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Sentencia T.S.J. Murcia 610/2013 de 10 de junio


 RESUMEN:

Accidente laboral: Recargo de prestaciones. No se ha acreditado suficientemente el lugar donde se produjo el accidente, el modo en que acaeció, ni la vulneración de medidas de seguridad genéricas o específicas por parte de las empresas demandadas. Tampoco se constata la existencia de relación de causalidad entre el accidente y la sanción impuesta a la empresa por infracción del orden social ni, por tanto, actuación culposa de la empresa.

MURCIA

SENTENCIA: 00610/2013

PASEO GARAY, 7. PLANTA 2

Tfno: 968229215-18

Fax:968229213

NIG: 30030 44 4 2010 0004725

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001202 /2012

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000655 /2010 JDO. DE LO SOCIAL n.º 004 de MURCIA

Recurrente/s: Octavio

Abogado/a:

Procurador/a: FERNANDO DE LOS REYES GARCIA MORCILLO

Graduado/a Social:

Recurrido/s: INSS, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EUROESTUDIOS S.L., UTE AUTOPISTAS CARTAGENA-VERA, ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. MURCIA, INENCOPE S.L., AUTOPISTA DE LA COSTA CALIDA C.E.A. S.A., COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.

Abogado/a: RAMON QUIÑONERO ALCARAZ, FERNANDO RUIZ LINAZA, ANA GARCIA-PAGAN MARTINEZ, EVA ALVAREZ PAZ, RAMON QUIÑONERO ALCARAZ, SILVIA PAYA GARCIA, CARLOS SALAS GARCIA

Procurador/a: JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE

Graduado/a Social:

En MURCIA, a diez de junio de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos Sres D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española, en nombre S.M. el Rey, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Octavio, contra la sentencia número 0490/2011 del Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, de fecha 29 de diciembre, dictada en proceso número 0655/2010, sobre ACCIDENTE, y entablado por Octavio frente a INSS, TGSS, INENCOPE, AUTOPISTA DE LA COSTA CALIDA CEA, COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A., UTE AUTOPISTA CARTAGENA-VERA, EUROESTUDIOS SL, y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE MURCIA.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la que figuran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO: El demandante D. Octavio, sufrió accidente de trabajo en fecha 22-02-2007 cuando prestaba servicios para la empresa demandada INENCOPE SL, con categoría profesional de peón de obras públicas; la empresa tenía cubierto el riesgo derivado de accidente de trabajo con Ibermutuamur. SEGUNDO: El accidente tuvo lugar el día 22 de febrero de 2007, cuando el demandante y otro trabajador de la empresa INENCOPE SL, Sr. Juan Manuel, procedían a la instalación de una red de canalizaciones por medio de tubos de PVC en el interior de un transformador eléctrico ubicado en las proximidades de la boca sur de entrada al túnel Aguilón de la Autopista AP- 7 sentido Cartagena-Vera, cuando, por causas que se desconocen, el demandante fue alcanzado por un arco eléctrico cayendo a una arqueta de espaldas de aproximadamente 1 metro de profundidad en tanto que dos trabajadores de COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA se encontraban realizando una prueba denominada Ensayo de Tensión Soportada en las líneas subterráneas de media tensión en la autopista Cartagena-Vera, en un lugar diferente donde se produjo el accidente. Dicha prueba consiste en inyectar corriente continúa simulando una tensión superior a la normal a fin de verificar si los cables de la instalación presentan algún desperfecto. TERCERO: A consecuencia del accidente laboral, el trabajador demandante inició proceso de incapacidad temporal en fecha 23-02-2007, situación en la que estuvo hasta el día 7-01-2009, y se le reconoció pensión de invalidez permanente total por resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 18-02-2009 en cuantía del 55% de la base reguladora de 1.146,29 € y efectos económicos desde el 8-01-2009. CUARTO: La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería levantó Acta de Infracción n.º NUM000 se impuso sanción a la empresa AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA, por incumplimiento en la coordinación de los trabajos de las empresas implicadas, que obra en autos y se da aquí por reproducida. QUINTO: El demandante, en fecha 9-11-2008 solicitó a la Dirección Provincial del INSS que se impusiera el recargo del 50% en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo, adjuntando Acta de Infracción n.º NUM000, levantada por la Inspección de Trabajo de Almería a la empresa AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA. SEXTO: La Dirección Provincial del INSS el día 3-12-2008 acordó la iniciación del procedimiento administrativo. SEPTIMO: La Dirección Provincial del INSS solicitó a la Inspección de Trabajo de Almería informe sobre la existencia de faltas de medidas de seguridad, comunicando el 5-02-2009 que las actuaciones en relación al accidente se trasladan a la Inspección de Murcia por ser el nuevo destino del inspector actuante; en fecha 18-02-2009 se emitió el informe preceptivo sobre el recargo que estimaba no imputar a INENCOPE SL recargo de prestaciones por faltas de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por no ser el accidentado trabajador por cuenta de la empresa promotora, y ser ésta la que según el inspector actuante incumplió la obligación de coordinar la actividad empresarial. OCTAVO: El EVI, en fecha 25-09-2009, elevó propuesta de inexistencia de incumplimiento en materia de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, proponiendo la no aplicación de recargo alguno sobre las prestaciones económicas de seguridad social derivadas del accidente sufrido por el trabajador demandado. NOVENO: La Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social, y previo trámite de audiencia a los interesados, mediante resolución de 19-01-2010, acordó denegar la petición de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador demandante, lo que se fundamenta en que "De las actuaciones practicadas se deduce que no procede imputar a la empresa promotora exclusivamente, el recargo de prestaciones, exculpando al resto de empresas que intervinieron en la producción del accidente". DECIMO: El demandante interpuso reclamación previa a la vía jurisdiccional al entender que debía imponerse el recargo por falta de medidas de seguridad a la empresa AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA, y subsidiariamente a todas las empresas implicadas; dicha reclamación previa fue desestimada por resolución de fecha 14-04-2010. UNDECIMO: La empresa AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA, es la promotora de la obra y titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista AP-7 de Cartagena- Vera; para la ejecución de las obras de construcción de la citada infraestrucutra, AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA contrató en fecha 25-10-2004 a la UTE AUTOPISTAS CARTAGENA-VERA, integrada por las empresas Ploder y FCC, para la ejecución de las obras; AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA contrató a la mercantil EUROESTUDIOS SL para que prestara servicios de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud, control de calidad y vigilancia de las obras de la Autopista Cartagena-Vera en virtud de contrato suscrito en fecha 31-05-2005; EUROESTUDIOS SL suscribió contrato de prestación de servicios para la coordinación de prevención de riesgos laborales en fecha 1-05-2005 con Hispánica de Prevención SL, y subcontrató a ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE MURCIA, empresa que a su vez subcontrató a COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA, especializada en la realización de las pruebas de energía eléctrica,(en concreto la prueba Ensayo de tensión Soportada en cables de media tensión). UTE AUTOPISTAS CARTAGENA-VERA subcontrató a INENCOPE SL, en virtud de contrato celebrado el 3-03-2005, para la ejecución de trabajos consistentes en el suministro y colocación de tubería que se relacionan en el Anexo I del contrato que se da aquí por reproducido. DUODECIMO: El día 22 de febrero de 2007 cuando se realizó el ensayo ya mencionado, el centro de transformación referido en el ordinal segundo del presente relato fáctico, estaba señalizado y cerrado; para acceso al mismo se precisa una llave especial que únicamente tiene el personal autorizado para ello, el jefe de obra o los instaladores; dentro del transformador únicamente estaba visible la punta de cable y el resto estaba bajo tierra intercomunicando un centro de transformación con otro distante a dos kilómetros (uno a cada lado del túnel) por lo que no era accesible, únicamente la dos puntas del cable en el interior del transformador, cuando se está en contacto con el cable a una distancia de medio palmo se produce la descarga eléctrica; el centro de transformación no tenía tensión eléctrica, únicamente cuando se puso en marcha el circuito eléctrico para realizar el ensayo hubo corriente eléctrica pero solo en el cable subterráneo que intercomunicaba los dos centros de transformación ya referido, no en el túnel; el ensayo fue puntual. DECIMOTERCERO: La empresa UTE AUTOPISTAS CARTAGENA-VERA confeccionó el Plan de Seguridad y Salud respecto a trabajos en centros de transformación; dicho plan es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea de la UTE o de empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores autónomos, documento que se da aquí íntegramente por reproducido; la empresa AUTOPISTAS DE LA COSTA CALIDA CEA SA, nombró Coordinador de Seguridad y Salud a D. Edemiro, lo que fue comunicado a la Dirección General de Trabajo de la C.A.R.M. El coordinador de prevención de riesgos laborales elaboró un documento de coordinación de actividades empresariales para COVER VERIFICACIONES ELÉCTRICAS SA y para ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE MURCIA, elaborándose un Anexo al Plan de Seguridad y Salud referido al procedimiento específico de trabajo "Red subterránea de AT y BT comprobación cables subterráneos", documentos que obran en autos y se dan aquí por reproducidos"; y el fallo fue del tenor siguiente: "Que previa desestimación de las excepciones procesales de caducidad de la acción y de falta de litisconsorcio pasivo necesario, alegadas por EUROESTUDIOS SL, desestimo la demanda interpuesta por D. Octavio frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INENCOPE, AUTOPISTAS, COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA, UTE AUTOPISTAS CARTAGENA-VERA, EUROESTUDIOS SL y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE MURCIA, y absuelvo a los demandados de la pretensión en su contra deducida".

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Letrada D.ª Elena Carretero Romera, en representación de la parte demandante, con impugnación de los Letrados D.ª Silvia Payá García, D. Fernando Ruiz Linaza., en representación de la parte demandada Autopista de la Costa Cálida CEA y de Euroestudios SL respectivamente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Fundamento Primero.-El actor don Octavio presentó demanda, sobre recargo de prestaciones de Seguridad Social, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas Inencope, S.L., Autopistas de la Costa Cálida, C.E.A., S.A., Cover Verificaciones Eléctricas, S.A., UTE Autopistas Cartagena- Vera, Euroestudios, S.L. y Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. Murcia, en reclamación de que se impusiese el correspondiente recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo; demanda que fue desestimada por el Juzgado a quo al considerar que no se han acreditado las circunstancias en que se produjo el accidente, ni la relación de causalidad entre la sanción impuesta a la empresa Autopistas de la Costa Cálida CEA, S.A. y el accidente sufrido por el demandante

Frente a dicho pronunciamiento se interpone recurso de suplicación por la parte actora; basado, en primer lugar, en la revisión de hechos probados, de conformidad con el artículo 191, b) de la Ley de Procedimiento Laboral; y, en segundo lugar, en el examen del derecho aplicable, a tenor del artículo 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social.

Las empresas Autopistas de la Costa Cálida, C.E.A.S.A. y Euroestudios, S.L. se opusieron al recurso, impugnándolo.

Fundamento Segundo.-En cuanto al primer motivo de recurso se interesa la revisión del hecho probado segundo de la sentencia recurrida, relativo al modo de producirse el accidente, para que se adicione que el accidente tuvo lugar "cuando el demandante fue alcanzado por un arco eléctrico, provocado por la puesta en marcha del circuito eléctrico por personal de la empresa encargada de la realización de las pruebas", lo que se sustenta en el acta de infracción levanta al efecto por la Inspección de Trabajo; revisión que no puede aceptarse ya que dicho medio de prueba se ha de poner en relación, y ser valorado, con el resto del material probatorio aportado a los autos, tal como lo efectúa la Magistrada de instancia en el Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia recurrida, sin que dicha valoración pueda ser calificada de arbitraria, sino plenamente justificada y argumentada tal como se constata en el mencionado Fundamento, por lo que, en tal sentido, no se aprecia error o equivocación en la apreciación de la expresa Acta.

Asimismo, se solicita la revisión del hecho probado duodécimo de la sentencia recurrida, referido a la situación del centro de transformación en la fecha del accidente, para que se haga constar que "no estaba delimitada y señalizada la zona de riesgo y las únicas señales que había eran los carteles de lata tensión adheridos a las puertas del transformador, existiendo varias llaves de dicha puerta", lo que se pretende acreditar mediante las declaraciones de los testigos don Leopoldo y don Oscar; modificación que no puede aceptase ya que dicho medio de prueba, como es la testifical, no es apto para operar la revisión de hechos probados, pues el artículo 191,b) de la Ley de Procedimiento Laboral (actualmente artículo 193,b) d la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) sólo permite, a tal efecto, el apoyo en prueba documentales o periciales; no obstante, lo determinante a efectos de la producción del accidente es que se desconocen los motivos por los cuales el trabajador demandante se encontraba dentro del centro de transformación cuando no tenía que llevar a cabo ningún trabajo en su interior, como después se verá, y, de otro lado, las pruebas testificales expresadas no pueden ser apreciadas de forma aislada, sino en armonía y conexión con el restante material probatorio aportado a los autos, como así se efectúa por la Magistrada de instancia en el ya referido Fundamento de Derecho Quinto.

Por todo lo cual debe desestimarse este primer motivo de recurso.

Fundamento Tercero.-Respecto del segundo motivo de recurso, se alega la infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto define la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo; denuncia normativa que no puede prosperar ya que, conforme a reiterada jurisprudencia y doctrina judicial, y como ya tuvimos ocasión de afirmar en la sentencia de esta Sala de 24 de julio de 2006 (núm. 826/2006) para que pueda imponerse el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad se requiere:

1.- Existencia de daños al trabajador.

2.- Acción u omisión: Incumplimiento de obligaciones de seguridad. En este sentido, como resulta patente, el incumplimiento podrá consistir tanto en la infracción de cualquiera de las obligaciones específicas o a las previstas en la normativa específica de seguridad como a la obligación general que pesa sobre el empresario de garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mediante la adopción de todas las medidas necesarias.

3.- Culpa o negligencia empresarial. Entre los requisitos que habitualmente se exigen a la responsabilidad civil, no puede perderse de vista el de la culpa o negligencia, es decir, la presencia de un elemento culpabilístico resulta insoslayable, en la medida en que la mayoría de las sentencias sociales, en esta materia, parten de la rotunda negación de la responsabilidad «objetiva» del empresario. Es decir, no estamos ante una responsabilidad fundamentada en el riesgo laboral, como sucede en la infracción administrativa laboral, sino que al menos ha de hallarse cierta culpa en el comportamiento empresarial. Por tanto, la responsabilidad quedará excluida en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor (en los términos del art. 1105 Código civil) o cuando concurra culpa exclusiva de la víctima.

La aparición de serios indicios de objetivación, representados por la inversión de la carga de la prueba y por la exigibilidad de una diligencia más alta que la administrativamente reglada (entre muchas, SSTS Civil de 16 octubre 1989, 24 septiembre 1991, 11 febrero 1992, 25 febrero 1992 o 17 octubre 2001), ha sido patente en los supuestos de responsabilidad extracontractual; indicios que, sin embargo, no instauran una responsabilidad objetiva y, por tanto, no privan a nuestro ordenamiento de cierta subjetividad, mucho más evidente para la responsabilidad contractual.

Por lo demás, el incumplimiento de las obligaciones concretas, previstas por la normativa preventiva, supone la concurrencia de una falta de diligencia empresarial, en la medida en que éste debe conocer la normativa y adoptar todas las medidas de seguridad legalmente establecidas y necesarias en su empresa. La interpretación del alcance de la obligación general de seguridad supone su reconducción al art. 1104 Código civil y al estándar de conducta exigido al empresario prudente, de forma que las medidas de seguridad, aún no expresamente previstas, si resultan necesarias como consecuencia de las reglas de la diligencia y la prudencia deben ser adoptadas por el empresario y su falta determinará la posible imputación de responsabilidad por los daños y perjuicios causados.

4.- Relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido; es decir, los daños ocasionados al trabajador tienen que tener su causa en la conducta empresarial contraria a la diligencia exigida, debiendo efectuarse a propósito de este requisito dos puntualizaciones:

A) La existencia de nexo causal debe determinarse desde el principio de la causalidad adecuada o eficiente, de manera que el resultado sea consecuencia natural de la conducta realizada, pues el cómo y el porqué se produce el daño constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso. Así lo dice la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de fecha 27 de octubre de 1990, que cita otras varias en igual sentido.

B) La relevancia que puede tener la imprudencia del trabajador. Conforme establece la Sentencia de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1998, «es cierto que esta conexión puede romperse según la doctrina de esta Sala cuando la infracción es imputable al propio interesado (Sentencias de 20 marzo 1985 y 21 abril 1988), si bien tendremos presente que lo esencial a estos efectos consiste en determinar si esa conducta imprudente del trabajador supuso por sí misma causa eficiente para producir el resultado lesivo. De no ser así, la imprudencia del trabajador no elimina la responsabilidad empresarial, si existe una falta de diligencia por su parte, aunque la misma puede quedar atenuada o moderada aplicando el principio de concurrencia de culpas.

En el orden social, la doctrina jurisprudencial dictada en unificación de doctrina (SSTS de 7 febrero 2003 -recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1663/2002 -, con cita de las precedentes de 30 de septiembre de 1997, 2 de febrero de 1998 -recurso 124/97 -, 18 de octubre de 1999 -recurso 315/99 - y 22 enero 2002 -recurso 471/01 -, insiste en que tanto en la regulación del art. 1101 como la del art. 1902 del Código Civil constituye presupuesto necesario para la exigencia de responsabilidad indemnizatoria el que se constate, aparte del daño, una conducta calificable con una cierta culpa o negligencia empresarial en nexo causal con aquel daño. Por ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas...», en coincidencia con la línea casacional que se va consolidando en la doctrina de la Sala 1.ª del propio Alto Tribunal y de la que son exponente las SS. de 18 de noviembre de 1998, 8 de octubre de 2001 y 31 de diciembre de 2003. Realmente, se viene a afirmar que no en todo accidente de trabajo o enfermedad profesional necesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben aplicarse las normas protectoras de la Seguridad Social y que sólo cuando conste o se acredite una efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya servido para aumentar el riesgo propio del trabajo realizado, podrá ser exigida tal responsabilidad.

En el caso de autos, tal como resulta de los hechos probados, no se constata suficientemente, ni, en consecuencia, se ha acreditado de manera indubitada, el lugar en que se produjo el accidente, pues en demanda se indica, con apoyo en el acta de infracción, que el trabajador de mandante se encontraba en el interior del transformador eléctrico ubicado en las proximidades de la entrada al túnel, mientras que, en conclusiones, se pretende trasladar el lugar del accidente al interior del túnel, en donde se encontraban instalando unos sensores de humos, cuando la realidad pone de manifiesto que el accidente se produjo en el interior del transformador eléctrico, el cual está cercano al túnel, desconociéndose la razón o motivo, o, cuando menos, no se ha acreditado de por qué el trabajador se encontraba dentro del transformador, ni siquiera que el encargado o un superior le hubiese indicado que se desplazase a dicho lugar, cuando consta que el transformador quedó cerrado y que no era accesible, sin que el proyecto contemplase la instalación de detección de incendios o canalizaciones en ninguno de los centros de transformación de la infraestructura, sino solamente en el túnel. Todo ello, nos leva a la conclusión, tal como refiere la Magistrada de instancia, que no ha quedado acreditado el modo en que se produjo el accidente, ni siquiera la vulneración de medidas de seguridad genéricas o específicas por parte de las empresas demandadas, e igualmente, no se constata la existencia de relación de causalidad entre el accidente y la sanción impuesta a la empresa Autopistas de la Costa Cálida, C.E.A.S.A. por infracción del oren social, ni, en consecuencia, actuación culposa empresarial de la manera anteriormente expresada.

Por todo ello, debe desestimarse este segundo motivo de recurso, confirmándose la sentencia recurrida.


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Octavio, contra la sentencia número 0490/2011 del Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, de fecha 29 de diciembre, dictada en proceso número 0655/2010, sobre ACCIDENTE, y entablado por Octavio frente a INSS, TGSS, INENCOPE, AUTOPISTA DE LA COSTA CALIDA CEA, COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A., UTE AUTOPISTA CARTAGENA-VERA, EUROESTUDIOS SL, y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE MURCIA; y confirmar como confirmamos el pronunciamiento de instancia.

Dése a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto, cuenta número: 3104000066120212, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría del SCOP, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de seiscientos euros (600 euros), en la entidad de crédito Banesto, cuenta corriente número 3104000066120212, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, haciendo constar como concepto el de Recursos y como dígito el 35.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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