tales razones, de nuevo estamos ante un motivo que ha de ser desestimado y, con él, el Recurso en su integridad.

B) RECURSO DEL MINISTERIO FISCAL:

Quinto.—Por su parte, el Fiscal también recurre la Resolución de instancia, con base en un motivo Único, articulado a través del artículo 849.1.º de la ley de Enjuiciamiento Criminal en denuncia de la infracción legal consistente en la indebida inaplicación de los artículos 178, 179 y 180.3, que describen el delito de agresión sexual sobre víctima especialmente vulnerable.

Y como quiera que, según lo que ya se ha dicho, este cauce casacional debe absoluto respeto al "factum" de la Sentencia recurrida, al margen de cualquier otra consideración, lo procedente es comprobar la adecuada subsunción de los hechos declarados probados en una u otra de las alternativas típicas sometidas en esta ocasión a debate, a saber, los abusos sexuales por los que condenó la Audiencia o la agresión sexual pretendida en su día por la Acusación y ahora reiterada en este Recurso, teniendo presente que, como es de sobra conocido, la circunstancia que marca la diferencia entre una y otra hipótesis no es otra que la de la simple ausencia de consentimiento de la víctima (abuso) o la del empleo de violencia o intimidación para vencer la resistencia de ésta (agresión).

En tal sentido, basta con leer el relato de hechos de la recurrida para advertir la suficiencia de los mismos a efectos de afirmar que nos hallamos realmente ante el supuesto de la agresión, cuando en dicho relato se dice que el acusado "... intentó penetrar a la menor vaginalmente lo que no pudo conseguir por la resistencia y movimientos impeditivos de la misma ", lo que a continuación se complementa diciendo que "... intentó penetrar a la menor por vía bucal, lo que no consiguió por mover ésta la cabeza, y por último intentó introducirle el pene por vía anal, causándole lesiones en la zona perianal, sin llegar a conseguir penetrarla ", finalizando contundentemente que " todo ello lo hizo obligando a la menor y sin mediar consentimiento de la misma ".

Y si bien no deja de ser cierto que la referida narración se muestra realmente parca en cuanto a extremo de tanta trascendencia en orden a la correcta calificación de la conducta del acusado, así como que esa escasez descriptiva es atribuida por la Audiencia, en su Primer Fundamento Jurídico, a la exigua extensión de la contenida en las Conclusiones acusatorias, lo que llevaría a la exclusión de la condena por agresión sexual, a criterio de esta Sala ha de concluirse que, tanto aquellas Conclusiones del Fiscal como el relato de hechos de la recurrida, coincidente con aquella, cumplen las exigencias mínimas para alcanzar la calificación de éstos como constitutivos de un delito de agresión sexual, habiéndose posibilitado, de otra parte, el debate en Juicio al respecto, salvaguardando así también el derecho de defensa que amparaba al acusado.

Y todo ello habida cuenta de que resulta obvio que si la víctima ofreció la resistencia que se narra en el "factum", la conducta del recurrente venciéndola, aunque sólo fuera parcialmente en relación con sus propósitos, suponía, en efecto, el ejercicio de una violencia que hace que se vaya claramente más allá de la simple ausencia de consentimiento válido que justificaría la sola calificación como meros abusos excluyendo la posibilidad de la agresión sexual.

Agresión que, por otra parte, tenía como finalidad la penetración, vaginal, anal y bucal de la joven, de catorce años de edad y especialmente vulnerable por su evidente discapacidad psíquica, sin que la misma pudiera alcanzarse en ninguna de esas formas o vías, ante la resistencia opuesta por la víctima, lo que nos sitúa, como el Fiscal sostiene, ante un delito de los artículos 178, 179 y 180.1.3 del Código Penal, en grado de tentativa (art. 16 CP).

Razones, en definitiva, por las que el motivo, y el Recurso, han de estimarse, dictándose a continuación la correspondiente Segunda Sentencia que contenga las consecuencias derivadas de dicha estimación.

C) COSTAS:

Sexto.—Dada la conclusión desestimatoria de la totalidad de las pretensiones del condenado en la instancia procede, a tenor de lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la imposición al mismo de las costas causadas por su Recurso.

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso,


FALLO


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a la estimación del Recurso de Casación interpuesto por la Representación de Adolfo contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, en fecha 28 de Noviembre de 2011, por delito de abuso sexual, procediendo, por otra parte, la estimación del Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la misma, que casamos y anulamos parcialmente, debiéndose dictar a continuación la correspondiente Segunda Sentencia.

Se imponen al recurrente vencido las costas procesales ocasionadas en su Recurso.

Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, a los efectos legales oportunos, la presente Resolución y la que seguidamente se dictará, con devolución de la Causa que, en su día, nos fue remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Joaquin Gimenez Garcia Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Antonio del Moral Garcia


SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil doce.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrijos con el número 1/2010 y seguida ante la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1.ª por delito de agresión sexual, contra Adolfo con DNI número NUM000, nacido el NUM001 de 1979, en Toledo, hijo de Luciano Bernardo y de Lucía, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 28 de noviembre de 2011, que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, hace constar lo siguiente:


ANTECEDENTES


 
Único.-Se aceptan y reproducen los antecedentes de Hecho y los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1.ª


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se tienen aquí por reproducidos los fundamentos de nuestra anterior Sentencia de Casación, así como los de la recurrida, en lo que no se opongan a los primeros.

Segundo.—Como ya se ha dicho en el Fundamento Jurídico Quinto de los de la Resolución que precede, y en razón a los argumentos allí expuestos, sin necesidad de rectificación de los hechos probados, procede la condena del acusado como autor de un delito intentado de agresión sexual, de los artículos 16, 178, 179 y 180.1 3.º del Código Penal, debiendo imponérsele, ante la ausencia de circustancias modificativas de la responsabilidad criminal, la pena mínima prevista por los referidos preceptos para este delito (arts. 62 y 66 CP).

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso,


FALLO


 
Que debemos condenar y condenamos a Adolfo, como autor de un delito intentado de agresión sexual, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión, manteniendo el resto de los pronunciamientos alcanzados en la Sentencia de la Audiencia respecto de la condena por responsabilidad civil y costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Joaquin Gimenez Garcia Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Antonio del Moral Garcia

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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